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III. Antecedentes

El pueblo mapuche es una de los segmentos más pobres de la población chilena.³ Según una encuesta socioeconómica oficial, el 32 por ciento de la población indígena de Chile viven en condiciones de pobreza, en comparación con el 20 por ciento de la población  no indígena.⁴ Las condiciones socioeconómicas en la Araucanía, donde las protestas mapuche han sido más marcadas, se encuentran entre las peores del país. De todas las regiones chilenas, tiene la peor puntuación en el Índice de Desarrollo Humano.⁵ Las mujeres mapuche de la región, que suelen estar en la primera línea de las protestas, tienen la peor puntuación de todos.⁶ 

Antes de la llegada de los conquistadores, el pueblo mapuche ocupaba una enorme franja de territorio que alcanzaba desde el río Limarí en el norte a la Isla de Chiloé en el sur y del Océano Pacífico en el oeste a las pampas del este en lo que hoy en día es territorio argentino. Los que vivían al norte del río Bío Bío aceptaron la presencia española y fueron rápidamente asimilados dentro del sistema de encomienda impuesto por la corona. Después de obtener la independencia de España en 1810, la mayoría de los mapuche en Chile trabajaban de peones en las propiedades agrícolas de propietarios privados. En el sur, por el contrario, los mapuche  resistieron ferozmente al dominio español y a finales del siglo XVI los habían expulsado de la Araucanía. Durante más de 200 años, esta parte de Chile fue autónoma del resto del país y coexistió en una paz incómoda con el Estado chileno.

Una campaña militar de 30 años para anexar el territorio acabó en 1883 con la subyugación de los mapuche. Los habitantes fueron finalmente confinados en unas 3.000 reducciones comunales, con una extensión total de unas 500.000 hectáreas, es decir, una vigésima parte aproximadamente del territorio que ocupaban originalmente. Al lado de las comunidades, los propietarios privados acumularon grandes latifundios, que fueron consiguiendo mediante la subasta de terrenos públicos. Entre 1931 y 1971, unas 832 comunidades fueron divididas y mucha de la tierra se vendió o pasó a manos de personas no indígenas de otros lugares, lo que supuso para los mapuche una pérdida de otras 100.000 hectáreas, o una quinta parte del territorio que les quedaba.

La política de dividir tierras indígenas en parcelas individuales tuvo su apogeo durante el gobierno militar (1973-1990), cuando unas 2.000 comunidades mapuche se vieron afectadas. La vida de los mapuche rurales se empobreció aún más, y muchos emigraron a las ciudades.⁷ Además, unas 415.000 hectáreas de tierras en las provincias de Arauco, Malleco y Cautín, que el Instituto de Capacitación e Investigación en Reforma Agraria del Presidente socialista Salvador Allende había acumulado para su redistribución, fueron vendidas a precios irrisorios a grandes compañías forestales.

Políticas gubernamentales

Con el regreso del régimen democrático en 1990, el gobierno de Patricio Aylwin emprendió tres iniciativas importantes para reestructurar la relación entre el Estado y los pueblos indígenas del país. La Ley 19.523 de octubre de 1993 impuso al Estado el respeto, la protección y la promoción de los derechos y las culturas indígenas y la salvaguardia de las tierras indígenas; estableció “áreas de desarrollo indígena;” y creó la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI). Entre las funciones de la CONADI se encuentran administrar el Fondo de Tierras y Aguas Indígenas, subvencionar la compra de tierras adicionales para comunidades afectadas por la escasez de tierras y financiar mecanismos para permitir la solución de los conflictos de tierras y el suministro de agua.⁸

Las otras dos iniciativas—una reforma constitucional que reconoce la existencia de los pueblos indígenas en Chile y la ratificación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes—nunca llegaron a concretarse. Ninguna de las dos pudo superar las objeciones de los congresistas de la oposición que las han ido combatido hasta ahora.⁹

Los defensores de los derechos indígenas consideran que las reformas legales introducidas no llegan a cumplir las aspiraciones de los pueblos indígenas de Chile. El proyecto de ley presentado originalmente por el gobierno fue modificado, cuando la oposición parlamentaria objetó varios principios considerados fundamentales por los pueblos indígenas, como el derecho a ser consultados antes de que los trasladen de sus tierras y el derecho a controlar los recursos naturales en su territorio. En lugar de considerarlos como pueblos con derechos colectivos, la ley se refirió a ellos sólo como etnias y comunidades.

Hasta el 2000, el año más reciente en que se dispone de estadísticas sobre el pueblo mapuche, el fondo de tierras y aguas de la CONADI asignó recursos para aumentar las tierras mapuche en unas 50.000 hectáreas, beneficiando a unas 4.617 familias. Además, aseguró la propiedad mapuche de 120.000 hectáreas adicionales ya ocupadas por mapuche en forma ancestral, beneficiando a 3.697 familias.¹⁰ A pesar de este logro notable, se calcula que existe una demanda mapuche por tierras todavía insatisfecha de 150.000 hectáreas por lo menos. Desde el Parlamento se acusó al gobierno de conceder equivocadamente tierras a grupos que usaban la presión violenta, una política que, según insistieron, fomentaba la violencia. En marzo de 2002, el Presidente Lagos advirtió que aquellos que utilicen la violencia u ocupen tierras no podrían beneficiarse de este programa en el futuro.

La proliferación de las plantaciones de pinos y eucaliptos en las tierras ancestrales mapuche

A pesar de su importancia, las iniciativas gubernamentales de reforma fueron insuficientes para mitigar los efectos negativos del desarrollo económico sobre las comunidades mapuche. Durante los noventa, las tierras mapuche se vieron profundamente afectadas por la expansión de las inversiones forestales, los proyectos hidroeléctricos y la construcción de carreteras. Se calcula que, en el año 2000, 1,5 millones de hectáreas del territorio ancestral mapuche habían sido sembradas con pinos y eucaliptos comerciales. Sólo dos compañías chilenas, Mininco y Arauco, acumulaban más de un millón de hectáreas de bosques exóticos, la mayoría de los cuales rodeaban comunidades mapuche. Los miembros de las comunidades se opusieron firmemente a la invasión de las compañías forestales. Se quejaron de que las plantaciones de pinos secaban sus recursos acuíferos, erosionaban el suelo y bloqueaban la luz del sol necesaria para sostener la rica vegetación de los bosques nativos de que dependen los mapuche para sus necesidades medicinales y rituales. Al mismo tiempo, las compañías sólo emplearon a un número limitado de mapuche. Durante más de una década, la ira por lo que consideraban un saqueo de su medio de vida ha estallado en protestas públicas, ocupaciones de tierras forestales, bloqueos de carreteras e incendios de árboles, vehículos y maquinaria forestales.

En respuesta, las compañías forestales denunciaron a los líderes mapuche ante los tribunales y contrataron en guardias armados para proteger sus plantaciones e instalaciones. Algunas comunidades llegaron a acuerdos con las autoridades gubernamentales para comprar tierras forestales a través de la CONADI, regular los derechos de agua e instaurar programas de educación bilingüe. Sin embargo, en muchas áreas, la relación entre las comunidades y las empresas forestales y el gobierno continuaba deteriorándose. Estos conflictos son el trasfondo de los enjuiciamientos discutidos en este informe.

Otro acontecimiento profundamente conflictivo fue la construcción de un proyecto hidroeléctrico de gran escala en la cuenca alta del río Bío Bío, tierra ancestral del pueblo mapuche-pehuenche. La construcción de la represa en Ralco, proyecto administrado por la compañía nacional de electricidad Endesa, no pudo seguir adelante hasta que el entonces Presidente Eduardo Frei intervino para obtener la aprobación de la agencia nacional de medioambiente y de la CONADI. Dos directores de la CONADI que se habían opuesto a la represa de Ralco fueron despedidos en un breve lapso de tiempo. El proyecto recibió luz verde contra la voluntad expresa de dos comunidades indígenas directamente afectadas y del pueblo mapuche en general.

Seis familias pehuenche que se negaron a aceptar el reasentamiento propuesto por el gobierno lideraron las protestas contra Ralco, recabando un amplio apoyo de organizaciones ecologistas y de derechos indígenas de todo Chile.¹¹ Las fuerzas de seguridad disolvieron muchas de las protestas. En marzo de 2002, Carabineros disolvió violentamente a un grupo de familias de la comunidad de Quepuca Ralco que estaban bloqueando una carretera de acceso al lugar de la construcción, golpeando indiscriminadamente a niños, mujeres y ancianos y deteniendo a unas 50 personas, que fueron puestas a disposición del fiscal militar de Chillán. Como ha argumentado recientemente una destacada ecologista chilena, la aprobación del proyecto de Ralco pasando por encima de las familias indígenas afectadas dañó profundamente la credibilidad del gobierno ante el pueblo mapuche.¹²

Movilización mapuche

Desde 1992, las comunidades y los grupos políticos mapuche han intentado atraer la atención nacional e internacional a su causa y presionar para que les devuelvan las tierras que, según ellos, les han arrebatado ilegalmente las empresas forestales y los dueños de fundos de la zona. Las actividades de protesta han ido desde las manifestaciones pacífica tradicionales—como marchas, huelgas de hambre y ocupaciones de edificios públicos—a actos en los que se ha usado la fuerza, como cortes de carreteras, ocupación de tierras disputadas, tala de árboles, incendio de casas patronales, bosques y cultivos y el sabotaje de maquinaria y equipo agrícola.

Con  frecuencia, la policía no distingue entre la protesta pacífica y las acciones ilegales que plantean una verdadera amenaza al orden público reprimiendo ambas con la misma dureza, a veces con violencia indiscriminada e insultos racistas. Documentamos algunos casos de abuso policial en el Capítulo V de este informe. Con algunas excepciones notables, los activistas mapuche suelen enfrentarse a una actitud desfavorable e incomprensiva de las autoridades del gobierno, políticos y la prensa. Son considerados con frecuencia agitadores violentos que se oponen al desarrollo económico del país y defienden la secesión de la Araucanía del resto del Estado. ¹³  De hecho, los mapuche quieren una mayor autonomía en la administración de sus asuntos dentro de su territorio ancestral, pero no propugnan la secesión.

A finales de los noventa, la prensa informó que algunos de los grupos revolucionarios de izquierda que habían liderado la resistencia armada contra el gobierno militar habían logrado infiltrarse en las organizaciones indígenas y estaban orquestando ahora las acciones ilegales. Sin embargo, casi todos los numerosos acusados que se enfrentan ahora a un proceso penal son mapuche de las comunidades directamente afectadas por los conflictos. En la cobertura mediática de los conflictos de tierra, los periodistas de los principales diarios y revistas siguen destacando la “infiltración” de las comunidades mapuche, reforzando la opinión de los mapuche como subversivos y terroristas.¹⁴  Independientemente de los méritos históricos de tales apreciaciones, casi todos los que se enfrentan actualmente procesos criminales son mapuche de las comunidades directamente afectadas por los conflictos.

Presión para una acción gubernamental más firme

Con el aumento del número de incidentes violentos, los gobierno de Eduardo Frei (1994-2000) y del actual Presidente Ricardo Lagos se vieron sometidos a una presión creciente de la oposición en el Congreso, de los agricultores del sur y de las compañías forestales para que adoptaran mayor firmeza contra los manifestantes mapuche.

Durante el gobierno de Frei, numerosos mapuche enfrentaron cargos tales como incendio, robo, ocupación de tierras, secuestro o lesiones. Además, funcionarios públicos abrieron tres procesos diferentes con arreglo a la Ley de Seguridad del Estado  (LSE).¹⁵  La intención de los procesos de acuerdo con esta ley es proceder más rápidamente que en los enjuiciamientos penales ordinarios. El Ministerio del Interior o un Intendente inician el enjuiciamiento y un juez de la corte de apelaciones se encarga de la instrucción y el juicio conforme a reglas especiales que se aplican a los tribunales militares en tiempos de paz. Estas reglas establecen plazos fijos para cada fase del juicio, conceden a los jueces mayor discreción en la evaluación de las pruebas y limitan el derecho a apelar. En lugar de utilizar la LSE, el gobierno de Lagos ha optado por enjuiciar por delitos de terrorismo a los que considera cabecillas de las acciones de fuerza.

En un debate en el Senado de marzo de 2002, el senador por la Araucanía, Alberto Espina, instó a que se combatiera a los grupos mapuche “[c]on todo el rigor de la ley, ya que sus conductas han creado un estado de inseguridad y temor que es incompatible con el pleno funcionamiento del Estado de Derecho”.¹⁶ Una comisión especializada del Senado, encabezado por Espina, se reunió durante más de un año para discutir el aspecto de seguridad pública del conflicto. El resultado fue un informe de 160 páginas publicado el 9 de julio de 2003. Ante el comité testificaron 15 agricultores prominentes cuyas propiedades habían sufrido repetidos ataques, pero sólo se invitó a un representante de los mapuche. En lugar de rastrear los orígenes del conflicto y examinar estrategias para abordarlo, el informe fue esencialmente un vehículo para las quejas de los agricultores.

Un borrador publicado en mayo de 2003 suscitó un debate debido a su dureza y parcialidad. Por recomendación de uno de los miembros de la comisión que no estaba de acuerdo con las conclusiones del informe, el Senador Rafael Moreno, la comisión acordó escuchar a algunos líderes mapuche. Aunque no justificaron la violencia, todos los mapuche hablaron del saqueo de las tierras de su pueblo y la negativa del Estado a reconocer sus tradiciones y su cultura. Marcial Colín, un líder mapuche de Villarica, sintetizó el problema. Según el resumen de la comisión, Colín dijo: “[e]l análisis del tema de la seguridad ciudadana resulta problemático en la Araucanía porque, en concepto de los mapuche, dicha seguridad está amenazada desde hace mucho tiempo… El término ‘seguridad’ es entendido por el pueblo mapuche de manera diferente a como se concibe por el Estado chileno”.¹⁷

El Ministro del Interior, José Miguel Insulza, defendió la gestión del gobierno y presentó una larga lista de acciones legales emprendidas por el Estado contra los responsables de los ataques, así como las medidas policiales para proteger a las víctimas. En octubre de 2003, explicó, 200 mapuche se enfrentaban a cargos por delitos cometidos durante las acciones de protesta. La gran mayoría (85 por ciento) estaban a la espera de juicio bajo algún tipo de condición, como fianza, pero no estaban detenidos.¹⁸

Los “terroristas” de Chile

Se dice que todos menos uno de los sentenciados o acusados de terrorismo pertenecen o han pertenecido a la Coordinadora de Comunidades en Conflicto Arauco Malleco (CAM), organización mapuche cuyos orígenes se remontan a una reunión de febrero de 1998 organizada por la Coordinadora Territorial Lafkenche, a la que asistieron muchas organizaciones mapuche.¹⁹ La CAM se creó en una segunda reunión celebrada en 1998 en Tranakepe, Tirúa. El grupo, formado por comunidades que defienden reclamaciones de tierras, se comprometió a apoyar a todas las comunidades en conflictos de tierras y ofreció incorporarlas a la organización si ellas y sus líderes lo aprobaban.²⁰ 

La mayor parte del respaldo a la CAM procede de las comunidades mapuche de los distritos de Collipulli, Traiguen y Lumaco en la Araucanía, así como de algunas partes de la región del Bío Bío. Llama a  “la reconstrucción de la nación mapuche” y ha adoptado una estrategia de “control territorial”.²¹ En esencia, esto conlleva lo que la CAM llama la “recuperación productiva” de las tierras disputadas, lo que significa que el objetivo de las ocupaciones de tierras es que sean permanentes, en lugar de meramente simbólicas. La CAM alberga la esperanza de que esta forma de actuación se propague a otras zonas y cambie el equilibrio de fuerzas a favor de los mapuche.²²

Aunque se dice que algunos de sus miembros proceden del Partido Comunista y los grupos radicales de izquierdas que participaron en la oposición armada contra la dictadura de Pinochet, la CAM también ha discrepado con los partidos de izquierda, a los que ha criticado por intentar manipularla. También critica a organizaciones mapuche más moderadas que, según dice, han sido convencidas por el Estado. La organización actualmente se ha visto significativamente debilitada desde el encarcelamiento de sus líderes en 2002.

La CAM reconoce acciones violentas limitadas “al ámbito de la defensa del Territorio y de la autodefensa de las comunidades”.²³  Está claro que entre aquellas acciones que sus miembros consideran defensivas pueden haber, en realidad, acciones criminales que ameritan investigación y sanción penal.

En este contexto de conflicto, en enero de 2001, el Presidente Lagos creó la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato. La comisión, integrada por una veintena de representantes indígenas y no indígenas y presidida por el ex Presidente Patricio Aylwin, fue establecida para asesorar al gobierno y proponer una nueva política que abordara los problemas fundamentales de los pueblos indígenas en Chile. En su informe final, publicado en octubre de 2003, la comisión se ocupó de asuntos relacionados con la historia de los pueblos indígenas y su relación con el Estado y la sociedad chilena. Realizó una serie de recomendaciones para el diseño de una nueva política orientada a “avanzar hacia un nuevo trato de la sociedad chilena y su reencuentro con los pueblos indígenas” con medidas tales como la introducción de reformas jurídicas y políticas y la ratificación del Convenio 169 de la OIT, iniciativas que hasta ahora no se han emprendido. Sin embargo, no abordó los conflictos generados desde la promulgación de la Ley No. 19.253 de 1993, que se describen en este informe.

La preocupación por los continuos conflictos de tierras también motivó la visita a Chile, en julio de 2003, del Relator Especial de las Naciones Unidas para los derechos humanos y libertades fundamentales de los indígenas, Rodolfo Stavenhagen. En su informe, el Relator constató que “a pesar de haberse producido importantes avances en el país en materia indígena durante los últimos diez años, estos continúan viviendo una situación de marginación y negación que los mantiene apartados  significativamente del resto del país”.   En materia de justicia, señaló que “bajo ninguna circunstancia deberán ser criminalizadas o penalizadas las legitimas actividades de protesta o demanda de las organizaciones y comunidades indígenas”. Y agregó que “no deberán aplicarse acusaciones de delitos tomados de otros contextos (“amenaza terrorista”,”asociación ilícita”) a hechos relacionados con la lucha por la tierra y los legítimos reclamos indígenas”. Además propuso que “el gobierno de Chile considere la posibilidad de declarar una amnistía general para los defensores de derechos humanos procesados por realizar actividades sociales y/o políticas en el marco de la defensa de las tierras indígenas”.²⁴

El nuevo sistema de justicia penal de Chile

Cada uno de los juicios antiterroristas concluidos o aún en curso se ha celebrado con arreglo al nuevo Código de Procedimiento Penal de Chile. El nuevo código, aprobado en octubre de 2000, entró en vigor en diciembre de 2000 en la Araucanía y Coquimbo (Cuarta Región, en el norte de Chile). El nuevo sistema, sin embargo, no se introducirá en la capital, Santiago, hasta 2005. Los juicios orales, públicos y contradictorios con protección de las garantías procesales del acusado, sustituyen a los procesos escritos e inquisitoriales.

El viejo sistema incorporaba limitaciones a los derechos al debido proceso y una defensa legal. El hecho de que un solo juez realizara la investigación, formulara los cargos y dictara la sentencia y la pena limitaba considerablemente las posibilidades de la defensa. La detención preventiva era la norma, en lugar de la excepción. La mayoría de los juicios se celebraban por escrito, la investigación era secreta, la prensa no tenía acceso directo a los procedimientos y los acusados indigentes no tenían prácticamente acceso a una representación legal competente. De acuerdo con el nuevo sistema, los fiscales asignados a un Ministerio Público autónomo realizan investigaciones criminales y se enfrentan a abogados preparados de la Defensoría Penal Pública, quienes representan a los acusados ante un tribunal compuestos por tres personas. Los procesos son abiertos al público y la prensa.

Durante la fase previa al juicio, un “juez de garantía” supervisa la imparcialidad de la investigación criminal y tiene que asegurarse de que los acusados no permanezcan detenidos, a no ser que sea estrictamente necesario. Los acusados tienen derecho a solicitar su libertad a la espera del juicio y a que se revise periódicamente su detención preventiva. Es de destacarse que la Defensoría Pública otorga por primera vez asesoría legal profesional a los acusados que lo necesiten. Los abogados de la Defensoría Penal Mapuche, con sede en Temuco, han defendido los derechos de sospechosos mapuche y han litigado frecuentemente con éxito en su defensa. En cualquier momento del proceso, los mapuche pueden solicitar un intérprete bilingüe. No sólo se ha transformado el aparato institucional de la justicia chilena, sino que también ha habido una inversión sustancial en infraestructura. Nuevos edificios modernos y bien equipados albergan la sede de los tribunales, el ministerio público y la defensoría en la ciudad de Temuco.

Desafortunadamente, las garantías de que disponen los acusados en juicios penales ordinarios de acuerdo con el nuevo sistema son negadas, al menos en parte, a los mapuche acusados de delitos de terrorismo. Conforme a la ley antiterrorista, el ministerio público puede realizar las investigaciones criminales en secreto durante largos períodos; la libertad provisional suele denegarse durante meses, a veces durante plazos que exceden la condena dictada finalmente; los acusados no pueden saber los nombres de muchos de sus acusadores; y los jueces tienen facultades mucho más amplias para permitir que los fiscales intercepten su correspondencia, examinen sus computadoras e intervengan sus teléfonos que en las investigaciones criminales normales. 

Los fiscales niegan fervientemente que exista discriminación. Sin embargo, la aplicación de la legislación antiterrorista a los mapuche involucrados en conflictos de tierras constituye un trato selectivo y desigual, en tanto los delincuentes responsables de homicidio, violación u otros delitos graves contra la integridad física gozan de más garantías que los acusados mapuche y reciben frecuentemente condenas más leves. De acuerdo con el artículo 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Chile tiene que asegurarse de que “todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin discriminación a igual protección de la ley”.

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