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III. Antecedentes

El oscuro pasado del sistema judicial

Cuando el Presidente Chávez ocupó la presidencia en 1999, heredó un sistema judicial caracterizado durante varios años por tráfico de influencias, injerencias políticas y, sobre todo, corrupción.  En entrevistas con Human Rights Watch, abogados de todas las vertientes políticas describieron un sistema en el que la justicia ha estado frecuentemente en venta al mejor postor.  El Fiscal General, Isaías Rodríguez, recordó cómo el máximo tribunal administrativo del país había establecido en el pasado tasas para la resolución de diferentes tipos de casos.12 

Un informe de 1996 sobre el sistema judicial venezolano, del Lawyer’s Committee for Human Rights, describió un panorama gris del Poder Judicial con los siguientes términos:

En lugar de cumplir el papel constitucional de garantes del Estado de Derecho y protectores de los derechos humanos de los ciudadanos venezolanos frente al gobierno, los tribunales se transformaron con frecuencia en adjuntos políticos de los partidos.  Eran manipulados por grupos de abogados, jueces, actores políticos y empresariales para su beneficio económico.  Y los procedimientos judiciales se habían vuelto tan lentos, enrevesados y poco fiables que los demandantes los evitaban a toda costa.13

En términos de credibilidad pública, el sistema estaba en quiebra.  Un estudio de 1998 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo concluyó que sólo el 0,8 por ciento de la población tenía confianza en el sistema judicial.14  Esa desconfianza se tradujo en irritación popular y, en las elecciones presidenciales de ese año, los candidatos de todas las tendencias políticas — entre ellos Hugo Chávez Frías — prometieron limpiar el sistema. 

La declaración de emergencia judicial

Una vez en el cargo, el Presidente Chávez emprendió una iniciativa ambiciosa para reformar el Estado, incluyendo la celebración de un referendo que convocó una Asamblea Nacional Constituyente, y que expidió una nueva constitución que entró en vigor en diciembre de 1999.  Teniendo en cuenta el abrumador consenso popular en la necesidad de una reforma judicial, el gobierno de Chávez recibió apoyo a esta iniciativa, incluso entre sus propios adversarios políticos. 

Una de las primeras medidas de la Asamblea Nacional Constituyente fue declarar que el sistema judicial se hallaba en estado de emergencia.  Suspendió la estabilidad de los jueces y creó una comisión de emergencia con facultades para suspender a los jueces sobre los que pesaran 7 o más quejas o cualquier tipo de investigación criminal, o que dieran muestras de riqueza que no correspondiera con sus ingresos salariales.  En los meses siguientes, la comisión de emergencia destituyó cientos de jueces.15

Polarización política bajo el gobierno de Chávez

Gran parte del consenso sobre las reformas judiciales se ha evaporado con el aumento de la polarización en el país en respuesta a las políticas y al estilo de gobierno del Presidente Chávez.  Durante los últimos tres años, las crecientes tensiones políticas han desencadenado la violencia en varias ocasiones y se han producido tres iniciativas concertadas por sectores de la oposición para remover al Presidente Chávez: el fallido intento de golpe de estado en abril de 2002, una huelga general que duró desde diciembre de 2002 hasta febrero de 2003 (con un impacto enormemente negativo sobre la economía nacional) y una campaña de peticiones en diciembre de 2003 para autorizar un referéndum.   

La polarización, que impregna la sociedad venezolana, ha irrumpido también en el Tribunal Supremo.  Los 20 magistrados en funciones fueron seleccionados por la Asamblea Nacional Constituyente en marzo de 2000 con una mayoría de dos tercios, lo que indicaría que recibieron el apoyo de personas de todas las tendencias políticas.  Hoy en día, sin embargo, dentro de la comunidad judicial todo el mundo sabe que el Tribunal está profundamente dividido entre opositores y aliados del Presidente Chávez.  Se trata de una división por mitades en la que cada bando controla algunas de las seis salas del Tribunal.  Se dice que el bando de la oposición controla la mayoría de la Sala Electoral en tanto que el bando que apoya el gobierno tiene sus aliados en la Sala Constitucional, así como en la Comisión Judicial de seis miembros que maneja muchos de los asuntos administrativos del Tribunal.  Se considera que el Presidente del Tribunal Supremo, Iván Rincón Urdaneta, miembro de la Sala Constitucional y de la Comisión Judicial, es un aliado del Presidente Chávez. 



[12] Entrevista de Human Rights Watch con Isaías Rodríguez, Fiscal General, Caracas, 14 de mayo de 2004.

[13]  “Halfway to Reform: The World Bank and the Venezuelan Justice System”, Un informe conjunto de The Lawyers Committee for Human Rights y el Programa Venezolano para la Educación y la Acción en Derechos Humanos, 1996.  Disponible en http://www.humanrightsfirst.org/pubs/descriptions/halfway.htm.

[14] Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Justicia y gobernabilidad. Venezuela: una reforma judicial en marcha. Caracas: Editorial Nueva Sociedad, 1998. Pág. 143.  Citado en Tribunal Supremo de Justicia, Dirección Ejecutiva de la Magistratura, Unidad Coordinadora del Proyecto de Modernización del Poder Judicial, “Proyecto para la Mejora de la Administración de Justicia en el Contexto de la Resolución de Conflictos en Venezuela”, p. 8.

[15] Tribunal Supremo de Justicia, Dirección Ejecutiva de la Magistratura, Unidad Coordinadora del Proyecto de Modernización del Poder Judicial, “Proyecto para la Mejora de la Administración de Justicia en el Contexto de la Resolución de Conflictos en Venezuela”, p. 23.


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