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III. Antecedentes

Detención de inmigrantes por Estados Unidos

Originalmente, las personas migrantes que llegaron a Estados Unidos fueron detenidas en grandes números en la Isla Ellis, Nueva York, en la década de 1890. Esta isla, puerta hacia una nueva vida para mucha gente, también se caracterizó por sus severas condiciones de detención, particularmente en sus tres últimas décadas de operación, de 1924 a 1954. En 1954, el Servicio de Inmigración y Naturalización puso fin a su política de detención, excepto en limitadas circunstancias, y este enfoque siguió siendo la norma hasta la década de 1980.1 La política de detención surgió de nuevo en los años ochenta, cuando miles de personas refugiadas cubanas y haitianas llegaron a suelo estadounidense. Los cubanos que habían salido del puerto Mariel en su país fueron detenidos por largo plazo mientras el gobierno de Carter los “procesaba”. Los haitianos que lograron sobrevivir a los peligrosos viajes en bote hacia Miami se enfrentaron a la detención y deportación como refugiados “económicos” en vez de “políticos”. La práctica de detención al momento de llegada se extendió a personas centroamericanas durante esa década.2

En los años noventa, la detención se convirtió en parte integral de la política inmigratoria estadounidense. Entre 1994 y 2001 casi se cuadruplicó la población promedio detenida cada día, de 5,532 a 19,533.3 En la actualidad, Estados Unidos retiene a aproximadamente 28,000 inmigrantes en centros federales de detención, prisiones operadas por corporaciones privadas y cárceles municipales.4 El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos, unidad ejecutora del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), encarcela no sólo a personas indocumentadas sino también a residentes legales permanentes (RLP), solicitantes de asilo y familias, además de niñas y niños no acompañados.

La creciente cantidad de personas detenidas refleja los cambios en leyes y políticas que buscan aumentar la aplicación de las restricciones inmigratorias y la deportación. El primer cambio importante ocurrió en 1996, con la aprobación de la Ley de Antiterrorismo y Pena de Muerte Efectiva (AEDPA) y la Ley de Reforma de la Inmigración Ilegal y Responsabilidad del Inmigrante (IIRIRA). Estas leyes transformaron significativamente el panorama inmigratorio al expandir la detención obligatoria y eliminar, en gran medida, la discrecionalidad que antes era ejercida por jueces de derecho administrativo. La detención obligatoria fue ampliada para abarcar a perpetradores no sólo de crímenes tipificados como “delitos agravados” que incluyen desde delitos menores de robo sin violencia hasta crímenes violentos, sino también de cualquier crimen que involucre “bajeza moral”, frase cuya interpretación justifica la detención y deportación de personas culpables de robar en tiendas, de conducir bajo efectos del alcohol y responsables de delitos menores relacionados con drogas, con una reducida discrecionalidad para la revisión de circunstancias individuales.5 Muchas personas, incluyendo residentes legales permanentes, son detenidas y deportadas por transgresiones menores de la ley por las cuales ya han cumplido breves sentencias en sus comunidades. Human Rights Watch ha reportado acerca de la separación dolorosa de las familias derivada de estas crueles políticas inmigratorias.6

Las personas sujetas a la “Prohibición del VIH” de Estados Unidos también pueden ser detenidas mientras esperan una decisión acerca de su solicitud de exención. La Sección 212 (a) (1) (A) (i) de la Ley de Inmigración y Naturalización estipula que es “inadmisible” en el país toda persona extranjera que padezca una “enfermedad transmisible de importancia para la salud pública”, incluida la infección por VIH. Las personas que viven con el VIH pueden obtener estatuto de residente legal permanente sólo si califican para una exención. Aquéllas que no son elegibles para ésta pueden ser detenidas mientras duren los procedimientos de deportación. Human Rights Watch e Immigration Equality han reportado acerca del efecto dañino y discriminatorio de la “Prohibición del VIH”.7

Después de los ataques del 11 de septiembre de 2001 a Estados Unidos, el Servicio de Inmigración y Naturalización (INS) fue reemplazado por varias nuevas agencias y puesto bajo la jurisdicción del entonces recién creado Departamento de Seguridad Nacional.8 La más grande estas agencias es el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Tal como se afirma en el Informe Anual 2006 del ICE:

Cada día, el ICE utiliza agresivamente a poderosas autoridades inmigratorias y aduaneras a fin de proteger al pueblo estadounidense contra la introducción ilegal de mercancías y el ingreso de terroristas y otros criminales que buscan cruzar las fronteras de nuestra nación. El ICE reformuló por completo el proceso de detención y deportación, y adoptó un enfoque de modelo empresarial a fin de deportar eficazmente del país a extranjeros y criminales peligrosos.9

Con este amplio mandato de aplicación de la ley, un presupuesto de 4.2 mil millones de dólares (año fiscal 2006) y 5,300 agentes, el ICE se ha convertido en una de las fuerzas policiales más grandes del mundo y es probable que su expansión continúe. El ICE agregó 6,300 nuevas camas de detención en el año fiscal 2006.10 El Congreso ha autorizado 40,000 nuevas camas de detención para el año 2010, lo que aumentará la capacidad de detención a casi 80,000 camas.11

La duración promedio de estadía bajo detención inmigratoria no es clara. Un informe del ICE de abril de 2006 asevera que las personas detenidas provenientes de “países en desarrollo” son recluidas por un promedio de 89 días.12 Declaraciones recientes de la agencia indican que está disminuyendo la duración de la estadía conforme las operaciones de deportación se intensifican.13 Sin embargo, estas cifras no dan cuenta de la detención a más largo plazo de muchos solicitantes de asilo, niñas y niños no acompañados, y personas cuya repatriación resulta problemática.14

Centros de detención

A las personas inmigrantes detenidas se les retiene en cuatro tipos de centros:

  • Centros de Internamiento (SPC);
  • Centros de Detención Contratados (CDF) privados;
  • Centros del Departamento Federal de Prisiones; y
  • Centros que tienen un Acuerdo de Servicio Intergubernamental (IGSA). Éstos son centros gubernamentales estatales o locales, principalmente cárceles municipales.

Los ocho Centros de Internamiento son operados directamente por el ICE. Siete Centros de Detención Contratados son propiedad de corporaciones carcelarias privadas y operados por éstas, y cinco prisiones federales albergan a personas inmigrantes detenidas. Se aloja a la mayoría de las personas detenidas (65 por ciento) en más de 300 cárceles locales dispersadas en todo el país.15

El nuevo enfoque de “modelo empresarial” del ICE aplicado a la detención inmigratoria representa un creciente y lucrativo negocio para las cárceles municipales y las corporaciones privadas. El ICE contrata a los centros municipales individualmente y por día, pagando entre 50 y 95 dólares diarios por cada persona detenida alojada en ellos.16 Las ganancias devengadas de los contratos del ICE pueden ser sustanciales. Por ejemplo, el condado Frederick, en Maryland, obtiene una ganancia de 13 dólares diarios por cada persona detenida; en el caso del condado Bergen, Nueva Jersey, se calcula que las ganancias diarias son de 40 dólares.17 La detención inmigratoria es un componente cada vez más grande de la industria carcelaria con fines de lucro. Empresas tales como la Corporación Correccional de América (CCA) han visto que sus ingresos por reclusión de inmigrantes aumentan a una tasa anual de 21 por ciento.18

Condiciones durante la detención

En un informe de 1998, Human Rights Watch documentó las condiciones inhumanas en las cárceles locales que trabajan por contrato con las autoridades inmigratorias para la detención de inmigrantes.19 Estas condiciones incluían hacinamiento, atención médica y dental inadecuada, uso inapropiado de fuerza, falta de acceso a servicios telefónicos y transferencias frecuentes que interrumpieron el acceso a asesoría legal. Human Rights Watch pudo determinar que a muchas personas inmigrantes detenidas se les mantenía en condiciones punitivas, y el trato que se les daba no era diferente al dispensado a otras que habían sido acusadas de crímenes o sentenciadas.20 El informe reveló que las autoridades inmigratorias (entonces el INS) no vigilaban adecuadamente las condiciones en que vivían las personas recluidas en las cárceles.

Aunque ha habido mejoras en ciertos aspectos, muchos de estos problemas persisten. En noviembre de 2000, en respuesta a numerosas críticas y objeciones legales acerca de las condiciones de reclusión,21 el INS adoptó las 36 Normas Nacionales de Detención, que ahora forman parte del Manual de Operaciones de Detención (DOM) del DHS.22 Estas normas establecen condiciones y procedimientos mínimos para muchos aspectos de la detención, incluyendo acceso legal, atención médica y disciplina. La formulación de las normas constituyó un avance y fue resultado de la cooperación con la Asociación de Abogados de Estados Unidos (ABA) y organizaciones nacionales que defienden a inmigrantes. Sin embargo, como se señala más adelante, las normas de cuidados de salud del ICE, en particular las referidas al VIH/sida, son inferiores a los estándares de cuidados de salud en medios carcelarios establecidos por especialistas reconocidos a nivel nacional y no cumplen las recomendaciones internacionales para el tratamiento de personas privadas de libertad que viven con VIH/sida. Dado que  estas normas inferiores no han sido establecidas como regulaciones federales, no son vinculantes ni aplicables por ley, lo cual deja a las personas detenidas con un limitado recurso legal si las normas son violadas. Más aun, el ICE hace excepciones en muchas disposiciones de las normas, afirmando que tales provisiones son sólo “guías” para los centenares de centros carcelarios locales que trabajan individualmente por contrato con el ICE alojando personas detenidas.23

Las quejas de abusos, descuido y condiciones inhumanas en la detención inmigratoria continúan a pesar de la emisión de normas internas. En junio de 2007, los diarios The New York Times y The Washington Post investigaron las 62 muertes ocurridas bajo detención inmigratoria a partir de 2004.24 Desde que esos reportajes fueron publicados, otras cuatro personas inmigrantes murieron bajo detención.25 Demandas colectivas interpuestas en febrero y junio de 2007 objetan las condiciones de hacinamiento y la inadecuada atención médica y dental en el centro del ICE en San Diego, operado por la Corporación Correccional de América.26 En los “centros de detención familiar” del ICE se descubrieron condiciones adversas para la salud física y mental de las personas detenidas.27 (Recientemente, el ICE llegó a acuerdos negociados en demandas consolidadas que objetaban las condiciones de detención en que vivían niñas y niños en uno de esos centros.28) En las cinco cárceles municipales de Nueva Jersey que trabajan por contrato con el ICE, las personas detenidas recibían una atención médica y dental inadecuada, sufrían abusos verbales y físicos, además de que se les negaba el acceso a la biblioteca legal y a teléfonos.29 El Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes, Amnistía Internacional y otros miembros de una coalición de organizaciones de inmigrantes y de derechos humanos entregaron al Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos de los Migrantes exhaustivos materiales informativos que describían el hacinamiento, la falta de acceso a servicios telefónicos y asesoría legal, la inadecuada atención médica, dental y de salud mental, así como otras condiciones por debajo de los estándares en los centros de detención inmigratoria de todo el territorio estadounidense.30 El Centro de Internamiento de San Pedro, que es operado por el ICE en San Pedro California, fue cerrado en octubre de 2007 después de perder su acreditación de la Asociación de Prisiones de Estados Unidos.

Auditorías gubernamentales recientes también detectaron violaciones de las normas de detención en centros operados por el ICE, por corporaciones privadas y en cárceles municipales. La Oficina del Inspector General (OIG) del DHS y la Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO) de Estados Unidos identificaron violaciones en las áreas de cuidados de salud, salud y seguridad ambientales, hacinamiento, servicios alimenticios y denuncia de incidentes de abuso a la administración del ICE.31 El informe de la GAO halló “controles internos insuficientes y debilidades en el proceso de revisión de cumplimiento del ICE”.32

Rendición de cuentas

Los informes de la OIG y la GAO critican la supervisión gubernamental de las condiciones de detención en los centros contratados por el ICE. Actualmente, el sistema del ICE para supervisión interna consiste de una inspección anual a cada uno de sus más de 300 centros de detención. Estas inspecciones han fallado en identificar muchas de las graves violaciones reveladas por el informe de la OIG, lo cual ocasionó que la OIG cuestionara la suficiencia de la vigilancia del cumplimiento del ICE.33 Asimismo, el informe de la GAO subrayó el hecho de que la Oficina de Operaciones de Detención y Deportación (DRO) del ICE no revisó ni investigó adecuadamente las quejas de las personas detenidas:

La falta de un proceso formal de seguimiento por parte del ICE para documentar las denuncias de las personas detenidas obstaculiza su capacidad de 1) identificar patrones potenciales de incumplimiento que podrían ser sistémicos y 2) asegurar que todas las quejas de las personas detenidas sean revisadas y se lleven a cabo las medidas que sean necesarias.34

Dado que no están establecidas como regulaciones federales, las normas de detención no pueden proveer bases formales para auxiliar a personas recluidas en cualquier tipo de centro de detención inmigratoria. La falla del DHS en proporcionar recurso legal a personas detenidas que denuncian condiciones inhumanas o por debajo de la norma ha sido objetada por defensores de los derechos de inmigrantes en forma de una Petición de Inicio de Procedimiento Legal interpuesta el 25 de enero de 2007 de conformidad con la Ley de Procedimientos Administrativos. El objetivo de la petición es la promulgación de regulaciones que rijan las normas de detención de inmigrantes, las cuales luego generarían disposiciones para notificación y comentarios, abriendo así un diálogo entre el DHS, el ICE y el público respecto a las políticas de detención.35 Hasta la fecha, el DHS no ha emprendido ninguna acción acerca de la petición.

La renuencia del ICE a proporcionar información al público obstaculiza aun más la supervisión de sus actividades de cumplimiento y vigilancia. Por ejemplo, el ICE permite a la Asociación de Abogados de Estados Unidos (ABA) llevar a cabo indagaciones relacionadas con las quejas recibidas de personas inmigrantes detenidas; sin embargo, le prohíbe a la ABA cualquier divulgación pública de los resultados de esas averiguaciones. Pese a haber reconocido las 66 muertes ocurridas en detención inmigratoria desde 2004, el ICE les ha dificultado a las familias de las víctimas obtener información sobre los incidentes y no existe obligación para que el ICE informe públicamente de las muertes bajo su custodia.36 El Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos de los Migrantes no pudo examinar dos de los tres centros de detención que había programado visitar durante su misión a Estados Unidos, en mayo de 2007, pues las visitas a ambos sitios fueron canceladas sin explicación.37 El Congreso no tiene mucho más éxito cuando se trata de que el ICE divulgue información. En fecha reciente, la congresista Zoe Lofgren, demócrata por el estado de California y presidenta del Subcomité de Ciudadanía, Refugiados, Inmigración y Seguridad Fronteriza, solicitó por escrito al ICE información acerca de las normas de detención revisadas que supuestamente habían sido preparadas e incluso distribuidas a varios centros de detención sin notificarle al Comité.38 A pesar de esta y otras indagaciones realizadas por defensores de inmigrantes, hasta la fecha del presente informe el ICE no ha divulgado ninguna información sobre la emisión de las normas revisadas.39 La evasión constante de escrutinio por parte

del ICE llevó a que el diario Miami Herald afirmara recientemente que ésta es una agencia “envuelta en secretismo”.40




1 William S. Bernard, “A History of U.S. Immigration Policy” [“Historia de la política inmigratoria de Estados Unidos”], in Immigration: Dimensions of Ethnicity, ed. Richard A. Easterlin et al, Cambridge, Mass.: Belknap Press, 1992; Arthur C. Helton, “The Legality of Detaining Refugees in the United States” [“La legalidad de la detención de personas refugiadas en Estados Unidos”], NYU Rev. of Law and Social Change, Vol. 14:2, 1986.

2 Mark Dow, American Gulag: Inside US Immigration Prisons [Gulag estadounidense: Adentro de las prisiones inmigratorias de Estados Unidos], Berkeley: University of California Press, 2004, pág. 7; Helsinki Watch, Detained, Denied, Deported: Asylum Seekers in the United States [Detenidos, denegados, deportados: Solicitantes de asilo en Estados Unidos], Nueva York: Human Rights Watch, junio de 1989.

3 Declaración de Joseph Greene, comisionado adjunto de operaciones de campo del antiguo Servicio de Inmigración y Naturalización (INS), ante el Congreso, 19 de diciembre de 2001, www.rapidimmigration.com/www/news/greene_121901.pdf. (último acceso: 21 de noviembre de 2007)

4 Hoja Informativa del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), “ICE Office of Detention and Removal” [“Oficina de Operaciones de Detención y Deportación del ICE”], 2 de noviembre de 2006, www.ice.gov/pi/news/factsheets/dro110206.htm (otras hojas informativas del ICE citadas en adelante están disponibles en www.ice.gov); Informe Anual del ICE para el Año Fiscal 2006, www.ice.gov/doclib/about/ICE-06AR.pdf. (último acceso a los sitios: 21 de noviembre de 2007)

5 Sección 401 de AEDPA y Sección 1229 b (a) (3) de IIRIRA, que amplían las disposiciones de detención obligatoria de la Sección 236 (c) de la Ley de Inmigración y Naturalización. Ver: Montag, J., “Detention and Bond Issues in Immigration Law” [“Detención y asuntos de fianza en la ley inmigratoria”], AILA Immigration Law Today, Vol. 25, No. 6 (noviembre/diciembre 2006).

6 Human Rights Watch, Forced Apart: Families Separated and Immigrants Harmed by United States Deportation Policy [Separación forzosa: Familias separadas e inmigrantes dañados por las políticas sobre deportación de Estados Unidos] (Nueva York: julio de 2007), www.hrw.org/reports/2007/us0707/. Resumen en español: Separación forzosa: Deportaciones desde Estados Unidos violan los derechos humanos, www.hrw.org/reports/2007/us0707/us0707brochureweb_sp.pdf.

7 Human Rights Watch and Immigration Equality, Family, Unvalued: Discrimination, Denial, and the Fate of Binational Same-Sex Couples under U.S. Law [Familia sin valor: Discriminación, denegación de derechos y el destino de las parejas binacionales del mismo sexo bajo las leyes de Estados Unidos] (Nueva York: mayo de 2005), http://hrw.org/reports/2006/us0506/. Comunicado de prensa en español: http://hrw.org/spanish/docs/2006/05/02/usdom13302_txt.htm.

8 La Ley de Seguridad Nacional de 2002 (www.dhs.gov/xlibrary/assets/hr_5005_enr.pdf) abolió el Servicio de Inmigración y Naturalización (INS) y creó tres oficinas inmigratorias dentro del Departamento de Seguridad Nacional: la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS), el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Desde 2003, el ICE ha tenido jurisdicción sobre las responsabilidades de detención y deportación.

9 Informe Anual del ICE para el Año Fiscal 2006 (FY06), supra, pág. iii.

10 Hoja Informativa del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), “Key Accomplishments for Fiscal Year 2006” [“Logros clave para el año fiscal 2006”], 2 de noviembre de 2006, www.dhs.gov/xnews/releases/pr_1162228690102.shtm. (último acceso: 21 de noviembre de 2007)

11 Ley de Reforma de los Servicios de Inteligencia y Prevención del Terrorismo de 2004, Sección 5204, www.gpoaccess.gov/serialset/creports/intel_reform.html. (último acceso: 21 de noviembre de 2007)

12 Departamento de Seguridad Nacional, Oficina de Auditorías, “Detention and Removal of Illegal Aliens” [“Detención y deportación de extranjeros ilegales”], 14 de abril de 2006, OIG-06-33, www.dhs.gov/xoig/assets/mgmtrpts/OIG_06-33_Apr06.pdf. (último acceso: 21 de noviembre de 2007)

13 Nina Bernstein, “New Scrutiny as Immigrants Die in Custody” [“Nuevo escrutinio tras muertes de inmigrantes bajo custodia”], The New York Times, 26 de junio de 2007, www.nytimes.com/2007/06/26/us/26detain.html. (último acceso: 21 de noviembre de 2007)

14 Ver, por ejemplo: Physicians for Human Rights and the Bellevue/NYU Program for Survivors of Torture, From Persecution to Prison: the Health Consequences of Detention for Asylum Seekers [De persecución a prisión: Las consecuencias de la detención para la salud de solicitantes de asilo], junio de 2003, http://physiciansforhumanrights.org/library/report-persprison.html; Amnesty International, United States of America: Unaccompanied Children in Immigration Detention [Estados Unidos de América: Niños no acompañados bajo detención inmigratoria] 2004, www.amnestyusa.org/refugee/pdfs/children_detention.pdf; Zadvydas v. Davis, 533 US 678 (2001) y Clark v. Martínez, 543 US 371 (2005), que ordena, luego de 180 días, poner en libertad a personas para quienes la repatriación no es probable, www.aclu.org/immigrants/espanol/11633prs20010628.html. (último acceso a los sitios: 21 de noviembre de 2007)

15 Departamento de Seguridad Nacional, Oficina del Inspector General, “Treatment of Immigration Detainees Housed at Immigration and Customs Enforcement Facilities” [“Tratamiento de inmigrantes detenidos alojados en centros del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas”], diciembre de 2006 (Informe OIG), www.dhs.gov/xoig/assets/mgmtrpts/OIG_07-01_Dec06.pdf; Hoja Informativa del ICE, “Detention Management Program” [“Programa de Manejo de Detenciones”], www.ice.gov/partners/dro/dmp.htm; testimonio de Gary Mead, subdirector de la Oficina de Operaciones de Detención y Deportación del ICE, ante el Subcomité de Ciudadanía, Refugiados, Inmigración y Seguridad Fronteriza, del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, 4 de octubre de 2007, www.ice.gov/doclib/pi/news/testimonies/071004icetestimony.pdf. (último acceso a los sitios: 21 de noviembre de 2007)

16 Meredith Kolodner, “County Jails Boost Their Income” [“Cárceles municipales aumentan sus ingresos”], News21 (Un proyecto de las escuelas de periodismo de las universidades de Columbia y Harvard), 27 de julio de 2006, http://newsinitiative.org/story/2006/07/27/county_jails_boost_their_income; J. Greene and S. Patel, “The Immigrant Gold Rush: The Profit Motive Behind Immigrant Detention” [“Riqueza a costa de inmigrantes: El motivo de lucro detrás de la detención inmigratoria”], documentos informativos presentado al relator especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos de los Migrantes, abril de 2007, www.immigrantjustice.org/component/option,com_docman/Itemid,0/task,doc_download/gid,44/. (último acceso a los sitios: 21 de noviembre de 2007)

17 Sherry Greenfield, “County Earns Cash Detaining Illegals” [“Condado gana dinero en efectivo deteniendo inmigrantes ilegales”], Maryland Gazette, 13 de septiembre de 2007, www.gazette.net/stories/091307/frednew72204_32359.shtml (último acceso: 21 de noviembre de 2007); Greene and Patel, “The Immigrant Gold Rush”, supra.

18 Meredith Kolodner, “Immigration Enforcement Benefits Prison Firms” [“Servicio de inmigración beneficia a corporaciones carcelarias”], The New York Times, 19 de julio de 2006, www.nytimes.com/2006/07/19/business/19detain.html. (último acceso: 21 de noviembre de 2007)

19 Human Rights Watch, Locked Away: Immigration Detainees in Jails in the United States, Nueva York: septiembre de 1998, www.hrw.org/reports98/us-immig/Ins989.htm. Disponible en español: Encerrados y Olvidados: Detenidos por el Servicio de Inmigración en las Cárceles de los Estados Unidos (incluye resumen del informe, recomendaciones y cartas de detenidos), http://hrw.org/spanish/informes/1998/eeuu_ins.html.

20 Tal como se señala en la Sección VII abajo, los inmigrantes detenidos no son prisioneros sentenciados, sino civiles a quienes se les detiene en conformidad con las leyes civiles inmigratorias. Sus protecciones constitucionales están enunciadas en la Quinta Enmienda y las condiciones de su encarcelamiento no deben ser punitivas. Ver: Wong Wing v. United States, 163 U.S. 228, 237 (1896); Jones v. Blanas, 393 F. 3d 918 (9th Cir. 2004).

21 Chris Hedges, “Policy to Protect Jailed Immigrants is Adopted by U.S.” [“Estados Unidos adopta política para proteger a inmigrantes encarcelados”], The New York Times, 2 de enero de 2001, http://query.nytimes.com/gst/fullpage.html?res=980CEFD7123BF931A35752C0A9679C8B63 (último acceso: 21 de noviembre de 2007). Un relato detallado de las condiciones durante la detención, así como de la presión pública y acción legal contra el INS en la década de 1990, se encuentra en Dow, American Gulag, supra.

22 Departamento de Seguridad Nacional, Detention Operations Manual [Manual de Operaciones de Detención] (DOM), 2006, www.ice.gov/partners/dro/opsmanual/index.htm. (último acceso: 21 de noviembre de 2007)

23 Ver, por ejemplo: DOM, Medical Care [Atención Médica], Sección II, www.ice.gov/doclib/partners/dro/opsmanual/medical.pdf. (último acceso: 21 de noviembre de 2007)

24 Nina Bernstein, The New York Times, 26 de junio de 2007, supra; Darryl Fears, “Illegal Immigrants Received Poor Care in Jail, Lawyers Say” [“Inmigrantes ilegales recibieron atención deficiente en la cárcel, según abogados”], The Washington Post, 12 de junio de 2007, www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2007/06/12/AR2007061201890.html. (último acceso a los sitios: 21 de noviembre de 2007)

25 Testimonio de Gary Mead ante el Congreso, supra.

26 Kiniti, et al v. Myers (3:05-cv-01013-DMS-PCL) U.S.D.C, S.D. CA (2007); Woods et al v. Myers, et al (3:07-cv-1078DMS-PCL), (2007) U.S.D.C., S.D. CA (2007).

27 Women’s Commission for Refugee Women and Children and Lutheran Immigration and Refugee Service, “Locking Up Family Values: The Detention of Immigrant Families” [“Encerrando los valores familiares: La detención de familias inmigrantes”], febrero de 2007, www.womenscommission.org/pdf/famdeten.pdf. (último acceso: 21 de noviembre de 2007)

28 In re Hutto Family Detention Center, A-07-CA-164-SS, U.S.D.C., W.D. Tex. (2007), http://dockets.justia.com/docket/court-txwdce/case_no-1:2007cv00164/case_id-224422/. (último acceso: 21 de noviembre de 2007)

29 Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) de Nueva Jersey, “Behind Bars: The Failure of the Department of Homeland Security to Ensure Adequate Treatment of Immigration Detainees in New Jersey” [“Tras las rejas: La falla del Departamento de Seguridad Nacional en asegurar un tratamiento adecuado de inmigrantes detenidos en Nueva Jersey”], mayo de 2007, www.aclu-nj.org/downloads/051507DetentionReport.pdf; New Jersey Civil Rights Defense Committee, “Voices of the Disappeared: An Investigative Report of New Jersey Immigration Detention” [“Voces de los desaparecidos: Informe investigativo de la detención inmigratoria de Nueva Jersey”], octubre de 2007, www.nj-civilrights.org/literature/VoicesoftheDisappeared.pdf. (último acceso a los sitios: 21 de noviembre de 2007)

30 Grupo de trabajo sobre detención y deportación, materiales informativos presentados al relator especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos de los Migrantes, mayo de 2007, disponible en el sitio del Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes, www.immigrantjustice.org/content/view/114/93/. (último acceso: 21 de noviembre de 2007)

31 Informe OIG, supra.

32 Informe GAO-07-875 de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO), (Informe GAO): Alien Detention Standards [Normas de detención de extranjeros], julio de 2007, www.gao.gov/new.items/d07875.pdf. (último acceso: 21 de noviembre de 2007)

33 Informe OIG, supra, pág. 36.

34 Informe GAO, supra, pág. 39.

35 Petition for Rule-Making to Promulgate Regulations Governing Detention Standards for Immigration Detainees [Petición de inicio de procedimiento legal para promulgar regulaciones que rijan los estándares de detención de inmigrantes], interpuesta el 25 de enero de 2007, www.nationalimmigrationproject.org/detention_petition_final.pdf. (último acceso: 21 de noviembre de 2007)

36 Nina Bernstein, The New York Times, 26 de junio de 2007, supra.

37 Declaración del relator especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos de los Migrantes, 17 de mayo de 2007, Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra, comunicado de prensa, www.unhchr.ch/huricane/huricane.nsf/view01/BA409950651325ECC12572E2002845A5?opendocument. (último acceso: 21 de noviembre de 2007)

38 Carta a Julie Myers, subsecretaria del DHS, de fecha 7 de septiembre de 2007.

39 Cuando el presente informe iba a imprenta, Julie Myers, subsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional para Inmigración y Control de Aduanas, accedió a reunirse con un pequeño grupo de organizaciones no gubernamentales a fin de discutir la revisión de las normas de detención. Los parámetros de esta discusión aún no habían sido determinados.

40 Miami Herald, “Immigration Lockup a Serious Health Risk” [“Encarcelamiento inmigratorio, un grave riesgo de salud”], Editorial, 3 de julio de 2007, www.hemisferio.org/al-eeuu/boletines/02/76/mig_06.pdf. (último acceso: 21 de noviembre de 2007)