(Bruselas) – El Parlamento Europeo aprobó el 14 de septiembre de 2023 una resolución contra la “prostitución,” pero eliminó algunas de sus partes más dañinas, dijo hoy Human Rights Watch. El Parlamento adoptó un informe no vinculante, Regulación de la prostitución en la Unión: repercusiones transfronterizas y consecuencias en la igualdad de género y los derechos de las mujeres, pero rechazó “los llamados a un enfoque común para toda la UE basado en el modelo nórdico/de igualdad.”
El modelo nórdico criminaliza la compra de sexo y su implementación ha provocado un aumento de los asesinatos, el abuso policial, la exclusión de los servicios sociales y la violencia sexual contra las trabajadoras sexuales en los países europeos que lo han adoptado. En una exitosa medida de procedimiento de último minuto, el Parlamento Europeo eliminó del texto final las referencias más dañinas al modelo nórdico. Al “dividir” o “separar” los votos, ciertos pasajes de una moción pueden votarse por separado y eliminarse del texto final del informe. El colectivo de trabajadoras y trabajadores sexuales y sus aliados abogaron firmemente por eliminar esta disposición.
“Hacer un llamado para que la compra de sexo sea un delito penal pone en riesgo la salud y la seguridad de las mujeres, las personas queer y las personas inmigrantes,” afirmó Erin Kilbride, investigadora sobre derechos de las mujeres y derechos LGBT de Human Rights Watch. “El hecho de que la mayoría de los parlamentarios no votaran a favor de esta peligrosa resolución indica que reconocen lo que los datos dejan claro: la criminalización conduce a la violencia contra las mismas personas a las que dice ayudar.”
Una coalición de defensores de los derechos de las trabajadoras sexuales y sus aliados, incluido Human Rights Watch, instó a los miembros del Parlamento Europeo a rechazar la resolución en el período previo a la votación, calificando el informe de “sesgado y perjudicial para las personas que venden sexo y otros grupos vulnerables.” La revista de salud The Lancet también instó a los parlamentarios a rechazar la propuesta “desacertada”. Aunque fue aprobada, la mayoría de los diputados la rechazaron o se abstuvieron, con 234 votos a favor, 175 en contra y 122 abstenciones. Esto sugiere que existe una comprensión cada vez mayor de las peligrosas consecuencias de la criminalización para las personas que ejercen el trabajo sexual y sus derechos, afirmó Human Rights Watch.
Varias agencias de las Naciones Unidas se oponen a la criminalización, incluido el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA, la Organización Mundial de la Salud, el Fondo de Población de las Naciones Unidas y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Organizaciones de la sociedad civil, incluidas Human Rights Watch, Amnistía Internacional y la Federación Internacional de Planificación de la Familia, también se oponen a la criminalización.
Un amplio conjunto de pruebas demuestra que la penalización de la compra de sexo perjudica los derechos de las personas que ejercen el trabajo sexual. La implementación en 2016 de la criminalización de los clientes en Francia hizo que éstos temieran ser arrestados, lo que obligó a las trabajadoras sexuales a desplazarse a lugares más peligrosos para realizar trabajos en la calle. Diez trabajadoras sexuales fueron asesinadas en Francia en un período de seis meses en 2019.
Una investigación encargada por el Departamento de Justicia de Irlanda del Norte no encontró “ninguna evidencia” de que el modelo nórdico redujera la demanda de servicios sexuales después de su introducción en 2015, mientras que en la República de Irlanda un informe financiado por el Departamento de Justicia encontró que el 20 % de las trabajadoras sexuales entrevistadas habían sido explotadas sexualmente por la policía y esa criminalización “marginó drásticamente” a una población en riesgo.
En abril, Human Rights Watch escribió al Congreso de los Diputados de España, instando a sus miembros a rechazar un proyecto de ley similar que permitía la criminalización y el acoso de las trabajadoras sexuales utilizando una definición demasiado amplia de proxenetismo. España aún no ha actuado sobre el proyecto de ley.
La nueva resolución del Parlamento Europeo todavía contiene declaraciones dañinas y engañosas sobre el trabajo sexual, afirmó Human Rights Watch. En ella se hace repetidos llamados a castigar a los clientes, incluyendo tipificar como delito en todos los países de la UE el hecho de solicitar, aceptar u obtener un acto sexual de una persona a cambio de una remuneración, a pesar de la amplia evidencia de los efectos violentos y discriminatorios de tales leyes. También incluye afirmaciones dudosas de que la trata con fines de explotación sexual está aumentando en toda la UE y que “los países que siguen enfoques como el modelo nórdico/de igualdad ya no son grandes mercados para la trata de personas con ese fin.” Los últimos conjuntos de datos disponibles de la Comisión Europea y Eurostat, respectivamente, refutan ambas afirmaciones.
“La votación demuestra que a pesar de la avalancha de ataques contra los derechos de las trabajadoras sexuales y otros grupos marginados, Europa está cada vez más a favor de soluciones respetuosas para hacer frente a la violencia contra nuestras comunidades,” dijo Sabrina Sánchez, directora de la Alianza Europea por los Derechos de las Trabajadoras Sexuales. “Los resultados muestran que no somos una minoría y que muchas personas en toda la UE creen que quienes ejercen el trabajo sexual merecen tener derechos humanos.”
