Para ser dos países prácticamente en guerra desde hace décadas, las autoridades de Irán y Estados Unidos están muy de acuerdo al menos en una cosa. Ambos apoyan la abominable idea de que el gobierno puede cometer asesinatos premeditados contra sus ciudadanos.
Nuevos casos de pena capital en ambos países lo demuestran.
En Irán, el Estado asesinó ayer a dos personas, Mohammed Ghobadlou y Farhad Salimi.
El primero, detalla Amnistía Internacional, fue asesinado por participar en protestas pacíficas. El segundo, otro preso político, fue acusado de múltiples cargos durante sus más de 13 años de encarcelamiento, entre ellos el ridículo de "enemistad con Dios". (Véase también: "La blasfemia es falsa", Daily Brief, 9 de enero)
Las autoridades iraníes han incrementado las ejecuciones a un ritmo alarmante, asesinando al menos a 746 personas en 2023. Muchas condenas a muerte están relacionadas con cargos por delitos de drogas o "asesinato intencionado".
Resulta extraño que las autoridades afirmen desaprobar tan enérgicamente el "asesinato intencionado", cuando ellas mismas lo cometen con tanta frecuencia.
En cualquier caso, también se están ensañando con las minorías étnicas. En este momento, once personas esperan su ejecución inminente, y ocho de los condenados a muerte son kurdos.
Hablemos ahora de Alabama.
Mañana, el gobierno estadounidense planea atar a Kenneth Eugene Smith, colocarle una máscara respiratoria en la cara y obligarle a inhalar gas nitrógeno puro hasta que muera asfixiado. Aparte de ser horrible en general, se trata de un método de ejecución que no se ha probado nunca: jamás se ha ejecutado así a nadie en Estados Unidos. Esta cruel experimentación se parece mucho a la tortura.
El asesinato programado para el jueves no es la primera vez que el estado de Alabama intenta matar a Smith. En noviembre de 2022, Smith sobrevivió a una ejecución fallida mediante inyección letal, un suceso espeluznante y la segunda ejecución fallida de Alabama en menos de dos meses.
Smith fue declarado culpable de asesinato (en un caso plagado de graves violaciones de derechos), por lo que, al igual que en los casos de asesinato iraníes, el absurdo moral es evidente: las autoridades afirman oponerse al asesinato, pero cometen asesinatos ellas mismas.
La pena de muerte no se aplica con tanta frecuencia en Estados Unidos como en Irán. Veintisiete de los 50 estados de EE.UU. (así como el gobierno federal) la tienen en vigor, aunque en varios de ellos no se ha ejecutado a nadie desde hace tiempo. Aun así, el año pasado se ejecutó a unas 24 personas en Estados Unidos, y aunque son muchas menos que los cientos de iraníes, el principio es el mismo.
La pena de muerte es un atentado contra la dignidad humana, es singularmente cruel en su finalidad y está inevitablemente marcada por la discriminación, la arbitrariedad y el error. Esto es cierto tanto si hablamos de Irán, Estados Unidos, China, Afganistán, Irak, Bielorrusia o cualquier otro lugar con pena de muerte.
Ningún gobierno debería cometer asesinatos premeditados contra sus ciudadanos. Ningún gobierno debería tener ese poder.
