 ¿Por qué una comisión de la verdad? Por José Miguel Vivanco y Daniel Wilkinson «*» Han transcurrido cerca de tres años desde el nombramiento del fiscal especial para investigar violaciones a los derechos humanos cometidas en el pasado en México. Recientemente, el Presidente Vicente Fox reveló que está dispuesto a conformar una Comisión de la Verdad si las cortes se niegan a procesar a los responsables de esos hechos. Tratándose de un Presidente que prometió poner fin a décadas de impunidad, esta última iniciativa podría ser insuficiente y, quizás, tardía. Sin embargo, esto no debería ser necesariamente así.
José Miguel Vivanco y Daniel Wilkinson, Human Rights Watch
Human Rights Watch instó reiteradamente al presidente Fox, durante su primer año de mandato, a la creación de una comisión de la verdad para investigar las atrocidades cometidas y encubiertas por regímenes anteriores. Estos hechos comprenden, fundamentalmente, las masacres estudiantiles de 1968 y 1971 y la desaparición forzada de cientos de presuntos guerrilleros y supuestos simpatizantes como parte de la represión política de aquellos años. A lo anterior se suman los casos de personas que habrían sido arrojadas desde aviones de la fuerza área al mar, así como de los que habrían sido incinerados luego de haberlos obligado a ingerir gasolina.
Aunque la Guerra Sucia en México nunca alcanzó la escala de las políticas represivas de otras partes de la región, el encubrimiento oficial afectó trágicamente a gran parte de la sociedad mexicana. Cientos de víctimas de torturas tuvieron que soportar durante varios años las terribles secuelas sicológicas, mientras sus torturadores gozaban de libertad, sin castigo e incluso recompensados por el Estado. Miles de familiares de desaparecidos sufrieron la angustia de desconocer el paradero de sus seres queridos, mientras se sucedían gobiernos que se negaban a facilitar información que pudiera permitir tener noticias de ellos. La sociedad mexicana fue forzada a aprender la lección sobre los límites de su Estado de derecho: los crímenes más atroces cometidos por funcionarios del gobierno no eran enjuiciables.
Aunque algunos secretarios del gobierno del presidente Fox apoyaron la creación de una comisión de la verdad, otros se opusieron a ella argumentando que podría socavar las instituciones mexicanas encargadas de administrar justicia. Ante la opción entre verdad y justicia, según los últimos, los mexicanos deberían inclinarse por justicia. ¿Quién podría estar en contra del procesamiento penal de los responsables de graves violaciones de los derechos humanos que aún gozan de impunidad? Esta pregunta encierra un falso dilema. De acuerdo con las obligaciones jurídicas internacionales de México, los mexicanos tienen derecho tanto a la verdad como a la justicia.
Human Rights Watch, en todo caso, nunca sugirió la creación de una comisión de la verdad para sustituir la tarea de la justicia en México. Consideramos que la conformación de esta comisión es parte de un proceso complementario a la administración de justicia.
La experiencia histórica en Argentina y Chile muestra que las comisiones de la verdad no compiten ni erosionan los mecanismos judiciales existentes, sino que, por el contrario, los fortalecen. Esas comisiones lograron identificar nuevas pruebas, necesarias para el procesamiento de los responsables, y ayudaron a conocer y corregir las deficiencias de las instituciones judiciales que permitieron la impunidad de las atrocidades.
Después de un año de vacilaciones, el presidente Fox se inclinó por una fórmula aún más ambiciosa que una comisión de la verdad: la creación de una fiscalía especial encargada de investigar violaciones a los derechos humanos e identificar y procesar a los responsables, contando con el respaldo de un grupo de distinguidos expertos e intelectuales que ayudarían a establecer una historia fidedigna acerca de los abusos del pasado.
Aunque en su momento celebramos esta iniciativa histórica, oportunamente reclamamos la necesidad de garantizar que la fiscalía especial contara con el apoyo material y político necesarios para cumplir su difícil tarea. No obstante, después de un año de funcionamiento se demostró que el fiscal especial no había recibido el apoyo adecuado. Al efecto, Human Rights Watch publicó un informe mostrando la falta de cooperación de las fuerzas armadas mexicanas y otras instituciones oficiales con la fiscalía especial. En dicho informe anticipamos que esta iniciativa presidencial podría fracasar a menos que el presidente Fox retomara su interés.
El gobierno reaccionó incrementando ligeramente su apoyo a la fiscalía especial y con ello se lograron avances significativos en varias investigaciones. Además, se obtuvo un fallo sin precedentes de la Corte Suprema que decidió que la prescripción no impide el enjuiciamiento de los responsables de desapariciones; se dictaron varias órdenes de detención contra altos ex funcionarios, y se logró el arresto de Miguel Nazar Haro, acusado de haber participado en la desaparición forzada de Jesús Piedra Ibarra en los setenta.
Lamentablemente, estos avances se han visto opacados por preocupantes fracasos. Por ejemplo, varios de los acusados han logrado evitar su detención. En el caso de Isidro Galeana, recibimos información confiable que indica que mientras estuvo fugitivo gozaba de la protección de la policía local de Guerrero. Hasta la fecha, tampoco se han realizado exhumaciones, no hay avances significativos en la ubicación de cientos de personas "desaparecidas" y aún no se ha ofrecido al país una relación histórica de esos crímenes. Además, una de las medidas más importantes adoptadas por el fiscal especial — la consignación del ex presidente Luis Echeverría — fue rechazada por un juez de primera instancia. A menos que la Suprema Corte revierta esa decisión, muchos mexicanos quedarán con la impresión de que la iniciativa judicial más importante del presidente Fox ha sido un esfuerzo inútil o fue concebida a sabiendas de su fracaso.
El presidente Fox anuncia que podría conformar una comisión de la verdad si la Suprema Corte rechaza el recurso interpuesto por el fiscal especial. Una comisión de esta naturaleza podría ser una buena idea siempre y cuando se logre diseñar y estructurar adecuadamente. Desde luego, debería tratarse de un organismo independiente del poder político, compuesto por personas de reconocida integridad moral y que cuente con los recursos necesarios para realizar investigaciones exhaustivas e imparciales.
Además, debería actuar con total transparencia, gozar de la facultad legal para obtener documentación necesaria y asegurar la cooperación de las instituciones civiles y militares. Una comisión que no cumpla con estos mínimos requerimientos carecería de la capacidad suficiente para cumplir sus objetivos con credibilidad y eficacia.
Asimismo, es fundamental que la comisión de la verdad no termine sustituyendo las investigaciones penales. Su objetivo debe consistir en complementar y fortalecer el trabajo de la fiscalía especial. Aunque se desestime el caso de "genocidio" contra Echeverría, siguen existiendo cientos de casos de desaparecidos que de acuerdo con la reciente jurisprudencia sentada por la Suprema Corte pueden y deben enjuiciarse.
El presidente Fox aún conserva la posibilidad de contribuir a fortalecer el Estado de derecho poniendo fin a décadas de impunidad oficial. Para lograrlo debe apoyar en términos reales a la fiscalía especial. En concreto, debe dar instrucciones a las fuerzas armadas para que cooperen activamente con el fiscal especial y reconozcan que deben subordinarse a la autoridad judicial competente. Además, debe ordenar a la Procuraduría General que dedique a la captura de violadores de los derechos humanos recursos y esfuerzos similares a los que con éxito ha utilizado para capturar a grandes criminales, incluyendo a poderosos narcotraficantes.
Si por el contrario, el Presidente ofrece a México una comisión de la verdad como premio de consuelo — con un respaldo tan débil como el dedicado a la fiscalía especial — su legado en la lucha contra la impunidad podría culminar en dos fracasos en lugar de uno.
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