I. RESUMEN Y RECOMENDACIONES

Ya sean residentes de Bogotá o de zonas rurales remotas, los civiles colombianos son los peor parados por el violento conflicto armado del país. Miles de ellos han sido asesinados en los últimos años y miles más han sido secuestrados para obtener rescates. Sus hijos, algunos no mayores de 13 o 14 años, han sido reclutados en las fuerzas irregulares--guerrilleras y paramilitares--que desempeñan un papel principal en el conflicto. Unos dos millones de colombianos han huido de sus hogares para protegerse ellos mismos y sus familias y se han convertido en desplazados internos o han salido del país como refugiados.

Unos dos millones de colombianos han huido de sus hogares para protegerse ellos mismos y sus familias y se han convertido en desplazados internos o han salido del país como refugiados.

Human Rights Watch aborrece el alto número de víctimas civiles del conflicto y respalda las iniciativas en curso para lograr la paz. Sin embargo, insistimos en que se proteja a los civiles, incluso aunque no haya paz. Las normas del derecho internacional humanitario aplicables al conflicto se diseñaron para resguardar a los civiles de la guerra, y proteger a los combatientes enfermos y heridos así como a los que hayan depuesto las armas. En Colombia, para gran descrédito de las partes beligerantes, estas normas se ignoran ampliamente.

En junio de 2000, representantes de Human Rights Watch se reunieron con comandantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) para discutir la aplicación de normas del derecho internacional humanitario a la conducta de sus tropas. Las FARC-EP, con un número de combatientes estimado de 17.000, es la fuerza guerrillera más grande de Colombia.

Varios comandantes de las FARC-EP fueron accesibles y estuvieron abiertos al debate. No obstante, cuando les presentamos un inventario de los abusos de las FARC-EP, que incluía ejecuciones extrajudiciales y secuestros, afirmaron que estas normas no se aplican a las FARC-EP y son, de hecho, inapropiadas para el contexto colombiano.

La reacción de las FARC-EP a las críticas de Human Rights Watch fue notablemente más hostil en julio de 2001, cuando publicamos una carta abierta a Manuel Marulanda, comandante supremo de las FARC-EP. En la carta, publicada el 10 de julio, se detallaba la responsabilidad de las FARC-EP por el asesinato y secuestro de civiles, la toma de rehenes, el uso de niños soldados, los juicios gravemente injustos, el trato cruel e inhumano a combatientes capturados y el desplazamiento forzado de civiles. Es más, en la carta se explicaba que las fuerzas de las FARC-EP han seguido empleando armas prohibidas, tales como las bombas de cilindros de gas que no pueden apuntarse con precisión y causan terribles bajas y heridas, y atacando a personal y centros médicos en flagrante violación de las normas legales internacionales.

Human Rights Watch pidió al Comandante Marulanda que se comprometiera públicamente a respetar las normas internacionales del derecho internacional humanitario. También le instamos a que dictara instrucciones claras y estrictas a las fuerzas de las FARC-EP para que cesaran toda actividad que violara dichas normas.

Las FARC-EP desestimaron nuestra petición. "No cabe duda," decía la respuesta pública de las FARC-EP, "que, como en las guerras de conquista, se aproximan a nuestra patria las naves del intervensionismo yanqui, disfrazado de acción humanitaria." La respuesta proseguía acusando a Human Rights Watch de formar parte de la maquinaria propagandística que apoya la política exterior de Estados Unidos y, de hecho, de actuar "bajo las órdenes de Washington." (Ver Apéndice.)

Esta respuesta, con fecha del 22 de julio, no trataba en absoluto el contenido de la carta de Human Rights Watch. En lugar de intentar defender las acciones de las FARC-EP por sus propios méritos, la respuesta se limitaba a impugnar los motivos de Human Rights Watch para criticar los abusos de las FARC-EP. Al hacerlo, realizó numerosas declaraciones falsas en relación con el trabajo de Human Rights Watch. A parte de afirmar que Human Rights Watch pretende imponer las opiniones del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre Colombia, y promover a los "sectores fascistas" que apoyan a los grupos paramilitares de Colombia, también declaraba equivocadamente que no hemos criticado la política estadounidense con respecto a Panamá, Irak, Yugoslavia y Cuba.¹

A pesar de este episodio desalentador, Human Rights continúa insistiendo en que las FARC-EP adapten su conducta a los requisitos del derecho internacional humanitario. Los abusos de las FARC-EP no solo demuestran un claro desdén por estos requisitos, sino que dificultan aún más el establecimiento de la confianza mutua necesaria para poner fin al largo y sangriento conflicto de Colombia. En vista del aumento de la participación internacional en el proceso de paz colombiano, alentamos especialmente a los representantes de países extranjeros a que llamen a las FARC-EP a acatar las reglas humanitarias mínimas.

Human Rights Watch también considera importante insistir en que estas reglas, y el cumplimiento de éstas por parte de las FARC-EP, no están abiertos a negociación. Las normas internacionales aplicables, notablemente el Artículo 3 común a los Convenios de Ginebra de 1949 y Protocolo II de 1977 Adicional a los Convenios de Ginebra, imponen obligaciones legales a las FARC-EP como parte en el conflicto de Colombia. Deben por lo tanto adoptarse plenamente y sin condiciones.

Una de las violaciones más graves de las FARC-EP es el secuestro y el asesinato de civiles. Human Rights Watch investigó directamente tres casos de secuestros a los que siguieron presuntas ejecuciones extrajudiciales, y recibió información relativa a más de una veintena de posibles ejecuciones. Con respecto al año 2000, los grupos de derechos humanos informaron que las FARC-EP habían matado a 496 civiles en todo el país, muchos de ellos acusados de simpatizar con los paramilitares o el gobierno.

Es asimismo muy preocupante el empleo por parte de las FARC-EP de armas indiscriminadas que causan bajas civiles importantes y evitables. Destacan entre estas armas las bombas de cilindros de gas, que son imposibles de apuntar con precisión y suelen impactar en casas y otros edificios civiles. En marzo de 2000, por ejemplo, las FARC-EP atacaron con bombas de cilindros de gas el pueblo de Vigía del Fuerte, Antioquia, y se cobraron las vidas de seis civiles.

La toma de rehenes (conocida habitualmente en Colombia como secuestro) es otro horrible abuso frecuente. Las personas retenidas a cambio de un rescate por las FARC-EP pueden estar secuestradas durante meses o incluso años. Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNDH), entre los rehenes capturados en 2000 se encontraban Andrés Felipe Navas Suárez, de tres años de edad, y Clara Olivia Pantoja, de cinco años. Ambos niños fueron secuestrados para obtener un rescate y, cuando se escribió este informe, solo uno había sido liberado. Aunque se desconoce el número de rehenes actualmente en manos de las FARC-EP, País Libre, una organización no gubernamental independiente que estudio este asunto, atribuyó 701 toma de rehenes a las FARC-EP en 2000.

Además de tener que respetar las vidas de civiles, las FARC-EP tienen también la obligación de ofrecer un trato humano a todos los miembros de las fuerzas opositoras bajo su custodia. En junio y julio de 2001, las FARC-EP liberaron a más de 350 policías y soldados, entre ellos algunos que llevaban más de tres años capturados. Aunque se trató claramente de un paso positivo, las liberaciones también subrayaron las condiciones desesperadas en las que se había mantenido a estos hombres: sin refugio adecuado, atención médica o agua potable. En este momento, las FARC-EP han reconocido tener detenidos 47 policías o soldados. Como mínimo, se debe permitir a estos hombres que reciban visitas del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), cuyo mandato incluye promover el cumplimiento de los Convenios de Ginebra.

Además de tener que respetar las vidas de civiles, las FARC-EP tienen también la obligación de ofrecer un trato humano a todos los miembros de las fuerzas opositoras bajo su custodia.

Otro abuso de las FARC-EP particularmente deplorable es el reclutamiento de niños soldados. Human Rights Watch entrevistó a un ex niño soldado que tenía 13 años. También hablamos con varias familias que habían perdido a sus hijos en manos de las FARC-EP. Aunque no encontramos casos de reclutamiento forzado, si comprobamos que, una vez integrados en las FARC-EP, se suele prohibir a los niños que dejen las tropas.

Dentro de una iniciativa alentadora, los comandantes de las FARC-EP han reconocido, al menos en principio, que en sus filas no debería haber niños menos de 15 años. Hasta la fecha, sin embargo, Human Rights Watch ha visto pocos indicios de que esta regla se esté aplicando estrictamente.

El reclutamiento de niños soldados es uno de los asuntos especialmente preocupantes en la zona establecida para las conversaciones de paz entre el gobierno colombiano y las FARC-EP (en adelante la Zona). Sin embargo, lo que distingue a la Zona de otras áreas de Colombia no es solo la ausencia de policía o fuerzas armadas, sino también la casi absoluta vulnerabilidad de sus habitantes. No se consultó a los cerca de 90.000 habitantes de los cinco municipios de Meta y Caquetá que integran la Zona antes de su establecimiento, en noviembre de 1998, y no se establecieron mecanismos especiales para proteger sus derechos después de la retirada de las fuerzas de seguridad. La situación seguía inalterada en febrero de 2001, cuando el Presidente Pastrana decidió extender ocho meses más el plazo de la Zona.

Aunque la Defensoría continúa recibiendo denuncias de abusos en la Zona, no cuenta ni con la autoridad ni con los recursos necesarios para intervenir con el fin de prevenir dichos abusos. La Fiscalía General, que tiene la responsabilidad jurídica de investigar y procesar los abusos, es incapaz de operar en la Zona, ya que su personal se ha visto obligado a salir bajo amenazas de las FARC-EP.² Los residentes también han sido desplazados forzosamente de la Zona y muchos de ellos han huido por orden de las FARC-EP.

En el siguiente informe, basada en una investigación de primera mano en Colombia, que incluye una visita en mayo y junio de 2000 a la Zona, se describe toda la gama de violaciones al derecho internacional humanitario cometidas por las FARC-EP. Sigue de cerca, tanto en la forma como en el contenido, nuestra carta de julio de 2001 al Comandante Marulanda.

Recomendaciones

A las FARC-EP
Human Rights Watch exhorta al Secretariado del Estado Mayor Central de las FARC-EP a que garantice que la conducta de las FARC-EP es compatible con el derecho internacional humanitario. En concreto, instamos a los miembros de la Secretaria General a que dicten órdenes y tomen medidas efectivas para asegurar que las fuerzas de las FARC:

• cesan toda ejecución extrajudicial de civiles;

• liberan inmediatamente e incondicionalmente a todos los rehenes en su posesión, garantizando su regreso a salvo con sus familias;

• cesan el uso de niños soldados y establezcan mecanismos para la desmovilización inmediata de estos niños, y se dicten instrucciones a todas las fuerzas de las FARC-EP para que no se reclute ni se movilice como combatientes a niños soldados en el futuro;

• cesan la celebración de pseudo-juicios, que carecen de las garantías mínimas del debido proceso;

• garanticen que todos los combatientes capturados -- entre ellos policías, soldados y miembros de grupos paramilitares -- reciben un trato humano que incluya atención médica adecuada, y pueden acceder regularmente y recibir visitas del CICR;

• cesan todo empleo de armas indiscriminadas, tales como los cilindros de gas;

• cesen totalmente los ataques y las amenazas contra trabajadores e instalaciones sanitarias, incluidas las ambulancias, los hospitales y las clínicas.

Human Rights Watch hace asimismo un llamamiento al Secretariado del Estado Mayor Central de las FARC-EP para que permitan inmediatamente un sistema de observación independiente nacional e internacional dentro de la Zona.

A los gobiernos que participan en la Comisión Facilitadora de las Negociaciones entre las FARC-EP y el gobierno colombiano (Canadá, Cuba, España, Francia, Italia, México, Noruega, Suecia, Suiza y Venezuela)
Como observadores independientes en las negociaciones de paz entre las FARC-EP y el gobierno de Colombia, estos países se encuentran en la posición privilegiada de poder influir en la conducta de las FARC-EP. Human Rights Watch insta por lo tanto a los representantes de estos gobiernos a que planteen siempre que tengan la oportunidad el asunto del incumplimiento de normas fundamentales del derecho humanitario por parte de las FARC-EP. Al insistir en el carácter legalmente obligatorio de estas normas, deben exhortar a las FARC-EP a que adopten medidas concretas para corregir su conducta abusiva.

Al gobierno de Colombia
El gobierno de Colombia debe exigir a las FARC-EP que permitan un sistema de observación independiente nacional e internacional dentro de la Zona.