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Estados Unidos
Eventos del 2006
En nuestro Informe Anual del 2004, Human Rights Watch observó con alarma en un ensayo titulado “Por encima de la ley” los esfuerzos de la administración Bush, luego del 11 de septiembre, para ampliar dramáticamente el poder ejecutivo a expensas de la protección judicial o legislativa de los derechos individuales. Hoy en día parece que subestimamos el grado y tenacidad de esos esfuerzos.

En los últimos cinco años la administración ha autorizado la tortura y otras técnicas de interrogación abusivas, ha “desaparecido” a docenas de presuntos terroristas en cárceles secretas, ha alterado el derecho nacional para permitir la detención indefinida sin cargos de personas sospechosas de vínculos con el terrorismo, y ha confinado a cientos en la Bahía de Guantánamo sin cargos, a la vez que les negaba información sobre los motivos de su detención y una oportunidad significativa para responder. La administración ha buscado exceptuar sus acciones de la revisión judicial.  
 
Completamente fuera del campo de la lucha contra el terrorismo, el poder ejecutivo ha continuado refiriéndose desdeñosamente a su obligación de proteger los derechos humanos de los residentes de los Estados Unidos, particularmente de aquellos que están acusados o condenados de crímenes o que son inmigrantes.  
 
En el 2006, la Corte Suprema realizó un importante control sobre algunas de las políticas contraterroristas de la administración, al eliminar las comisiones militares originalmente autorizadas por el Presidente George W. Bush para juzgar a los detenidos en Guantánamo y al cuestionar la legalidad del programa de detenciones de la administración. El presidente, en respuesta a esto, le pidió al Congreso que autorizara un sistema de comisiones militares similares a las que habían sido eliminadas, y que redefiniera los requisitos sobre tratamiento humanitario previsto en las Convenciones de Ginebra para que pudiera continuar el programa “mejorado” — y abusivo—de interrogatorios de la CIA. La legislación que el Congreso finalmente aprobó no le dio a la administración todo lo que quería. El Congreso dejó intacto los requisitos de tratamiento humanitario e insistió que las técnicas abusivas de interrogatorio, tales como la inmersión en agua (el falso ahogamiento), la hipotermia inducida y la privación extendida de sueño, seguían siendo crímenes de guerra enjuiciables. Sin embargo, la legislación también aprobó disposiciones profundamente preocupantes que violan protecciones internacionales de derechos humanos. Estas incluyen disposiciones que reducen el derecho fundamental de los no ciudadanos a impugnar su detención y otras que definen el término “combatiente” de tal manera que permite la detención y juzgamiento militar de civiles que no participaron en hostilidades armadas.  
 
Los Estados Unidos comparecieron en el 2006 ante el Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura y ante el Comité de Derechos Humanos para reportar sobre su cumplimiento de la Convención contra la Tortura y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Con respecto a las políticas antiterroristas de los Estados Unidos, ambos comités de expertos rechazaron la mayoría de las justificaciones de la administración, expresando fuertes y profundas críticas al historial de los Estados Unidos en materia de torturas, detenciones sin cargos y falta de responsabilidad por abusos cometidos. El Comité de Derechos Humanos también expresó una sólida crítica de la justicia penal, detención y políticas de inmigración de los EE.UU., incluyendo la práctica de sentenciar a delincuentes juveniles de por vida sin posibilidad de obtener libertad provisional y los obstáculos excesivamente amplios para contrarrestar acusaciones de “apoyo material al terrorismo”, lo cual pone a los solicitantes de asilo en riesgo de ser devueltos a países en donde sufren persecución.  
 
Bahía de Guantánamo, detención indefinida y comisiones militares  
Aproximadamente 450 hombres permanecen en detención de largo plazo, indefinida, y ampliamente incomunicados en la Bahía de Guantánamo. Los Estados Unidos continúa afirmando su autoridad para retener a estos hombres como “combatientes enemigos ilegales” sin cargos y sin consideración a las leyes que rigen los conflictos armados.  
 
A finales del 2005 el Congreso aprobó una ley que impedía a los detenidos en Guantánamo que no fuesen ciudadanos de los EE.UU. plantear futuras impugnaciones judiciales por su detención, su trato por parte de los funcionarios estadounidenses, o sus condiciones de confinamiento. En septiembre del 2006, el Congreso amplió e hizo retroactivas estas disposiciones —aplicándolas a casos pendientes y a personas que no fuesen ciudadanos estadounidenses que estuvieran en custodia de los EE.UU. en cualquier lugar del mundo. A menos que se declare inconstitucional, esta medida podría dar como resultado que las cortes desestimen los más del 200 casos de habeas corpus pendientes, los cuales fueron planteados en nombre de los detenidos en Guantánamo, así como el caso pendiente interpuesto por Ali Saleh Kahleh al–Marri, el único llamado combatiente enemigo ilegal aún detenido en los Estados Unidos, y un grupo de casos de habeas corpus planteados en nombre de detenidos en Afganistán.  
 
En respuesta al litigio interpuesto por la Prensa Asociada, los Estados Unidos divulgó públicamente a principios del 2006 los nombres de los detenidos en Guantánamo y transcripciones de los procedimientos administrativos concernientes a su continua detención. Estos documentos sugieren que, contrariamente a las afirmaciones de la administración Bush, se presume que solamente una pequeña proporción de los detenidos han participado en conflicto armado contra los Estados Unidos.  
 
El Departamento de Defensa ha estado trabajando en una segunda ronda de revisiones administrativas para determinar si los detenidos individuales en Guantánamo son todavía una “amenaza” o de valor para la inteligencia (como para justificar su continua detención). Al momento de redactar este informe, las Juntas Militares de Revisión Administrativa han seleccionado a 166 detenidos para ser transferidos o liberados, aunque menos de un tercio han realmente abandonado Guantánamo. Algunos países se han negado a recibir a nacionales declarados “combatientes enemigos” por los Estados Unidos, o a aceptar las exigencias de los EE.UU. para supervisarlos o mantenerlos detenidos. En otros casos, los detenidos tenían razones sustanciales para creer que podrían ser torturados si eran devueltos. En lugar de permitir que algunos de estos detenidos ingresen a los Estados Unidos— incluyendo a hombres que han sido hallados totalmente libres de toda sospecha —la administración Bush continúa reteniéndolos en Guantánamo.  
 
El presunto “combatiente enemigo” Ali Saleh Kahleh al–Marri continúa en custodia de los Estados Unidos. Originariamente de Qatar, había estado viviendo en los EE.UU. con una visa de estudiante y fue acusado en el 2002 de fraude con tarjeta de crédito, pero unas semanas antes de su juicio la administración estadounidense lo declaró “combatiente enemigo” y lo envió a una cárcel militar en Carolina del Sur. Ha sido mantenido en confinamiento solitario allí durante tres años, esencialmente incomunicado; su único contacto es con sus abogados, quienes tuvieron que acudir a las cortes de los EE.UU. para tener acceso a su defendido. Los cargos contra al–Marri se basan en una única declaración de rumores fundada principalmente en las acusaciones de un hombre del cual se ha informado ampliamente por haber sido torturado en un centro secreto de detención administrado por la Agencia Central de Inteligencia (CIA). El gobierno ha solicitado se declare inadmisible la impugnación de habeas de al–Marri sobre la legalidad de su detención —citando las disposiciones que lo exceptúan de su juzgamiento judicial, contenidas en la Ley de Comisiones Militares. Al momento de elaborar este informe, la corte no había emitido su decisión sobre el pedido del gobierno.  
 
En junio del 2006 la Corte Suprema de los EE.UU., en el caso Hamdan v. Rumsfeld, eliminó las comisiones militares establecidas para juzgar a extranjeros no ciudadanos de los EE.UU. acusados de participar o apoyar actos terroristas contra los Estados Unidos. En respuesta a Hamdan, en septiembre, el Congreso legisló un nuevo sistema de comisiones militares (la Ley de Comisiones Militares del 2006). Las nuevas comisiones contienen importantes mejoras respecto a las anteriores. Por ejemplo, el Congreso ha especificado que los acusados tienen acceso a la misma evidencia que sea considerada por el investigador y que pueden apelar sus condenas ante una corte civil de apelaciones (aunque tal revisión se limita a las conclusiones legales, no a las conclusiones de hechos, por tanto, la verdadera inocencia no podría ser la base para modificar un veredicto). Pero las nuevas normas aún contienen disposiciones preocupantes: por ejemplo, las declaraciones obtenidas mediante “tratos crueles, inhumanos o degradantes” antes del 30 de diciembre del 2005 son admisibles siempre y cuando el juez encuentre que tienen valor probatorio y que son “confiables” (una contradicción de términos).  
 
Tal vez el aspecto más perturbador de estas nuevas comisiones es su jurisdicción ampliada. Se les autoriza a juzgar a cualquier ciudadano extranjero, incluso a ex residentes estadounidenses, que encaje en la definición de “combatiente enemigo ilegal”, la cual es mucho más amplia que la definición comúnmente utilizada en las leyes de guerra. Debido a que la definición incluye a cualquiera que “intencional y materialmente apoye” hostilidades contra los Estados Unidos, potencialmente vuelve a cualquier civil —por ejemplo, una persona que envía dinero a un grupo prohibido —en “combatiente” que puede ser puesto en custodia militar y traído ante una comisión militar.  
 
Al momento de redactar este informe, no se habían presentado cargos contra detenidos conforme a las nuevas normas de las comisiones militares, y se espera que, como fecha más próxima, los primeros juicios comiencen en el verano del 2007.  
 
Políticas sobre torturas  
A finales del 2005, el Congreso—contra las objeciones del gobierno de Bush—aprobó la Ley de Trato al Detenido, que prohíbe el uso de tratos crueles, inhumanos o degradantes por parte de cualquier personal de los EE.UU. en cualquier lugar del mundo. También intervino la Corte Suprema, sentenciando en el caso Hamdan que los EE.UU. está obligado a tratar a los detenidos de Al Qaeda de conformidad con las mínimas disposiciones del Artículo Común 3 de las Convenciones de Ginebra.  
 
En respuesta, en julio del 2006 el Pentágono ordenó a los militares a asegurarse que todas sus prácticas cumplan con esos estándares y en septiembre anunció nuevas reglas de interrogación que eliminaban muchas de las técnicas abusivas usadas, según se informa, por interrogadores estadounidenses en el pasado, incluyendo la inmersión en agua, posiciones dolorosas y privaciones prolongadas de sueño o exposición al frío. Irónicamente, ese mismo día la administración Bush propuso una legislación que efectivamente reescribía los estándares de trato humanitario del Artículo Común 3, permitiendo a la CIA continuar usando las técnicas abusivas de interrogatorio que ahora son prohibidas por el Pentágono.  
 
El Congreso rechazó la propuesta de la administración, pero con resultados mixtos. Mantiene la mayor parte de la Ley de Crímenes de Guerra, que expone a los interrogadores a acciones penales tanto por tortura como por “trato cruel e inhumano” (definido como conducta que causa grave dolor o sufrimiento físico o mental). En su condición de autores principales de la ley, los Senadores McCain y Warner han señalado que la definición de conductas prohibidas tiene el objetivo de penalizar un amplio rango de técnicas de interrogatorio abusivas. Sin embargo, la ley redujo las ofensas perseguibles penalmente según la ley de Crímenes de Guerra, creando un umbral más alto para considerar que se inflinge grave dolor o sufrimiento físico o mental, evitando el procesamiento por abusos mentales no prolongados que ocurrieron antes de la nueva ley y eliminando como crimen de guerra el castigo de una persona luego de un juicio injusto.  
 
Más grave aún es que la legislación prohíbe a cualquier detenido que el gobierno de EE.UU. ha calificado como “combatiente enemigo ilegal” cuestionar ante un tribunal, aún después de su liberación, el trato que recibió mientras estuvo en custodia.  
 
Prisiones secretas  
A principios de septiembre del 2006 el Presidente Bush admitió por primera vez que la CIA había mantenido centros secretos de detención en el extranjero para interrogar a sospechosos de terrorismo. Anunció que su administración los iba a cerrar y que había trasladado a las 14 personas aún mantenidas en custodia en esos centros a la Bahía de Guantánamo (en donde desde entonces han sido visitados por el Comité Internacional de la Cruz Roja). Bush no se mostraba arrepentido cuando anunció la existencia de las prisiones secretas y su administración dejo abierta la opción de reiniciar el programa de desapariciones forzadas de sospechosos de terrorismo.  
 
La administración no ha identificado a las otras personas que mantiene en las prisiones secretas, ni ha revelado su actual paradero. Human Rights Watch ha identificado al menos a otras 15 personas que se cree están recluidas en esas prisiones. Ellas permanecen “desaparecidas” según el derecho internacional hasta que los EUA rinda cuentas sobre su paradero.  
 
Responsabilidad por abusos contra los detenidos  
A pesar de la existencia de una serie de investigaciones oficiales de abusos contra detenidos en custodia de los EE.UU. en Afganistán, Irak y en la Bahía de Guantánamo, los Estados Unidos ha hecho poco atribuirle responsabilidades a los involucrados en estos abusos. Una investigación conjunta, conducida por la Escuela de Derecho de la Universidad de Nueva York , Human Rights First, y Human Rights Watch documentó más de 330 casos en los que personal militar y civil de los EE.UU. estaban razonable y creíblemente involucrados en abusos o asesinatos de detenidos. Mientras estos casos involucran al menos a 600 miembros del personal de los EE.UU. y más de 460 detenidos, sólo un pequeño porcentaje ha sido procesado: aproximadamente 90 miembros del personal militar, ningún agente de la CIA y un contratista civil. Solamente el 10% de los autores condenados fueron sentenciados a un año o más de prisión.  
 
Los Estados Unidos persistió en su actitud de desbaratar los esfuerzos de las victimas de abuso para obtener reparaciones en el poder judicial. Declarando que se trata de “secretos de estado” y “seguridad nacional”, el gobierno se movilizó para que se desestimen los pedidos de Khaled el–Masri, un ciudadano alemán que fue detenido en Macedonia, transferido a un prisión de la CIA en Afganistán, golpeado y mantenido incomunicado por varios meses; y el pedido de Maher Arar, un ciudadano con doble nacionalidad sirio-canadiense, detenido por las autoridades estadounidenses en su camino a Canadá y enviado a Siria, en donde fue encarcelado durante 10 meses y torturado. Ambos casos fueron desestimados por cortes inferiores, argumentando que las cortes no debían cuestionar—ni siquiera investigar —las acciones del gobierno. Tanto Arar como el–Masri han apelado. Una comisión de investigación canadiense del caso Arar concluyó que los EE.UU. lo deportó a Siria basándose en las erróneas afirmaciones de las autoridades canadienses, según las cuales él estaba vinculado con el terrorismo. La investigación concluyó “categóricamente” que “no existía ninguna evidencia que indicara que Arar había cometido ningún delito.”  
 
Los Estados Unidos continúa afirmando que puede lícitamente enviar detenidos a países que usualmente realizan torturas, en tanto que haya obtenido “seguridades diplomáticas”—i.e. promesas del gobierno receptor que no maltratará al detenido. Pero estas promesas no pueden ser cumplidas y, en realidad, existen pocos incentivos para que los gobiernos involucrados revelen cualquier incumplimiento de dichas promesas. Los EE.UU. ha declarado que confiará en tales seguridades cuando movilice a los detenidos de la Bahía de Guantánamo.  
 
Encarcelamiento  
Con más de 2.2 millones de hombres y mujeres en prisiones y cárceles en los EE.UU., quienes preponderantemente son infractores no violentos de bajo nivel, los Estados Unidos tiene la tasa de encarcelamiento más alta del mundo. El mayor peso de esta situación recae desproporcionadamente sobre los pobres y los miembros de minorías raciales y étnicas.  
 
Muchas prisiones y cárceles son peligrosas, plagadas de altos niveles de violencia y enfermedades, y carentes de programas productivos y actividades para los presos. La Comisión de Seguridad y Abusos en Prisiones de Estados Unidos, organización privada y bipartidaria, publicó un informe en junio del 2006 concluyendo que el hacinamiento y la inactividad de los presos promueven el desorden y la tensión que pueden incrementarse convirtiéndose en violencia. Los miembros del personal participan en el uso innecesario y excesivo de la fuerza para responder a la conducta levemente desordenada de los presos.  
 
Para el inicio del año, las políticas carcelarias en seis estados permitían el uso de perros agresivos sin bozal para intimidar e incluso atacar a los presos que no obedecían las ordenes de salir de sus celdas —cuatro de esos estados usaron perros para este propósito. Esta práctica fue virtualmente secreta, incluso dentro de las comunidades correccionales, hasta que Human Rights Watch lo reveló en octubre. La abogacía por parte de Human Rights Watch ayudó a persuadir a tres estados a cambiar sus políticas. Al momento de elaborar este informe, sólo un estado continúa usando perros para ayudar a los funcionarios penitenciarios a sacar a los prisioneros de sus celdas.  
 
En julio del 2006 un informe de la Oficina de Estadísticas del Departamento de Justicia (BJS, por sus siglas en inglés) encontró que se habían incrementado las quejas formales de violencia sexual interpuestas en prisiones y cárceles para adultos en cerca de 16% entre 2004 y 2005, de 5,386 a 6,241; más de la mitad involucraba conducta sexual inapropiada o acoso sexual por parte del personal. Como la BJS lo reconoce, estas cifras subestiman el nivel de violencia sexual en las prisiones porque los internos son renuentes a presentar quejas por temor a represalias, entre otras razones. La Comisión Nacional para la Eliminación de la Violación en las Cárceles sostuvo cuatro audiencias públicas este año durante las cuales testigos presentaron sus testimonios sobre las causas y consecuencias de la violación y abuso sexual perpetrado por el personal y por otros internos.  
 
En una investigación en dos centros juveniles de alta seguridad para muchachas en el Estado de Nueva York, Human Rights Watch y la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU por sus siglas en inglés) descubrió que las jóvenes fueron sometidas a uso excesivo de un procedimiento de “moderación” boca abajo, en el cual las niñas fueron echadas al suelo, causándoles a menudo lesiones, así como incidentes de abuso sexual, e inadecuados servicios educativos y de salud mental.  
 
Las prisiones se esfuerzan por brindar una atención médica de calidad sin los recursos adecuados o personal calificado. Un juez federal puso a todo el sistema médico de las prisiones de California bajo administración judicial debido a que la atención era tan mala que, cada seis a siete días moría un prisionero a causa de la mala práctica o el descuido. En Florida, alrededor de 300 reclusos que han sido encontrados mentalmente incompetentes para comparecer en juicio habían sido dejados abandonados en la prisión, a pesar de que una ley exige al estado trasladarlos a hospitales u otros centros de salud mental donde puedan recibir el tratamiento que necesitan.  
 
La pena de muerte y otras sentencias crueles  
Los gobiernos federales y estatales ejecutaron a 51 presos entre enero y noviembre del 2006, resultando en 1055 el número total de hombres y mujeres ejecutados en el país desde 1977. Casi todos fueron ejecutados usando la inyección letal. Existe evidencia cada vez mayor que indica que, contrariamente a la creencia general, la inyección letal puede ser una forma muy dolorosa de morir. Los registros de seis ejecuciones recientes en California y los informes toxicológicos de ejecuciones en Missouri y Carolina del Norte sugieren que algunos presos podrían haber estado conscientes y sufriendo en el momento de sus ejecuciones. A pesar de haber sido utilizada por casi 30 años, los protocolos estatales relativos a la aplicación de la inyección letal nunca se habían sometido a evaluación científica, médica o pública hasta que recientes litigios impulsaran a que algunos jueces y funcionarios los examinen.  
 
En los Estados Unidos, los jóvenes menores de 18 años de edad al momento de cometer sus delitos pueden ser juzgados y sentenciados como adultos. Las cortes en los Estados Unidos continúan imponiendo cadenas perpetuas sin la opción de libertad condicional para muchos de estos delincuentes juveniles. Los más de 2,225 delincuentes juveniles que cumplen cadena perpetua sin libertad condicional son desproporcionadamente afro–americanos o hispanos. El Comité contra la Tortura, el Comité de Derechos Humanos y el secretario general de las Naciones Unidas en su estudio sobre la violencia contra los niños a nivel mundial reprendieron a Estados Unidos en el 2006 por imponer sentencias de cadena perpetua sin libertad condicional a los delincuentes juveniles. En el ámbito legislativo, el parlamento de Colorado eliminó la sentencia, aunque la sustituyó por un periodo obligatorio de 40 años de prisión. Un paquete de proyectos de ley destinados a eliminar la pena seguía siendo seriamente analizado en Michigan.  
 
Inmigrantes y otros no-ciudadanos  
Las dos cámaras del Congreso continuaron en un punto muerto respecto al enfoque correcto para la reforma de inmigración, con el Senado aceptando la idea de un programa de “trabajadores huésped”, y la Cámara de Representantes centrándose únicamente en restricciones a la inmigración y en el cumplimiento de la ley. Antes de las elecciones del 7 de noviembre del 2006, los líderes del partido republicano en la Cámara de Representantes volvieron a presentar una legislación que había sido rechazada, que permitiría la creación de un muro de 700 millas en la frontera americana-mexicana, otorgaría facultades a los funcionarios locales para aplicar la ley de inmigración (protegiéndolos de los errores cometidos en la responsabilidad de sus gestiones), y revocaría dos decisiones de la Corte Suprema respecto a la inconstitucionalidad de la detención indefinida de los no–ciudadanos. Ninguna de estas medidas fue estudiada por las comisiones. En cambio, fueron rápidamente puestas al voto y aprobadas por la Cámara de Representantes, aunque el Senado sólo adoptó la legislación sobre la construcción del muro en la frontera, la cual, al momento de escribir estas líneas, obtuvo la aprobación del Presidente Bush.  
 
A finales del 2006, cientos de solicitantes de asilo político en Estados Unidos enfrentaban el posible retorno a sus países de origen y a miles de refugiados se les está negando reubicación dentro de Estados Unidos debido a las definiciones demasiado amplias de terrorismo y actividades relacionadas a éste en la Ley de Inmigración y Nacionalidad. Se niega el asilo a cualquier persona asociada (o que brindó “apoyo material”) a cualquier grupo armado, lo cual incluye a civiles atrapados en guerras civiles, que son forzados a punta de fusil a brindar alimento a fuerzas rebeldes.  
 
VIH / SIDA  
Massachussets, Delaware, y Nueva Jersey están haciendo progresos para asegurar a los consumidores de drogas inyectables el acceso a jeringas esterilizadas y los servicios disponibles, reconociéndoles sus derechos humanos a obtener información vital sobre el VIH y SIDA sin temor al castigo. Massachussets promulgó una legislación que permite la venta de jeringas sin receta médica. Delaware aprobó su primer programa de intercambio de jeringas; y el parlamento de Nueva Jersey examinó la legislación para incrementar el acceso a jeringas limpias, lo cual incluye crear programas de intercambio de jeringas.  
 
El gobernador de California, Arnold Scharzenegger, vetó la legislación que hubiera permitido la distribución de condones a fin de prevenir la difusión del VIH-SIDA en las cárceles estatales, rechazando el ejemplo de otras jurisdicciones en los Estados Unidos y en el extranjero que han adoptado tales medidas para proteger la salud de los internos de los centros penitenciarios.  

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