"El Presidente Fox sigue diciendo lo que hay que decir cuando se trata de los derechos humanos", dijo José Miguel Vivanco, Director Ejecutivo de la División de las Américas de Human Rights Watch. "Pero sus palabras tienen que ir acompañadas de acciones concretas".

En su discurso del 1 de septiembre ante el Congreso de México, el Presidente Fox reiteró su compromiso con las dos iniciativas principales de su política de derechos humanos. La primera es la creación de la Fiscalía Especial, cuya tarea consiste en investigar las violaciones de los derechos humanos cometidas en el pasado contra opositores políticos. La otra es el establecimiento de un esfuerzo de colaboración con la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos para desarrollar un diagnostico autorizado de las prácticas de México en esta materia, que serviría como base para la elaboración de un Programa Nacional de Derechos Humanos.

"Ambas iniciativas están pasando actualmente por dificultades", se señala en la carta de Human Rights Watch.

En el reciente informe de Human Rights Watch, Justicia en peligro, se mostró como la carencia de recursos, el acceso limitado a documentos clasificados y la falta de colaboración plena de las Fuerzas Armadas han debilitado gravemente el trabajo de la Fiscalía Especial. Además de estas deficiencias, la Fiscalía Especial se enfrenta a importantes obstáculos legales que podrían limitar drásticamente su capacidad para llevar a juicio los casos que corresponden a su mandato.

Mientras tanto, el Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México ha socavado el esfuerzo de colaboración con la Oficina del Alto Comisionado de la ONU, al negarse a participar en el proceso. Su negativa ha ido acompañada de un silencio casi total del Gobierno.

"El éxito o el fracaso de la Fiscalía Especial y el esfuerzo de colaboración con las Naciones Unidas determinará considerablemente la trayectoria de su gobierno en materia de derechos humanos", se señala en la carta al Presidente Fox. En ella se afirma también que para que tengan éxito, el Presidente debe adoptar medidas concretas con el fin de que quede rotundamente claro para las instituciones del Estado, y para la sociedad en general, que estas iniciativas son fundamentales para su política de derechos humanos y que esta política es una prioridad central de su gobierno.

Una medida crucial es la formulación de una directiva presidencial ordenando a todos los funcionarios del Estado a responder en forma inmediata y exhaustiva a las peticiones de información de la Fiscalía Especial. Dicha directiva es especialmente necesaria para garantizar que las Fuerzas Armadas mejoren su entrega de información.

Otras medidas necesarias para reforzar el trabajo de la Fiscalía Especial incluyen:

• Mejorar el acceso a los documentos no clasificados mediante la indexación de los archivos, asegurando la no intervención de personas presuntamente relacionadas con los investigados o en conflicto de intereses;

• Convocar una comisión de juristas distinguidos que examine los problemas legales que puedan impedir el enjuiciamiento y formar un consenso sobre la mejor maneras de superarlos; y

• Dotar a la Fiscalía de personal adicional y de fondos para cubrir necesidades esenciales de equipo y formación.

En el caso del esfuerzo de colaboración con las Naciones Unidas, se deben adoptar medidas concretas, una vez se haya concluido el diagnostico sobre la situación de los derechos humanos, para garantizar que se divulgan ampliamente sus conclusiones y se debatan dentro del país, y que sus recomendaciones se incorporen a un Programa Nacional de Derechos Humanos que sea integral y efectivo.

"El gobierno de Fox ha allanado el terreno para un avance sin precedentes en materia de derechos humanos en México", dijo Vivanco. "Sería una terrible decepción que desperdiciara ahora esta oportunidad al no llevar a cabo sus propias iniciativas."