V. EDUCACION

A muchos niños de origen haitiano se les ha negado el acceso a la educación por carecer de documentos que acrediten su nacionalidad dominicana. Aunque la legislación de la república Dominicana no prohíbe a los niños indocumentados asistir a clase, en la práctica a muchos se les ha impedido de forma rutinaria la escolaridad.¹³⁶ En uno de los bateyes, los representantes de Human Rights Watch tuvieron ocasión de conversar con una joven analfabeta por culpa de estas barreras.¹³⁷ No cabe duda de que la denegación de la oportunidad de recibir educación limita gravemente las posibilidades de progreso de estas personas y las relega a futuros trabajos de baja categoría que requieran poca preparación.

Las escuelas primarias suelen ser más flexibles en cuanto a los requerimientos de documentación que las escuelas secundarias, aunque esto varía de distrito en distrito.¹³⁸ Con frecuencia, los alumnos no pueden continuar escolarizados en dos momentos críticos: uno, cuando se les deniega la inscripción para el examen nacional obligatorio para todos los estudiantes de octavo grado si quieren acceder a la enseñanza secundaria;¹³⁹ dos, al privarles del diploma correspondiente al final de la secundaria, un prerrequisito de la solicitud de entrada a la universidad.¹⁴⁰

A lo largo del pasado año, sin embargo, las autoridades dominicanas mostraron el alentador deseo de acabar con esas prácticas. El 1 de julio de 2001, la Vicepresidenta y Secretaria de Estado de Educación, Milagros Ortiz Bosch, anunció que en las escuelas ya no se exigiría a los alumnos la presentación de papeles de maternidad. La prensa citó las palabras de Ortiz calificando de racista la práctica anterior. Ortiz, además, señaló que a los niños no se les debería negar la educación por su raza o su nivel de pobreza.¹⁴¹

Lo que todavía queda por ver es el rigor con el que se aplicará lo anunciado por la Secretaria de Educación. Hasta el momento, y mientras algunos políticos siguen manteniendo una postura totalmente contraria a la apertura de las escuelas, el acceso a la educación de los niños indocumentados es aún precario.

Claubian Jean Jacques

El caso de Claubian Jean Jacques, un muchacho al que entrevistó Human Rights Watch, ilustra los obstáculos a los que deben hacer frente los niños de origen haitiano para obtener educación. Claubian, que en la actualidad tiene veinte años de edad, nació en La Lechería, un batey situado a las afueras de Santo Domingo.¹⁴² Sus padres, haitianos, llegaron a la República Dominicana en 1979 con un contrato temporal para cortar caña en la azucarera de Catarey. Como no tenían documentación dominicana, mientras Claubian fue bebé pensaron que sería imposible obtener papeles que acreditaran su identidad y no intentaron conseguirlos.

Cuando Claubian tuvo nueve años, sus padres lo llevaron a la escuela primaria de La Lechería. Allí le requirieron para que se identificara mediante documentos; aunque carecía de papeles, le permitieron matricularse.

En 1998, al acabar el octavo grado, Claubian se presentó al examen nacional obligatorio para todos los alumnos de octavo grado en la República Dominicana. Los funcionarios le pidieron sus papeles de maternidad y el respondió que su padre estaba tramitándola. El año anterior, el padre de Claubian había acudido al registro de Villa Altagracia para solicitar los documentos de identidad de su hijo. El funcionario le dijo que era imposible inscribir a Claubian si él mismo no podía demostrar su situación legal. Como el padre del muchacho carecía de documentación dominicana, volvió con las manos vacías. A pesar de ello, con la ayuda de MUDHA, una ONG con sede en Santo Domingo, la familia siguió intentando conseguir la documentación.

Claubian obtuvo un premio nacional por sus extraordinarios resultados escolares y se le reconoció como el mejor estudiante de los que se graduaban en 1998. El premio supuso que los medios de comunicación prestaran gran atención a su caso y a la difícil situación de los niños indocumentados. Cuando los titulares de los medios nacionales se ocuparon del asunto, la entonces Secretaria de Educación, Ligia Amada Melo, garantizó personalmente que Claubian no sería expulsado por carecer de papeles de maternidad.¹⁴³ Sin embargo, por no tener documentación, a Claubian le han advertido en varias ocasiones que no podrá graduarse de secundaria.

MUDHA ha emitido una petición a la oficina central del registro solicitando los papeles de maternidad de Claubian. Sin embargo, el caso está pendiente desde hace más de dos años. Hoy, cuando cursa el penúltimo grado de secundaria, Claubian teme que su esfuerzo haya sido en vano. El muchacho declaró a Human Rights Watch: "Si Dios me lo permite, tengo muchos planes. Me gustaría estudiar medicina".¹⁴⁴ El problema es que las universidades dominicanas ni tan siquiera aceptan las solicitudes de los estudiantes indocumentados. Sin documentación ni el diploma de secundaria, el futuro de Claubian está seriamente limitado.

Estándares internacionales

Internacionalmente se reconoce que la educación es un derecho fundamental de los niños y como tal queda recogido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y en la Convención sobre los Derechos del Niño.¹⁴⁵ Estas normas instan a los estados a esforzarse por hacer la educación pública accesible y disponible para todos los menores.

Además, los estados que proporcionan educación a los niños no pueden hacerlo de manera discriminatoria.¹⁴⁶ Las únicas distinciones posibles entre los niños tienen que estar basadas en criterios razonables y objetivos. De acuerdo con las normas de no discriminación, la República Dominicana no puede negar de forma arbitraria la educación a un determinado grupo de niños. Y, por ejemplo, negarla por razón de raza es, sin duda, un criterio arbitrario.¹⁴⁷

En virtud de la Convención Relativa a la Lucha Contra la Discriminación en la Esfera de la Enseñanza, ratificada por la República Dominicana, coartar el acceso de los no ciudadanos a la educación es injustamente discriminatorio.¹⁴⁸ Del mismo modo, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales especifica, respecto a la educación, que "el principio de la no discriminación se aplica a todas las personas en edad escolar que residan en el territorio de un Estado Parte, comprendidos los no nacionales y con independencia de su situación jurídica".¹⁴⁹ Aunque, como pone de manifiesto el caso de Claubian Jean Jacques, muchos de los descendientes de haitianos a los que afectan las restricciones aplicadas por la República Dominicana son en realidad ciudadanos dominicanos, tampoco tiene justificación la limitación al derecho a ser escolarizados que se impone a los niños no ciudadanos.

Además de violar los estándares internacionales, impedir que los niños no ciudadanos tengan acceso a la educación demuestra falta de sensibilidad y previsión. Estas restricciones marcan a los niños para el resto de sus vidas y perpetúan sin razón las diferencias existentes.