"Si le entregamos un guerrillero al Batallón Girardot, por cambio de granadas y munición de R 15... Y el ejército cuando lo recibió le puso [el cuerpo] camuflado."

      — Francisco Enrique Villalba Hernández, un ex paramilitar

La Fiscalía General ha recopilado considerables pruebas sobre las amplias relaciones durante 1997, 1998 y 1999 entre la Cuarta Brigada y los paramilitares bajo el mando de Carlos Castaño. En estos documentos se mencionan a los Batallones Girardot, Granaderos, Héroes de Barbacoas, Juan del Corral y Pedro Nel Ospina, así como al cuartel general de la Cuarta Brigada.

En la investigación se describen las actividades ocurridas cuando la Cuarta Brigada estaba a las órdenes del General Alfonso Monsalva (fallecido posteriormente) y después, del Gral. Carlos Ospina Valle, que desde entonces ha sido ascendido y encabeza ahora la Cuarta División de Colombia.⁽²⁹⁾

En su puesto actual, el Gral. Ospina es el comandante divisional de al menos una de las unidades propuestas para la asistencia de seguridad de Estados Unidos, la Décimo Segunda Brigada, con sede en Florencia, Caquetá.⁽³⁰⁾

En 1998, la Fiscalía General abrió una investigación de presuntas atrocidades cometidas el año anterior por paramilitares en las cercanías de la ciudades de Girardota, Tarazá y Caucasia, en el departamento de Antioquia. Los investigadores concluyeron que un grupo de los llamados "paramilitares" incluía a seis soldados en el servicio activo asignados al Batallón de Infantería No. 10 "Girardot" y el Batallón de Ingenieros No. 4 "Pedro Nel Ospina". En la investigación oficial, el grupo fue relacionado con una serie de asesinatos y robos cometidos cuando llevaban uniforme y armas del Ejército, entre ellas ametralladoras y granadas. En las llamadas operaciones de "limpieza social," el grupo atacó y mató a personas consideradas drogadictos o ladrones.⁽³¹⁾

Entre los presuntos paramilitares que, según los investigadores de la Fiscalía General, disfrutaban de libre acceso al cuartel general de la Cuarta Brigada en 1997 y 1998 estaba Jacinto Alberto Soto, alías "Lucas" y considerado el jefe de contabilidad de las ACCU. En 1998, la Fiscalía General dictó una orden de detención contra Soto que fue capturado junto con documentos y libros de contabilidad de las ACCU. No obstante, las autoridades dijeron a Human Rights Watch que Soto sobornó aparentemente a los funcionarios y salió por la puerta principal de la prisión de máxima seguridad de Medellín semanas después.⁽³²⁾

En otra serie de investigaciones, los funcionarios de la Fiscalía General reunieron pruebas abundantes que relacionaban a la Cuarta Brigada con los paramilitares a las órdenes de Castaño que llevaron a cabo la masacre de El Aro, que tuvo lugar en octubre de 1997. En ese momento, el Gral. Ospina era el comandante de la Cuarta Brigada. Estos documentos demuestran que el 25 de octubre, una fuerza conjunta del Ejército y los paramilitares rodearon el pueblo de El Aro y a las 2000 personas que vivían en su interior y los alrededores. La operación formaba parte de una ofensiva regional lanzada contra las FARC y destinada a obligar a los residentes a que abandonaran pueblos considerados proveedores de los guerrilleros y Aconquistar la región, en palabras de Castaño.⁽³³⁾

Los supervivientes dijeron a Human Rights Watch que mientras los soldados mantenían un perímetro alrededor de El Aro, unos 25 miembros de las ACCU entraba en el pueblo, rodeaban a los residentes y ejecutaban a cuatro personas en la plaza. Un testigo dijo a Human Rights Watch que los líderes de las ACCU se hacían llamar a si mismos "Cobra" y "Junior". Los testigos dijeron que los paramilitares dijeron al propietario de comercio Aurelio Areiza y su familia que mataran un novillo y preparan comida con lo que había en su tienda para alimentar a los combatientes de las ACCU los días 25 y 26 de octubre, mientras el resto del país votaba en las elecciones presidenciales. Según los mismos testigos, al día siguiente, los paramilitares llevaron a Areiza a una casa cercana, lo ataron a un árbol y lo torturaron y mataron. Añadieron que las ACCU le habían sacado los ojos y cortado la lengua y los testículos.⁽³⁴⁾

Un testigo le dijo a los periodistas que visitaron El Aro poco después que las familias que intentaron huir fueron enviados de vuelta por los soldados acampados en las cercanías de la ciudad. Se consideraba que, durante los cinco días que estuvieron en El Aro, los miembros de las ACCU habían ejecutado al menos 11 personas, entre ellas tres niños, quemado 47 de las 68 casas, entre ellas una farmacia, una iglesia y una central telefónica, saqueado comercios, destruido cañerías que de suministro de agua potable a las casas y obligado a huir a la mayoría de los residentes. Cuando salieron el 30 de octubre, las ACCU se llevaron consigo más de un millar de cabezas de ganado junto con los bienes saqueados en casas y comercios.⁽³⁵⁾

Posteriormente, se denunció la desaparición forzada de 30 personas.⁽³⁶⁾

A finales de año, cientos de familias desplazadas estaban repartidas en albergues de Ituango, Puerto Valdivia y Medellín.⁽³⁷⁾

Jesús Valle, consejero municipal de Ituango, abogado y presidente del Comité Permanente de Derechos Humanos "Héctor Abad Gómez", ayudó a documentar la masacre y representó a algunas familias de las víctimas. Fue asesinado en su oficina de Medellín el 27 de febrero de 1998. Carlos Castaño, el Ejército y los narcotraficantes locales están siendo investigados por planear su asesinato.⁽³⁸⁾

Los investigadores del gobierno han relacionado a los sicarios con La Terraza, un grupo de asesinos profesionales que trabaja por contrato para Castaño.⁽³⁹⁾

Francisco Enrique Villalba Hernández, un ex paramilitar que participó en la masacre de El Aro, confirmó bajo juramento ante la Fiscalía General, el 30 de abril de 1998, el testimonio de los supervivientes entrevistados por Human Rights Watch que indicaba que la operación había sido cuidadosamente planeada y ejecutada por una fuerza conjunta de paramilitar-militar. Villalba dijo que pertenecía al Grupo Toledo dentro del Frente Metropolitano de las ACCU. Dijo a las autoridades que "Junior" y Salvatore Mancuso, alías "El Mono Mancuso" y comandante de los combatientes de las ACCU presentes, le llevaron junto con un centenar de paramilitares a Puerto Valdivia para preparar la entrada en El Aro.⁽⁴⁰⁾

Villalba dijo a las autoridades que en Puerto Valdivia fue testigo de un encuentro entre Mancuso, un teniente del Ejército y dos subordinados militares que estaban allí con las tropas. Esta región está cubierta por los Batallones Girardot y Granaderos. Según Villalba, durante la reunión los soldados y los paramilitares se llamaban de "primo" entre ellos, como muestra de sus objetivos y fines compartidos.⁽⁴¹⁾

Villalba también testificó sobre las comunicaciones de radio que pudo escuchar entre Mancuso y el coronel al mando del batallón que estaba participando en la operación combinada. Según Villalba, "estaban planeando la entrada al Aro y como se iba a operar abajo, para que el ejército no dejara pasar a personas o no fuera a pasar comiciones (sic), ni periodismo."⁽⁴²⁾

Durante la operación, Villalba dijo que la fuerza combinada del Ejército y los paramilitares fue atacada por las FARC. "Al momentico de tener contacto que duramos tres horas llegó un helicóptero del ejército, ahí nos bajo lo que fue elementos de salud y munición."⁽⁴³⁾

Villalba admitió su participación directa en los asesinatos y las mutilaciones de víctimas, entre ellas una decapitación. Villalba dijo que cuando los paramilitares tenían rodeado al ganado pertenecientes a los residentes de El Aro, salieron del área con la protección del Ejército, que les aconsejó qué camino tomar para evitar el encuentro con los miembros de la Fiscalía General y la Procuraduría, que según ellos habían sido enviados para investigar las denuncias de la masacre. Según Villalba, mientras los paramilitares viajaban en autobuses públicos capturados en la autopista, otro vehículo les precedía para garantizar que los autobuses pasaban sin problema los retenes de carretera.⁽⁴⁴⁾

En declaraciones a la prensa, Carlos Castaño se hizo responsable de la masacre.⁽⁴⁵⁾

Villalba también declaró sobre otras muchas operaciones ejecutadas conjuntamente por los paramilitares y los Batallones Granaderos y Girardot. Dijo a los investigadores que una práctica habitual consistía en la "legalización", cuando los paramilitares entregaban cuerpos de presuntos guerrilleros o civiles asesinados al Ejército a cambio de armas y municiones. Villaba testificó que los soldados vestían entonces los cadáveres con uniformes militares y afirmaban públicamente que se trataba de guerrilleros caídos en combate. "Si le entregamos un guerrillero al Batallón Girardot, por cambio de granadas y munición de R 15... Y el ejército cuando lo recibió le puso [el cuerpo] camuflado."⁽⁴⁶⁾

Los fiscales dijeron a Human Rights Watch que habían confirmado este detalle mediante la revisión de los registros de armas de la Cuarta Brigada, que revelaban que muchas armas para las tropas habían desaparecido. Aunque el fiscal dijo a Human Rights Watch que oficiales de la Cuarta Brigada habían confirmado que arsenales del Batallón Granaderos habían ido a manos de paramilitares, afirmó que el Ejército nunca siguió adelante con la investigación ni sancionó a nadie.⁽⁴⁷⁾

Como explicó Human Rights Watch en Guerra sin Cuartel: Colombia y el Derecho Internacional Humanitario, la constante insistencia del Ejército en el número de bajas para medir su desempeño fomenta los abusos a los derechos humanos por parte de los soldados.⁽⁴⁸⁾

Los oficiales que no logran acumular listas de bajas enemigas se arriesgan a que sus carreras se estanquen o terminen.⁽⁴⁹⁾

Como demuestra el testimonio de Villaba, la legalización es una manera de que los oficiales puedan mejorar sus posibilidades de recibir medallas y ascensos. "El comandante daba la orden y decía que quería resultados, bajas, dijo un ex oficial del Ejército a Human Rights Watch. "Así que cualquier que se acercara a nuestra patrulla estaba muerto."⁽⁵⁰⁾

Menos de un mes después de que el ex comandante de las Fuerzas Militares, el Gral. Manuel Bonett, dijera a Human Rights Watch que el Ejército había revisado los métodos para medir el éxito, el Gral. Iván Ramírez resumió el trabajo de su Primera División con la entrega a la prensa de largas listas de personas caídas en combate contra sus tropas.⁽⁵¹⁾

Se trata del mismo oficial cuyo visado de entrada en Estados Unidos fue al parecer revocado por "actividad terrorista", en este caso por apoyar a los paramilitares. Según una investigación del Washington Post, Ramírez era una fuente clave de inteligencia para Estados Unidos y ejercía de enlace e informante a sueldo para la Agencia Central de Inteligencia, supuestamente para ayudar en la lucha contra la droga y las guerrillas marxistas. Al mismo tiempo, de acuerdo con el informe, mantenía estrechos vínculos con los grupos paramilitares de ultraderecha cuyas actividades se financian en gran parte mediante el narcotráfico.⁽⁵²⁾

Las investigaciones de la Fiscalía General recopilaron pruebas convincentes y detalladas de que, en lugar de disminuir, las actividades ilegales en la Cuarta Brigada se mantuvieron en 1998 y 1999. El hecho más destacado sea quizá el asesinato en marzo de 1999 de Álex Lopera, un ex asesor para la paz de la Gobernación de Antioquia. Lopera estaba ayudando a una familia a negociar la liberación de un familiar secuestrado por la guerrilla cuando fue detenido en un retén del Ejército cerca de Sonsón, Antioquia.⁽⁵³⁾

Según las declaraciones bajo juramento de "Valentín," un soldado y operador de radio de la Cuarta Brigada que estaba presente en la escena del crímen, soldados de los Batallones Granaderos y Juan del Corral registraron el vehículo y descubrieron el dinero del rescate oculto en la rueda de repuesto. "Valentín" dijo a los fiscales que el comandante del Batallón Granaderos, el Mayor David Hernández Rojas, estaba presente en ese momento.⁽⁵⁴⁾

"Valentín" declaró que, al no haber ninguna orden de arresto para los ocupantes del vehículo, el reglamento obligaba a los soldados a dejarlo pasar. Sin embargo, según "Valentín", el Mayor Hernández envió a varios soldados a que lo emboscaran más adelante y robaran el dinero.⁽⁵⁵⁾

"Valentín" explicó que los soldados no tenían otra alternativa. "Hernández nos dijo a todos los que estábamos ahí, que mucho cuidado, que él que se tuerza se muere, con toda la familia; dijo que él tenía gente que le hacía ese trabajo."⁽⁵⁶⁾

Dijo que él y dos soldados a las órdenes del Capitán Diego Fernando Fino montaron la emboscada.⁽⁵⁷⁾

"Valentín" declaró a los fiscales que el cabo Carlos Mario Escudero hizo los disparos a quemarropa que mataron a los tres pasajeros. Los soldados se repartieron el dinero del rescate.⁽⁵⁸⁾

El caso salió no obstante a la luz cuando la esposa de Escudero denunció que habían robado su parte del dinero varias semanas después, según el testimonio de Escudero ante los investigadores del gobierno.⁽⁵⁹⁾

Según "Valentín" se desvió fácilmente una investigación interna iniciada por la Cuarta Brigada. "(Hernández) le dijo a todos los integrantes del Granaderos como debían declarar, a cada uno le dijo que debía decir."⁽⁶⁰⁾

"Valentín" testificó asimismo sobre las estrechas relaciones del Mayor Hernández con los paramilitares que operaban en el este de Antioquia.⁽⁶¹⁾

En una declaración, "Valentín" dijo a los investigadores que el Mayor Hernández les había dicho que había empezado a organizar un escuadrón de la muerte llamado "La Muerte" dentro de la Cuarta Brigada, en coordinación con un oficial del Ejército asignado al Grupo de Acción Unificada (GAULA) rural, una unidad combinada del Ejército y la Policía. El escuadrón iba a ser equipado y armado con uniformes de camuflaje, armas y municiones requisadas a la guerrilla por los soldados.⁽⁶²⁾

"Valentín" también dijo a los investigadores de la Fiscalía General que el Mayor Jesús María Clavijo Clavijo, entonces comandante del Batallón de Contraguerrillas "Héroes de Barbacoas", colaboraba con los grupos paramilitares.⁽⁶³⁾

Entre los asesinatos que "Valentín" atribuía a la colaboración de Clavijo con los paramilitares estaban los ocurridos en las cercanías de El Carmen de Atrato, Chocó, en febrero de 1999. "Normalmente en el área donde estaba el Mayor Clavijo, había desaparecidos, muertos, y por donde se pasaba siempre llegaban citatorias de demandas."⁽⁶⁴⁾

Según "Valentín", el Mayor Clavijo también "legalizaba" cuerpos entregados por los paramilitares. Sin embargo, este sistema no funcionaba si los familiares de un desaparecido ofrecían una recompensa. "Valentín" declaró que en una ocasión, el Mayor Clavijo ordenó a los soldados bajo su mando que desmembraran varios cuerpos con sierras eléctricas para frustrar su identificación.⁽⁶⁵⁾

"Valentín", que era operador de radio, dijo que solía escuchar a los paramilitares comunicándose con el Ejército sobre el terreno. "Por la monitoría escuché gente hablando de combates, pidiendo apoyo, por otro tipo de comunicaciones diferentes a las nuestras, yo reconocí que eran las autodefensas por la forma de hablar... el Mayor Abondano [de la Cuarta Brigada] dio la orden a la tropa por radio, que avanzaran, que siguieran con el eje que llevaban, que los primos estaban en combates y necesitaban apoyos."⁽⁶⁶⁾

Este testigo relacionó asimismo con los paramilitares a otros oficiales de la Cuarta Brigada, entre ellos el Mayor Clavijo, el Coronel Rivillas, el Mayor Abondano y otros, con los que celebraban reuniones periódicas en las bases militares. Dijo que oficiales asignados al Batallón "Pedro Nel Ospina" también participaron en el apoyo a los paramilitares.⁽⁶⁷⁾

En una investigación paralela de la Procuraduría se enumeraban cientos de comunicaciones por teléfono móvil y buscapersonas entre conocidos paramilitares y oficiales de la Cuarta Brigada, entre ellos el Teniente Coronel Carlos Ospina Pardo, el Teniente Coronel Alfonso Zapata Gaviria, el Mayor Álvaro Cortés Morillo,⁽⁶⁸⁾ un tal "Mayor Ardila", el Mayor Jesús María Clavijo, el Teniente Felipe Rodríguez, el Cabo Iván Darío Jaramillo, el Cabo Javier Gómez Herrán y el Cabo Carlos Mario Escudero.⁽⁶⁹⁾

El nombre de Clavijo apareció también en las investigaciones de la Fiscalía General sobre la presunta coordinación, por parte del Ejército, de las CONVIVIR, los grupos de civiles autorizados por el gobierno para llevar a cabo actividades bélicas. En la práctica, eran muy similares a los grupos paramilitares. En 1997, José Alirio Arcila, líder de una CONVIVIR de Antioquia conocida como "Los Sables", implicó a Clavijo y otros oficiales de la Cuarta Brigada en una serie de asesinatos cometidos en Medellín. Sin embargo, Human Rights Watch no tiene conocimiento de ninguna investigación de los agentes de las fuerzas de seguridad denunciados por Arcila.⁽⁷⁰⁾

No obstante, el Mayor Clavijo ha sido ascendido a coronel y está ahora al mando del Batallón de Contraguerrillas "Héroes de Majagual", bajo la jurisdicción de la Quinta Brigada y con sede en Barrancabermeja. Muy recientemente, este batallón ha sido relacionado en la prensa con un aumento de la actividad paramilitar y de los ataques directos contra la población civil cerca de Cantagallo, Santander. En noviembre de 1999, por ejemplo, campesinos locales denunciaron que las tropas a las órdenes directas de Clavijo se habían coordinado con los paramilitares para secuestrar a dos destacados lideres de los desplazados, Gildardo Fuentes y Edgar Quiroga.⁽⁷¹⁾

35. Javier Arboleda, "Cinco días de infierno en El Aro," El Colombiano, 14 de noviembre de 1997. Acción Urgente de Amnistía Internacional 01/97, 3 de enero de 1997.