Doce a帽os despu茅s del t茅rmino de la brutal guerra civil que asol贸 a Guatemala, la impunidad por las violaciones a los derechos humanos sigue siendo la regla. La violencia y la intimidaci贸n continuas amenazan con revertir los limitados avances logrados en la promoci贸n de la justicia. En Guatemala, las d茅biles y corruptas instituciones de justicia y fuerza p煤blica han demostrado ser incapaces de contener a los poderosos grupos de crimen organizado aparentemente responsables, entre otras cosas, de agredir a defensores de los derechos humanos, jueces, fiscales y otros actores.
La impunidad por los cr铆menes de la guerra civil
Guatemala contin煤a sufriendo los efectos de un conflicto armado interno que culmin贸 en 1996. Una comisi贸n de la verdad auspiciada por las Naciones Unidas estim贸 que hasta 200.000 personas fueron asesinadas en esta guerra, que se extendi贸 durante 36 a帽os, y atribuy贸 la gran mayor铆a de los asesinatos a fuerzas del estado.
Los ciudadanos guatemaltecos que exigen el juzgamiento de estos abusos se enfrentan a enormes obst谩culos. La capacitaci贸n y los recursos que reciben los fiscales e investigadores son absolutamente insuficientes. Los tribunales exceden sistem谩ticamente los plazos para resolver las apelaciones y recursos judiciales, lo cual permite que los abogados defensores empleen maniobras dilatorias. El Ej茅rcito y otras instituciones del estado se reh煤san a cooperar plenamente con las investigaciones de los abusos cometidos por sus miembros actuales o anteriores. La polic铆a, por su parte, no brinda protecci贸n adecuada a los jueces, fiscales y testigos involucrados en casos con fuertes implicancias pol铆ticas.
De las 626 masacres documentadas por la comisi贸n de la verdad, s贸lo tres casos han sido juzgados con 茅xito en los tribunales de Guatemala. La tercera condena se dict贸 en mayo de 2008, cuando cinco ex integrantes de una "patrulla civil" paramilitar fueron condenados por el asesinato de 26 de los 177 civiles masacrados en R铆o Negro en 1982.
La aparici贸n en julio de 2005 de cerca de 80 millones de documentos pertenecientes a la ahora disuelta Polic铆a Nacional, entre ellos varios archivos sobre ciudadanos guatemaltecos asesinados y "desaparecidos" durante el conflicto armado, podr铆a ser clave para el juzgamiento de quienes cometieron abusos de los derechos humanos durante el conflicto. En octubre de 2008, la Procuradur铆a de los Derechos Humanos de Guatemala hab铆a procesado siete millones de estos documentos, vinculados principalmente con casos que est谩n siendo investigados actualmente. La procuradur铆a prev茅 difundir la primera parte del archivo en 2009.
En febrero de 2008, el Presidente 脕lvaro Colom anunci贸 que revelar铆a los archivos militares correspondientes a la guerra civil de Guatemala. Sin embargo, el Ministro de Defensa luego ha postergado la entrega de los archivos, aduciendo que la constituci贸n protege la confidencialidad de los documentos vinculados con la seguridad nacional. Una nueva ley aprobada en septiembre de 2008 cuestiona este argumento: el art铆culo 24 de la Ley de Libre Acceso a la Informaci贸n P煤blica dispone que "en ning煤n caso podr谩 clasificarse como confidencial o reservada la informaci贸n relativa a investigaciones de violaciones a los derechos humanos fundamentales o a delitos de lesa humanidad". Los archivos militares, no obstante, contin煤an cerrados.
La impunidad por los cr铆menes actuales como las agresiones a la sociedad civil
La impunidad no s贸lo es la regla para los cr铆menes cometidos durante la guerra, sino que se trata adem谩s de un problema que persiste en relaci贸n con los cr铆menes actuales. Si bien durante el 2007 el promedio de personas asesinadas en Guatemala fue de 16 cada d铆a, un estudio de datos policiales elaborado por un reconocido grupo de expertos se帽al贸 que s贸lo se resolvi贸 menos del 3% de los casos de asesinatos. Ning煤n caso ejemplifica mejor la corrosiva expansi贸n de la violencia y la impunidad en Guatemala que el asesinato de tres representantes salvadore帽os del Parlamento Centroamericano y de su chofer en febrero de 2007. Unos d铆as despu茅s del crimen, cuatro polic铆as guatemaltecos fueron detenidos como sospechosos y trasladados a prisi贸n; sin embargo, los cuatro sospechosos fueron asesinados mientras esperaban un proceso legal. En julio de 2008, Juan Carlos Mart铆nez, el fiscal a cargo de la causa, tambi茅n fue asesinado. En agosto fue detenido un ex alcalde en relaci贸n con los asesinatos; no obstante, al momento de la redacci贸n del presente documento, ninguna persona hab铆a sido condenada por los asesinatos.
Las agresiones y las amenazas contra los defensores de los derechos humanos son algo cotidiano y representan un obst谩culo importante para su labor. Otras personas que participan en el juzgamiento de casos de derechos humanos, como peritos forenses, demandantes o testigos, tambi茅n son habitualmente v铆ctimas de agresiones o amenazas. El Procurador de los Derechos Humanos document贸 casi 200 agresiones y amenazas contra defensores de los derechos humanos durante el 2007.
El caso de Am铆lcar de Jes煤s Pop Ac, un abogado que ha estado asesorando a una comunidad ind铆gena en una controversia con una compa帽铆a cementera, resulta representativo. En agosto de 2008, dos hombres armados amenazaron con asesinar a Pop y lo interrogaron acerca de por qu茅 continuaba ayudando a la comunidad. Antes de este hecho, Pop hab铆a recibido varias amenazas de muerte, que denunci贸 ante la polic铆a y el Fiscal General, pero ninguna de estas autoridades tom贸 medidas para protegerlo.
La Unidad de Protecci贸n a Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, una ONG, denunci贸 37 agresiones contra defensores de los trabajadores durante la primera mitad de 2008, lo que supone un incremento alarmante respecto del total de 13 tales agresiones registradas durante el a帽o anterior. En marzo, Miguel 脕ngel Ram铆rez Enr铆quez -uno de los cofundadores de un sindicato que representa a recolectores de聽 bananos- fue asesinado en su vivienda. Un mes antes, la hija de Ram铆rez hab铆a sido secuestrada y violada por una pandilla integrada por cuatro hombres, quienes le preguntaron sobre la actividad sindical de su padre. Ninguna persona ha sido juzgada por estos delitos.
Los periodistas, en particular aquellos que investigan hechos de corrupci贸n, narcotr谩fico y el estado de la justicia por los abusos cometidos durante la guerra civil, reciben amenazas y agresiones por su trabajo. Cinco periodistas han sido asesinados en Guatemala desde 2006. En mayo de 2008, un periodista que hab铆a estado investigando los v铆nculos del gobierno con narcotraficantes falleci贸 luego de recibir cuatro disparos en la cabeza. Tampoco ha habido imputados en relaci贸n con este crimen.
Entre enero y junio de 2008, fueron asesinados cuatro fiscales, un juez y un magistrado, en tanto varias decenas m谩s recibieron amenazas. La mayor铆a de las v铆ctimas participaban en el juzgamiento de casos de corrupci贸n o crimen organizado.
Existe un amplio consenso entre los observadores locales e internacionales de que las personas responsables de muchos de estos actos de violencia e intimidaci贸n mantienen estrechos v铆nculos con redes u organizaciones privadas, poco conocidas e il铆citamente armadas, que en Guatemala se denominan habitualmente "aparatos clandestinos". Estos grupos aparentemente est谩n vinculados tanto con funcionarios del gobierno como con el crimen organizado, lo cual les permite acceder a importantes recursos pol铆ticos y econ贸micos. Hasta el momento, el sistema de justicia de Guatemala no ha contrarrestado esta poderosa amenaza al estado de derecho.
El uso excesivo de la fuerza
Los miembros de la Polic铆a Nacional Civil suelen excederse en el uso de la fuerza contra presuntos delincuentes y otras personas. En septiembre de 2007, algunos oficiales de polic铆a detuvieron a cinco hombres que se sospechaba que pertenec铆an a una pandilla violenta de narcotr谩fico de la Ciudad de Guatemala. Los cuerpos de estos hombres fueron encontrados en una hacienda varios d铆as despu茅s, y dos polic铆as est谩n siendo procesados actualmente por los asesinatos.
La pena de muerte
Si bien las leyes de Guatemala contemplan la pena de muerte, esta no ha sido aplicada desde 2000. En febrero de 2008, el Congreso aprob贸 un decreto que podr铆a haber restablecido esta pr谩ctica, pero fue vetado el mes siguiente por el Presidente Colom. Al momento de la redacci贸n del presente documento, a煤n contin煤a en Guatemala la moratoria sobre la pena de muerte.
Actores internacionales clave
En septiembre de 2007, el Secretario General de la ONU design贸 a un ex fiscal y juez espa帽ol para que estuviera a cargo de la recientemente creada Comisi贸n Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). El mandato de la comisi贸n es trabajar con el Ministerio P煤blico en la investigaci贸n, el juzgamiento y la desarticulaci贸n de los "aparatos clandestinos" responsables de la violencia continua contra los defensores de los derechos humanos. Durante su primer a帽o, la comisi贸n ha tomado 15 casos que se consideran representativos de los problemas de impunidad m谩s arraigados. Sin embargo, como lo reconoci贸 la CICIG en su informe anual de 2008, tambi茅n se ha visto "una obstaculizaci贸n sistem谩tica", en ocasiones por la misma corrupci贸n que pretende erradicar.
Mediante una decisi贸n emblem谩tica, el Tribunal Constitucional de Espa帽a determin贸 en septiembre de 2005 que, seg煤n el principio de "jurisdicci贸n universal", los supuestos casos de genocidio cometidos durante la guerra civil de Guatemala pod铆an ser juzgados en los tribunales espa帽oles. En julio de 2006, un juez espa帽ol dict贸 una orden internacional de detenci贸n contra ocho ciudadanos guatemaltecos, y el gobierno espa帽ol solicit贸 su extradici贸n a fines de 2006. No obstante, en diciembre de 2007 la Corte Constitucional de Guatemala determin贸 que dos de los acusados no podr铆an ser extraditados a Espa帽a. El tribunal espa帽ol ha impulsado el caso de todos modos: en febrero, mayo y octubre de 2008 recibi贸 declaraciones de testigos, v铆ctimas y peritos sobre el conflicto. Mientras tanto, en Guatemala, el caso contin煤a paralizado por los recursos presentados por la defensa, en tanto los testigos y los peritos son v铆ctimas de hostigamiento y amenazas.
La situaci贸n de Guatemala fue evaluada seg煤n el mecanismo de Examen Peri贸dico Universal del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en mayo de 2008. En esa oportunidad, Guatemala se comprometi贸 a ratificar el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y la Convenci贸n Internacional para la Protecci贸n de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, as铆 como a aceptar el art铆culo 14 de la Convenci贸n Internacional sobre la Eliminaci贸n de todas las Formas de Discriminaci贸n Racial (que trata de las peticiones individuales ante el comit茅 para la eliminaci贸n de la discriminaci贸n racial, establecido en dicha Convenci贸n). En junio, Guatemala ratific贸 el Protocolo Facultativo de la Convenci贸n contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, y en septiembre ratific贸 la Convenci贸n sobre los derechos de las Personas con Discapacidad.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos mantiene una oficina en Guatemala desde 2005, la cual lleva a cabo una labor de observaci贸n y asistencia t茅cnica vinculada con las pr谩cticas de derechos humanos en el pa铆s. El sistema interamericano de derechos humanos constituye una importante v铆a para los defensores de los derechos humanos que buscan ejercer presi贸n para que Guatemala resuelva los abusos pasados y actuales.
Guatemala es parte del Tratado de Libre Comercio entre Rep煤blica Dominicana, Centroam茅rica y Estados Unidos de Am茅rica (DR-CAFTA o TLC) entre los Estados Unidos y varios pa铆ses de Am茅rica Central. En abril de 2008, seis sindicatos guatemaltecos y la federaci贸n sindical estadounidense AFL-CIO presentaron una denuncia ante la Oficina de Asuntos Comerciales y Laborales del Departamento del Trabajo de los Estados Unidos, alegando violaciones de las leyes laborales nacionales e internacionales. La denuncia -la primera de este tipo en el marco del DR-CAFTA- fue aceptada por los Estados Unidos en junio y est谩 siendo investigada en la actualidad.