Tras ser reelegido para un tercer mandato en febrero de 2013, el Presidente Rafael Correa promulgó en junio una nueva Ley de Comunicación que, con disposiciones poco precisas, regula a los medios audiovisuales y escritos de un modo que cercena la libertad de prensa. Es común que el gobierno de Correa ataque públicamente a periodistas y propietarios de medios de comunicación. Los fiscales aplican disposiciones sumamente amplias sobre delitos de terrorismo y sabotaje a críticos del gobierno que participan en actos públicos de protesta.
Otros problemas que persisten son las restricciones poco precisas que afectan a organizaciones de la sociedad civil, y la existencia de procedimientos de solicitud de asilo que no ofrecen las garantías estrictas exigidas por las normas internacionales. Ante la imposibilidad de obtener abortos lícitos, algunas víctimas de violación sexual recurren a abortos ilegales e inseguros que ponen en riesgo su vida y su salud.
Libertad de expresión
La Ley de Comunicación aprobada por la Asamblea Nacional en junio de 2013 contiene disposiciones imprecisas que posibilitan procesos penales arbitrarios y actos de censura. Al hacer referencia al derecho constitucional a recibir información “verificada, contrastada, precisa y contextualizada”, la ley abre la puerta a la censura, en tanto otorga al gobierno o los jueces la potestad de decidir si la información es veraz.
Un órgano gubernamental de reglamentación, el Superintendente de la Información y Comunicación, puede disponer que directores de medios de comunicación rectifiquen y se disculpen públicamente por información que se considere que no es veraz, aplicar multas en caso de reiteración de incidentes e impulsar acciones legales contra ellos. Asimismo, la ley concede al gobierno potestades regulatorias extremadamente amplias que podrían limitar gravemente la libertad de expresión al definir la comunicación social a través de los medios como un “servicio público” que debería brindarse con “responsabilidad y calidad”, “contribuyendo al buen vivir de las personas”.
Asimismo, los periodistas responsables de “linchamiento mediático” —que se define como la difusión de información crítica reiterada “destinada a desprestigiar a una persona natural o jurídica o reducir su credibilidad pública”— podrán ser obligados a emitir una disculpa pública y podrían ser juzgados penalmente por otros delitos.
En agosto, citando disposiciones de la ley que definen los asuntos de relevancia pública y el derecho a que se publiquen correcciones cuando se difunda información imprecisa, el secretario de comunicación ordenó al periódico El Universo que ofreciera una disculpa pública por escribir tweets que, según afirmó, atentaban contra el honor y la reputación del presidente. El secretario acusó a El Universo de “descontextualización” y “ligereza”, y de publicar información sin “relevancia pública”. El Universo había publicado una serie de tweets de Correa en los cuales explicaba su decisión de permitir la explotación petrolera en el parque nacional Yasuní, y tweets enviados a Correa por otras personas que se oponían a tal decisión.
El Presidente Correa continúa empleando el derecho penal sobre difamación para perseguir a críticos. En septiembre de 2013, la Corte Nacional de Justicia confirmó la condena impuesta al legislador de oposición José Cléver Jiménez por haber injuriado al presidente, fijó una pena de 18 meses de prisión y lo conminó a que ofreciera disculpas públicas al presidente y lo indemnizara con aproximadamente US$ 140.000. Junto otras dos personas cuyas condena también fueron confirmadas por la corte, Jiménez había solicitado al fiscal general que investigara la responsabilidad de Correa por hechos de violencia que culminaron con la muerte de cinco personas durante un motín policial ocurrido en septiembre de 2010, y lo acusó de ordenar una agresión armada contra un hospital donde había civiles.
El fiscal general, que había sido abogado personal de Correa durante parte de su primer mandato, concluyó que no había evidencias suficientes para iniciar una investigación del presidente y, en mayo de 2012, la justicia desestimó la causa. En agosto de 2012, Correa demandó por injuria calumniosa a Jiménez y a los otros dos ante la Corte Nacional de Justicia.
En octubre de 2013, la Asamblea Nacional estaba tratando un proyecto de reforma del Código Penal de Ecuador que eliminaría varias disposiciones sobre difamación incluidas en el texto vigente, pero mantendría el delito de injurias.
Es común que el gobierno de Correa exija a medios privados que transmitan emisiones oficiales para desmentir información u opiniones críticas, una medida que las autoridades consideran necesaria para cumplir la obligación del gobierno de refutar falsedades y distorsiones mediáticas.
Independencia judicial
Durante años el poder judicial de Ecuador se ha visto afectado por corrupción, ineficiencia e influencia política. Con el mandato popular obtenido tras un referéndum efectuado en 2011, el gobierno de Correa inició un ambicioso proceso de reforma judicial que incluyó la designación de una nueva Corte Nacional de Justicia y cientos de jueces de las instancias inferiores. En diciembre de 2012, observadores de Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, México y España invitados por el gobierno publicaron un informe que concluyó que existían anomalías en el proceso de designación judicial, incluido el de los más altos magistrados. Los observadores instaron a que se sancionara una ley para regular los procesos disciplinarios, y que se definieran claramente las infracciones a fin de evitar el riesgo de que los jueces fueran suspendidos o sancionados por haber simplemente hecho ejercicio de sus funciones.
Acusaciones penales desproporcionadas contra manifestantes
El Código Penal contiene disposiciones excesivamente amplias sobre sabotaje y terrorismo, que en numerosas oportunidades han sido aplicadas indebidamente por fiscales contra quienes participan en actos públicos de protesta y otras convocatorias. En la categoría de actos de terrorismo en Ecuador se incluyen delitos definidos de manera sumamente imprecisa, como los “delitos contra la seguridad común de las personas o de grupos humanos de cualquiera clase o de sus bienes”, cometidos por individuos o grupos “armados o no”. La pena prevista para estos delitos es de cuatro a ocho años de prisión. Un nuevo proyecto de Código Penal que en octubre de 2013 estaba siendo tratado en la Asamblea Nacional modificaría la definición actual de terrorismo, pero la nueva acepción podría igualmente permitir que los fiscales acusen de terrorismo a quienes participan en protestas públicas.
En febrero de 2013, la justicia condenó a un grupo de 10 personas, conocidas como los 10 de Luluncoto (en referencia al nombre del barrio de Quito donde fueron detenidas), a un año de prisión por sabotaje y terrorismo en grado de tentativa. Estas personas fueron detenidas en marzo de 2012 durante un encuentro pacífico al cual habían asistido para organizar su participación en una protesta pública, y la mayoría permanecieron nueve meses en prisión preventiva. Según indicaron los abogados, las únicas pruebas en su contra eran objetos personales inofensivos encontrados en sus viviendas, como libros, prendas de vestir y música. En octubre de 2013, aún se encontraba pendiente la apelación que habían presentado por irregularidades en el proceso.
Los fiscales también han formulado otras graves acusaciones contra participantes en protestas públicas, que no guardan proporción con los actos que supuestamente cometieron. En febrero de 2013, 12 estudiantes fueron acusados del delito de rebelión, para el cual se prevén penas de hasta seis años de prisión, por su presunta participación en incidentes violentos durante una manifestación en Quito en repudio a la decisión de cambiar el nombre a la universidad a la cual asisten. Finalmente, la justicia desestimó los cargos luego de que la fiscalía no pudiera probarlos. Ante las críticas expresadas por Correa durante su emisión televisiva semanal con respecto a la decisión dictada por el juez, otro fiscal reabrió el caso. En un segundo juicio que se realizó en julio, los 12 estudiantes fueron condenados a 21 días de prisión.
Juicios por abusos del pasado
Las acciones encaminadas a juzgar a los responsables de graves violaciones cometidas por autoridades gubernamentales entre 1984 y 2008 consiguieron avances notables durante 2013. En 2010, se creó una unidad de fiscalía especializada a la cual se encomendó la investigación de 118 casos sobre 456 víctimas (incluidas 68 víctimas de ejecuciones extrajudiciales y 17 de desaparición forzada), que habían sido documentadas por una Comisión de la Verdad creada por el gobierno de Correa. En 2012, la cantidad de casos investigados ascendió a 138. En octubre de 2013, dos ex ministros de defensa del gobierno y ocho militares y policías retirados fueron acusados de desaparición forzada y torturas en relación con la detención ilegal y la tortura de tres personas vinculadas con una organización guerrillera en 1985. En octubre de 2013, el trabajo de una unidad de investigación en derechos humanos adjunta a la fiscalía general había conseguido imputar a 36 funcionarios gubernamentales en otros tres casos del período analizado por el informe de la Comisión de la Verdad.
Derechos reproductivos
Las mujeres y jóvenes de Ecuador únicamente pueden solicitar abortos cuando su salud o vida estén en riesgo o cuando el embarazo sea consecuencia de la violación de una mujer “idiota o demente”. En octubre, como parte de la redacción del nuevo Código Penal, la Asamblea Nacional estaba evaluando la posibilidad de reemplazar la expresión “idiota o demente” por “discapacidad mental”. El nuevo lenguaje continúa sugiriendo que las mujeres y jóvenes con discapacidad no serían “idóneas” para el rol de madres, e impide que todas las demás víctimas de violación sexual puedan obtener abortos legales. Una de cada cuatro mujeres en Ecuador han sido víctimas de violencia sexual, según surge de datos gubernamentales. Debido a la amenaza de sanciones penales, algunas mujeres y jóvenes recurren a abortos practicados de manera ilegal e insegura, y se obstaculizan los servicios de salud y la atención médica luego de una violación para las víctimas de violencia sexual. El temor a ser procesadas también dificulta la detección y prevención de la violencia sexual y de género.
Orientación sexual e identidad de género
Los centros privados de rehabilitación de personas que consumen drogas y alcohol continúan aplicando métodos que procuran “curar” la homosexualidad, una práctica que el ministro de salud de Ecuador ha calificado como ilegal. Luego de que la estudiante de psicología Zulema Constante, de 22 años, se escapara en junio de 2013 de uno de estos centros donde se encontraba recluida, la ministra de salud anunció que adoptaría medidas enérgicas contra las clínicas que aplicaran estas prácticas. Según la ministra, entre marzo de 2012 y julio de 2013 las autoridades clausuraron 15 clínicas por presuntas violaciones de derechos humanos.
Defensores de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil
El gobierno de Correa ha intentado reiteradamente desacreditar a defensores de derechos humanos acusándolos de procurar desestabilizar al gobierno. En al menos dos ocasiones durante 2013, el Ministerio de Telecomunicaciones interrumpió la programación del canal Ecuavisa para repudiar a la organización no gubernamental de defensa de la libertad de prensa Fundamedios, luego de que el canal transmitiera una serie de entrevistas con su director.
El gobierno de Correa ha dictado decretos ejecutivos extremadamente amplios que incrementan el control sobre las organizaciones no gubernamentales (ONG), algunas de las cuales han criticado enérgicamente al gobierno. En junio de 2013, Correa dictó un decreto que otorgó al gobierno amplias facultades para intervenir en las actividades de las ONG. El lenguaje impreciso del decreto, que contempla la potestad de disolver a organizaciones ecuatorianas que “afecten la paz pública”, genera un margen para su aplicación arbitraria y supone una amenaza para la consolidación de la sociedad civil.
Refugiados
En agosto de 2013, había en Ecuador casi 55.000 refugiados registrados, la mayor cantidad de refugiados en un país de América Latina. En su mayoría, son ciudadanos colombianos que escapan del conflicto armado.
El Decreto Ejecutivo 1182, dictado en mayo de 2012 por Correa para reglamentar los procedimientos de asilo, contempla una definición más acotada de quiénes pueden considerarse refugiados y establece un procedimiento injusto para la determinación de qué solicitudes de asilo deberían considerarse como “manifiestamente infundadas”. Habilita asimismo a los funcionarios a rechazar solicitudes de asilo antes de realizar una evaluación de fondo cuando existan motivos debidamente fundamentados para creer que el solicitante ha cometido un delito, sin contemplar las rigurosas garantías de procedimiento exigidas por las normas internacionales para asegurar una evaluación completa de los aspectos de hecho y de derecho. El decreto otorga a los funcionarios públicos facultades excesivamente amplias para revocar la condición de refugiado.
Estas disposiciones violan las normas internacionales establecidas en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados y su Protocolo, la Declaración de Cartagena sobre Refugiados y las directrices adoptadas por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados.
Actores internacionales clave
En marzo de 2013, la Organización de los Estados Americanos (OEA) rechazó una serie de propuestas presentadas por Ecuador con el apoyo de otros miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) que pretendían bloquear el financiamiento externo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, incluida la Relatoría Especial sobre libertad de expresión. No obstante, Ecuador y otros miembros de ALBA dejaron en claro su intención de continuar exigiendo estos cambios.
En un discurso pronunciado en la Asamblea General de la OEA en junio, el ministro de relaciones exteriores de Ecuador manifestó que los fondos disponibles para la Relatoría Especial sobre libertad de expresión resultaban discriminatorios para los órganos de la OEA que se ocupan de otras cuestiones de derechos humanos, y que el informe sobre Ecuador emitido en 2012 por la relatora contenía información distorsionada, había empleado fuentes que no eran objetivas y respondía a motivaciones políticas. La Relatora Especial continúa desempeñando un rol importante en la defensa de la libertad de prensa en Ecuador. En octubre, durante un encuentro de ALBA en Cochabamba, Bolivia, el Presidente Correa indicó que iba a “pensar seriamente” sobre la posibilidad de continuar participando en el sistema interamericano de protección de derechos humanos si no se implementaban los cambios propuestos por Ecuador.