La violencia se ha concentrado en el grupo de plantaciones de Los Álamos, en la costa del suroeste de Ecuador, donde al menos diez trabajadores en huelga fueron disparados por asaltantes el 16 de mayo. Los Álamos es propiedad de la Corporación Noboa, cuyo propietario, Álvaro Noboa, es uno de los principales candidatos en las elecciones presidenciales de octubre en Ecuador.

"Hace mucho tiempo que se vienen haciendo esfuerzos por detener el sindicalismo en las plantaciones de banano, pero lo que estamos presenciando ahora cae en el puro matonismo", dijo Carol Pier, investigadora de derechos laborales y comercio de Human Rights Watch. "El gobierno ecuatoriano tiene la responsabilidad de prevenir este tipo de violencia".

El 25 de abril, Human Rights Watch publicó La cosecha mal habida: Trabajo infantil y obstáculos a la libertad sindical en las plantaciones bananeras de Ecuador, un informe de 114 páginas en el que se exponen en detalle los impedimentos a la sindicalización y el empleo generalizado de trabajo infantil en condiciones peligrosas en las plantaciones de banano de Ecuador.

A principios de marzo, trabajadores del grupo de plantaciones de Los Álamos solicitaron al Ministerio de Trabajo que reconociera un sindicato formado recientemente. Poco después, unos 124 trabajadores de Los Álamos, entre ellos más de una docena sindicalistas, fueron despedidos ilegalmente. Aunque varios trabajadores fueron eventualmente readmitidos, otros, entre ellos los sindicalistas, siguen sin trabajo.

A finales de abril, el Ministerio de Trabajo reconoció tres sindicatos formados por los trabajadores de Los Álamos, un avance positivo en el respeto al derecho a organizarse de los trabajadores.

Sin embargo, según organizaciones de trabajadores de Ecuador, otros tres activistas sindicales fueron despedidos ilegalmente el 2 de mayo. El 6 de mayo, en protesta especialmente por los despidos, los trabajadores del grupo de plantaciones de Los Álamos convocaron una huelga. Aunque una organización de trabajadores solicitó aparentemente protección policial para los huelguistas, hasta que no estalló la violencia no llegó ningún policía.

Alrededor de las dos de la madrugada del 16 de mayo, entre 200 y 400 hombres encapuchados y armados entraron en las instalaciones de Los Álamos, donde estaban durmiendo los trabajadores que viven en las plantaciones. Los informes señalan que los hombres encapuchados llamaron a las puertas con las culatas de sus rifles, sacaron a unos ochenta de ellos de sus casas, golpearon a muchos con las culatas de los rifles, los insultaron, saquearon sus casas y dijeron a muchos de ellos que iban a matarlos y arrojarlos al río. Los hombres encapuchados dispararon también contra al menos uno de los trabajadores en huelga, cuya pierna fue posteriormente amputada como resultado de la herida grave. Se informó de que, aproximadamente seis horas después, unos seis policías se presentaron en las plantaciones.

"Estas acciones, los despidos ilegales y la violencia contra los huelguistas, constituyen tácticas antisindicales flagrantes y graves abusos a los derechos humanos", dijo Pier. "No deben quedar sin castigo".

Los hombres armados permanecieron en las instalaciones de Los Álamos durante el día, y en las primeras horas de la tarde del 16 de mayo presuntamente dijeron a todos los huelguistas que salieran de las instalaciones antes de las seis y media de la tarde o los desalojarían por la fuerza. Poco después de las seis de la tarde, mientras los trabajadores no daban muestras de desalojar las instalaciones, los hombres armados empezaron aparentemente a disparar, hiriendo a un policía y varios trabajadores, uno de ellos de gravedad. Los informes indican que a las ocho de la noche llegaron finalmente refuerzos policiales y fueron detenidos aproximadamente veinte de los matones armados.

Según los informes, el trabajador herido cuya pierna fue amputada posteriormente necesitaba transfusiones de sangre, que no pudo recibir inicialmente por que su empleador no había hecho los pagos obligatorios a la Seguridad Social. Una organización de trabajadores avaló al herido para asegurarse de que recibía la atención necesaria.

"Esto es un ejemplo de lo que pasa cuando se tienen leyes laborales débiles y una aplicación aún más débil de las mismas", dijo Pier. "Los trabajadores no deben ser amenazados, golpeados o disparados por ejercer sus derechos humanos protegidos constitucionalmente y reconocidos internacionalmente".

Human Rights Watch insta al gobierno de Ecuador a que emprenda una investigación exhaustiva de estos informes inquietantes de violencia contra trabajadores del banano en huelga. Se debe procesar a todos los responsables. Una investigación completa debe examinar si éstos u otros matones han sido contratados por otras partes interesadas y, de ser así, dichas partes también deben ser llevadas ante la justicia. El gobierno debe aplicar sus leyes laborales, que permiten que los trabajadores en huelga permanezcan en las dependencias de sus empleadores bajo vigilancia policial y que declaran que la policía debe adoptar todas las medidas necesarias para garantizar los derechos de los huelguistas y sus empleadores e impedir el acceso al lugar de trabajo de agitadores y rompehuelgas.