Las tres organizaciones reconocen que los funcionarios estadounidenses se han tomado en serio el proceso de certificación. Los funcionarios se han reunido con grupos de derechos humanos y han presionado aparentemente al gobierno colombiano durante los últimos tres meses para que hiciera progresos en materia de derechos humanos. Sin embargo, el gobierno colombiano no ha avanzado en el cumplimiento de condiciones tales como la suspensión de oficiales militares de alto rango implicados en abusos graves o la detención de conocidos violadores a los derechos humanos. En definitiva, el gobierno colombiano ha rechazado los criterios mínimos establecidos por el gobierno de Estados Unidos para demostrar un progreso significativo en materia de derechos humanos.

El Departamento de Estado ha adoptado esta decisión a pesar de las pruebas abundantes que demuestran la escasez de avances en la mejora del terrible historial de derechos humanos de Colombia.

• A pesar de la suspensión de algunos oficiales de bajo rango, las Fuerzas Armadas de Colombia se han negado a tomar medidas en casos notorios como el del general Rodrigo Quiñones.

• Aunque pueda parecer que se han hecho algunos progresos en relación con la cooperación de los militares con los fiscales y las autoridades judiciales civiles, esta información ha sido difundida por la Fiscalía General, que durante los últimos meses ha despedido a fiscales de derechos humanos y obstaculizado la investigación de altos oficiales de las Fuerzas Armadas. El Departamento de Estado también ha reconocido la conducta inadecuada de la Fiscalía General.

• Contrariamente a las afirmaciones emitidas por el Departamento de Estado sobre la adopción de medidas efectivas para romper los lazos entre las Fuerzas Armadas de Colombia y los grupos paramilitares ilegales, en la certificación no se demuestra ninguna detención ni actuación contra los principales líderes paramilitares o altos oficiales de las Fuerzas Armadas acusados de manera fundada de haber colaborado con grupos paramilitares.

La situación de los derechos humanos en Colombia sigue deteriorándose mientras los civiles continúan siendo el principal objetivo de todos los grupos armados ilegales. Tan sólo en los primeros cuatro meses de 2002, numerosos defensores de los derechos humanos han sido asesinados. Entre el resto de personas que corren grave peligro en el país se incluyen los sindicalistas, los periodistas, los líderes comunitarios y los candidatos políticos.

Las tres organizaciones también han constatado graves retrocesos tales como la puesta en libertad, a finales del año pasado, del único dirigente paramilitar encarcelado en Colombia, Víctor Carranza. Docenas de fiscales especiales de derechos humanos se han visto obligados a solicitar medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o a huir de Colombia por temor a las amenazas de muerte.

Los grupos están especialmente preocupados por que el Departamento de Estado citara el caso del General Quiñones como un ejemplo del progreso al habérsele asignado a un puesto en una embajada en el extranjero. Quiñones ha sido implicado en las masacres de Chengue y El Salado, así como en el asesinato de 57 sindicalistas, trabajadores de derechos humanos y líderes comunitarios.

El director ejecutivo de la división de las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, señaló que: "El gobierno está proponiendo un paquete de ayuda antiterrorista por valor de millones de dólares a pesar de que las Fuerzas Armadas de Colombia se niegan a romper sus lazos con un grupo calificado de terrorista por Estados Unidos".

El director ejecutivo de WOLA, Bill Spencer, comentó: "Muchos de los casos de derechos humanos que se están discutiendo llevan varios años, algunos de ellos más de una década, languideciendo sin avance alguno. Este hecho demuestra la falta de progreso con respecto a las tres condiciones. La decisión de certificar a Colombia en materia de derechos humanos es una tergiversación de los hechos para poder mantener abierta la espita de la ayuda".

Alex Arriaga, director de relaciones gubernamentales de Amnistía Internacional USA, emitió la siguiente declaración: "Es inexcusable que Estados Unidos envíe ayuda militar cuando el gobierno colombiano no ha cumplido satisfactoriamente las condiciones de derechos humanos establecidas para la ayuda estadounidense. En 2001 se produjo un aumento drástico de la violencia política y los ataques contra defensores de derechos humanos. Mientras tanto, sigue reinando la impunidad para aquellos que violan los derechos humanos, ya sean miembros de las Fuerzas Armadas de Colombia, de los grupos paramilitares, de las FARC o del ELN. Si no se avanza en el cumplimiento de los criterios mínimos, la ayuda de Estados Unidos no supondrá más que una contribución al aumento de las violaciones a los derechos humanos y la disminución de las esperanzas de alcanzar la paz".

En un documento conjunto publicado en febrero por Human Rights Watch, WOLA y Amnistía Internacional se explica en detalle el incumplimiento de las condiciones de derechos humanos por parte del gobierno colombiano.