Panamá

Panamá — Es necesario procesar los abusos del pasado
(Washington, DC, 26 de abril de 2002) — Human Rights Watch aplaudió hoy la publicación del informe de la Comisión de la Verdad de Panamá en el que se describen asesinatos y desapariciones cometidos bajo los anteriores regímenes militares. En una carta a la presidenta de Panamá Mireya Moscoso, Human Rights Watch le instó a que lleve ante la justicia a los responsables de los crímenes documentados por la comisión.

El gobierno debe emprender ahora medidas para garantizar que las violaciones a los derechos humanos descritas por la comisión no quedan sin castigo.

José Miguel Vivanco, Director Ejecutivo de la División de las Américas de Human Rights Watch


"Con la entrega del informe final de la Comisión Panamá ha logrado un paso importante en la campaña para acabar con la impunidad que imperaba en el país durante muchos años", dijo José Miguel Vivanco, director ejecutivo de la división de las Américas de Human Rights Watch. "El gobierno debe emprender ahora medidas para garantizar que las violaciones a los derechos humanos descritas por la comisión no queden sin castigo".

En el informe, publicado el 18 de abril, se documentan 110 casos de asesinatos políticos y desapariciones forzadas cometidos por las fuerzas de seguridad panameñas entre 1968 y 1989, período en el cual Panamá estuvo gobernado por militares. También se explican en detalle las formas brutales de tortura empleadas por los militares contra los disidentes políticos durante esos años.

En virtud del derecho internacional, el gobierno de Panamá tiene la obligación de investigar y procesar los abusos a los derechos humanos, entre ellos los cometidos bajo gobiernos anteriores. Un gobierno que no investiga ni castiga los abusos está tolerándolos efectivamente en la práctica.

En su carta, Human Rights Watch propuso que la presidenta Moscoso nombre a un fiscal especial encargado de investigar y procesar los crímenes documentados por la comisión. La organización señaló que se habían nombrado fiscales similares en otros países latinoamericanos tales como México y Perú.

Human Rights Watch también pidió al gobierno de Panamá que implemente el resto de las recomendaciones del informe, entre las que se incluyen las indemnizaciones a las víctimas, la garantía del control civil de las fuerzas de seguridad, la promoción de la divulgación de las conclusiones de la comisión y el seguimiento de nuevas líneas de investigación identificadas por la comisión.


LEÁ LA CARTA A PRESIDENTA MOSCOSO
AMPLIAR INVESTIGACIÓN A ABUSOS DEL PASADO (5 de enero de 2001)
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