(Washington, DC) – La acción ejecutiva sobre inmigración de 2014 del presidente Barack Obama protege a millones de familias en Estados Unidos, pero deja sin solución importantes cuestiones de derechos, señaló hoy Human Rights Watch. Obama y el Congreso deben tomar medidas para poner fin a los malos tratos en la frontera, la detención innecesaria y las sanciones penales injustas que separan a muchas familias.
“La acción presidencial del año pasado todavía deja a millones de personas a merced de leyes inmigratorias injustas e inflexibles, y prácticas que piden a gritos una reforma”, dijo Antonio Ginatta, director de incidencia del programa sobre Estados Unidos de Human Rights Watch. “La llegada de un nuevo Congreso a Washington crea oportunidades para que los responsables de diseñar políticas promuevan una reforma migratoria que respete los derechos de todos”.
Un nuevo documento de preguntas y respuestas de Human Rights Watch explica la Acción Ejecutiva de Responsabilidad por la Inmigración de noviembre (el plan de Obama), incluyendo importantes cuestiones de derechos que deja sin resolver. El plan de Obama amplía la elegibilidad para que los inmigrantes que llegaron siendo niños, los padres de ciudadanos o los residentes permanentes estadounidenses puedan conseguir el “estatus legal temporal”. También hace que a las familias perjudicadas por los retrasos burocráticos les resulte más fácil permanecer unidas. Además sustituye al programa de Comunidades Seguras, que involucraba a las autoridades federales de inmigración en las fuerzas locales del orden y que el gobierno de Obama reconoció que minaba la confianza de la comunidad en la aplicación de la ley.
Human Rights Watch relanza una serie de fotografías actualizadas del galardonado fotógrafo de retratos Platon, que muestra imágenes e historias convincentes de los inmigrantes que pueden salir beneficiados del plan de Obama y de aquellos cuyo sufrimiento probablemente continúe.
El plan de Obama no aborda la deportación sumaria ni las disposiciones de detención obligatoria quepenalizan a los inmigrantes condenados por delitos menores. Tampoco proporciona protección contra la deportación ni otro tipo de alivio a los padres de niños con la ciudadanía estadounidense o residencia legal permanente si los padres son detenidos en la frontera en su intento por reunirse con sus familias. Un informe de Human Rights Watch publicado hoy revela que cerca de 50.000 padres de niños con la ciudadanía estadounidense son detenidos y deportados sumariamente en la frontera cada año. Si bien muchos podrían haber reunido los requisitos para la deportación diferida en caso de seguir en EE.UU., el plan de Obama no proporciona ninguna solución eficaz a los que son detenidos tratando de reingresar al país para reunirse con sus familias.
Obama también tuvo la oportunidad de abordar el número cada vez mayor de procesos federales por entrada ilegal y reingreso, pero no lo hizo. Estos son los juicios más comunes en EE.UU. y afectan a miles de personas con profundos lazos en el país. Aquellos que son sentenciados pueden llegar a convertirse en blancos prioritarios de deportación solamente por su estatus migratorio.
El plan sigue permitiendo la detención de familias recién llegadas y la deportación sumaria de solicitantes de asilo sin una evaluación suficiente sobre si su regreso supone un grave riesgo de sufrir daños.
“Las políticas de deportación en masa de los últimos años han separado a cientos de miles de familias por la fuerza”, dijo Ginatta. “Al gobierno de Obama y el Congreso les queda mucho por hacer para defender los derechos de los migrantes y sus familias”.
