 Carta al Secretario de Estado Powell 4 de septiembre de 2002
Honorable Colin Powell
Estimado Sr. Secretario:
La sección 567 de la Ley de Operaciones Extranjeras (Foreign Operations Act) para el año fiscal 2002 (P.L. 107-115) especifica condiciones de derechos humanos para la entrega de asistencia a las Fuerzas Armadas de Colombia. De conformidad con la ley, el Departamento de Estado ha celebrado dos consultas con grupos internacionales de derechos humanos en relación con su evaluación del cumplimiento de estas condiciones por parte de Colombia, la más reciente de las cuales tuvo lugar los días 26 y 29 de agosto.
En consultas previas, Amnistía Internacional, Human Rights Watch y la Washington Office on Latin America (WOLA) presentaron pruebas sólidas que demostraban que Colombia no había cumplido las condiciones de derechos humanos aplicables. Cuando las condiciones entraron en vigor por primera vez en 2000, el Presidente Clinton firmó una expeción por el interés de la seguridad nacional que permitió que la ayuda siguiera su curso a pesar de que Colombia había incumplido las condiciones. Esta autoridad para anular las condiciones dañó seriamente las campañas sobre derechos humanos, dado que permitía el desembolso a pesar de la existencia de pruebas claras de los lazos persistentes entre las Fuerzas Armadas de Colombia y los grupos paramilitares ilegales. El Congreso de Estados Unidos anuló la excepción a partir del año fiscal 2002.
Durante la primera consulta de 2002, el Departamento de Estado informó a los grupos de derechos humanos que estaba ejerciendo una presión significativa sobre el Gobierno colombiano para que demostrara mejoras compatibles con los requisitos impuestos por las condiciones de derechos humanos. Protestamos la decisión tomada el 1 de mayo de certificar a Colombia, teniendo en cuenta que Estados Unidos no había logrado obtener avances significativos. Sin embargo aplaudimos la iniciativa, ya que reflejaba no sólo la intención de la ley, sino también su espíritu. La defensa de los derechos humanos ha de ser un objetivo primordial de la política estadounidense, especialmente cuando la situación es tan terrible como la colombiana.
Lamentablemente, no creemos que se haya aplicado la misma seriedad en esta última revisión, que se aplica al 40 por ciento de la ayuda del año fiscal 2002 que queda por desembolsar. Compartimos la opinión de que a pesar de que se ha deteriorado radicalmente la situación de los derechos humanos en Colombia-y, una vez más, el incumplimiento de las condiciones de derechos humanos por parte del gobierno-el Departamento de Estado ya ha adoptado la decisión de certificar antes de la consulta.
Como señalamos en nuestra presentación, no existen pruebas de que se haya satisfecho ninguna de las condiciones. De hecho, describimos el empeoramiento de la situación, lo que incluía el hecho de que las Fuerzas Armadas de Colombia no suspendieran a los oficiales acusados de haber cometido graves violaciones a los derechos humanos o de haber colaborado o cooperado con los grupos paramilitares; no cooperaran con los fiscales y las autoridades judiciales civiles; y no rompieran los lazos con los grupos paramilitares ni ejecutaran las órdenes de arresto que pesaban sobre los líderes paramilitares.
Además, enumeramos una serie de graves contratiempos desde mayo de 2002, entre ellos los cambios en la Fiscalía General que han perjudicado investigaciones clave en materia de derechos humanos. El liderazgo de dicha institución ha demostrado una pronunciada hostilidad a los casos de derechos humanos y ha purgado a su personal de fiscales e investigadores con dedicación, encargados de casos de derechos humanos. En un reciente artículo publicado en el Wall Street Journal, el Fiscal General Osorio llegó a acusar a miembros del Congreso de Estados Unidos de participar en una "guerra" para desacreditar a las autoridades colombianas, por haber firmado una carta en la que se manifestaba preocupación por la situación de los derechos humanos.
Nuestra conclusión es cruda. Colombia no sólo ha incumplido, una vez más, los niveles más mínimos necesarios para satisfacer las condiciones de derechos humanos, sino que su nivel de cumplimiento se ha deteriorado agudamente. Le instamos respetuosamente a que deniegue la certificación de derechos humanos a Colombia e insista en cambio en que adopte reformas convincentes y demostrables antes de recibir fondos adicionales.
Respetuosamente
José Miguel Vivanco
Alexandra Arriaga
Bill Spencer
Cc: Embajador Marc Grossman
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INFORME 2002 —