 Carta al Presidente Fox 17 de septiembre de 2003
Washington, D.C.
S.E. Vicente Fox Quesada
Excelentísimo Sr. Presidente:
Me dirijo respetuosamente a Su Excelencia para expresarle la preocupación creciente de Human Rights Watch por el futuro de la política de derechos humanos de México. Aunque la atención que prestó a los asuntos relacionados con los derechos humanos en su Tercer Informe de Gobierno es alentadora, creemos que aún debe adoptar medidas concretas para garantizar que sus iniciativas más importantes en materia de derechos humanos produzcan resultados.
Cuando llegó a la Presidencia, Su Excelencia prometió una nueva era de rendición de cuentas y respeto por el Estado de Derecho. Bajo su liderazgo, el Gobierno emprendió valientes iniciativas para hacer realidad esta promesa. En los últimos meses, sin embargo, ha quedado claro que ellas no han recibido el respaldo necesario para garantizar su éxito.
Nuestra decepción debe entenderse partiendo de la convicción que su Presidencia creó posibilidades para que se produjeran avances reales en materia de derechos humanos en México. Se presentó a las elecciones como un candidato de la oposición libre de obligaciones políticas con los anteriores funcionarios que participaron en prácticas abusivas o las toleraron. Obtuvo una mayoría abrumadora del voto mexicano para poner fin a la impunidad que reinó en gobiernos anteriores, y trajo consigo un equipo de asesores que compartieron su visión de una estrategia en materia de derechos humanos, tanto a nivel nacional como internacional.
Esta nueva estrategia representó una drástica ruptura con el pasado. Mientras que sus predecesores ignoraron los problemas endémicos de derechos humanos del país, su Gobierno reconoció la gravedad y el alcance, y asumió la obligación de abordarlos. Mientras que sus predecesores rechazaron a los observadores de derechos humanos como un incordio, su Gobierno colaboró con ellos para evaluar las prácticas de derechos humanos en el país. Mientras que sus predecesores invocaron la doctrina de la Soberanía Nacional para justificar la aplicación selectiva de las normas de derechos humanos, su Gobierno defendió su vigencia integral e hizo de los derechos humanos el eje central de la política exterior.
Quizás nadie en su gobierno simbolizara este nuevo espíritu mejor que Mariclaire Acosta, cuyo nombramiento fue aplaudido en todo el mundo como una muestra de su compromiso con la promoción de los derechos humanos. Con su experiencia y
reputación internacional como defensora de los derechos humanos, la Sra. Acosta mejoró la credibilidad de la política de derechos humanos de su Gobierno y cultivó relaciones productivas con funcionarios de otros gobiernos e instituciones internacionales, así como con las ONG's. También, contribuyó a que México adoptara un papel de liderazgo en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, además de convertirse en un destacado defensor de los derechos humanos en el mundo.
Teniendo en cuenta la contribución de la Sra. Acosta al avance del Programa de Derechos Humanos, nos sorprendió y decepcionó profundamente la noticia de que ella había sido destituida el mes pasado y que su puesto había sido efectivamente eliminado. En ausencia de una explicación plausible para esta decisión inesperada, se nos hizo difícil no interpretarla como una muestra de que los derechos humanos dejaron de ser una prioridad. Una idea que se vio reforzada por el momento elegido para la destitución de la Sra. Acosta, cuando iban aumentado las pruebas de que las iniciativas para la promoción de los derechos humanos en México estaban pasando por dificultades.
Uno de los desafíos más grandes a los que se ha enfrentado su Gobierno ha sido la búsqueda de medidas para abordar los problemas endémicos de derechos humanos dentro del país que Su Excelencia heredó cuando llegó a la presidencia. Con este objetivo, emprendió dos grandes iniciativas en materia de derechos humanos-una orientada al pasado y otra al futuro-diseñadas para superar la resistencia al cambio que caracterizó a las administraciones anteriores.
La primera de estas iniciativas fue la creación de la Fiscalía Especial, cuya tarea consiste en abordar las injusticias judiciales más flagrantes heredadas de sus predecesores: La falta de investigación y enjuiciamiento de las violaciones de los derechos humanos cometidas en el pasado contra opositores políticos. Este hecho ha privado a miles de mexicanos de su derecho a la justicia. También ha obligado a la sociedad mexicana a asimilar la última lección sobre los límites del Estado de Derecho en México: No se enjuiciarán ni siquiera los crímenes más horribles cometidos por funcionarios del Gobierno.
La segunda iniciativa fue el establecimiento de un esfuerzo de colaboración con la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, para desarrollar un diagnostico autorizado de las prácticas de México en esta materia, que serviría como base para la elaboración de un Programa Nacional de Derechos Humanos. Esta iniciativa, impulsada por Mariclaire Acosta, planteó una oportunidad histórica para que México superara uno de los principales obstáculos para el progreso en materia de derechos humanos: La ausencia de un consenso político en relación con la naturaleza de estos problemas y la mejor manera de abordarlos.
Hoy día, estas dos iniciativas están pasando por dificultades. Como describimos en nuestro reciente informe, titulado Justicia en Peligro, la Fiscalía Especial ha padecido una carencia de adecuado apoyo en áreas fundamentales. Los investigadores y agentes del Ministerio Público que tienen asignada esta labor de vital importancia se han visto obligados a operar con recursos o formación insuficientes. El acceso a los documentos no clasificados se ha visto seriamente obstaculizado por la falta de un índice que sirva de guía para la investigación de los archivos, así como por el hecho de que el control de algunos de los archivos más delicados se haya puesto en manos de funcionarios con un claro conflicto de intereses. Las Fuerzas Armadas no han facilitado la información solicitada por la Fiscalía Especial y han interferido en su trabajo al poner en marcha investigaciones y procesos paralelos. Además de estas deficiencias, la Fiscalía Especial se enfrenta a importantes obstáculos legales que podrían limitar drásticamente su capacidad para llevar a juicio los casos que corresponden a su mandato.
Mientras tanto, el Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México ha socavado el esfuerzo de colaboración con la Oficina del Alto Comisionado de la ONU al negarse a participar en el proceso. Su negativa ha ido acompañada de un silencio casi total del Gobierno-que, en lugar de defender una de las iniciativas más importantes de derechos humanos, despidió a la funcionaria que venía supervisando su puesta en marcha.
En su Informe de Gobierno, subrayó la adhesión de México al "paradigma universal de los derechos humanos como política de Estado" y la reconoció-correctamente según nuestra opinión-como "una de nuestras mayores contribuciones al fortalecimiento de la cultura de la legalidad." También reiteró su compromiso con la Fiscalía Especial y la colaboración con la Oficina del Alto Comisionado de la ONU. Al día siguiente, el Canciller Luis Ernesto Derbez, prometió públicamente que la Secretaría de Relaciones Exteriores mantendría su apoyo al proceso de diagnóstico. Tenemos entendido que, el viernes pasado, Su Excelencia y algunos miembros del gabinete reiteraron este compromiso en la Sesión Ordinaria del Pleno de la Comisión de Política Gubernamental en Materia de Derechos Humanos.
Estas reafirmaciones públicas del compromiso de su Gobierno con el Programa de Derechos Humanos son importantes y bien recibidas. Sin embargo, el éxito de este Programa depende de algo más que compromisos verbales. Ahora, más que nunca, requiere acciones.
Se deben adoptar medidas concretas, en particular, para remediar las deficiencias de la Fiscalía Especial. Presentamos varias medidas en el informe Justicia en peligro, y las discutimos detalladamente el mes pasado con sus secretarios de gobernación y relaciones exteriores. Estas son algunas de ellas:
a) Mejorar el acceso a los documentos no clasificados mediante la indexación de los archivos, asegurando la no intervención de personas presuntamente relacionadas con los investigados o en conflicto de intereses;
b) Convocar una comisión de juristas distinguidos que examine los problemas legales que puedan impedir el enjuiciamiento y formar un consenso sobre la mejor maneras de superarlos; y
c) Dotar a la Fiscalía de personal adicional y de fondos para cubrir necesidades esenciales de equipo y formación.
Es crucial que las instituciones del Estado que tengan información vital para la investigación colaboren más activamente con la Fiscalía Especial. Con esta finalidad, le instamos respetuosamente a que emita una directiva presidencial ordenando a todos los funcionarios del Estado a responder inmediata y exhaustivamente a las peticiones de la Fiscalía Especial. Dicha directiva es especialmente necesaria para garantizar que las Fuerzas Armadas mejoren su entrega de información.
En el caso del esfuerzo de colaboración con las Naciones Unidas, se deben adoptar medidas concretas, una vez se haya concluido el diagnostico sobre la situación de los derechos humanos, para garantizar que se divulguen ampliamente sus conclusiones y que las mismas sean debatidas dentro del país y, asimismo, que sus recomendaciones se incorporen a un Programa Nacional de Derechos Humanos que sea integral y efectivo.
El éxito o el fracaso de las gestiones de la Fiscalía Especial y el esfuerzo de colaboración con las Naciones Unidas determinará considerablemente la trayectoria de su Gobierno en materia de derechos humanos. Su apoyo a estas iniciativas permitirá demostrar la sinceridad de su promesa de crear una nueva era de rendición de cuentas y respeto por el Estado de Derecho. Por encima de todo, quedará claro para las instituciones del Estado, y para la sociedad en general, que estas iniciativas son fundamentales para su política de derechos humanos y que esta política es una prioridad central de su gobierno.
Aprovecho la oportunidad para expresar a S.E. mis sentimientos de la más alta consideración y estima.
Atentamente,
José Miguel Vivanco
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INFORME 2003 — 