A fines de 2022, el gobierno chino concluyó de manera abrupta su política draconiana sobre “COVID cero”. Dado que gran parte de la población y del sistema de salud no estaban preparados, aumentaron los contagios, las hospitalizaciones y las muertes por COVID-19. En diciembre de 2022 el gobierno estimó oficialmente que había 60.000 “muertes en exceso”, pero un un estudio académico estadounidense situó esa cifra en 1,87 millones de muertes entre diciembre de 2022 y enero de 2023. Debido a la censura grave, el verdadero impacto seguirá siendo un dato desconocido.
A diez años de iniciada la gestión del presidente Xi Jinping, en todo el país la represión se profundiza. El gobierno chino persiste en sus políticas abusivas contra uigures y otros musulmanes túrquicos en Xinjiang, que constituyen crímenes de lesa humanidad. Tanto en el Tíbet como en Xinjiang, quienes se contactan con familiares y amistades en el extranjero o defienden su cultura, idioma y religión se exponen ser tratados como “separatistas”, y a algunas de estas personas se les han impuesto severas penas de prisión. En China, el gobierno sigue estableciendo controles sociales cada vez más férreos. No existe la sociedad civil independiente, e incluso se eliminan los pequeños resabios de libertad. En Hong Kong, el gobierno chino asumió control pleno de la ciudad desde que, en 2020, impuso la Ley de Seguridad Nacional.
La lista de objetivos políticos del gobierno chino sigue ampliándose. Incluso quienes trabajan para entidades extranjeras en ciudades cosmopolitas de China están en la mira, en un contexto en el cual, en julio, se incorporaron reformas a una ley de “contraespionaje” y en el que el Ministerio de Seguridad del Estado alienta a la población a denunciar a presuntos espías.
A medida que la economía se desacelera, han surgido pequeñas protestas, como las que realizaron personas jubiladas en el mes de febrero contra los recortes en su seguro de salud. La aspiración de una sociedad más justa sigue muy arraigada en muchas personas, sobre todo aquellas que han enfrentado injusticias, como mujeres; personas lesbianas, gais, bisexuales y transgénero (LGBT); tibetanos; uigures; personas que viven en Hong Kong; y quienes están en los estratos inferiores de la jerarquía socioeconómica. Algunas personas que se exiliaron se organizaron en movimientos activistas de la diáspora.
En noviembre, multitudes de personas en todo el país expresaron profunda congoja por la muerte inesperada del ex primer ministro Li Keqiang, a los 68 años. Para muchos, Li representaba una China más dinámica en términos económicos, en contraste con Xi, quien priorizó el control social y está llevando a China por una vía de retroceso.
Libertad de expresión
Mediante leyes y reglamentaciones, castigos penales, hostigamiento, intimidación y el uso de la tecnología, el gobierno chino opera uno de los regímenes de censura más severos del mundo.
En abril, después de tres años detenido, las autoridades liberaron a Fang Bin, un empresario de Wuhan que estuvo entre los primeros en denunciar el brote de COVID-19. Sin embargo, sigue bajo custodia de las autoridades la activista y ex abogada Zhang Zhan, de Shanghái, que se desplazó a Wuhan en febrero de 2020 para informar sobre el brote. En julio de 2023, las autoridades la trasladaron a un hospital penitenciario debido al deterioro de su estado de salud.
Las autoridades liberaron bajo fianza a algunos manifestantes que participaron en las protestas del Libro Blanco a fines de 2022, entre ellos Cao Zhixin, Li Yuanjing, Zhai Dengrui y Li Siqi. No obstante, en marzo, un tribunal condenó a la estudiante universitaria uigur Kamile Wayit a tres años de cárcel por “promover el extremismo” tras compartir en internet un video de las protestas. Se desconoce cuántos manifestantes más siguen detenidos.
En abril, agentes de seguridad del Estado chinos arrestaron al político independentista taiwanés Yang Chih-yuan, quien vivía en la provincia de Zhejiang, por presunta “secesión”.
En mayo, el gobierno chino multó a una empresa de contenidos de comedia con 14,7 millones de Renminbis (cerca de USD 2 millones) por una broma expresada por el humorista de stand-up Li Haoshi, que comparó al Ejército de Liberación Popular con perros. Ese mismo mes, Weibo suspendió a un comediante malasio conocido como Uncle Roger por bromear sobre la vigilancia que lleva a cabo el gobierno chino y los reclamos de soberanía sobre Taiwán.
En agosto, un tribunal en la provincia de Guizhou condenó al ex profesor de economía Yang Shaozheng a 4 años y medio de cárcel por “incitar a la subversión” después de que planteara inquietudes sobre el elevado costo anual que representa el personal gubernamental en China.
En septiembre, el gobierno chino publicó un proyecto de reglamentación que, de aprobarse, criminalizaría a quienes usen vestimenta en público que “ofenda los sentimientos del pueblo chino”. La reglamentación parece estar dirigida a quienes usan prendas de vestir japonesas o artículos que cuestionan las normas de género.
El gobierno chino sigue utilizando empresas tecnológicas para implementar la censura. Tras el derrumbe de un techo en la provincia de Heilongjiang que provocó la muerte de 10 niños y del entrenador de un equipo de vóleibol de escuela secundaria, las autoridades actuaron rápidamente para censurar las expresiones efusivas de dolor, incluidos los nombres de los niños fallecidos.
En abril, un equipo de investigadores descubrió que las plataformas de búsqueda de China utilizan 60.000 reglas para censurar contenidos en línea; la censura política de mayor alcance entre los motores de búsqueda web fue la de Bing, de Microsoft, que si bien tiene menos reglas, estas son más amplias y afectan a más resultados de búsqueda que las reglas aplicadas por empresas chinas como Baidu. Bing indicó que “analizaría los hallazgos”. En agosto, Apple habría retirado más de 100 aplicaciones de Inteligencia Artificial (IA) generativa de la tienda de aplicaciones de China cuando Pekín reprimió nuevas tecnologías, en parte para mantener el control social. Apple manifestó que estas aplicaciones “incluyen contenidos que son ilegales en China”. En mayo, LinkedIn anunció que eliminaría gradualmente su aplicación para China, InCareer, y se convirtió así en la última plataforma de redes sociales estadounidense que cierra en China.
En mayo, el medio Wall Street Journal reveló que empleados de TikTok, que pertenece a la sociedad china ByteDance, presuntamente monitoreaban contenidos consultados por usuarios, incluidos quienes miraban contenidos LGBT. TikTok indicó que había puesto fin a tales prácticas y que “salvaguardar la privacidad y seguridad” de los usuarios es una de sus “principales prioridades”. Esto ocurre tras la revelación, en diciembre de 2022, de que la compañía rastreó a periodistas estadounidenses que vertían críticas sobre TikTok, lo cual la compañía atribuyó a “la mala conducta de ciertas personas” que ya no integraban su plantilla de personal.
Libertad de religión
El control estatal sobre la religión se ha intensificado desde 2016, cuando el presidente Xi instó a la “sinización” de las religiones. La policía interceptó, detuvo y hostigó a líderes y miembros de diversos grupos religiosos “ilegales”, incluidas “casas de culto” (congregaciones que se niegan a unirse a iglesias oficiales católicas y protestantes). Las autoridades también interrumpen sus actividades pacíficas, ya sea que estén predicando o dirigiendo campamentos de verano para niños y niñas, y directamente prohíben a estos grupos.
Además de disponer qué constituye una actividad religiosa lícita, las autoridades ahora intentan reconfigurar de manera integral a las religiones para que sean congruentes con la ideología del partido y promuevan la lealtad al partido y a Xi.
En las provincias donde hay una alta proporción de personas musulmanas, las autoridades han cerrado, demolido o retirado los minaretes y las cúpulas de las mezquitas para “sinizarlas” o eliminar influencias extranjeras. En la provincia de Yunnan, las autoridades retiraron elementos islámicos de la mezquita de Najiaying, lo que generó una protesta poco habitual en la que participaron cientos de musulmanes hui en el mes de mayo.
En septiembre entraron en vigor las medidas relativas a la Administración de Lugares de Actividad Religiosa. Imponen más restricciones a las actividades religiosas, y exigen que en los lugares de culto se adoctrine a los fieles con la ideología del Partido Comunista Chino, y se les prohíba “crear conflictos… entre sectas” y recibir fondos que no sean los aprobados por el estado.
En julio, el gobierno chino transfirió al obispo católico Joseph Shen Bin para que dirigiera la diócesis de Shanghái, que estaba vacante, sin consultar sobre esto al Vaticano, lo cual viola el acuerdo de 2018 entre China y la Santa Sede. Si bien el Vaticano protestó de manera pública por la decisión de Pekín, luego aprobó la medida y ha permanecido mayormente en silencio ante la persecución religiosa de Pekín.
Ataques a defensores de derechos humanos
Defensores de derechos humanos y críticos del gobierno continúan siendo objeto de persecución.
En enero, las autoridades liberaron al abogado de derechos humanos Tang Jitian después de que estuviera en condiciones de desaparición forzada durante 398 días. En marzo, un tribunal de Guangxi condenó al abogado de derechos humanos Qin Yongpei a cinco años de cárcel por “incitar a la subversión del poder del Estado”. En abril, un tribunal de la provincia de Shandong condenó al destacado jurista Xu Zhiyong y al abogado de derechos humanos Ding Jiaxi a 14 y 12 años de prisión, respectivamente, por “subversión del poder del Estado”.
En abril, las autoridades arrestaron al abogado de derechos humanos Yu Wensheng y a su esposa, Xu Yan, mientras se dirigían a una reunión con el embajador de la UE en Pekín. Dispusieron el arresto domiciliario de los abogados de derechos humanos Wang Quanzhang, Wang Yu y Bao Longjun. Entre mayo y junio, la policía hostigó y obligó a Wang y a su esposa, Li Wenzu, a tener que mudarse de vivienda 13 veces.
En mayo, un tribunal de Guangzhou condenó al destacado activista de derechos humanos Guo Feixiong a ocho años de cárcel por “incitar a la subversión del poder del Estado”. Guo fue arrestado en enero de 2021 en el aeropuerto de Shanghái cuando intentaba viajar para visitar a su esposa, que se encontraba gravemente enferma en Estados Unidos y que falleció un año después.
También en mayo, el periodista en el exilio Yang Zewei desapareció de su vivienda en Laos y reapareció detenido en la provincia de Hunan. En julio, la policía laosiana detuvo al abogado de derechos humanos Lu Siwei mientras se dirigía a Tailandia. Pese a los reclamos de expertos de la ONU, el 15 de septiembre, Laos deportó a Lu a China, donde se encuentra a la espera de juicio por “cruzar ilegalmente la frontera”.
Hong Kong
Desde que Pekín impuso la Ley de Seguridad Nacional, que tiene contenido draconiano, en junio de 2020, las libertades se han reducido de manera drástica. Las autoridades de Hong Kong detuvieron al menos a 279 personas presuntamente por violar esa ley y la ley de sedición del período colonial. En el momento en que se redactó el presente informe, los enjuiciamientos en virtud de la Ley de Seguridad Nacional tenían una tasa de condenas del 100%.
En julio, comenzó el juicio de alto perfil contra 47 políticos democráticos por acusaciones relacionadas con la seguridad nacional. Otro juicio de seguridad nacional, contra el magnate de los medios Jimmy Lai, de 75 años, estaba programado para empezar el 18 de diciembre. En octubre, cuatro ex líderes estudiantiles de nivel universitario fueron condenados a dos años de cárcel por “incitación a causar heridas de manera deliberada”. Fueron encarcelados por presidir una asamblea del consejo estudiantil en 2021 en la que se aprobó una resolución que anunciaba el luto por un hombre que se suicidó después de herir a puñaladas a un policía.
En junio, el gobierno de Hong Kong intentó obtener una orden judicial para prohibir la transmisión y distribución de la canción de protesta “Gloria a Hong Kong”. La justicia negó el pedido en julio, pero el gobierno apeló la decisión. En agosto, un tribunal condenó a un hombre a tres meses de cárcel por “insultar” el himno nacional chino después de que reemplazara el audio con “Gloria a Hong Kong” en un video publicado en línea.
Desde 2020, el gobierno de Hong Kong ha quitado de las bibliotecas públicas varios cientos de títulos que calificó como “políticamente sensibles”. En julio, estableció un canal que alentó al público a denunciar publicaciones que puedan “poner en peligro la seguridad nacional”. En el mes de septiembre, la policía acusó a un hombre de “sedición” por presuntamente haber recibido desde el exterior 18 copias de un libro infantil a favor de la democracia, titulado Sheep Village.
La autocensura se ha vuelto incluso más frecuente. En febrero, la plataforma de streaming de Disney en Hong Kong quitó de la programación un episodio de Los Simpson en el que se mencionaban campos de trabajo forzoso en China.
Desde junio de 2020, no se han celebrado concentraciones públicas masivas en Hong Kong. En marzo, la policía en un primer momento permitió una protesta en el Día Internacional de la Mujer, pero la organizadora canceló la manifestación después de que las autoridades policiales declararan, sin dar precisiones, que era posible que se sumaran “grupos violentos” a la protesta. Los organizadores decidieron cancelar una protesta programada para el Día Internacional de los Trabajadores en el mes de abril después de que la policía de seguridad nacional detuviera por un período breve a uno de los organizadores.
Los objetivos de la represión del gobierno se han extendido más allá de las fronteras de Hong Kong. En julio, la policía emitió órdenes de detención infundadas y autorizó recompensas con respecto a ocho políticos y activistas exiliados que residen en el extranjero por delitos tipificados en la Ley de Seguridad Nacional. La policía inmovilizó sus cuentas bancarias, interrogó a familiares que viven en Hong Kong y allanó las viviendas de activistas asociados con esas personas.
En noviembre, una mujer de Hong Kong fue condenada a dos meses de cárcel por “sedición” debido a publicaciones que realizó en redes sociales mientras estudiaba en una universidad en Japón. En 2023, las autoridades de inmigración negaron el ingreso a tres periodistas y artistas japoneses críticos con el gobierno de Hong Kong.
Hubo algunos avances en cuanto a derechos de las personas LGBT. En febrero, el Tribunal Supremo de Apelación dictaminó la inconstitucionalidad del requisito establecido por el gobierno de que los hombres transgénero se sometan a una “cirugía de reasignación sexual completa” para cambiar de género. En septiembre, el tribunal superior ordenó al gobierno que estableciera un marco legal para reconocer a las parejas del mismo sexo.
Xinjiang
Pekín continúa perpetrando abusos masivos en Xinjiang, que Human Rights Watch ha concluido que constituyen crímenes de lesa humanidad. Aunque algunos campamentos de educación política habrían cerrado, se estima que medio millón de uigures y otros musulmanes túrquicos permanecen encarcelados, luego de ser detenidos durante la represión china como parte del “Golpe duro al terrorismo violento” que comenzó en 2017. No ha habido liberaciones masivas. En septiembre, un tribunal condenó a prisión perpetua a la destacada antropóloga uigur Dra. Rahile Dawut sobre la base de cargos espurios por delitos contra la seguridad del Estado. Muchas personas uigures en el extranjero siguen teniendo poco o ningún contacto con familiares en Xinjiang.
Las autoridades de Xinjiang están asimilando de manera forzosa a las personas uigures, incluso a través de la sinización del Islam. El gobierno ha estado realizando acciones de promoción del turismo en la región, y presenta una versión depurada y controlada de la cultura uigur al turismo interno.
En agosto, el presidente Xi visitó Xinjiang poco antes del primer aniversario de que las Naciones Unidas emitieran un informe lapidario detallando abusos generalizados en Xinjiang, incluidos ataques contra prácticas culturales y religiosas, separación familiar, detenciones y arrestos arbitrarios, violaciones sexuales, tortura y desapariciones forzadas, y en el cual se concluyó que las políticas de Pekín en la región “podrían constituir crímenes de lesa humanidad”. Xi pronunció que sus políticas en Xinjiang eran un “éxito”.
En febrero y abril, dos hombres uigures murieron luego de estar nueve años detenidos a disposición de las autoridades migratorias tailandesas, lo que puso de manifiesto el calvario que atraviesan las personas uigures que quedan atrapadas en países susceptibles a la influencia de Pekín, incluso después de huir del país.
El Tíbet
Las autoridades de zonas tibetanas aplicaron restricciones severas a las libertades de religión, expresión, circulación y reunión. Los tibetanos que se expresan sobre temas como la reubicación masiva, la degradación ambiental o la eliminación gradual del idioma tibetano en la educación primaria enfrentan represión. Los funcionarios locales están obligados a educar al público para que “obedezca la ley”, y se ofrecen recompensas en efectivo a ciudadanos que estén dispuestos a informar sobre otros. Tener contenidos prohibidos en el teléfono o incluso contactarse con personas tibetanas en el exilio puede dar lugar a la detención. Geshe Phende Gyaltsen, un monje que gozaba de amplio reconocimiento, y que fue detenido mientras se encontraba en buen estado de salud por la policía del condado de Litang en marzo de 2022, murió bajo custodia policial en enero de 2023.
En junio de 2023, un grupo de relatores especiales de las Naciones Unidas solicitó información sobre los casos de seis personas tibetanas detenidas por tener en su poder fotos del líder religioso exiliado dálai lama. El gobierno chino no ha ofrecido una respuesta.
Derechos de mujeres y niñas
El 1 de enero entraron en vigor revisiones a la Ley de Protección de los Derechos e Intereses de las Mujeres de 1992, que aborda la discriminación y el acoso sexual en el lugar de trabajo. Sin embargo, las víctimas todavía enfrentan dificultades al intentar obtener rendición de cuentas, mientras que especialistas en derecho han cuestionado la eficacia de las enmiendas.
En gran parte debido a la política de “un solo hijo” vigente durante décadas, por primera vez en seis décadas las muertes superaron en número a los nacimientos en China. Algunos gobiernos locales han empezado a promover los nacimientos, incluidas recompensas en efectivo para las novias de hasta 25 años de edad en el condado de Zhejiang y los planes de subsidios a los nacimientos en varias ciudades chinas. La redacción oficial de algunas leyes y políticas sugiere que se asigna un papel restrictivo a las mujeres. Las enmiendas a la Ley de Protección de los Derechos e Intereses de la Mujer, por ejemplo, indican a las mujeres que deben “respetar la moral social… y los valores familiares”.
La Asociación de Tenis Femenino regresó a China en septiembre y puso fin así a la suspensión de torneos en el país después de que Peng Shuai, tres veces campeona olímpica y de dobles de Grand Slam, acusara al ex viceprimer ministro Zhang Gaoli de abuso sexual en 2021.
La periodista Huang Xueqin y el activista por los derechos laborales Wang Jianbing fueron procesados formalmente por la justicia de Guangzhou en el mes de septiembre en relación con “incitar a subvertir el poder del Estado” debido a su participación protagónica en el movimiento #MeToo.
Orientación sexual e identidad de género
Personas LGBT y activistas de derechos humanos han experimentado un aumento del acoso y la censura.
En febrero, dos estudiantes de la Universidad de Tsinghua presentaron una demanda contra el Ministerio de Educación después de que autoridades escolares les aplicaran sanciones en julio de 2022 por colocar banderas arcoíris en el supermercado de un campus.
Una de las organizaciones LGBT más antiguas de China, el Centro LGBT de Pekín, anunció repentinamente su cierre debido a “fuerza mayor” en mayo. Este es el último de una serie de cierres forzados de organizaciones LGBT desde 2019.
El 22 de agosto, fecha en que se celebra la versión china del Día de San Valentín, conocida como Qixi, varias organizaciones LGBT, incluidas TransBrotherhood China, Beijing Lesbian Centre, y la sede en Pekín de Trueself, así como otras cuentas públicas de la comunidad, entre ellas Beijing Lala Salon, Wandouhuang, Transtory, Outstanding Partners, Ace y Flying Cat Brotherhood, advirtieron que WeChat había prohibido sus cuentas. Esto ocurre luego de que WeChat eliminara decenas de cuentas de redes sociales LGBT gestionadas por estudiantes universitarios en 2021.
Derechos de las personas con discapacidad
En un caso que logró captar el interés nacional, un tribunal de la provincia de Jiangsu condenó, en abril, a Dong Zhimin a nueve años de prisión por haber encerrado injustamente a una mujer con esquizofrenia, Xiaohuamei. En 2022, un internauta filmó a Xiaohuamei encadenada por el cuello en un cobertizo precario. En reiteradas ocasiones, funcionarios locales intentaron restringir las pesquisas de los activistas sobre sus orígenes, pero se cree que habría sido objeto de trata, vendida a Dong, mantenida en condiciones de esclavitud sexual —en las cuales dio a luz a ocho niños— y encadenada durante años. El caso de Xiaohuamei es un ejemplo poco común en el que se ha descubierto el encadenamiento de personas con discapacidades psicosociales reales o percibidas —a menudo debido a servicios de salud mental o apoyo inadecuados— y se ha castigado a sus autores.
Política sobre cambio climático e impactos
Como mayor emisor mundial de gases de efecto invernadero, con emisiones per cápita que ocupan el puesto 11 entre las naciones del G20, China está contribuyendo a la crisis climática y al impacto creciente que esta tiene para los derechos humanos en todo el mundo. China es el mayor productor y consumidor de carbón del mundo, y cada año quema más carbón que todo el resto del mundo combinado. Es el mayor importador de petróleo y gas. Un banco chino fue la principal fuente de financiamiento de combustibles fósiles entre 2016 y 2022. Los planes de China para seguir incrementando la producción de combustibles fósiles son incompatibles con las obligaciones de derechos humanos que tiene el país, y que requieren que todos los gobiernos eliminen gradualmente los combustibles fósiles.
A pesar de que se establecieron objetivos mejorados, Climate Action Tracker califica el objetivo de reducción de emisiones internas de China como “muy insuficiente” para cumplir la meta expresada en el Acuerdo de París de limitar el calentamiento global a 1,5 grados centígrados por encima de los niveles preindustriales.
China tiene una posición de liderazgo mundial en la producción de energía renovable. También procesa la gran mayoría de los minerales y metales necesarios para fabricar baterías y para otras tecnologías de energía renovable. Algunos de estos materiales son fabricados por empresas en Xinjiang, lo que genera el riesgo de que haya nexos con trabajo forzado. Por ejemplo, equipos de investigación han documentado los vínculos entre la producción de polisilicio, un material clave para la producción solar, y el trabajo forzado en Xinjiang.
Actores internacionales clave
El fin de la política sobre “COVID cero” de China provocó una serie de visitas de alto nivel al país a lo largo del año, desde el canciller alemán Olaf Scholz hasta el presidente brasileño Lula da Silva. Pocas de estas personas plantearon públicamente consideraciones de derechos humanos.
Diplomáticos que tienen una postura amistosa con el gobierno chino, pertenecientes a Indonesia, Irán, México, Corea del Norte y Arabia Saudita, entre otros, y representantes de la Liga de los Estados Árabes y académicos islámicos, visitaron Xinjiang como parte de giras de propaganda del gobierno chino. El Ministerio de Relaciones Exteriores de China y medios estatales informaron que estas visitas confirmaron la “paz” y la “felicidad” en toda la región.
El gobierno alemán publicó una estrategia sobre China, largamente esperada, que planteó una perspectiva mesurada de los vínculos con Pekín.
En junio, varios jefes de Estado de la Unión Europea reiteraron su preocupación por la situación de China, pero no iniciaron nuevas acciones. Muchas organizaciones de derechos humanos cuestionaron la relevancia de la reanudación, en febrero, del diálogo de la UE sobre derechos humanos con China. En octubre, el principal diplomático de la UE, Josep Borrell, visitó Pekín, y en diciembre, la UE y el gobierno chino celebraron una cumbre UE-China.
En la UE, avanzaron esfuerzos en el proceso legislativo para la adopción de normas sobre diligencia debida en materia de medioambiente y derechos humanos para las empresas, y sobre la prohibición de que los productos fabricados mediante trabajo forzado se importen al mercado de la UE o se exporten desde este. Si bien ninguna de las medidas es específica de los países, las restricciones a la importación pueden ser claves para evitar que se importen tales productos de Xinjiang.
En mayo, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, instó a realizar un “seguimiento concreto” del informe elaborado en agosto de 2022 por su organismo sobre violaciones graves por parte del gobierno chino en Xinjiang. Sin embargo, todavía no ha informado al Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre el informe ni ha indicado qué tipo de “seguimiento concreto” pretende realizar para avanzar en la implementación de las recomendaciones expresadas en el informe o poner fin a los abusos.
Desde la entrada en vigor en junio de 2022 de la Ley de Prevención del Trabajo Forzado de Personas Uigures, funcionarios aduaneros de Estados Unidos habían negado el ingreso, al 29 de noviembre de 2023, de mercancías por valor de USD 561 millones debido a sospechas de vínculos con el trabajo forzado en Xinjiang u otros lugares de China.
Las empresas extranjeras en China experimentaron una presión sin precedentes durante 2023. En abril, el gobierno chino efectuó varias enmiendas imprecisas a la Ley contra el Espionaje, y esto dejó a las empresas extranjeras en la incertidumbre de si las prácticas comerciales que hasta entonces eran aceptables ahora serían constitutivas de delitos. En marzo, las autoridades chinas allanaron la oficina en Pekín de la consultora estadounidense de debida diligencia empresarial Mintz Group, y detuvieron a personal de esta. En abril, las autoridades allanaron la oficina en Shanghái de la empresa de consultoría global Bain. En junio, las autoridades obligaron a integrantes del personal de las entidades financieras Franklin Templeton y BlackRock a asistir a clases sobre el “Pensamiento Xi Jinping”.
Política exterior
En 2023, Pekín lanzó su nueva Iniciativa de Seguridad Global, la Iniciativa de Desarrollo Global y la Iniciativa de Civilización Global, cada una diseñada para cuestionar las normas e instituciones existentes sobre gobernanza, seguridad y derechos humanos a nivel mundial.
El programa anterior sobre desarrollo global insignia de Xi, la Iniciativa de la Franja y la Ruta, que ha recibido críticas por falta de transparencia y violaciones de derechos, se ha reducido en cuanto a alcance. Pero el mandatario continúa forjando coaliciones sólidas con el Sur Global, lo que incluye priorizar la asistencia a cumbres como BRICS en Sudáfrica.
Xi siguió prestando apoyo crucial a Rusia a pesar de las sanciones internacionales impuestas a ese país por su invasión a gran escala de Ucrania. Poco después de que la Corte Penal Internacional emitiera una orden de detención contra el presidente ruso Vladimir Putin en el mes de marzo, Xi viajó a Moscú para reunirse con Putin. En septiembre, Xi recibió en Pekín al presidente sirio, Bashar al-Assad, presuntamente implicado en crímenes de guerra.
Los esfuerzos desplegados por el gobierno chino para silenciar a críticos en otros países concitaron atención renovada por parte de gobiernos, incluida la acusación formal del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra 40 funcionarios de la policía china.
Los diplomáticos chinos persistieron en su campaña para silenciar las críticas con respecto al expediente de derechos humanos del gobierno y para debilitar a organismos de derechos humanos de la ONU. Interceptaron y hostigaron a representantes de la sociedad civil en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. En septiembre, diplomáticos chinos enviaron una nota verbal desalentando la asistencia gubernamental a un evento de la sociedad civil enfocado en Xinjiang que se llevaría a cabo paralelamente a la Asamblea General de la ONU, y otra con un mensaje similar a las misiones en Ginebra sobre un evento relativo a la libertad de prensa en Hong Kong.