Casi todos los países del mundo juegan un papel –ya sea como productores, consumidores o puntos de tránsito— en el multimillonario negocio del tráfico de drogas ilícitas, que abastece a más de 150 millones de personas cada año y sigue creciendo.
Para combatir este comercio, en las últimas décadas, muchos países han puesto en marcha “guerras contra las drogas”, que han supuesto la represión de participantes, grandes y pequeños, en el negocio de las drogas, y en algunos casos severas sanciones para los consumidores.
Human Rights Watch lleva mucho tiempo documentando los abusos generalizados contra los derechos humanos que este enfoque ha producido: en Estados Unidos, los estragos que han causado las desproporcionadas penas de prisiónpor los delitos de drogas en individuos y sus familias, así como inquietantes disparidades racialesen la aplicación de las leyes antidrogas; en México, los asesinatoscometidos en nombre de la lucha contra el narcotráfico; en Canadá, EE.UU.y Rusia, cómo el miedo a medidas represivas desalienta a usuarios de drogas a acceder a servicios de salud necesarios y los expone a la violencia, la discriminación y a enfermedades; en Afganistán y Colombia, cómo la producción de narcóticos ha fortalecido a grupos armados que se oponen o son afines al gobierno; en India, Ucrania y Senegal, cómo pacientes con cáncer sufren dolores severos debido a las estrictas regulaciones de control de drogas que hacen que la morfina sea prácticamente inaccesible; y en China, Vietnam y Camboya, reportamos “centros de rehabilitación para drogodependientes”, donde las personas son sometidas a la tortura, el trabajo forzado y el abuso sexual.
Pero dentro de Human Rights Watch muchos teníamos la convicción cada vez mayor de que este enfoque no iba lo suficientemente lejos; de que el problema no se limitaba simplemente a políticas inadecuadas o a su ejecución abusiva. Más bien, la criminalización de las drogas en sí parecía ser intrínsecamente problemática. Especialmente en los casos de posesión y consumo personal, la imposición de toda la fuerza del sistema de justicia penal para arrestar, juzgar y encarcelar parece contradecir los derechos humanos a la privacidad y la autonomía personal que subyacen a muchos derechos.
El fuerte énfasis internacional en perseguir penalmente la producción y distribución de drogas también estaba incrementando drásticamente la rentabilidad de los mercados de drogas ilícitas, a su vez alimentando el crecimiento y las operaciones de grupos que cometen atrocidades, corrompen a las autoridades y socavan la democracia y la justicia en muchos países.
En mi propio trabajo como investigadora de Human Rights Watch en Colombia entre 2004 y 2010, me había quedado claro que el mercado ilegal de drogas es un factor importante en la prolongada guerra que se libra en el país y en la que participan grupos guerrilleros de la izquierda, grupos paramilitares de la derecha y fuerzas de seguridad.
Ciertamente, los altísimos niveles de abusos en Colombia –masacres, asesinatos, violaciones, amenazas y secuestros que habían desplazado a más de 3 millones de personas en esa época—tenían raíces que iban más allá del narcotráfico y se remontaban a antes de la explosión del mercado de la cocaína en los años 70. Pero la mayoría de los grupos armados en Colombia se habían beneficiado de una manera u otra del comercio ilegal. Los paramilitares, en particular, se habían convertido en algunos de los capos más importantes del país. A menudo, amenazaban o asesinaban a personas que vivían en tierras que querían controlar para producir coca o como corredores de transporte de drogas. Las ganancias del narcotráfico ayudaban a pagar por sus armas y uniformes, los salarios de sus “soldados” y sobornos a funcionarios públicos para evadir la justicia por sus delitos.
A medida que íbamos documentando las atrocidades, hacíamos llamados a favor de la justicia y presionábamos a EE.UU. para que hiciera cumplir condiciones de derechos humanosa la vez que confería su asistencia (EE.UU. le proporcionó a Colombia más de US$5.000 millones mayoritariamente en ayuda militar entre 2000 y 2010), se volvió cada vez más difícil ignorar el hecho de que muchos de los abusos por cuyo fin abogábamos, inevitablemente continuarían de una forma u otra a menos que cambiara la política de drogas en EE.UU. y el resto del mundo.
Mi trabajo posterior sobre la política de EE.UU. hacia países como Afganistán y México y sobre el sistema de justicia penal de EE.UU., sólo reforzó mi opinión –que otros en Human Rights Watch compartían— de que la penalización de las drogas es intrínsecamente incompatible con los derechos humanos.
Después de mucha discusión, Human Rights Watch adoptó en 2013 una política que insta a los gobiernos a despenalizar el consumo personal y la posesión de drogas. También les urgimos a evaluar –y potencialmente adoptar – políticas alternativas de cara al narcotráfico para reducir el enorme daño a los derechos humanos que causan las políticas actuales. El cambio es urgente, como lo han demostrado reiteradamente nuestras investigaciones.
Medellín: Cuanto más cambian las cosas, más siguen igual
Alex Pulgarín sabía mucho sobre el poder que el narcotráfico le podía conferir a los criminales, y el daño que podía infligir.
Cuando lo entrevisté en 2007, era un joven de 30 años con una sonrisa fácil que aparentaba menos edad, pero que hablaba con la confianza de un jugador experimentado en la complicada política de su ciudad, Medellín, un importante centro para el comercio de cocaína de Colombia.
Cuando era niño en la década de 1980, Alex presenció la sangrienta “guerra” que el infame capo de la droga en Medellín Pablo Escobar libró contra el gobierno de Colombia, en su intento por conseguir una prohibición a las extradiciones a EE.UU. Los coches bomba, secuestros de aviones y frecuentes asesinatos que Escobar ordenó hicieron que Medellín se ganara la reputación de “la capital mundial del asesinato”.
Muchos se alegraron cuando fuerzas de seguridad colombianas, junto con el apoyo de EE.UU., mataron a Escobar en 1993. Pero el derramamiento de sangre no terminó ahí. Mientras el mundo dirigía su atención a otra parte, otros llenaron discretamente los zapatos del capo.
Uno de ellos era Diego Murillo, también conocido como “Don Berna” o “Berna”, un antiguo rival de Escobar que en la década de los 90 construyó su propio imperio del narcotráfico en Medellín, forjando estrechos vínculos con los paramilitares. Siendo un adolescente de un barrio de bajos ingresos, Alex vio cómo muchos de sus compañeros acababan atrapados en un ciclo aparentemente interminable de brutalidad y muerte, conforme Berna y otros luchaban por el control de la ciudad.
Pero cuando entrevisté a Alex, funcionarios de la ciudad estaban proclamando que Medellín había pasado página. El gobierno y los paramilitares habían anunciado un “acuerdo de paz”, y cientos de jóvenes habían entregado armas en ceremonias de “desmovilización”, inscribiéndose a programas para recibir estipendios del gobierno. Los ex jefes paramilitares recibirían sentencias de prisión reducidas. Las tasas de homicidio bajaron a sus niveles más bajos en años.
Entre los que supuestamente se desmovilizaron figuraba Berna. Varios de sus hombres formaron la Corporación Democracia, un grupo con la supuesta misión de trabajar con la ciudad para ayudar a que los paramilitares desmovilizados recibieran educación y empleo para reintegrarse en la sociedad.
Pero Alex contaba una historia diferente. La corporación, dijo, era un frente para el crimen organizado, todavía bajo el control de Berna. El respaldo del gobierno le daba a la corporación una imagen de legalidad, permitiéndole ejercer influencia política, a la vez que mantenía su dominio implacable sobre gran parte de la ciudad. “Una paz con el arma en el cuello”, en palabras de Alex.
Un líder de la Corporación Democracia, Antonio López (conocido como “Job”), había ordenado a sus cómplices que mataran a los desmovilizados que le desobedecieran, especialmente a los “coordinadores” designados como representantes de los desmovilizados en cada barrio. Otros confirmaronlo que me dijo Alex: la aparente paz que reinaba en Medellín no se debía a la desmovilización de Berna, sino más bien al resultado de su monopolio sobre el crimen en la ciudad después de derrotar a la mayoría de los grupos rivales. Y él estaba reteniendo ese control, en parte, a través de la Corporación Democracia.
Si bien Alex conocía a mucha gente en el mundo de la delincuencia local, él tomó un camino diferente. Se había convertido en un activista, se unió al partido de izquierda Polo Democrático y ganó un asiento en la junta de acción comunal de su vecindario. Respetado y querido por muchos, soñaba con una carrera política y presentarse a un puesto más alto.
Sin embargo, Alex ahora estaba en la mira de Job. Unos meses antes, Job le había pedido que se presentara a elecciones para ser concejal en Medellín como el candidato de la Corporación Democracia, con la intención de aprovechar la popularidad de Alex. Si aceptaba el acuerdo, Alex recibiría un auto, guardias armados y un estipendio. Pero se negó.
En su lugar, comenzó a informar a la policía y los fiscales sobre lo que sabía, grabando sus llamadas con coordinadores que estaban siendo amenazados y compartiéndolas con las autoridades. Durante reuniones de la comunidad con los organismos internacionales y la Iglesia Católica, denunció lo que estaba ocurriendo. “¿No tienes miedo a que te maten?”, le pregunté. Él le quitó importancia a la pregunta.
Dos años después, en 2009, parecía que Alex podría salir ileso. Berna había sido extraditado a EE.UU., donde se declaró culpable de cargos de tráfico de cocaína y recibió una sentencia de 31 años en una corte federal en Nueva York. Job había sido asesinado a balazos supuestamente por rivales, en un restaurante cerca de Medellín. Y Alex testificó en un juicio en contra de otro miembro de la Corporación Democracia, John William López, o Memín. Varios testigos fueron asesinados durante el juicio, pero Memín fue condenado a 22 años por constreñimiento electoral, concierto para delinquir y desplazamiento forzado.
Pero es difícil escapar de las garras de las redes delictivas de Colombia. En diciembre de ese año, hombres armados –socios de Memín— abordaron a Alex en la calle y le dispararon varias veces a plena luz del día. Alex murió allí mismo.
Un mercado global resistente y lucrativo
Las ganancias procedentes del narcotráfico en Colombia no sólo han alimentado el conflicto dentro del país, sino que también han hecho que los delincuentes puedan sobornar o intimidar a los funcionarios públicos. Más de 100 congresistas colombianos y un sinnúmero de otros funcionarios han sido investigados en los últimos años por supuesta complicidad con los paramilitares. En Medellín, nuevos gruposcon oscuras estructuras de liderazgo han sustituido a la organización de Berna, de la misma manera en que la de Berna había reemplazado a la de Escobar. La violencia, a menudo diseminada a través de amenazasy desplazamientos, es un fenómeno generalizado.
Estos problemas se extienden mucho más allá de Colombia. En muchos países, los beneficios del comercio de drogas ilegales constituyen una enorme motivación y fuente de financiamiento para grupos que cometen atrocidades, corrompen a las autoridades y socavan la democracia y el estado de derecho.
De hecho, según la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), el tráfico ilegal de drogas constituye la fuente de ingresos más grande para el crimen transnacional y es posible que represente una quinta parte de todas las ganancias del crimen organizado. La ONUDD también calculó que, en 2003, el valor del mercado mundial de las drogas ilícitas fue de US$322.000 millones, mayor que el Producto Interno Bruto de 88 por ciento de los países del mundo en ese momento.
Afganistán, por ejemplo, produce alrededor de 90 por ciento del opio del mundo (también produce grandes cantidades de cannabis). En 2009, el difunto Richard Holbrooke, entonces representante especial de EE.UU. para Afganistán y Pakistán, denunciócómo la aplicación de las políticas de drogas, especialmente los esfuerzos de EE.UU. para erradicar la amapola (un cultivo crucial para muchos agricultores afganos pobres), empujaba a muchas personas “a los brazos de los talibanes”. Pero eso sólo es parte del panorama. El mercado ilegal de opio ha distorsionado drásticamente la estructura de poder del país, financiando a grupos armados como los talibanes y otros señores de la guerra locales responsables de numerosas atrocidades. También fomenta una corrupción rampante, lo que hace que la misión de arrestar y enjuiciar a las personas implicadas en estos delitos sea extraordinariamente difícil.
Mientras tanto, en México la tasa de homicidios se ha disparado: desde 2007, al menos 80.000 personas han perdido la vida en la “guerra contra las drogas” en el país. (El Salvador, Honduras y Guatemala se enfrentan a problemas similares). Durante ese periodo, EE.UU. ha proporcionado más de US$2.000 millones en fondos a México para combatir las drogas. Sin embargo, las fuerzas de seguridad mexicanas desplegadas en la “guerra contra las drogas” del país a menudo han estado a su vez implicadas en torturas, ejecuciones extrajudicialesy otros abusos.
¿Una represión más severa?
EE.UU., Rusia y otros países han argumentado, con el apoyo de la ONUDD, que la respuesta a la explosión de la violencia y la corrupción en torno a los mercados de drogas ilícitas debe ser incrementar los esfuerzos por perseguir y sancionar a quienes consumen, producen o distribuyen drogas ilícitas. Durante décadas, han invertido miles de millones de dólares en combatir el narcotráfico (algunos estimanque por lo menos US$100.000 millones al año). Con diversos grados de legalidad han perseguido, vigilado, ejecutado, extraditado, enjuiciado y encarcelado por igual a capos y traficantes de bajo nivel. Han fumigado cultivos, pagado a los agricultores para que siembren otros cultivos y vetado envíos.
Sin embargo, tal como indicó la Comisión Global de Políticas de Drogas(un grupo de ex presidentes, altos funcionarios de la ONU y prominentes figuras públicas) en su informede junio de 2011, estos enormes desembolsos “no han logrado reducir eficazmente el suministro ni el consumo. Las aparentes victorias al eliminar una fuente o una organización de narcotráfico son invalidadas casi instantáneamente por el surgimiento de otras fuentes y otros traficantes”.
De hecho, a medida que aumenta la presión en un lugar, el tráfico de drogas a menudo cambia en consecuencia. Perú, el país donde yo me crié, sustituyó recientemente a Colombia como el mayor productor de coca del mundo, de acuerdo con la ONUDD, la misma posición que ocupaba en la década de los 80.
A su vez, la aplicación de la “mano dura” ha creado su propia pesadilla para la protección de los derechos humanos. La “guerra contra las drogas” de Tailandia en 2003 resultó en unas 2.800 ejecuciones extrajudiciales cometidas por las fuerzas de seguridad del Estado, en sus tres primeros meses. En Canadá, Kazajstán, Bangladeshy Ucrania, la policía ha maltratado violentamente a las personas que usan drogas. En Tanzania, la policía y grupos casi oficiales de justicieros han golpeado brutalmente a las personas que se inyectan drogas. Las políticas de Rusia se han traducido en la encarcelación en masa, a menudo en un ambiente que presentan un alto riesgo de transmisión del VIH, y la detención sin juicio de delincuentes de la droga.
En países como Singapury Malasia, quienes violan las leyes contra las drogas se enfrentan a la pena de muerte. Iránimpone una pena de muerte obligatoria por diversos delitos relacionados con las drogas. Otros países imponen penas totalmente desproporcionadas en casos de drogas. EE.UU., por ejemplo, cuenta con la mayor población carcelaria oficialmente reconocida del mundo (2,2 millones de personas se encuentran en prisiones y cárceles para adultos), en gran parte debido a las severas condenas por delitos de drogas. Casi un cuarto de todos los presos (498.600 en 2011), incluyendo casi la mitad de los presos federales, cumplían condenas por delitos de drogas en su mayoría de bajo nivel. Algunos de los condenados, y muchos de los detenidos, no hicieron más que consumir drogas; sin embargo, sufrirán las consecuencias de su condena o historial de arresto durante el resto de sus vidas. Para los inmigrantes, estas condenas, incluso por delitos no violentos, pueden significar la deportación y la separaciónde sus familias.
En EE.UU., la represión contra las drogas también se ha caracterizado por profundas disparidades racialesy discriminatorias. Aunque los blancos y los afroamericanos consumen y venden drogas a tasas comparables en EE.UU., la tasa de detención de afroamericanos por delitos relacionados con las drogas es tres veces mayor que la de los blancos; la tasa de encarcelamientos de afroamericanos por condenas por drogas es diez veces la de los blancos.
Los daños de (criminalizar) el consumo de drogas
Los defensores de la criminalización del consumo de drogas a menudo argumentan que es necesario proteger la salud de los individuos y evitar que la gente se haga daño a sí misma o a otros.
Si bien es legítimo que los gobiernos aborden los daños sociales que pueden resultar del abuso de las drogas, los encargados de diseñar las políticas atribuyen con demasiada facilidad una variedad de problemas sociales –el abuso doméstico, el desempleo y la violencia— al consumo de drogas ilícitas, cuando en realidad las causas son más complejas.
Encarcelar a las personas que usan drogas hace poco para proteger su salud: los prisioneros a menudo se encuentran con que no hay disponibilidad de tratamientos adecuados, tal como documentamos en Nueva York. La reincidenciade los delincuentes de drogas es común.
En su lugar, la criminalización a menudo agrava los daños existentes. El miedo a medidas represivas puede empujar a las personas que usan drogas a la clandestinidad, desalentándolos a acceder a servicios de salud y aumentando los riesgos que afrontan de violencia, discriminación y enfermedades graves, tal como han puesto de manifiesto nuestras investigaciones en Canadá, EE.UU.y Rusia. Fuera de África, un tercio de las infecciones por VIH es atribuible a instrumentos de inyección contaminados. Pero el control policial de las prohibiciones de drogas es un obstáculopara proporcionar jeringas estériles y el encarcelamiento hace que sea más difícil tratar y atender a las personas que ya están contaminadas con el virus.
Las leyes agresivas y la represión también contribuyen a la estigmatización y el tratamiento abusivo de las personas que consumen drogas. Una precaria educación pública sobre temas de drogas y sus riesgos significa que, en muchos países, haya poco conocimiento sobre los daños reales que pueden derivarse del abuso de las drogas, y mucho menos sobre cómo prevenir o tratarlos.
Los peligros del tratamiento involuntario
Si bien la criminalización es profundamente problemática, los sistemas extrajudiciales de control de drogas también pueden ser extremadamente abusivos. Tailandia, por ejemplo, detiene sin juicio a personas que usan drogas, durante largos periodos de tiempo, en “instalaciones de tratamiento” cerradas. En China, la Ley de Lucha contra las Drogas de 2008 permite a las autoridades detener a personas que usan drogas por hasta seis años sin juicio o supervisión judicial.
En Camboya, Laosy Vietnam, las personas que usan drogas son detenidas en centros administrados por el gobierno, donde a menudo son maltratadas en nombre del “tratamiento”. En Vietnam, los detenidos son utilizados como mano de obra forzada para procesar nueces o fabricar ropa para la exportación. En Camboya, son sometidos a castigos brutales, incluida la tortura. En 2013, cuatro años después de informar por primera vez sobre este tema, nos encontramos con que las personas recluidas en estos centros de detención de drogas siguen siendo golpeadas, azotadas con mangueras de goma, obligadas a permanecer de pie en fosas sépticas de agua y sufriendo abusos sexuales. La falta de protecciones del debido proceso también hace que estas instalaciones sean lugares convenientes para detener a personas que las autoridades camboyanas consideran “indeseables”, como personas y niños indigentes, en esporádicas ofensivas, a menudo antes de las visitas de dignatarios extranjeros.
Cómo controlar drogas y respetar los derechos humanos
Para asegurar que sus políticas de drogas estén en consonancia con las normas internacionales de derechos humanos, los gobiernos deberían:
· Despenalizar el uso personal y la posesión de drogas para consumo personal.
Las leyes que penalizan el consumo de drogas son incompatibles con el respeto a la autonomía humana y derechos a la privacidad. Los gobiernos pueden limitar estos derechos en caso de necesidad para un propósito legítimo, como la prevención de daños a terceros. Pero al igual que otros comportamientos privados que algunos pueden considerar como inmorales (como la conducta homosexual consensual entre adultos), no hay ninguna base legítima para la criminalización. La penalización tampoco es necesaria para proteger a los consumidores de drogas: los gobiernos cuentan con muchas medidas no penales para alentar a la gente a tomar buenas decisiones de cara a las drogas, incluida la oferta de tratamiento de abuso de sustancias y apoyo social. Los gobiernos también pueden tipificar como delito la conducta negligente o peligrosa (como conducir bajo la influencia de drogas) para regular las conductas nocivas por personas que consumen sustancias ilícitas, sin penalizar el consumo en sí.
· Reducir la regulación penal de la producción y distribución de drogas.
La criminalización del tráfico de drogas implica costos enormes para los derechos humanos, incrementando drásticamente la rentabilidad de los mercados de drogas ilícitas y fomentando el crecimiento y la operación de grupos responsables de violencia a gran escala y corrupción. Encontrar formas alternativas para regular la producción y la distribución y disminuir las ganancias generadas con las drogas ilícitas permitiría a los gobiernos debilitar la influencia de dichos grupos y reducir los diversos abusos (asesinatos, sentencias desproporcionadas, tortura y barreras al acceso a la atención médica) que los gobiernos a menudo cometen en nombre de la lucha contra las drogas.
· Asegurar que el tratamiento y cuidado se lleven a cabo respetando los derechos humanos, evitando sanciones administrativas abusivas y garantizando que los pacientes tengan acceso a los medicamentos necesarios.
Los gobiernos deberían cerrar los centros de detención de drogas donde las personas son recluidas en violación del derecho internacional y ampliar el acceso a programas voluntarios y comunitarios de tratamiento contra el abuso de drogas con la participación de organizaciones no gubernamentales competentes. También deberían asegurarse de que cualquier persona con una necesidad médica legítima de medicamentos controlados, como la morfina o la metadona, tengan un acceso adecuado a ellos.
Muchas alternativas a las políticas actuales aún deben ser puestas a prueba (excepto en lo relativo al alcohol). Por eso, los gobiernos deberían evaluar detenidamente las soluciones propuestas para reducir el riesgo que podrían dar lugar a nuevos problemas o preocupaciones sobre cuestiones de derechos humanos.
Existen modelos a tener en cuenta: algunos gobiernos han despenalizado el consumo personal y la posesión de drogas ilícitas o se han resistidoa imponer determinadas prohibiciones. En Portugal, en conjunto con estrategias integrales de reducción de daños, la despenalización tuvo resultados positivos; en lugar de aumentar sustancialmente, el consumo de drogas supuestamente bajó en algunas categorías. También se vio una reducción en la reincidencia y la infección del VIH. Los investigadores también han desarrollado modelos teóricos para sistemas potenciales de regulación de drogas con diferentes métodos para administrar la concesión de licencias, la privatización versus el control monopolístico del Estado de la oferta, la imposición de impuestos, la educación en salud pública, la protección de los menores y el tratamiento. Y algunas jurisdicciones están empezando a poner en práctica estos modelos.
Un paisaje cambiante
El péndulo está comenzando a oscilar en la política de drogas, con el llamamiento de México, Guatemala y Colombia por una revisión del régimen mundial de control de las drogas. “Mientras el flujo de recursos de drogas y armas a organizaciones criminales no [sea] detenido”, dijeron en un comunicado conjunto en 2012denunciando las fallas de las actuales estrategias prohibicionistas, “continuarán amenazando a nuestras sociedades y gobiernos”.
En un estudiorealizado en 2013 sobre la eficacia de las políticas actuales, la Organización de Estados Americanos planteó una discusión sobre sus costos y delineó, sin respaldarlos, varios escenarios posibles para el desarrollo futuro, incluida la despenalización.
En diciembre, Uruguay aprobó una ley que legaliza la marihuana y establece un sistema regulado de producción y distribución de la droga, aunque en el momento de redactarse este ensayo, también seguía pendiente un proyecto de ley de tratamiento obligatorio.
En EE.UU. también empiezan lentamente a verse cambios. En 2013, el fiscal general Eric Holder emitió unas directrices para los fiscales federales que permitiríaa los estados del país legalizar la marihuana, argumentando que un mercado regulado podría promover las prioridades federales en su lucha contra el crimen organizado. Los estados de Washington y Colorado están legalizando la posesión, producción y distribución de la marihuana para uso recreativo; otros 20 estados han legalizado la marihuana para usos médicos.
Varias agencias de Naciones Unidas y relatores especiales han pedido que los centros de detención de drogas sean cerrados inmediatamente. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) hizo un llamamiento para que todos los niños fueran liberados de los centros de Camboya; aún así, actualmente, una de cada 10 personas recluidas en los centros camboyanos es menor de edad.
En realidad, el progreso ha sido limitado y frágil. La criminalización sigue siendo la herramienta preferida para el control de las drogas en la mayoría de países, donde a menudo hay poco debate en torno a políticas severas y contraproducentes. Mientras tanto, los costos devastadores del enfoque actual –en vidas perdidas a manos de la violencia, personas sometidas a largas penas de prisión, barreras a la salud, estragos en las familias y las comunidades, así como daños a la justicia— se siguen acumulando. Es el momento de trazar un nuevo rumbo.
María McFarland Sánchez-Moreno es directora adjunta del Programa sobre EE.UU.