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Colombia
Eventos del 2006
Colombia continúa inmersa en un conflicto armado interno que ya lleva décadas, el cual sigue estando caracterizado por abusos generalizados por parte de grupos armados irregulares, incluyendo tanto a las guerrillas como a los paramilitares, así como abusos por parte de las fuerzas armadas colombianas.

Colombia continúa inmersa en un conflicto armado interno que ya lleva décadas, el cual sigue estando caracterizado por abusos generalizados por parte de grupos armados irregulares, incluyendo tanto a las guerrillas como a los paramilitares, así como abusos por parte de las fuerzas armadas colombianas.  
 
La población civil es la más afectada por el conflicto. Cada año miles son desplazados por la violencia, perdiendo sus hogares y sus medios de sustento. Las desapariciones forzadas, las ejecuciones extrajudiciales, los asesinatos selectivos, las amenazas y los secuestros continúan siendo habituales. La gran mayoría de abusos nunca se conocen públicamente.  
 
Tanto los grupos paramilitares como las guerrillas continúan financiándose con recursos provenientes del narcotráfico. Los paramilitares también participan en actividades de corrupción a gran escala, infiltrando instituciones gubernamentales nacionales, controlando a políticos locales y desviando fondos de organismos estatales.  
 
La desmovilización de los grupos paramilitares  
En el año 2006, el gobierno colombiano afirmó que había completado exitosamente la desmovilización de más de 30,000 presuntos paramilitares, pero persisten serias dudas en cuanto a la eficacia del proceso de desmovilización para lograr un genuino desmantelamiento de las complejas estructuras criminales y financieras de los paramilitares, y asegurar la verdad, la justicia y una debida reparación.  
 
Los comandantes paramilitares aun no han dado pasos significativos para entregar su enorme riqueza ilícita, devolver las tierras tomadas por la fuerza o demostrar que han dejado de realizar sus lucrativas actividades criminales. Hubo varios indicadores preocupantes de su persistente influencia en el 2006, incluyendo: informes sobre la supuesta infiltración de los paramilitares en el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), un organismo de inteligencia nacional; un gran numero de amenazas contra miembros del mundo académico, lideres sindicales, defensores de los derechos humanos y periodistas; y la formación de nuevos grupos paramilitares, según informó la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de Estados Americanos (MAPP/ OEA).  
 
En mayo del 2006, la Corte Constitucional de Colombia emitió su resolución sobre la constitucionalidad de la controvertida “Ley de Justicia y Paz” del gobierno, ley que ofrece penas dramáticamente reducidas a paramilitares responsables de haber cometido atrocidades y otros delitos graves. La corte aprobó la rebaja de penas, pero, por vía de la interpretación, realizó varias importantes mejoras a la ley, ordenando que los paramilitares deberían confesar plenamente sus crímenes y pagar reparaciones con sus bienes lícitos e ilícitos, y que si mentían o cometían nuevos delitos, se arriesgaban a perder el beneficio de la rebaja de penas. También sostuvo que los fiscales tendrían que investigar completamente todos los delitos confesados.  
 
En septiembre, el gobierno emitió un decreto que implementaba parcialmente la resolución de la corte, pero que también confería a los líderes paramilitares aún mayores beneficios, otorgándoles rebajas de pena adicionales y permitiéndoles evitar totalmente la prisión, cumpliendo sus penas rebajadas en granjas o en sus hogares.  
 
Un grupo de comandantes se entregó para su confinamiento voluntario en una casa de refugio en el estado de Antioquia, pero muchos otros continúan en libertad.  
 
Durante todo el año siguieron surgiendo informes de nuevos abusos de parte de los paramilitares, incluyendo asesinatos y desapariciones forzadas. En octubre, la Fiscalía Nacional reveló que una computadora confiscada a un socio del líder paramilitar conocido como “Jorge 40” contenía pruebas de más de 500 asesinatos cometidos en tan sólo un estado colombiano entre el 2003 y el 2005. La computadora también contenía información sobre supuestos planes de los paramilitares del Bloque Norte de expandir su poder político y su control territorial.  
 
Conversaciones con las guerrillas  
En el 2006, el gobierno colombiano participó en conversaciones preliminares con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), para determinar las condiciones para eventuales negociaciones de paz. El Presidente Álvaro Uribe anunció que buscaría obtener recursos para apoyar al ELN durante las conversaciones de paz y reemplazar los ingresos que este grupo obtiene mediante secuestros y extorsiones.  
 
Mientras tanto, el mayor grupo guerrillero de Colombia, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), expresó su interés en discutir un intercambio de sus rehenes por guerrilleros encarcelados. Las discusiones entre el gobierno y las FARC en torno a este tema fueron canceladas luego de un atentado con bomba en octubre del 2006 por el cual el gobierno consideró responsable a las FARC.  
 
El gobierno insistió en su decisión de ofrecer beneficios de desmovilización a miembros de las FARC que ya hubieran sido condenados y que estuvieran en prisión por graves violaciones del derecho internacional humanitario, tales como secuestros y asesinatos.  
 
Tanto las FARC como el ELN continuaron cometiendo abusos contra los civiles, los que en el año 2006 incluyeron secuestros, ejecuciones y ataques indiscriminados con bombas de cilindros de gas. Los grupos guerrilleros son responsables de la mayoría de casos conocidos del uso de minas antipersonales, que cada año producen centenares de civiles heridos y muertos. Las guerrillas también son las principales responsables del reclutamiento de niños combatientes en Colombia. Al menos el 80 por ciento de los niños armados combatientes en Colombia pertenece a las FARC o al ELN. Al menos uno de cada cuatro combatientes irregulares en Colombia es menor de 18 años. De estos, varios miles tienen menos de 15 años, la edad mínima de reclutamiento permitida de conformidad con las Convenciones de Ginebra.  
 
Impunidad y nexos entre militares y paramilitares  
La ineficacia de Colombia en la investigación, enjuiciamiento y sanción de abusos de los derechos humanos es de larga data y ha creado un ambiente en el que los autores de abusos presumen, en forma correcta, que nunca rendirán cuentas por sus delitos.  
 
El problema es particularmente agudo en los casos de abusos militares, incluyendo aquellos que involucran denuncias creíbles de nexos entre los militares y los paramilitares. Oficiales de bajo rango son a veces sancionados en casos como estos, pero rara vez es procesado un comandante.  
 
A principios del 2006, se hicieron públicas decenas de acusaciones de que unidades del ejército habían ejecutado a civiles y habían vestido sus cadáveres con ropa de guerrilleros para que así pudieran ser considerados como muertos en combate. En otro caso, 21 reclutas militares fueron presuntamente torturados por sus supervisores durante su entrenamiento, siendo sometidos a golpizas, quemaduras y abuso sexual.  
 
En mayo del 2006, una unidad del ejército disparó y mató a 10 policías antidrogas de elite que habían sido entrenados por la Administración Antidrogas de los Estados Unidos. La Fiscalía consideró que la masacre fue intencional, no accidental. Sin embargo, la investigación del caso fue inicialmente atrasada por el hecho de que el juez civil encargado del caso se negó a revisarlo. En el momento de la elaboración de este informe, los procesos penales estaban en curso.  
 
En un acontecimiento alentador, fiscales anunciaron que habían obtenido nuevas pruebas en un caso que involucra las “desapariciones” de 10 personas en la retoma en 1985 del Palacio de Justicia de Colombia (que albergaba a la Corte Suprema) por parte de fuerzas de seguridad luego de su invasión por parte de miembros del grupo guerrillero M-19.  
 
Desplazados internos  
Con un total acumulado de más de 3.7 millones de desplazados, Colombia continúa teniendo la más grande crisis de desplazados internos del mundo después de Sudán, y los casos de desplazamientos forzados aumentaron entre el 2003 y el 2005, de acuerdo a la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES). Si bien las cifras del gobierno para esos años son menores, reflejan la misma tendencia. (Al momento de redactar este informe, no se disponía de datos para el 2006.)  
 
Aquellos que son desplazados internamente están generalmente en peores circunstancias que los miembros más pobres de las comunidades que los reciben. Dos tercios viven en viviendas inadecuadas sin acceso a servicios higiénicos básicos, de acuerdo a estudios del Comité Internacional de la Cruz Roja, la Iglesia Católica y la Universidad de los Andes. Sólo uno de cada cinco desplazados recibe atención médica y unos 300,000 niños desplazados no tienen acceso a la educación, señaló el Centro de Supervisión de Desplazamientos Internos, basado en Ginebra, en un informe en junio de 2006.  
 
Discretamente, el gobierno colombiano se ha distanciado de su política anterior, ampliamente criticada por observadores locales e internacionales, que había promovido el retorno de los desplazados a las comunidades de origen como su principal respuesta al desplazamiento. Pero el gobierno central se ha negado en algunos casos a otorgar reconocimiento a grupos que considera que están adoptando una “postura política” contra el gobierno. Como un asunto práctico, la negación de reconocimiento significa que la mayoría de desplazados retorna a sus hogares aún cuando la situación de seguridad no les permite un retorno seguro y digno.  
 
En respuesta a una resolución de la Corte Constitucional del 2004 que señalaba que el sistema gubernamental para asistir a los desplazados era inconstitucional, el gobierno colombiano aumentó sustancialmente su presupuesto para la protección y ayuda humanitaria de los desplazados.  
 
Un programa de asistencia financiado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y administrado por la Organización Internacional para las Migraciones y la Fundación Panamericana para el Desarrollo tuvo un inicio lento en el 2006.  
 
Acceso a un aborto legal  
En mayo del 2006, la Corte Constitucional de Colombia declaró que la penalización general del aborto vigente en el país violaba los derechos constitucionales de las mujeres, una decisión histórica para la región. La corte declaró que ni las mujeres ni los doctores pueden ser sancionados por buscar o facilitar abortos cuando se cumple una de tres condiciones: 1) el embarazo constituye un grave peligro para la salud o la vida de la mujer embarazada; 2) el feto tiene graves malformaciones genéticas; y 3) el embarazo es el resultado de violación o incesto.  
 
Defensores de derechos humanos y otros grupos vulnerables  
Los defensores de derechos humanos, así como líderes sindicales, periodistas y otros grupos vulnerables continúan siendo objeto de amenazas frecuentes, acoso y ataques por su trabajo legítimo. Las investigaciones de estos casos rara vez culminan en procesos penales o condenas.  
 
El Presidente Uribe una vez más hizo declaraciones atacando a los medios de comunicación por su legítima cobertura de temas públicos, señalando directamente a periodistas y publicaciones individuales, y acusándolos de ser deshonestos, maliciosos y peligrosos para las instituciones democráticas.  
 
El Ministerio del Interior tiene un programa de protección, establecido con financiamiento de los Estados Unidos, para resguardar a personas amenazadas. Sin embargo, algunas personas que han recibido protección se han quejado de sentirse intimidadas por los escoltas armados – que con frecuencia han sido agentes del DAS – asignados para acompañarlas.  
 
Principales actores internacionales  
Estados Unidos continúa siendo el actor extranjero más influyente en Colombia. En el 2006 otorgó cerca de US$800 millones al gobierno colombiano, principalmente como ayuda militar. Veinticinco por ciento de la ayuda de seguridad estadounidense está formalmente sujeta a condiciones de derechos humanos, pero las condiciones no han sido aplicadas en forma consistente. En el 2006 Estados Unidos también comenzó a brindar apoyo financiero para el proceso de desmovilización paramilitar, certificando el cumplimiento de Colombia de condiciones para tal ayuda establecidas por ley en los Estados Unidos.  
 
La Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la OEA, que está encargada de verificar el proceso de desmovilización, comenzó a ofrecer análisis más críticos en el año 2006, luego de haber dado declaraciones de apoyo casi incondicional al proceso en el pasado. Sin embargo, la eficacia de la Misión sigue estando limitada por el hecho de que ésta no está evaluando los procesos judiciales contra los paramilitares, ni verificando el progreso de las autoridades colombianas en el desmantelamiento de las complejas redes financieras y criminales de los paramilitares.  
 
Varios gobiernos europeos, incluyendo a los de Suecia y los Países Bajos, brindaron un financiamiento sustancial a la Misión de la OEA.  
 
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos está muy activa en Colombia, con presencia en Bogotá, Medellín, y Cali. A pesar de la alta calidad y trabajo profesional de la oficina, el gobierno colombiano la criticó en repetidas ocasiones durante el 2006. Luego de prolongadas negociaciones que duraron la mayor parte del año, el gobierno colombiano extendió el mandato de la oficina por un año más. Sin embargo, funcionarios gubernamentales, incluyendo al Vicepresidente Francisco Santos, señalaron que planeaban continuar negociando “ajustes” al mandato de dicha oficina.
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