III. SECUESTROS Y EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES

En la Zona y en áreas en disputa con otras partes en conflicto, las FARC-EP han establecido una práctica sistemática de secuestros de civiles sospechosos de apoyar a grupos paramilitares, a muchos de los cuales han asesinado posteriormente. A diferencia de los secuestros ejecutados por razones económicas, estos secuestros suelen mantenerse en secreto. Las FARC-EP no revela generalmente el paradero de las víctimas ni reconoce que están en su posesión. Los familiares de los capturados por las FARC-EP en estas circunstancias no pueden obtener con frecuencia información alguna de las FARC-EP sobre el destino o el paradero de sus seres queridos, lo que provoca un enorme sufrimiento. Las víctimas de estos secuestros no gozan de ninguna protección conforme a la ley, mucho menos de recursos legales frente a las acusaciones falsas o los abusos, y sus familiares tampoco pueden defenderlos.

Los secuestros son abusos graves a los derechos humanos independientemente de las cuestiones técnico-jurídicas o semánticas que susciten.

Estas violaciones se considerarían desapariciones forzadas de acuerdo con el derecho internacional de derechos humanos si fueran cometidas por agentes del estado o grupos particulares en representación o con el apoyo de dichos agentes. El hecho de que estas acciones no constituyan actualmente una violación de tratados específicos de derechos humanos no debe invitar, sin embargo, a ningún tipo de confusión sobre su carácter. Los secuestros son abusos graves a los derechos humanos independientemente de las cuestiones técnico-jurídicas o semánticas que susciten. Constituyen además violaciones flagrantes de las obligaciones de las FARC-EP conforme al derecho internacional humanitario. Se trata de violaciones a disposiciones claves del artículo 4 del Protocolo II, que prohíbe los atentados contra la vida, la salud y la integridad física o mental de las personas, la tortura y los malos tratos.

Human Rights Watch investigó directamente tres casos de secuestros a los que siguieron presuntas ejecuciones extrajudiciales durante nuestra estancia en la Zona y recibió información relativa a más de una veintena de presuntas ejecuciones en dicho lugar. En 2000, los grupos de derechos humanos informaron que las FARC-EP había asesinado a 496 civiles en todo el país, muchos de ellos acusados de simpatizar con paramilitares o agentes del estado.¹⁰

Entre las violaciones recientes más graves figura el asesinato del congresista Diego Turbay Cote y otras seis personas, en las afueras de Florencia, Caquetá, el 29 de diciembre de 2000. La masacre se produjo cuando Turbay, presidente de la Comisión de Paz de la Cámara de Representantes de Colombia, y sus compañeros se dirigían a una reunión con los líderes de las FARC-EP en Los Pozos. Según informaciones creíbles sobre el caso, después de pinchar las llantas del vehículo y ordenar a los pasajeros que se tumbaran boca abajo en el suelo, los pistoleros dispararon a cada uno de ellos en la cabeza.

Las FARC-EP negaron haber cometido esta masacre, pero la Fiscalía General de la Nación ha abierto una investigación oficial a presuntos guerrilleros basada en testimonios de pistoleros capturados y otras pruebas pertinentes. En entrevistas publicadas en la prensa, los fiscales han calificado de "contundentes" las pruebas que implican en los asesinatos a las FARC-EP y específicamente a la columna Teófilo Forero.¹¹

Juan de Jesús Ossa Giraldo

Human Rights Watch investigó el secuestro de Juan de Jesús Ossa Giraldo, que se produjo justo antes del establecimiento oficial de la Zona. Ossa, que entonces tenía 22 o 23 años, vivía en la ciudad de San Vicente de Caguán y trabajaba en la pequeña Miniteca de la plaza central.

Según amigos del joven, estuvo bebiendo durante tres días a finales de octubre de 1999 después de que su novia le dejara. Parece que cuando estaba ebrio hizo alarde de trabajar para el gobierno colombiano.¹²

Ossa volvió al trabajo el 2 de noviembre. La noche siguiente, tres hombres vestidos de civil lo secuestraron. Según un testigo presencial entrevistado por Human Rights Watch, los tres hombres entraron en la Miniteca alrededor de las ocho de la noche y se sentaron en una mesa con otro hombre. Este hombre, a quién los testigos consideran un simpatizante de las FARC-EP, señaló a Ossa. En ese momento, "los tres lo agarraron, uno por el cuello, uno por los pantalones y uno por el cinturón. Intentó resistirse y sacaron sus pistolas. Tenían pistolas de nueve milímetros."¹³

En ese momento, "los tres lo agarraron, uno por el cuello, uno por los pantalones y uno por el cinturón."

Los tres hombres armados sacaron a Ossa del lugar y le obligaron a introducirse en la parte de atrás de un taxi amarillo que esperaba con las placas cubiertas en el que partieron. Su familia y amigos no le han visto desde entonces, ni tampoco han podido obtener información confiable sobre su paradero. Uno de sus amigos dijo a Human Rights Watch de que una persona vinculada a las FARC-EP le había informado del asesinato de Ossa.¹⁴

Un comandante de las FARC-EP confirmó al parecer esta información en una reunión con representantes de la Defensoría el 28 de mayo de 1999, declarando que las FARC-EP habían ajusticiado a Ossa "por comprobar que pertenecía a las fuerzas especiales y realizaba acciones de inteligencia."¹⁵ Sin embargo, por lo que sabemos, las FARC-EP no aportaron ninguna prueba para sustentar esta acusación ni informaron a la familia de Ossa de su paradero.

Los asesinatos de gnósticos

En la misma reunión del 28 de mayo de 1999, un comandante de las FARC-EP que se identificó como Joaquín, dijo a los representantes de la Defensoría que las FARC-EP habían matado también a Arnulfo Cala Mejía, Álvaro Garrido y Richard Rubio. Los tres eran miembros de un grupo Cristiano Gnóstico que estaba negociando la compra de tierras cerca de Puerto Rico, en las inmediaciones de la Zona. Entre el 9 y el 15 de mayo de 1999, la columna Teófilo Forero de las FARC-EP detuvo aproximadamente a 18 miembros de este grupo bajo sospecha de estar vinculados con los paramilitares. El Comandante Joaquín declaró que las fuerzas de las FARC-EP habían ejecutado a los tres antes mencionados, detenido a otros para continuar las investigaciones y liberado a los menores.¹⁶

La Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General informó posteriormente de que las FARC-EP habían asesinado a otros diez miembros, todos ellos adultos, y puesto en libertad a uno.¹⁷

El 14 de junio de 1999, se informó que un comandante de las FARC-EP identificado como Laurentino intentó justificar ante la prensa que había ordenado los asesinatos de los miembros del grupo porque supuestamente no estaba dispuesto a permitir que los paramilitares entraran en la Zona y desbarataran el proceso de paz. El comandante Laurentino no aportó ninguna evidencia para corroborar sus acusasiones.¹⁸ El Comandante Laurentino era presuntamente entonces el jefe de finanzas de la columna Teófilo Forero.¹⁹

Guillermo Lombana Lizcano y William Vargas Silva

Los casos de Guillermo Lombana Lizcano y William Vargas Silva, sospechosos al parecer para las FARC-EP de estar vinculados a los paramilitares, también fueron investigados por Human Rights Watch. Ambos residentes de la ciudad de San Vicente fueron secuestrados por las fuerzas de las FARC-EP el 16 y el 17 de abril de 1999, respectivamente.²⁰

Guillermo Lombana, que entonces tenía 16 años, había sido estudiante de secundaria pero no estaba matriculado en ese momento. Su padre, también Guillermo Lombana, dijo a Human Rights Watch:

Estaba aquí en la sala, sentado en una silla. Eran como las 9:30 de la noche. Yo estaba ahí. Éramos unos quince, toda la familia. Llegaron las FARC, todos hombres y todos armados y uniformados. Mi hijo salió a hablar con un amigo y le estaban esperando. Dos de ellos le agarraron cuando estaba fuera. Lo pusieron en un taxi. Salimos corriendo fuera porque los amigos habían gritado, "!Mira que se están llevando al muchacho suyo!" No habíamos tenido ninguna amenaza de las FARC, nunca tuvimos ningún tipo de problemas con ellos. Fue una sorpresa.²¹

Temprano a la mañana siguiente, Guillermo Lombana empezó la búsqueda de su hijo:

A las cinco de la mañana del día siguiente me fui al retén. Oí que estaba en el campamento de la guerrilla. Me mandaron de un comandante a otro, que me decían todo el tiempo que no sabían nada del caso. Nunca dicen si lo tienen. Nunca dicen si está vivo. No me dicen nada.

Según varias personas entrevistadas por Human Rights Watch, unos días después de su secuestro, Guillermo Lombana apareció en la televisión nacional confesando que trabajaba para los paramilitares. Una mujer que vio el programa recordó: "Dijo que tomó un curso de instrucción en Puerto Rico sobre como ser un paramilitar, como obtener información sobre la guerrilla. Pero no fue convincente. Le hicieron muchas preguntas pero no mostraron al que le preguntaba. Miraba todo el tiempo hacia el lado. Parecía muy asustado."²²

El padre de Lombana continuó:

Estábamos viendo la televisión y de repente le vimos en las noticias. Estaba en RCN y en Caracol, muchos canales diferentes. Estaba alterado. No dijeron dónde estaba, sólo que estaba en un campamento de las FARC. Miraba todo el tiempo hacia el lado. Estaba asustado ... La última vez que lo vi fue por televisión.

El padre de Lombana ha persistido en la búsqueda de su hijo, escribiendo cartas a comandantes de las FARC-EP y hablando con los que aceptan recibirle. Dijo a Human Rights Watch: "Sólo quiero saber si está vivo o muerto. Si está vivo, me gustaría verle."

El 17 de abril de 1999, al día siguiente del secuestro de Lombana, se informó también del secuestro de William Vargas Silva por parte de las FARC-EP. Vargas, que entonces tenía 27 años, era un obrero metalúrgico que vivía con sus padres y tres hermanas en el centro de San Vicente. Su familia no cree que tuviera conexiones con los paramilitares. Dicen que salió de casa en la tarde del 17 de abril y no regresó. Sin embargo, un testigo de los hechos les informó de que fuerzas de las FARC-EP le habían secuestrado y metido en un taxi amarillo, junto con su bicicleta, a las nueve de la noche de ese día en el centro de San Vicente.²³

Sus familiares dijeron a Human Rights Watch que le habían buscado pero no habían podido obtener ninguna información clara de las FARC-EP sobre su paradero o su destino. Su madre dijo, "Hemos hablado con todos los comandantes. Nunca dicen si lo tienen. Dicen que esperemos. Dicen que están investigando."²⁴

En una reunión el 28 de mayo de 1999, un comandante de las FARC-EP informó a los representantes de la Defensoría de que habían detenido y estaban procesando a Lombana y a Vargas por su presunta participación en actividades paramilitares en la Zona. En ese momento, la Defensoría estaba investigando un total de 20 presuntos secuestros cometidos al parecer dentro de la Zona, algunos por parte de las fuerzas de las FARC-EP y otros por hombres armados de afiliación desconocida.²⁵

Como se señaló anteriormente, en virtud del derecho internacional humanitario, las FARC-EP tienen la obligación de garantizar que todo combatiente enemigo real o supuesto o miembro de sus propias fuerzas acusado de delitos recibe un juicio justo e imparcial. Aunque reconoce que una serie de las personas antes mencionadas han sido asesinadas o ejecutadas por sus fuerzas debido a sus presuntos vínculos con las fuerzas paramilitares enemigas, las FARC-EP no han aportado ninguna información que indique que hayan hecho algún esfuerzo para celebrar juicios justos e imparciales. Por el contrario, las pruebas demuestran claramente que las personas secuestradas por las fuerzas de las FARC-EP dentro de la Zona han sido ejecutadas sumariamente en grave violación de las más elementales normas del derecho internacional humanitario.

Investigaciones de la Defensoría

En el encuentro del 28 de mayo de 1999 con los representantes de la Defensoría, el Comandante Joaquín declaró que las FARC-EP habían matado a otras siete personas en la Zona: Hernando León Perdomo, de San Vicente, detenido el 27 de diciembre de 1998; José Libardo Cabrera Toro, de San Vicente, detenido el 14 de febrero de 1999; Luis Ernesto Granados, de San Vicente, detenido el 15 de mayo de 1999; Antonio Muñeton, Wilmer Muñeton y Freddy Valencia, de San Vicente, detenidos el 18 de mayo de 1999; y el hijo de Leonel Enrique Granados Monroy, de Los Pozos, San Vicente, detenido en mayo de 1999 y cuyo nombre no se incluyó en el informe de la Defensoría sobre la reunión.²⁶

La Defensoría informó de otras nueve ejecuciones por parte de las FARC-EP dentro de la Zona, entre ellas las de Ramiro Herrera Triana, de Vista Hermosa, en septiembre de 1999; José Joaquín Reyes López, de Vista Hermosa, en octubre de 1999; y Celiano Taruche Martínez, de Vista Hermosa, en febrero de 2000.²⁷ Esta cifra incluye también a seis personas de Guayabal, San Vicente del Caguán, que fueron presuntamente asesinadas por las FARC-EP a finales de diciembre de 1999 o principios de enero de 2000.²⁸

En agosto de 2000, la Defensoría anunció que su personal había confirmado un total de 22 secuestros y 33 asesinatos en la Zona, desde su establecimiento, aunque no todos se atribuyeron a las FARC-EP.²⁹