- Japón depende excesivamente del encarcelamiento porque carece de suficientes opciones, como el servicio comunitario.
- Una vez encarceladas, muchas mujeres sufren graves abusos contra sus derechos humanos, como su inmovilización estando embarazadas, el acceso inadecuado a la atención sanitaria, incluida la salud mental, la reclusión arbitraria en régimen de aislamiento y el abuso verbal por parte de los guardias penitenciarios.
- Si bien Japón debería mejorar las condiciones carcelarias, también debería tomar medidas para despenalizar la simple posesión y consumo de drogas e introducir nuevas medidas no privativas de la libertad, ya que el encarcelamiento debería ser el último recurso.
(Tokio) – Muchas mujeres encarceladas en Japón sufren graves abusos y malos tratos contra sus derechos humanos, afirmó Human Rights Watch en un informe publicado hoy. El gobierno japonés debería adoptar urgentemente reformas para mejorar las condiciones carcelarias, despenalizar la simple posesión y el consumo de drogas y ofrecer alternativas al encarcelamiento.
El informe de 76 páginas, “‘They Don’t Treat Us like Human Beings’: Abuse of Imprisoned Women in Japan” (“‘No nos tratan como seres humanos’: El abuso de mujeres encarceladas en Japón”), documenta las condiciones abusivas en muchas cárceles de mujeres en Japón. Las políticas gubernamentales hacia las mujeres en prisión violan las convenciones internacionales de derechos humanos y contravienen estándares internacionales como las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos, conocidas como las Reglas Nelson Mandela. Las autoridades penitenciarias utilizan medidas de restricción sobre mujeres embarazadas encarceladas, emplean arbitrariamente el régimen de aislamiento como forma de castigo, abusan verbalmente de ellas, les niegan la oportunidad de criar a sus hijos en prisión y no brindan un acceso adecuado a la atención médica y de salud mental.
Japón también encarcela a muchas mujeres por simple posesión y consumo de drogas sin garantizar un acceso adecuado a un tratamiento eficaz y basado en evidencia para los trastornos por uso de sustancias. Los jueces están limitados en su autoridad para utilizar alternativas al encarcelamiento por delitos, como hurtos menores, porque las medidas no privativas de la libertad como el servicio comunitario no están contempladas en el código penal de Japón.
“Si bien es urgente mejorar las condiciones que enfrentan las mujeres en prisión, la realidad es que, para empezar, muchas de ellas ni siquiera deberían haber sido castigadas con un pena de prisión”, señaló Teppei Kasai, responsable del programa para Asia de Human Rights Watch. “En lugar de depender del encarcelamiento para abordar el crimen, Japón debería considerar alternativas al encarcelamiento mientras toma medidas para despenalizar las violaciones simples relacionadas con las drogas”.
Human Rights Watch llevó a cabo una investigación en todo Japón entre enero de 2017 y enero de 2023, entrevistando a casi 70 personas, incluidas decenas de mujeres anteriormente encarceladas, así como a expertos en reformas legales y judiciales.
El artículo 482 del Código de Procedimiento Penal de Japón permite a los fiscales suspender las penas de prisión por diversos motivos, incluida la edad, la salud y la situación familiar de la persona encarcelada. Sin embargo, Human Rights Watch descubrió que rara vez invocan esta ley, como lo demuestra el hecho de que en los últimos cinco años solo a 11 mujeres encarceladas se les suspendieron las sentencias.
Una vez encarceladas, muchas mujeres enfrentan graves abusos dentro de prisión. Estos incluyen el maltrato de las personas transgénero encarceladas, el acceso inadecuado a servicios médicos y otros servicios básicos, la separación de las mujeres de sus bebés y la aplicación de restricciones demasiado estrictas a las comunicaciones tanto dentro de la prisión como con el mundo exterior.
Japón es parte en las principales convenciones internacionales de derechos humanos, incluido el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, que se refieren a la justicia penal y el trato a las personas encarceladas. Además de las Reglas Mandela, las normas internacionales pertinentes incluyen las Reglas mínimas de las Naciones Unidas sobre las medidas no privativas de la libertad (las Reglas de Tokio) y las Reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de las reclusas y medidas no privativas de la libertad para las mujeres delincuentes (las Reglas de Bangkok). El actual sistema de justicia y las prácticas penitenciarias de Japón violan las disposiciones de estas convenciones o contravienen estas reglas y estándares internacionales, afirmó Human Rights Watch.
“El encarcelamiento, que en las condiciones actuales resulta en graves violaciones de derechos humanos, debería ser el último recurso”, afirmó Kasai. “En lugar de ello, Japón debería adoptar las reformas necesarias para un enfoque basado en los derechos que efectivamente reduzca la población de mujeres en prisión para garantizar que sus derechos estén protegidos”.
