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Florida debe limitar el enjuiciamiento de menores como si fueran adultos

Proyecto de ley concedería que los jueces, en vez de los fiscales, tomen la decisión

(Tallahassee) – Los legisladores de Florida deberían aprobar el Proyecto del Senado 1082, que habilitaría a jueces, en vez de fiscales, a tomar la determinación sobre cuándo enjuiciar un menor como si fuera un adulto. En caso de aprobarse la medida, el proyecto legislativo reduciría de manera sustancial la cantidad de menores que son procesados en los tribunales para adultos de Florida.

La ley sobre “remisión directa” (direct file) actualmente vigente en Florida, que otorga a los fiscales la facultad discrecional exclusiva de plantear cargos contra jóvenes de 14 años o mayores como si fueran adultos, es una de las leyes más expansivas de este tipo en Estados Unidos, según fue documentado por Human Rights Watch en 2014. Más del 98 por ciento de los juicios contra menores que se procesan en los tribunales para adultos de Florida fueron asignados por decisión de un fiscal, sin ningún tipo de supervisión judicial. Los jueces no pueden revisar o revertir ese fallo.

“La decisión de procesar penalmente a un menor en un tribunal para adultos trae graves consecuencias, no solo para el joven en cuestión, sino también para la sociedad”, observó Alba Morales, investigadora sobre EE. UU. de Human Rights Watch. “Florida debería asegurar que estas decisiones criticas se adopten después de una audiencia exhaustiva e imparcial ante un juez, que podrá considerar las características individuales de cada menor y su capacidad de cambiar”.

Diversos estudios han demostrado que los menores que son perseguidos penalmente en el sistema para adultos reinciden en menos tiempo y posteriormente cometen delitos más graves que aquellos cuyos casos tramitan en el sistema de justicia de menores.

“En los tribunales para adultos, lo que quieren es encerrarnos”, expresó un joven oriundo de Florida a Human Rights Watch. “En los tribunales de menores desean ayudarnos a que tomemos mejores decisiones”.

Los menores que son acusados como si fueran adultos cumplen prisión preventiva en cárceles para adultos de Florida. Una vez condenados, los menores enfrentan el resto de su vida las consecuencias de tener un sus antecedentes una condena penal de adulto, en vez de la posibilidad de rehabilitación que ofrece el sistema de justicia de menores de Florida.

El proyecto del Senado (SB) 1082, presentado por el senador de ese estado Thad Altman, sustituiría el proceso basado en la remisión directa por una audiencia contradictoria, en la cual el juez emite una decisión definitiva con respecto a la conveniencia de que un menor sea enjuiciado como un adulto, luego de oír los argumentos planteados tanto por la acusación como por la defensa. El proyecto de ley impediría el procesamiento de menores de 16 años en tribunales para adultos, y limitaría los delitos violentos por los cuales aquellos que tengan 16 años o más pueden ser juzgados como adultos. Por último, la ley prohibiría que menores cumplan prisión preventiva en cárceles para adultos, y quedarían en cambio bajo la supervisión del Departamento de Justicia de Menores de Florida.  

El anteproyecto prevé que los jueces puedan ponderar la gravedad del delito junto con otros factores. La mayoría de los menores juzgados en tribunales para adultos de Florida son acusados por delitos no violentos. En 2012 y 2013, el 60 por ciento de los menores en esta situación habían cometido delitos no violentos, según datos analizados por Human Rights Watch. En un caso, por ejemplo, un joven de 16 años fue procesado en un tribunal para adultos por haber robado dos computadoras portátiles de un aula. En otro, un joven de 17 años fue acusado de robo con allanamiento de morada en las mismas condiciones que un adulto, tras ingresar al pórtico trasero de una vivienda y llevarse una impresora que estaba allí guardada.

Los menores que delinquen pueden y deben rendir cuentas por sus actos, pero procesarlos en tribunales para adultos perjudica tanto al menor como a la sociedad en general, aseveró Human Rights Watch. Los menores tienen un menor grado de madurez intelectual que los adultos, pero a la vez mayores posibilidades de rehabilitación, y este es justamente el objetivo primordial del sistema de justicia de menores.

La Convención sobre los Derechos del Niño, que ha sido suscripta por EE. UU., estipula que “se dispondrá de diversas medidas, tales como el cuidado, las órdenes de orientación y supervisión, el asesoramiento, la libertad vigilada, la colocación en hogares de guarda, los programas de enseñanza y formación profesional, así como otras posibilidades alternativas a la internación en instituciones, para asegurar que los niños sean tratados de manera apropiada para su bienestar y que guarde proporción tanto con sus circunstancias como con la infracción”.

“Obligar a los menores a vivir con las consecuencias de haber sido condenados por delitos graves – que incluyen menores posibilidades de conseguir un empleo – es una medida contraproducente e innecesaria”, destacó Morales. “El sentido común nos dice que los menores son diferentes. Al promulgar esta ley, los legisladores de Florida estarían dando un paso sensato en pos de la creación de un sistema de justicia que reconozca estas diferencias”.

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