"Estados Unidos debería haber exigido mejoras efectivas en materia de derechos laborales antes de otorgar este premio a Ecuador", dijo Carol Pier, Investigadora de Derechos Laborales y Asuntos Comerciales de Human Rights Watch. "En cambio, Estados Unidos ha recompensado la falta de acción."

En virtud de la ley estadounidense, antes de conceder las ventajas de la ATPDEA, Estados Unidos tiene que tomar en consideración "la medida en que el país proporciona derechos laborales reconocidos internacionalmente, incluyendo . . . el derecho de asociación; el derecho a organizarse y negociar colectivamente . . . [y] si el país ha implementado sus compromisos para eliminar las peores formas de trabajo infantil".

Antes de obtener las ventajas comerciales, Ecuador adoptó varios compromisos generales con Estados Unidos, entre ellos la mejora en la hasta ahora deficiente aplicación de la legislación laboral y la revisión de las leyes sobre libertad sindical, actualmente incompatibles con las normas internacionales. Sin embargo, Ecuador no se comprometió a contratar más inspectores laborales ni a proponer reformas legislativas, sin lo cual el país no puede cumplir los criterios sobre derechos laborales de la ATPDEA.

Ecuador también acordó someter al Congreso siete tratados internacionales relacionados con los derechos laborales para su futura ratificación. De ellos, no obstante, dos ya habían sido ratificados por Ecuador y uno ni siquiera existe. Por lo tanto, solo cuatro instrumentos podrían someterse en la práctica a la ratificación del Congreso.

"Ecuador ha jugado con ventaja con Estados Unidos y ha ganado la partida", dijo Pier.

El 25 de septiembre de 2002, Estados Unidos concedió ventajas en cumplimiento de la ATPDEA a Bolivia, Colombia y Perú, pero no a Ecuador. En ese momento, Ecuador se enfrentaba a una presión internacional considerable para que investigara la violencia antisindical en las plantaciones de Los Álamos de la Corporación Noboa, una compañía que es propiedad del candidato presidencial Álvaro Noboa. Alrededor de las dos de la madrugada del 16 de mayo de 2002, unas 200 personas armadas atacaron a trabajadores en huelga en Los Álamos, saqueando sus casas, golpeando a muchos de ellos y disparando contra al menos uno de los trabajadores. Hacia las seis de la tarde del mismo día, dichas personas dispararon presuntamente contra ocho trabajadores y un policía.

En octubre, Ecuador concluyó una investigación notablemente inadecuada del caso. Según un informe del fiscal encargado del caso, al que Human Rights Watch ha tenido acceso, sólo se formularon cargos contra 16 de los asaltantes y los hechos ocurridos a las dos de la madrugada nunca se investigaron. No se intentó identificar quienes habían contratado a los asaltantes ni se interrogó a ningún trabajador. Los investigadores se limitaron a examinar el caso del policía herido y mencionaron que un periódico había informado de que se había disparado contra un trabajador.

También en octubre, el Gobierno decretó un nuevo "Sistema de Inspección y Monitoreo de Trabajo Infantil". Sin embargo, esta iniciativa es insuficiente para resolver la carencia grave en la aplicación de la legislación nacional sobre trabajo infantil, documentada en el informe de abril de 2002 de Human Rights Watch, La cosecha mal habida: Trabajo infantil y obstáculos a la libertad sindical en las plantaciones bananeras de Ecuador. Por ejemplo, el nuevo sistema no prevé nuevos inspectores laborales, sino que transfiere estas funciones a los inspectores encargados vigilar el cumplimiento de otras leyes laborales.

"La solución para superar la aplicación poco rigurosa de las leyes sobre trabajo infantil no consiste en dejar de aplicar otras leyes", señaló Pier.

Tras retrasar la concesión de ventajas comerciales a Ecuador, en parte por cuestiones relacionadas con los derechos laborales, no tenía sentido que Estados Unidos concediera dichos beneficios cuando los avances en este campo han sido realmente escasos, señaló Human Rights Watch.