Los gobiernos deberían cuestionar la represión brutal que padecen en Guinea Ecuatorial los defensores de derechos humanos, opositores políticos y otras personas que critican los abusos y la corrupción desenfrenada del gobierno, durante el próximo examen de la situación de los derechos que llevará a cabo las Naciones Unidas.
La combinación de la severa escasez de medicamentos y alimentos en Venezuela con la propagación de enfermedades a través de sus fronteras representa una emergencia humanitaria compleja que exige una respuesta rotunda de la Secretaría General de las Naciones Unidas.
El gobierno de Colombia ha nombrado en puestos clave del Ejército al menos a nueve generales contra los cuales existen evidencias creíbles que los implicarían en ejecuciones extrajudiciales y otros abusos. Por lo menos tres de los militares están siendo investigados, y la Fiscalía General de la Nación investiga ejecuciones perpetradas por soldados bajo el mando de los otros seis.
Los servicios de inteligencia y las fuerzas de seguridad en Venezuela han detenido y torturado a militares acusados de conspirar contra el gobierno.
Florida no brinda servicios básicos de VIH a muchas mujeres transgénero, lo que pone en riesgo su salud y contribuye a que exista en el estado una epidemia de VIH sin control.
La prohibición total del aborto en la República Dominicana supone una amenaza para la vida y la salud de las mujeres y vulnera sus derechos. En la República Dominicana, el aborto es ilegal en todas las circunstancias, incluso cuando el embarazo supone un riesgo para la vida, es inviable o se produjo como resultado de una violación.
Un pronunciamiento conjunto presentado por Perú, en representación de 53 estados, en la Sesión 38° del Consejo de Derechos Humanos expresó preocupación sobre la crisis de derechos humanos y humanitaria en el país e instó a que continuara la evaluación de la situación por parte de la Oficinal del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. El Consejo de Derechos Humanos debería en esta sesión adoptar una resolución que asegure que continúe el monitoreo de la Oficina y que se discutan sus informes en el marco del Consejo para que se adopte una respuesta apropiada ante el deterioro de la situación en Venezuela.
Los gobiernos de las Américas deberían definir una respuesta colectiva y uniforme al éxodo de personas que huyen de Venezuela. Deberían considerar adoptar un régimen uniforme de protección temporaria para dar seguridad y estatus legal a los venezolanos que necesitan protección. La agudización de la crisis venezolana ha propiciado el mayor flujo migratorio de este tipo en la historia reciente de América Latina.