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Colombia: Grupos paramilitares estrechamente ligados a unidades del Ejército y la Policía
Estados Unidos financia a unidad militar implicada en graves abusos
(Bogotá, Colombia, 4 de octubre de 2001) — Unidades de las Fuerzas Armadas y la Policía de Colombia continúan colaborando y tolerando a grupos paramilitares responsables de las violaciones a los derechos humanos más graves cometidas en el país, denunció Human Rights Watch en un informe publicado hoy.

El Presidente Pastrana ha reconocido el problema, pero las Fuerzas Armadas aún tienen que adoptar las medidas apropiadas para resolverlo.

José Miguel Vivanco, Director Ejecutivo de la División de las Américas de Human Rights Watch


En el informe, titulado "La 'Sexta División': Relaciones militares-paramilitares y la política estadounidense en Colombia," se denuncia que unidades de las Fuerzas Armadas y la Policía de Colombia continúan promoviendo, colaborando, apoyando, beneficiándose y tolerando a los grupos paramilitares, vistos como una fuerza aliada y compatible con la suya.

La "Sexta División" es una expresión que se utiliza en Colombia para denominar a los grupos paramilitares, considerados simplemente una parte adicional de las Fuerzas Armadas. El Ejército de Colombia cuenta con cinco divisiones.

En su expresión más descarada, las relaciones descritas en este informe conllevan una coordinación activa entre las unidades gubernamentales y paramilitares durante operaciones militares; comunicación por radio, teléfonos celulares y buscapersonas (beepers); el intercambio de inteligencia, lo que incluye los nombres de presuntos colaboradores de la guerrilla; compartir combatientes, entre ellos soldados en el servicio activo que participan en unidades militares y comandantes paramilitares que se albergan en bases militares; compartir vehículos, incluidos camiones del Ejército empleados para transportar a combatientes paramilitares; coordinación de retenes del Ejército, que permiten habitualmente el paso de combatientes paramilitares fuertemente armados; y pagos de los paramilitares a oficiales militares a cambio de su apoyo.

Human Rights Watch instó al gobierno colombiano a que aplicara medidas efectivas para cortar estos lazos y castigar a los oficiales responsables, como resultado de investigaciones llevadas a cabo por tribunales civiles. El Presidente Andrés Pastrana ha deplorado públicamente las atrocidades paramilitares. Pero las Fuerzas Armadas aún no han adoptado las medidas críticas necesarias para evitar futuras masacres mediante la suspensión de altos oficiales de las fuerzas de seguridad sospechosos de apoyar estos abusos, dijo Human Rights Watch.

"El Presidente Pastrana ha reconocido el problema, pero las Fuerzas Armadas aún tienen que adoptar las medidas apropiadas para resolverlo," dijo José Miguel Vivanco, Director Ejecutivo de la División de las Américas de Human Rights Watch. "Esto tiene graves consecuencias para los donantes internacionales de ayuda militar a Colombia, especialmente Estados Unidos."

El informe, basado en meses de investigaciones, que incluyen dos misiones a Colombia y entrevistas con víctimas, testigos e investigadores judiciales, también se ocupa de la política de Estados Unidos con respecto a Colombia. Human Rights Watch sostiene que Estados Unidos ha violado el espíritu de sus propias leyes y en algunos casos ha subvalorado o ignorado pruebas de los lazos constantes entre las Fuerzas Armadas de Colombia y los grupos paramilitares. Entre los receptores de la ayuda estadounidense se encuentra una unidad implicada en abusos graves.

En el informe también se analiza la repercusión de la decisión del Presidente Bill Clinton, adoptada en agosto de 2000, de anular las condiciones de derechos humanos para el paquete de ayuda a Colombia.

"Cuando Estados Unidos anuló las condiciones de derechos humanos aplicables a la asistencia de seguridad para Colombia, envió un mensaje directo a los líderes de las Fuerzas Armadas de Colombia que ensombreció cualquier otra advertencia relacionada con los derechos humanos," dijo Vivanco. "el mensaje fue simple y llanamente que mientras las Fuerzas Armadas de Colombia cooperaran con la estrategia antidroga de Estados Unidos, los funcionarios estadounidenses esquivarían sus propias leyes de derechos humanos."

En el informe, Human Rights Watch se concentra en tres brigadas del Ejército de Colombia:

Vigésima Cuarta Brigada

    Human Rights Watch ha recopilado pruebas que demuestran que, en 1999 y 2000, la XXIV Brigada con sede en el departamento de Putumayo coordinó activamente operaciones con los paramilitares y que ciertos oficiales al mando de tropas recibieron pagos regulares de paramilitares a cambio de su cooperación. Esta relación se mantuvo incluso cuando Estados Unidos planeó y puso en práctica su "campaña en el Sur de Colombia" dentro de la región bajo el control de la XXIV Brigada. Los batallones antinarcóticos colombianos creados con asistencia de seguridad y financiación de Estados Unidos y entrenados por las fuerzas armadas estadounidenses se coordinaron activamente con la XXIV Brigada, utilizando sus instalaciones, inteligencia y apoyo logístico durante esta campaña.

Tercera Brigada

    A partir de las pruebas recogidas en informes anteriores, Human Rights Watch ha reunido nueva información que indica que la III Brigada, con sede en Cali, Valle, ha seguido promoviendo, coordinándose y asistiendo a los paramilitares en el suroeste de Colombia. Según los testimonios recabados por Human Rights Watch, oficiales de la III Brigada mantuvieron comunicación constante con los paramilitares sobre el terreno mediante teléfonos celulares y radios. También se informó de que los soldados estaban empleados a medio tiempo como paramilitares y que los paramilitares se quedaban en bases militares y empleaban el transporte militar. Los testigos informaron también a Human Rights Watch que los soldados amenazaron también habitualmente a civiles diciéndoles que las fuerzas paramilitares llegarían después de las tropas del Ejército de Colombia y cometerían atrocidades cuando se fueran.

Quinta Brigada

    La zona bajo la jurisdicción de la Quinta Brigada, con sede en Bucaramanga, Santander, fue testigo de una reciente y exitosa ofensiva paramilitar. Los paramilitares tomaron control de más de una docena de pueblos a orillas del río Magdalena sin prácticamente ninguna resistencia, ni siquiera respuesta, por parte de las fuerzas de seguridad colombianas. Los paramilitares lograron tomar por primera vez en la historia del país una ciudad importante, Barrancabermeja. Incluso cuando los paramilitares toman barrios enteros y realizan amenazas, las autoridades locales militares y policiales se muestran mayoritariamente pasivas y se valen de excusas para eludir la responsabilidad por no haber tomado medidas efectivas.

INFORME — LA "SEXTA DIVISION"
OTRO INFORME — EL DIH Y LA CONDUCTA DE LAS FARC-EP
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