(Bagdad) –Los militantes que llevaron a cabo una serie de atentados con bombas en Irak el 29 de julio de 2013, matando deliberadamente a más de 60 personas, cometieron crímenes contra la humanidad, dijo hoy Human Rights Watch. Los crímenes contra la humanidad se destacan como uno de los delitos más graves bajo el derecho internacional.
El Estado Islámico de Irak, tal como se autodenomina Al-Qaeda en Irak, se adjudicó la autoría, diciendo públicamente que organizó y cometió los atentados del 29 de julio, así como varios otros a lo largo de los últimos cuatro meses. Al-Qaeda en Irak ha emitido comunicados en los que se responsabiliza de numerosos suicidios, atentados con carros bomba y otros ataques en Irak que, en conjunto, conforman una política permanente y sistemática de matar a civiles, lo que constituye una violación flagrante del derecho internacional. El 6 y 10 de agosto, otra serie de carros bomba dirigidos contra concurridos mercados, calles comerciales y parques donde las familias se habían reunido para celebrar el fin del Ramadán, en Bagdad y alrededores, mató como mínimo a 130 personas, aunque nadie se ha reivindicado la autoría.
“Los ataques del 29 de julio, que se suman a otros horribles atentados en los últimos meses, proporcionan claras evidencias de que Al-Qaeda en Irak es culpable de crímenes contra la humanidad”, dijo Joe Stork, subdirector para Medio Oriente y Norte de África de Human Rights Watch. “Ninguna meta o agravio político puede justificar esta campaña masiva y organizada de muertes, que está haciendo sufrir terriblemente a los iraquíes”.
Los ataques del 29 de julio fueron de los más mortíferos de 2013. Las explosiones de carros bomba, sobre todo en los barrios chiíes de Bagdad, mataron a más de 60 personas y causaron cientos de heridos, muchos de ellos civiles. Formaban parte de una oleada de atentados con bombas de al-Qaeda y otros grupos militantes durante el Ramadán, tanto en áreas chiíes como suníes. Las instituciones del Estado e instalaciones militares también fueron blanco de los ataques.
En conjunto, estos ataques hicieron de julio el mes más sangriento en más de cinco años, de acuerdo con Naciones Unidas. El 1 de agosto, la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas para Irak (UNAMI) dio a conocer cifras que muestran que los actos de terrorismo y violencia en julio cobraron la vida de 1.057 iraquíes y causaron 2.326 heridos. Entre los fallecidos, figuraban 204 agentes policiales y 129 miembros de las fuerzas de seguridad iraquíes.
El representante especial interino de la misión de las Naciones Unidas en Irak, Gyorgy Busztin, emitió el 1 de agosto una declaración advirtiendo que la violencia de los últimos meses podría presagiar un retorno a una era “en la que la furia ciega de la violencia sectaria (...) infligió (...) profundas heridas a este país”.
Según un informe del Instituto para el Estudio de la Guerra, una organización de investigación independiente con sede en Washington, DC, Al-Qaeda en Irak ha llevado a cabo en los últimos 12 meses repetidos atentados con artefactos explosivos improvisados en carros bomba. El informe señala que estos ataques –hasta ocho atentados al día— “se volvieron más frecuentes y letales” en la primavera de 2013, “a veces produciéndose hasta dos veces por semana”.
El 30 de julio, el Estado Islámico de Irak se atribuyó la autoría de los atentados del 29 de julio. El 23 de julio, el grupo había emitido una declaración adjudicándose la responsabilidad de los atentados de hacía dos días en dos prisiones en la zona de Bagdad, Abu Ghraib y al-Tajji, que provocaron una fuga masiva de presos. Según un comunicado del Ministerio de Justicia, en el atentado contra Abu Ghraib murieron al menos 68 miembros de las fuerzas de seguridad y un número desconocido de prisioneros. Entre 500 y 1.000 detenidos lograron escapar.
Al reclamar la responsabilidad de los ataques en las prisiones, el grupo dijo que ese ataque, y otros perpetrados en los últimos cuatro meses, fueron actos en represalia por un ataque de las fuerzas de seguridad del gobierno contra un campamento de protesta sunita en Hawija el 23 de abril, en el que murieron 51 personas.
El 6 de agosto, carros bomba en el norte, el este y el sur de Bagdad explotaron en zonas llenas de gente que iba de compras y fieles camino de la mezquita, principalmente en barrios chiíes. En un atentado en un campo de fútbol el 30 de junio murieron 12 personas, la mayoría niños menores de 16 años. En otro, el 12 de julio, 10 personas murieron cuando un carro bomba que estalló en un funeral chií en Moqdadeya, al oeste de Bagdad, fue seguido por el ataque de un terrorista suicida contra los trabajadores de los servicios de emergencia que acudieron al lugar para atender a la primera ola de víctimas. Otros ataques se han dirigido contra cafeterías en un concurrido barrio chií de Bagdad, instalaciones de seguridad del gobierno y mezquitas tanto suníes como chiíes.
Otros grupos armados, incluyendo milicias chiíes, también han cometido numerosos ataques suicidas y con carros bomba, así como asesinatos selectivos. Algunos residentes de la ciudad de Moqdadeya dijeron a Human Rights Watch que al menos 100 familias habían huido de sus hogares después de que la milicia chií Asa'ib Ahl al-Haq distribuyera panfletos amenazando con matar a los residentes suníes que no abandonaran la zona. Un hombre de la localidad dijo a Human Rights Watch que creía que la milicia había emitido las amenazas en represalia por el ataque a la comitiva fúnebre. Ni Asa'ib Ahl al-Haq ni Hezbollah de Irak, otra milicia chiíta, se han reivindicado la autoría de los atentados, pero los folletos amenazantes, a los que Human Rights Watch tuvo acceso, llevan claramente el logotipo de Asa'ib Ahl al-Haq. Una tercera milicia chií, el Ejército Moqtar, se ha declarado responsable de varios atentados recientes, incluidos los repetidos ataques contra Camp Liberty, donde actualmente se alojan los miembros de un grupo disidente iraní.
Los crímenes contra la humanidad son crímenes de jurisdicción universal, lo que significa que los responsables, incluidos los cómplices de dichos delitos, pueden ser procesados en cualquier parte del mundo. Dentro del marco del derecho internacional consuetudinario, se entiende por “crímenes contra la humanidad” una serie de graves abusos contra los derechos humanos, incluyendo el asesinato, cometido como parte de un ataque generalizado o sistemático por parte de un gobierno o un grupo organizado no estatal contra una población civil.
Quienes cometen crímenes contra la humanidad, los ordenan, o de alguna manera son cómplices de ellos, deben ser individual y penalmente responsables de sus actos, dijo Human Rights Watch.
El hecho de que las autoridades iraquíes no responsabilizan a nadie por la violencia de las fuerzas de seguridad contra los manifestantes suníes y de que hacen un uso generalizado de la tortura para obtener confesiones de los detenidos, independientemente de su secta, así como el acto de que los tribunales dependan de los testimonios de informantes secretos que la defensa no puede ver y de confesiones forzadas para emitir órdenes de detención y obtener condenas, puede constituir un acto de negligencia a la hora de tomar las medidas necesarias para prevenir y procesar los crímenes contra la humanidad.
Las autoridades iraquíes deben tomar todas las medidas posibles para proteger el derecho a la vida poniendo fin a estos ataques. Deberían identificar, detener y enjuiciar a los responsables, y otros cómplices que asistieron en los ataques. Para eso, las autoridades iraquíes deben implementar urgentemente reformas de derecho penal, incluyendo una revisión de la draconiana ley antiterrorista.
Las autoridades iraquíes también deberían derogar los artículos del código penal que permiten el uso de testimonios de informantes secretos y confesiones forzadas que corrompen los procesos judiciales. Los jueces y funcionarios de seguridad deberían basar las condenas en evidencias, no en confesiones, que podrían ser coaccionadas. El gobierno debería implementar una política de tolerancia cero contra la corrupción, que impregna gran parte del sistema de justicia: desde funcionarios de los centros de detención, que piden sobornos para liberar a los detenidos, a las fuerzas de seguridad, que corrompen a jueces para obtener órdenes de arresto falsas o después de los hechos.
En los últimos 12 meses, Human Rights Watch ha conversado con al menos 20 detenidos, tanto actuales como ya liberados, que alegan que la policía, el ejército y otras fuerzas de seguridad que responden directamente al primer ministro Nuri al-Maliki los mantuvieron durante prolongados lapsos de tiempo en régimen de incomunicación, debido a las relaciones corruptas entre aquéllos que los tomaron presos y los jueces que emiten las órdenes de detención o los obligan a confesar. Algunos familiares de los detenidos dijeron a Human Rights Watch que las fuerzas de seguridad exigían sumas de más de US$6.000 para ponerlos en libertad.
Desde el incidente en la prisión el 21 de julio, los informes de los parlamentarios y activistas locales sugieren que las fuerzas de seguridad han llevado a cabo detenciones masivas en las áreas suníes, a donde creen que huyeron los fugitivos. Un miembro de los comités de seguridad y defensa del Parlamento dijo a Human Rights Watch que los presos en Abu Ghraib y Tajji le contaron que las fuerzas de seguridad habían llevado a cabo numerosas detenciones masiva en estas áreas, arrestando a varios miembros de sus familia a la vez, pero que no había podido verificar las denuncias debido a una represión de las fuerzas de seguridad en estas zonas.
Un abogado de Ramadi dijo a Human Rights Watch que, de acuerdo a los residentes de Anbar, las fuerzas de seguridad habían detenido a “familias enteras” de presos fugados para coaccionar a los prófugos para que se entregaran. Las dos cárceles siguen estando en condición de “cierre de emergencia”, afirmó Shubbar Ali, miembro del Comité de Derechos Humanos del Parlamento, a los medios locales. Ali dijo que él y otros miembros de una investigación oficial, sobre las fugas de prisioneros y las denuncias de que los guardias dispararon contra los prisioneros durante el ataque, aún no habían podido visitar ninguna de las dos prisiones.
“En el entorno actual, los atentados son cometidos por todas las partes implicadas –los grupos insurgentes suníes, las milicias chiíes y las fuerzas de seguridad del gobierno— y cada una invoca la violencia de las demás para justificar la suya”, dijo Stork. “En lugar de responder con una brutalidad cada vez mayor y recurrir a la tortura, confesiones forzadas, detenciones masivas y juicios injustos, el gobierno tiene que tomar la iniciativa para poner fin a este ciclo brutal”.
