Respeto al derecho de celebrar reuniones pacíficas
7 de Agosto de 2013
Para evitar nuevos abusos y derramamientos de sangre, el Gobierno egipcio debe respetar el derecho de la ciudadanía a protestar pacíficamente y buscar alternativas al desalojo forzoso de los campamentos.
Nadim Houry,subdirector para Medio Oriente

(Nueva York) - El Gobierno egipcio debe ordenar el cese inmediato de cualquier plan para desalojar por la fuerza las dos acampadas que mantienen los Hermanos Musulmanes en El Cairo y ​​tratar pacíficamente los problemas que surjan. Las autoridades deben respetar el derecho de la ciudadanía a celebrar reuniones pacíficas.

El 31 de julio de 2013, el Gobierno autorizó al Ministro del Interior a "tomar todas las medidas necesarias" para "atajar la violencia y los actos de terrorismo" en las acampadas, pero no dio más detalles sobre cuáles serían esas medidas. Al hacer frente a las protestas, las fuerzas de seguridad de Egipto han recurrido regularmente al uso excesivo de la fuerza, matando al menos a 137 personas en el último mes.

"Para evitar nuevos abusos y derramamientos de sangre, el Gobierno egipcio debe respetar el derecho de la ciudadanía a protestar pacíficamente y buscar alternativas al desalojo forzoso de los campamentos", dijo Nadim Houry, subdirector para Medio Oriente de Human Rights Watch. "El reiterado historial de empleo de la fuerza excesiva y no justificada por parte de la policía, lo que originó decenas de muertes este mes, sumado a la multitud que permanece en las acampadas implicaría poner en riesgo cientos de vidas si los campamentos son dispersados por la fuerza."



Como un país miembro del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos, las autoridades egipcias tienen la obligación de proteger y garantizar el derecho de celebrar reuniones pacíficas. Esto significa que deben facilitar las manifestaciones y asegurarse de que puedan llevarse a cabo pacíficamente.

Las restricciones impuestas deben ser para un fin legítimo, no arbitraria, y de acuerdo a la ley, no deben discriminar motivos tales como la ideología política, y deben ser ineludibles. La prohibición de cualquier manifestación, incluyendo el desalojo, debe ser el último recurso. La imposición de restricciones y prohibiciones a las manifestaciones deben ser objeto de apelación ante un tribunal independiente e imparcial.

Según el derecho internacional, la obligación general de garantizar el derecho a celebrar reuniones pacíficas significa que las autoridades estatales no pueden tratar una demostración como un acto violento debido a los actos de algunos participantes, señaló Human Rights Watch. Las autoridades no pueden castigar a los manifestantes pacíficos por los crímenes cometidos por algunos manifestantes o por la posesión de armas sin licencia por parte de algunos individuos. 

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