Informes

Confinamiento Cruel
Condiciones de detención de los niños en el norte de Brasil

(Lo que sigue son el resumen y las recomendaciones de un informe en inglés publicado el 10 de abril de 2003.)

  • RESUMEN EJECUTIVO
  • RECOMENDACIONES


    (New York: Human Rights Watch, 2003)

    RESUMEN EJECUTIVO

    Los niños del norte de Brasil son víctimas habituales de palizas por parte de la policía y son detenidos en centros que no salvaguardan sus derechos humanos fundamentales. Una vez ingresados en los centros de detención de menores, los niños pueden sufrir más violencia a manos de sus compañeros. Suelen ser confinados en sus celdas durante largos períodos, lo que puede conllevar consecuencias graves para su bienestar emocional. Muchos menores detenidos no reciben una educación y no les ofrecen las oportunidades de desarrollar las habilidades necesarias para llevar vidas adultas satisfactorias y productivas. Las niñas carecen de atención médica básica y cuentan con menos oportunidades que los muchachos para el ejercicio, las actividades recreativas y de otro tipo. Este tipo de condiciones de detención violan el derecho internacional y el Estatuto de la Infancia y la Adolescencia de Brasil (Estatuto da Criança e do Adolescente).

    Human Rights Watch visitó 17 centros de detención en cinco estados - Amapá, Amazonas, Pará y Rondônia en la región amazónica y Maranhão en el noreste del país, durante un período de cuatro semanas entre abril y mayo de 2002. Siete de estos centros albergaban exclusivamente a menores sentenciados, uno de ellos a niños condenados a la sanción menor de "semilibertad" (por la cual los menores cumplen su condena en centros de reinserción), un centro no residencial para menores en libertad condicional (libertade assistida), y cuatro centros de detención provisional. Los cinco centros restantes, entre ellos los cuatro centros de detención de niñas que inspeccionamos, albergaban tanto a menores condenados como a menores en espera de juicio.

    Descubrimos que la policía les propina habitualmente palizas tanto antes como después de la detención. Dichos abusos suelen producirse en las comisarías, en las que, según las leyes brasileñas, los niños pueden estar detenidos hasta cinco días mientras esperan su traslado a un centro de detención de menores. En el estado de Amazonas, por ejemplo, casi todos los niños y niñas con los que hablamos no dijeron que la policía los había maltratado cuando estaban en la comisaría. En las áreas rurales, donde se incumple habitualmente el plazo máximo de cinco días de detención en los calabozos policiales, los niños corren un mayor peligro de sufrir malos tratos a manos de las fuerzas de seguridad.

    Una vez transferidos a los centros de detención, suelen sufrir nuevamente la violencia por parte de la policía militar estatal. Esta fuerza - que, a pesar de su nombre, está sometida al control civil - garantiza la seguridad externa de los centros de detención, sofoca los motines y otros disturbios, responde a los intentos de fuga y realiza registros rutinarios de celdas. Los niños que se quejaron de las palizas nos dijeron con frecuencia que la policía militar les había golpeado con cassetetes, porras de goma con el interior de metal. "Utilizan porras de goma", dijo Terence M., que había pasado diez meses en el centro de detención Aninga del estado de Amapá. "Cuando venían a hacer registros, nos golpeaban".

    Nos preocuparon especialmente las medidas adoptadas por la policía militar en respuesta a los disturbios ocurridos el 5 y 6 de abril de 2002 en el Espaço Recomeço de Pará. La policía militar entró en el centro después de que un grupo de menores prendiera fuego a sus colchones e intentara fugarse. Según las estimaciones oficiales, en los disturbios participaron entre cuatro y nueve reclusos, que fueron contenidos en un ala que albergaba a 19 menores; cuatro de ellos escaparon haciendo un agujero en uno de los muros y saltando una valla. El centro llamó a las tropas de choque de la policía militar, que dispararon gases lacrimógenos y balas de goma para sofocar los disturbios. Un menor dijo a Human Rights Watch que la policía militar le apuntó directamente con los recipientes de gas lacrimógeno; tenía quemaduras, ampollas, moratones y cortes en la cara, el cuello, el abdomen, los brazos y las piernas. Otros menores denunciaron que los agentes de policía les habían golpeado con porras de goma y ramas de árbol cuando los detuvieron.

    Cuando Human Rights Watch visitó el lugar en la mañana del 8 de abril de 2002, el primer día laborable tras el incidente, el personal del centro de detención ya había limpiado la mayoría del área, previniendo efectivamente una investigación independiente de los hechos. Cuando nuestro representante regresó al centro al final de la semana, el director le aseguró que la policía militar había realizado su propia investigación y había preparado un informe. Cuando le pedimos que nos enseñara el informe, dijo que no tenía una copia.

    Nunca se conocerán muchas de las circunstancias precisas de estos disturbios. Sin embargo, la gravedad de las heridas provocadas por la policía militar despierta serias dudas sobre las acciones emprendidas por los funcionarios del centro y las fuerzas de seguridad en respuesta a una revuelta organizada por un número reducido de menores y confinada a un área del centro. Las normas internacionales recomiendan que el empleo de la fuerza se limite a casos excepcionales, cuando se hayan agotado sin éxito todos los demás métodos de control.

    Los niños también son víctimas de la violencia a manos de otros menores. Cuando Human Rights Watch entrevistó a Josefina S., detenida en el estado de Amapá, tenía cortes recientes en la cara, el cuello y los brazos que atribuyó a una pelea con otra muchacha. "Me cortó, quería matarme", dijo. "A veces pasa eso". En el estado de Maranhão, un trabajador social del centro no gubernamental para la defensa de la infancia nos dijo que los menores denunciaban ataques sexuales y otros actos de violencia por parte de sus compañeros. En referencia a los dos meses que pasó recluido en el Espaço Recomeço de Pará, Henrique O., dijo: "Allí te pasas todo el tiempo encerrado, unos golpeando a otros. Hay muchas peleas allí". Dichas historias son un crudo ejemplo de la necesidad de proteger a los niños de la violencia de sus compañeros y de separarlos por edad, madurez física, gravedad del delito y otros factores - un requisito contemplado por las leyes brasileñas que muchos centros de detención sólo cumplen parcialmente.

    El maltrato físico no es la única violación de los derechos humanos que sufren los niños detenidos. Al ingresar en un centro de detención, los niños suelen permanecer encerrados en sus celdas durante cinco o más días sin posibilidad de ejercitarse ni de realizar ninguna actividad. El confinamiento en celdas, descrito eufemísticamente como un período de "observación", "evaluación e integración" o, según un centro de detención, "confinamiento terapeútico", se utiliza raramente con otra finalidad. En un comentario habitual entre los menores, Henrique O. nos dijo que el personal del centro nunca vino a verle durante sus primeros cinco días de detención provisional en Pará. "Te pasas cinco días encerrado con el cerrojo echado", dijo. Iolanda D. hizo una descripción similar de su ingreso en el centro de detención de niñas de Pará. "El primer día que llegué me registraron y me pusieron en confinamiento. Me pasé 18 días encerrada, yo sóla. No podía hacer nada. No podía salir. No tenía clases, sólo salía para ver al doctor. Las clases no empezaron hasta después del confinamiento."

    El confinamiento en las celdas también es la principal medida disciplinaria oficial. Human Rights Watch descubrió que la mayoría de los centros de detención no tienen normas ni procedimientos claros sobre el uso del confinamiento en las celdas como medida disciplinaria, y no parece que haya límites sobre el tiempo que los niños pueden estar encerrados. En el Centro de Detención Espaço Recomeço de Pará, por ejemplo, hablamos con menores que habían estado confinados en sus celdas durante más de dos meses. En el estado de Amazonas, los niños denunciaron que los habían encerrado en sus celdas durante períodos de hasta 15 días. En contraste, los centros de detención del estado de Amapá imponen ahora un límite de 48 horas para dicho confinamiento.

    La distinción entre confinamiento para "observación" y el encierro disciplinario suele ser confusa, y tanto los menores como los guardias utilizaron habitualmente la misma palabra, contenção, para describir ambas medidas. El lugar de confinamiento de los niños varía en función de los centros. Algunos los encierran en celdas de castigo y otros los confinan en sus dependencias habituales. Algunos niños denunciaron que habían estado completamente aislados de sus compañeros durante el período de confinamiento. Otros nos dijeron que habían estado encerrados con otros menores. Durante el confinamiento, las actividades en las que pueden participar los niños - y, en consecuencia, el tiempo que pasa al día fuera de sus celdas - varía considerablemente.

    El confinamiento en las celdas pueden causar graves perjuicios al bienestar emocional del niño, especialmente cuando está encerrado o encerrada durante largos períodos. "Para mí, lo peor era estar aislada", dijo Patricia D., describiendo su paso por el centro de detención Aninga del estado de Amapá. "Estaba muy triste. Estuve encerrada mucho tiempo, más de un mes sin salir ni nada... Para mí, eso fue lo peor". Las normas internacionales subrayan la necesidad de los niños de "estímulos sensoriales [y] posibilidades de asociación con sus compañeros". Los largos períodos de confinamiento en celdas pueden provocar daños psicológicos a los niños, al privarles de la interacción con sus compañeros que necesitan para mantener su bienestar emocional. En algunos casos, particularmente cuando los niños están aislados o confinados en cuartos cerrados durante extensos períodos, el encierro en las celdas puede constituir un trato cruel, inhumano o degradante, y una violación del derecho internacional.

    A parte de estos dos tipos de confinamiento, en la mayoría de los centros de detención, los niños pasan cierta parte del día en sus celdas, normalmente antes o después de las comidas. En algunos centros, estos períodos de "encierro" pueden durar varias horas. Como resultado de ello, la inactividad es un problema grave en muchos de los centros de detención que visitamos, especialmente en el centro Espaço Recomeço de Pará, el centro de detención Aninga de Amapá, el centro Raimundo Parente de Amazonas y la Casa do Adolescente, el centro de detención de niños de Rondônia. En cada uno de estos centros, los menores nos dijeron que pasaban una parte considerable del día encerrados en sus celdas sin nada que hacer.

    Las niñas dijeron que pasaban más tiempo fuera de las celdas que los niños, pero no suelen contar con oportunidades de recreo comparables con las que reciben los niños. Ninguno de los centros de detención de niñas ofrecía oportunidades para practicar deportes, el principal medio de que disponen los menores detenidos para ejercitar los músculos largos. Al parecer, pasaban la mayor parte de su tiempo de ocio cosiendo, realizando otras manualidades o durmiendo.

    A excepción de varios centros del estado de Pará, los niños informaron en general que podían recibir visitas durante dos o más horas una o dos veces a la semana. En Pará, los niños recluidos en el centro de detención provisional y en el centro Espaço Recomeço nos dijeron que a los que estaban confinados se les reducía el tiempo para las visitas o se les negaba completamente este derecho. De manera similar, nos dijeron que las detenidas preventivas del centro de detención de Pará no podían recibir visitas. Los centros del estado de Amapá, en contraste, tenían políticas especialmente generosas con respecto a las visitas y permitían las visitas de familiares durante toda la semana.

    La mayoría de los niños informaron que a su llegada les suministraban ropa de cama, colchones o hamacas. Pero algunos niños recluidos en el Centro de Detención Espaço Recomeço de Pará y la Casa do Adolescente de Rondônia nos dijeron que habían dormido sobre el suelo sin colchón en algún momento de su reclusión. Además, los niños del Espaço Recomeço denunciaron constantemente problemas con la higiene y el acceso al agua.

    La infraestructura de dos centros de detención era especialmente inadecuada. La Casa do Adolescente, el centro de detención de niños de Porto Velho, Rondônia, tenía dos pequeños dormitorios y dos celdas para 25 menores. Estas limitaciones físicas y el hecho de que el personal del centro asignara uno de los dormitorios a un grupo privilegiado de cuatro o cinco niños implicaba que la mayoría de los menores estaban encerrados juntos con una estrechez excepcional. El Centro Sócio-Educativo Marise Mendes, el centro de detención de niñas de Amazônas, tenía dos dormitorios en los que estaban hacinadas hasta 24 muchachas, lo que provocaba frecuentes conflictos. En respuesta, el personal solía encerrar a las niñas que no se llevaban bien con sus compañeras de dormitorio en las celdas de castigo del centro.

    La mayoría de los niños detenidos sólo han cursado entre uno y cuatro años de estudios. Muchos de ellos son analfabetos. Sin embargo, muchos niños no reciben instrucción durante la reclusión, en violación de la Constitución brasileña y el derecho internacional. Cuando visitamos la unidad de detención provisional de Amazonas, en abril de 2002, no se impartían clases. En otros centros de detención, tales como el Espaço Recomeço de Pará y el centro de detención de niños de Rondônia, descubrimos que sólo se escolarizaba a algunos menores. En concreto, los niños confinados en sus celdas denunciaron con frecuencia que no podían asistir a las clases.

    Todos los centros que visitamos contaban con servicios de atención médica básica para los niños detenidos, y la mayoría de los menores dijeron que podían ver al personal sanitario cuando lo solicitaban. Sin embargo, los menores no siempre son sometidos a un examen médico al ingresar en los centros, y las niñas no reciben habitualmente exámenes ginecológicos. En al menos un caso, una muchacha embarazada informó de que no había recibido atención prenatal durante el período de detención. Inês F., que estaba embarazada de siete meses cuando la entrevistamos, nos dijo que no había visto a ningún médico durante al menos cuatro semanas.

    La mayoría de los centros de detención no investigan las denuncias de malos tratos; de hecho, la mayoría de ellos no cuentan con mecanismos de denuncia significativos. Los funcionarios de Manaus, la capital del estado de Amazonas, fueron los únicos que plantearon el problema de los abusos por parte de los guardias y la policía militar y lo discutieron directamente con Human Rights Watch. "No puedo ocultarlo", dijo Paulo Sampaio, director del Departamento de la Infancia y la Adolescencia de Amazonas, "por que si lo hiciera, lo perpetuaría".

    Las leyes brasileñas garantizan el derecho del niño a un abogado, lo que incluye asistencia legal gratuita para los que la necesiten e implica que, en teoría, un niño podría pedir la asistencia de su abogado para presentar una denuncia. En la práctica, sin embargo, pocos de los niños a los que entrevistamos habían hablado con su abogado. Casi todos ellos estaban representados por abogados de oficio.

    Este informe está basado en una misión de investigación de cuatro semanas en el norte de Brasil. Nuestro investigador visitó 17 centros de detención de menores en los estados de Amapá, Amazonas, Maranhão, Pará y Rondônia. Entre los centros que visitamos se encontraban los centros de detención provisional de cada uno de los estados y los centros de detención de niñas de cuatro de los cinco estados. Durante estas visitas, nuestro investigador entrevistó a 44 menores, ocho de ellos niñas.

    Nuestro investigador pudo tomar fotos en todos los centros. La mayoría de los funcionarios de los centros sólo nos pidieron que no fotografiáramos las caras de los niños, como exigen las leyes brasileñas. La única excepción se produjo en la Casa do Adolescente de Porto Velho, Rondônia, donde un funcionario le dijo a nuestro investigador que el reglamento del centro prohibía que se tomaran fotos. Las circunstancias indican que el funcionario se inventó esta regla sobre la marcha: la esgrimió cuando nuestro investigador empezó a fotografiar una celda de castigo en condiciones especialmente terribles después de haber tomado docenas de fotos en otras partes del centro, y se negó a darnos su nombre completo, identificándose como "Antônio a secas".

    Este es el décimo sexto informe de Human Rights Watch sobre la justicia juvenil y las condiciones de detención de los niños. En las Américas, Human Rights Watch ha investigado e informado sobre asuntos relacionados con la justicia juvenil en Brasil, Guatemala, Jamaica y los estados norteamericanos de Colorado, Louisiana, Georgia y Maryland. En otras partes del mundo, Human Rights Watch ha documentado las condiciones de detención de los niños en Bulgaria, Egipto, India, Kenia, Irlanda del Norte, Pakistán y Turquía.

    Las prisiones, las cárceles, los calabozos policiales y otros lugares de detención plantean especiales problemas para la investigación por que los detenidos, especialmente los niños, están expuestos a la intimidación y las represalias. Con el fin de mantener la exactitud y la objetividad, Human Rights Watch basa sus informes en observaciones de primera mano de las condiciones de detención y en entrevistas personales con los detenidos y los funcionarios. Siguiendo una serie de reglas que nos hemos impuesto para las investigaciones, sólo realizamos visitas cuando nuestros investigadores, y no las autoridades, pueden elegir los centros a visitar, confiar en que podrán hablar en privado con los detenidos que elijan y tener acceso a todo el centro para su examen. Estas reglas garantizan que no sólo se muestren centros de detención y reclusos "modélicos" a nuestros investigadores, o las partes más presentables de los centros que estamos investigando. Cuando se deniegan estas condiciones, Human Rights Watch puede tomar la medida excepcional de conducir sus investigaciones partiendo de entrevistas con ex reclusos, familiares de los detenidos, abogados, expertos en prisiones y personal del centro de detención, así como de la revisión de pruebas documentales.

    Al igual que hace con otros grupos vulnerables, Human Rights Watch se preocupa especialmente de que las entrevistas con los niños sean confidenciales, se realicen con tacto y estén libres de toda influencia externa, real o aparente. No hace públicos los nombres ni otra información que pueda servir para identificar a los niños reclusos entrevistados. En este informe, se ha asignado un seudónimo a cada niño para proteger su privacidad y su seguridad.

    Human Rights Watch analiza el tratamiento de los niños de acuerdo con el derecho internacional, según lo dispuesto en la Convención sobre los Derechos del Niño, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y otros instrumentos internacionales en materia de derechos humanos. Las Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores, las Reglas mínimas de la ONU para la protección de los menores privados de libertad y las Reglas mínimas de la ONU para el tratamiento de los reclusos ofrecen directrices autorizadas sobre el contenido de las obligaciones internacionales con respecto a la detención.

    En este informe, la palabra "niño" se refiere a toda persona menor de 18 años, en consonancia con las normas internacionales. Este uso difiere de la definición de "niño" en las leyes brasileñas sobre justicia de menores, en las que se distingue entre personas menores de 12 años (consideradas "niños") y las que tienen entre 12 y 17 años ("adolescentes").


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