"La seguridad física de los defensores de los derechos humanos debe tener la prioridad," dijo Michael Bochenek, abogado con la División de Derechos del Niño de Human Rights Watch. "Después de tomar medidas para garantizar la seguridad del personal de Casa Alianza en Guatemala, el Estado debe investigar al fondo estos ataques y amenazas repetidos".

Según información suministrada por Casa Alianza, un automóvil intentó en varias oportunidades de forzar al Lic. Dionicio Godínez a salirse de la autopista "El Naranjo" en la Zona 7 de la Ciudad de Guatemala en la mañana del 10 de septiembre del año en curso. El carro era verde, de cuatro puertas, con los vidrios polarizados y la placa P-346108. Ese mismo día, recibió una llamada de amenaza en el teléfono de su casa.

En la tarde del 26 de septiembre, dos hombres no identificados entraron al vehículo del Lic. Dionicio Godínez a la fuerza y trataron de robarlo mientras estaba estacionado frente a la sede del Programa de Apoyo Legal. El día anterior, el Lic. Dionicio Godínez recibió dos llamadas de amenazas en su teléfono celular.

En abril, personas no identificadas ingresaron a las oficinas de Casa Alianza a la fuerza, tirando al piso cientos de expedientes con información confidencial de los jóvenes de la calle con quienes se encuentran trabajando. Human Rights Watch escribió al Gobierno para solicitar una investigación a fondo sobre dicho acontecimiento, pero no recibió ninguna respuesta.

Casa Alianza tiene más de 400 casos criminales interpuestos ante el sistema judicial de Guatemala, muchos de estos en contra de policías y otras autoridades acusados de haber cometido violaciones a los derechos humanos de los niños de la calle. En una histórica sentencia, dictada en mayo en un caso presentado por Casa Alianza y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Estado Guatemalteco a pagar casi U.S. $500.000 y ofrecer otras reparaciones a las familias de cinco niños de la calle. La Corte había condenado el Estado de Guatemala por la tortura y la ejecución extrajudicial de los niños en un fallo emitido en 1999.