“El presidente Trump ha pregonado reiteradamente sobre la necesidad de agua y aire limpios, mientras su administración avasalla las normas establecidas para que eso sea posible”, expresó Sarah Saadoun, investigadora sobre empresas y derechos humanos de Human Rights Watch. “La EPA no solo está arriesgando la salud de las comunidades mayormente rurales próximas a los lugares donde se vierten las cenizas de carbón, sino que además pide al público que subsidie uno de los factores que más contribuyen al cambio climático”.
Las plantas de carbón en Estados Unidos producen 110 millones de toneladas de cenizas de carbón por año, lo que representa el mayor volumen de desechos del país después de la basura generada en los hogares. La ceniza de carbón, una sustancia pulverulenta grisácea, contiene numerosos elementos peligrosos para la salud humana, incluidos carcinógenos conocidos como el arsénico, el cromo hexavalente y el radio.
Las empresas de servicios públicos venden cerca del 45 % de las cenizas de carbón generadas para su reutilización en otros materiales, como cemento, y desechan el resto en casi 900 emplazamientos repartidos en el territorio del país. Entre otros cambios alarmantes, la EPA propone eliminar normas clave para gestionar peligrosos montículos de cenizas de carbón, que no son otra cosa que montañas de este desecho acumuladas a cielo abierto.
Tras un derrame catastrófico de cenizas de carbón ocurrido en 2008, la EPA adoptó una norma en 2015 que exige que las empresas de servicios públicos que utilizan el carbón como fuente de energía tomen medidas para prevenir y remediar la contaminación por cenizas de carbón. Según la EPA, seis millones de personas viven en áreas protegidas por esta norma, muchas de las cuales obtienen agua de pozos privados de cuyo monitoreo o regulación el gobierno no se ocupa.
La norma de 2015 exigió que las centrales energéticas a carbón hicieran un control del agua freática para detectar contaminación. EarthJustice, una organización ambiental sin fines de lucro, analizó datos que revelan que 240 de las 265 plantas que presentaron información en función de esta norma desde marzo de 2018 detectaron niveles de sustancias tóxicas mayores a los permitidos por los estándares federales. Las normas también exigen controlar la contaminación atmosférica, que representa otro grave riesgo para la salud de las personas que viven en lugares próximos a vertederos o montículos de cenizas de carbón.
A pedido de la compañía de energía AES, la EPA ha propuesto eximir de las reglamentaciones de 2015 a los montículos de cenizas de carbón, que son acumulaciones de estas cenizas que, por lo general, no cuentan con ninguna estructura o contención para impedir que haya contaminación. AES es una empresa de Virginia que gestiona un montículo de cenizas de carbón de 400.000 toneladas cerca de comunidades residenciales en Guayama, Puerto Rico.
El control del agua freática realizado por AES detectó filtración de metales tóxicos debajo de su montículo de cenizas de carbón. Esa agua forma parte de un acuífero que es la única fuente de agua potable con la que cuentan 140.000 personas, según indica una nota en un medio local. Los datos que indican un aumento en los niveles de cáncer y otras enfermedades crónicas en las comunidades más próximas a la planta de carbón, así como investigaciones científicas realizadas en las proximidades de un vertedero de cenizas de carbón en Louisville, Kentucky, concitan una profunda alarma sobre los riesgos para la salud pública de la contaminación asociada con las cenizas de carbón.
En su petición, AES pidió que la EPA eximiera a los montículos de cenizas de carbón de las reglamentaciones vigentes, que le exigen monitorear, prevenir y remediar la contaminación, debido a que “aumentan sustancialmente el costo de producir electricidad usando carbón”. Si la EPA permite que las empresas eludan estos costos, lo que haría es transferir al público la carga de sanear la contaminación y su impacto para la salud. Las empresas de servicios públicos ya han pedido a las autoridades que aumenten las tarifas a los usuarios para contribuir así a pagar la limpieza de las cenizas de carbón.
El cambio climático también exacerba los riesgos para la salud pública de la contaminación por cenizas de carbón, puesto que ahora las tormentas son más frecuentes y extremas. Las lluvias copiosas del huracán Florence que afectó a Carolina del Norte en 2018 erosionaron un vertedero de cenizas de carbón y derramaron las cenizas tóxicas hacia un camino local que, más tarde, desbordaron una represa. Con esto, el derrame de cenizas de carbón llegó a un río de la zona. Después de que el huracán María azotara un montículo de cenizas de carbón en Puerto Rico con 15 pulgadas de lluvia, las pruebas de seguimiento realizadas en un pozo detectaron una duplicación en los niveles de arsénico.
El riesgo de que la modificación de esta norma transfiera al público los cuantiosos gastos de saneado de las cenizas de carbón es particularmente preocupante, considerando distintas medidas de la EPA relativas a estas cenizas. En agosto, la EPA propuso no exigir que las empresas de servicios públicos hicieran una reserva de fondos para el caso de contaminación y, en 2018, la agencia finalizó un cambio de normativa para permitir que los estados tuvieran la flexibilidad de suspender los requisitos de las normas en ciertas situaciones.
“Este cambio de normativa beneficia únicamente a las empresas de servicios públicos”, indicó Saadoun. “De un modo u otro, el público pagará el precio, en términos de salud de la comunidad, valor de los bienes raíces, saneamiento de la contaminación y clima”.
