Si bien Brasil es una de las democracias con mayor influencia en temas regionales y mundiales, aún subsisten graves desafíos de derechos humanos en el ámbito interno. Frente a los altos índices de crímenes violentos, algunas unidades de policía de Brasil recurren a tácticas abusivas con impunidad, en vez de aplicar prácticas policiales responsables. Es habitual que funcionarios judiciales que intentan hacer justicia en casos que involucran prácticas ilícitas por parte de policías sean objeto de amenazas de violencia.
Existe una grave situación de hacinamiento en los centros de detención de varios estados, es común que se extienda indefinidamente el período de prisión preventiva y la tortura continúa siendo un problema grave. Persiste el trabajo forzado en algunos estados, a pesar de las medidas del gobierno federal para lograr su erradicación.
En 2012, Brasil adoptó medidas significativas para abordar las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura militar (1964-1985). En mayo, una comisión nacional de la verdad comenzó a investigar casos de abusos de ese período, y en agosto la justicia federal dio inicio a los primeros procesos penales contra ex agentes del Estado por su presunta participación en desapariciones forzadas ocurridas en 1973 y 1974.
Seguridad pública y conducta policial
En muchas ciudades de Brasil, prevalecen la violencia perpetrada por bandas delictivas y las prácticas policiales abusivas. En Río de Janeiro, por ejemplo, las pandillas de narcotraficantes cometen a diario delitos violentos, y milicias integradas por policías, guardias penitenciarios, bomberos y otros han estado implicadas en extensas redes de extorsión.
Según datos oficiales, durante los primeros seis meses de 2012, miembros de la policía fueron responsables de 214 muertes en el estado de Río de Janeiro y de otras 251 en el estado de San Pablo. La policía ha señalado sistemáticamente que se trata de muertes por “resistencia” que se producen durante enfrentamientos con delincuentes. Si bien muchas muertes causadas por policías son sin duda el resultado del uso legítimo de la fuerza, muchas otras no lo son. Estos hechos han sido documentados por Human Rights Watch y otras organizaciones, y también han sido reconocidos por autoridades de la justicia penal de Brasil.
Durante 2012, el estado de Río de Janeiro continuó aplicando un sistema de compensación económica cuando los policías logran alcanzar los objetivos de reducción de delitos, incluidos homicidios por parte de policías, como parte del Sistema de Objetivos y Resultados creado en 2009. En abril se distribuyeron más de US$ 20 millones entre 9.000 policías. Asimismo, en octubre ya se habían creado en Río 28 Unidades de Pacificación Policial (UPP) desde 2008, con el fin de establecer una presencia policial más efectiva a nivel de comunitario. No obstante, el estado aún no ha adoptado medidas adecuadas para asegurar que los policías que cometen abusos rindan cuentas por sus actos.
El gobierno del estado de São Paulo emitió una resolución en enero de 2013 en la cual prohíbe a agentes de la policía militar remover a las víctimas de tiroteos de las escenas del crimen, siguiendo una nueva pauta del Consejo de Defensa de los Derechos Humanos del gobierno federal.
Los jueces y magistrados que casos de violencia perpetrada por milicias ilegales y corrupción gubernamental a menudo son objeto de amenazas de violencia. El 23 de agosto de 2012, el defensor de derechos humanos Diego Luiz Berbare Bandeira fue abatido por disparos frente a su vivienda en el estado de San Pablo, presuntamente como represalia por haber denunciado la participación de policías y autoridades penitenciarias en abusos y prácticas corruptas en Caraguatatuba.
En julio de 2012 la Presidenta Dilma Rousseff promulgó una ley para permitir que las causas penales vinculadas con la delincuencia organizada sean juzgadas por paneles integrados por tres jueces. En septiembre, la presidenta promulgó una ley que aumenta las penas de prisión previstas para actividades de paramilitares y milicias.
Condiciones de detención, tortura y maltrato de detenidos
En numerosas cárceles y centros de detención en Brasil prevalece la violencia y existen graves condiciones de hacinamiento. Según el Sistema Integrado de Información Penitenciaria (InfoPen) del Ministerio de Justicia, la población carcelaria de Brasil aumentó cerca del 40 por ciento en los últimos 5 años, y actualmente supera el medio millón de personas, es decir, dos tercios más de la capacidad de estos establecimientos. Las demoras del sistema judicial agravan la situación de sobrepoblación, y casi 175.000 internos cumplen prisión preventiva. Por ejemplo, el centro de detención juvenil Unidade de Internação do Plano Piloto en Brasilia superó incluso en más del doble su capacidad en 2012. Tres niños fueron asesinados allí en agosto y septiembre, presuntamente por miembros de pandillas.
Las condiciones carcelarias inhumanas favorecen la propagación de enfermedades, y el acceso de los presos a la atención médica continúa siendo inadecuado. En abril de 2012, casi 500 detenidos en el Complexo Penitenciário Advogado Antônio Jacinto Filho, en el estado de Sergipe, iniciaron un motín para protestar por la mala alimentación y las golpizas que supuestamente les propinaban los guardias penitenciarios.
La tortura representa un problema crónico en centros de detención y estaciones de policía en todo Brasil. El Subcomité de las Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes visitó varias instituciones penitenciarias y policiales en los estados de San Pablo, Río de Janeiro, Espírito Santo y Goiás en septiembre de 2011 y manifestó haber recibido versiones de los internos sobre “reiteradas y consistentes” golpizas y otras denuncias de maltrato mientras se encuentran bajo custodia policial, como obligarlos a que duerman en celdas insalubres sin acceso a agua ni a alimentos adecuados.
A la fecha de este informe, la Cámara de Diputados aún no había sometido a votación un proyecto de ley impulsado por la Presidenta Rousseff en septiembre de 2011 para crear un mecanismo nacional —el Sistema Nacional para Prevenir y Combatir la Tortura— destinado a controlar los centros de detención en todo el país e investigar denuncias de torturas y malos tratos.
Derechos reproductivos y violencia de género
Si bien Brasil ha reducido significativamente la tasa de mortalidad materna durante las dos últimas décadas, las estadísticas nacionales ocultan la existencia de marcadas disparidades que responden a factores raciales o están determinadas por la condición económica, la región y la pertenencia a entornos urbanos o rurales.
En febrero de 2012, el Supremo Tribunal Federal confirmó la constitucionalidad de la Ley Federal 11.340 sobre violencia doméstica (la ley Maria da Penha) y dispuso que los fiscales podrán iniciar casos de violencia doméstica con independencia de la decisión de la víctima de denunciar o no al agresor.
El Código Penal de Brasil penaliza el aborto, salvo en casos de violación sexual o cuando resulte necesario para preservar la vida de la madre. Las mujeres y jóvenes que se someten a abortos y no están alcanzadas por estas dos excepciones pueden ser condenadas a un máximo de tres años de prisión, mientras que para quienes practican esos abortos se prevé una pena de hasta 4 años de prisión. En marzo de 2012, miembros de la policía federal en los estados de Mato Grosso y Goiás detuvieron a un médico y 10 empleados de farmacia por su presunta participación en abortos ilegales o en la comercialización de medicamentos para inducir el aborto.
El 12 de abril, el Supremo Tribunal Federal determinó que el aborto también sería constitucional en casos de anencefalia en los cuales el feto presenta una malformación cerebral congénita mortal, y para ello se basó en el derecho de la mujer a la dignidad, la autonomía, la privacidad y la integridad física, psicológica y moral.
Orientación sexual e identidad de género
En mayo de 2012, la Comisión de Derechos Humanos del Senado aprobó un proyecto de ley que admite la unión civil entre dos personas, sin especificar su género, y la conversión de las uniones civiles en matrimonios civiles. Este cambio se produce luego de que en 2011 el Supremo Tribunal Federal y el Tribunal Superior de Justicia reconocieran idénticos derechos a las uniones entre personas del mismo sexo, y de que el Código Civil permitiera el matrimonio entre personas del mismo sexo.
Trabajo forzado
Desde 1995, el gobierno federal ha adoptado medidas importantes para erradicar el trabajo forzado, y según datos oficiales serían más de 41.000 los trabajadores que fueron liberados de condiciones laborales que se aproximaban a la esclavitud. No obstante, la Comisión Pastoral de la Tierra informó que casi 4.000 trabajadores fueron sometidos a trabajos forzados durante 2011. Son pocos los casos en que quienes vulneran los derechos de los trabajadores responden ante la justicia penal.
En mayo de 2012 el Congreso aprobó una reforma constitucional que permite al gobierno confiscar aquellas propiedades donde se desarrolle trabajo forzado sin ningún tipo de indemnización.
Violencia rural
Líderes indígenas y activistas rurales continúan siendo objeto de amenazas y violencia. Según la Comisión Pastoral de la Tierra, 29 personas que eran parte en conflictos por la tierra fueron asesinadas y hubo otros 38 intentos de homicidio en todo el país durante 2011, mientras que la cantidad de conflictos rurales a nivel nacional ascendió a 1.363 en ese año. Más de 2.000 activistas rurales han recibido amenazas de muerte en la última década.
Juicios por abusos del pasado
En mayo de 2012, comenzó a funcionar una comisión de la verdad encargada de “examinar y esclarecer” violaciones de derechos humanos cometidas entre 1946 y 1988. La comisión anunció en septiembre que solamente investigará graves violaciones de derechos humanos cometidas por agentes del Estado o por orden de estos.
La fiscalía del estado de San Pablo acusó penalmente a un coronel del Ejército retirado y a un jefe de la Policía Civil en abril de 2012 por abusos graves cometidos en la década de 1970. Este fue el segundo caso en Brasil en el cual se imputó penalmente a un funcionario brasileño por violaciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura militar. Hasta el momento, se ha interpretado que la ley de amnistía sancionada en 1979 prohíbe en la mayoría de los casos juzgar a agentes del Estado, y esta postura fue confirmada en abril de 2010 por el Supremo Tribunal Federal.
Brasil ha otorgado indemnizaciones por más de US$ 1.000 millones a más de 12.000 víctimas de abusos cometidos por agentes del Estado durante la dictadura militar.
Libertad de expresión y acceso a la información
Al menos siete periodistas fueron asesinados en Brasil en 2012, y muchos más sufrieron amenazas y agresiones. En mayo de 2012, el Ministerio de Derechos Humanos propuso crear un observatorio para monitorear la violencia contra periodistas.
También en mayo de 2012 entró en vigor una ley de información que amplía el acceso a documentos en poder de funcionarios gubernamentales del ámbito federal, local y estatal. La ley garantiza que no se impongan restricciones al acceso a información relativa a violaciones de derechos fundamentales.
En septiembre, la justicia del estado de San Pablo ordenó a Youtube quitar de su sitio web la película “La inocencia de los musulmanes” en el marco de un juicio iniciado por la Unión Nacional de Entidades Islámicas contra Google Brasil Internet Ltda.
Actores internacionales clave
El sistema interamericano ha tenido un rol importante en la respuesta ante los principales problemas de derechos humanos en Brasil.En noviembre de 2010, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte I.D.H.) determinó que la ley de amnistía de Brasil no puede impedir la investigación ni los juicios de graves violaciones de derechos humanos y delitos de lesa humanidad cometidos por agentes del Estado durante el régimen militar.A través de una serie de resoluciones dictadas en febrero y septiembre de 2011, la Corte también ordenó al estado de Espírito Santo que adoptara medidas para abordar los presuntos abusos contra menores detenidos en el centro Unidade de Internação Socioeducativa (UNIS).
En abril de 2011, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictó medidas cautelares contra Brasil, debido a que no se habría consultado a grupos indígenas antes de comenzar la construcción de la represa hidroeléctrica de Belo Monte que, según se prevé, será la tercera más grande del mundo. El gobierno de Rousseff rechazó públicamente las recomendaciones de la Comisión y se refirió a estas como “prematuras e injustificadas”. También retiró a su embajador ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) y a su candidato para la Comisión Interamericana. Desde entonces, ha apoyado esfuerzos que procuran debilitar el sistema interamericano de derechos humanos —más recientemente durante la asamblea anual de la OEA en junio de 2012—, incluyendo un proyecto de reforma que reduciría la potestad de la Comisión de dictar medidas cautelares.
En agosto de 2012, un tribunal federal en Brasilia frenó la construcción de la represa de Belo Monte alegando que el Congreso no había consultado a las comunidades indígenas locales antes de iniciar las obras. No obstante, cuando se apeló este pronunciamiento ante el Supremo Tribunal Federal, el presidente de esa corte autorizó que se reanudaran las obras en Belo Monte. En septiembre de 2012, la fiscalía federal pidió que el presidente del tribunal reconsiderara su decisión.
Brasil se ha posicionado como un actor influyente e importante en los debates sobre las respuestas internacionales a problemas de derechos humanos en el ámbito de la ONU. Durante su actuación en el Consejo de Derechos Humanos (CDH) entre julio de 2010 y junio de 2011, Brasil votó sistemáticamente a favor de resoluciones relativas a la situación de países específicos como Sudán, Corea del Norte, Irán, Bielorrusia y Siria. Brasil integrará nuevamente el consejo en 2013.
En la Asamblea General de la ONU, Brasil votó a favor de dos resoluciones adoptadas en febrero y agosto de 2012 que condenan actos de violencia avalados por el Estado en Siria. Durante el Examen Periódico Universal (EPU) realizado ante el CDH en septiembre de 2012, Brasil aceptó la mayoría de las recomendaciones formuladas al país sobre tortura, condiciones de detención y seguridad pública.
En abril de 2011, la relatora especial de la ONU sobre el derecho a una vivienda adecuada manifestó su preocupación porque, mientras Brasil se prepara para auspiciar el Mundial de Fútbol de 2014 y las Olimpíadas de 2016, se han recibido denuncias sobre desplazamientos y desalojos que podrían traducirse en violaciones de derechos humanos.
En febrero de 2012, el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) reconoció los esfuerzos realizados por el país en la implementación de medidas para reducir la tasa de mortalidad materna, pero advirtió además que priorizar sólo los servicios de atención destinados a mujeres embarazadas posiblemente no permita abordar la totalidad de las causas de mortalidad materna en Brasil.