En 1998, la violencia contra las mujeres siguió siendo una de las violaciones más inextricables de los derechos humanos de la mujer. Persistió, de diversas formas, en tiempos de paz y en tiempos de guerra. Los autores fueron tanto individuos como funcionarios públicos. Las mujeres fueron maltratadas por sus propios compañeros; violadas y sometidas a otras agresiones sexuales por soldados durante épocas de guerras intestinas; siendo víctimas de agresiones sexuales cometidas por agentes encargados del cumplimiento de la ley, mientras estaban detenidas; violadas en campos de refugiados por otros refugiados, la policía local o los militares; y víctimas de violencia sexual por pertenecer a la clase social baja.

Gracias a varios años de trabajo de los movimientos de derechos humanos de la mujer, en 1998 se lograron mejorar las medidas gubernamentales para impedir la violencia contra las mujeres en algunos países. Por ejemplo, el parlamento de Taiwan examinó un proyecto de ley que penalizaría totalmente la violación y las agresiones sexuales. En la actualidad, la violación no se considera automáticamente un delito penal, y el estado no siempre formula cargos penales. Aunque, en virtud del código penal, las violaciones son ilegales, el estado no procederá a investigar un caso de violación sin el consentimiento de la víctima que, en muchos casos, llegan a un acuerdo extrajudicial de compensación monetaria, en vez de presentar cargos. El proyecto de ley no permitiría los acuerdos extrajudiciales y obligaría a la policía a presentar cargos penales en cualquier caso de violación o abuso sexual del que tengan noticia. En otro paso hacia delante, a fines de diciembre de 1997, el Tribunal Supremo de la Administración de Egipto mantuvo una prohibición gubernamental de las ablaciones genitales de niñas y mujeres. La prohibición gubernamental de 1996 había sido puesta en entredicho por los conservadores, que argüían que las ablaciones genitales eran una costumbre religiosa y cultural legítima en la que el estado no debería interferir. A principios de 1998, el gobierno inició programas de educación pública sobre los riesgos para la salud de las ablaciones genitales e hizo pública su intención de penalizar a los doctores, comadronas y barberos que violaran la prohibición.

No obstante, muchas de las medidas gubernamentales en respuesta a la violencia contra las mujeres fueron inadecuadas. De las investigaciones de Human Rights Watch se desprende que, mientras que algunos gobiernos centraron la atención legislativa en la violencia sexual y doméstica, dicha reforma se vio obstaculizada por barreras estructurales al acceso cabal de las mujeres a reparaciones y protección jurídicas frente a nuevas agresiones. Las víctimas de la violencia doméstica tuvieron que hacer frente a obstáculos insuperables cuando intentaban denunciar una agresión. En países como Bosnia, el Perú, Suráfrica y Rusia, las autoridades consideraron la violencia doméstica como un delito menor porque se producía entre compañeros íntimos y no alentaron a las mujeres a denunciar las agresiones. Mujeres de diferentes países informaron a Human Rights Watch de que, en lugar de ayudar a las víctimas a presentar una denuncia, la policía solía acusarlas de ser malas esposas, insinuando, en cierto modo, que su comportamiento justificaba el abuso. En el Perú, por ejemplo, víctimas de la violencia doméstica informaron de que la policía las acribillaba a preguntas sobre lo que Ahabían hecho@ a sus maridos para provocar una agresión física. En la Bosnia de la posguerra, averiguamos que la policía solía negarse rotundamente a intervenir en conflictos sobre violencia doméstica.

Las víctimas de la violencia sexual tuvieron que hacer frente a algunos obstáculos, incluyendo la extremada parcialidad del sistema jurídico. Human Rights Watch estudió cuatro países, el Perú, Rusia, Sudáfrica y Pakistán, en donde las mujeres víctimas de violencia sexual tienen que someterse a un examen forense a fin de recabar pruebas que demuestren su denuncia de violación. Estos exámenes forenses son esenciales para que el sistema jurídico admita el procesamiento del caso. No obstante, si bien son exigidos por la ley, rara vez se efectúan de un modo que permita recabar pruebas completas y convincentes de la agresión sexual. En Pakistán, por ejemplo, en los exámenes se intentó casi exclusivamente determinar el estado del himen de las víctimas, una tendencia de la que también hay noticias en otros países. En otros lugares, como en Suráfrica, los forenses tenían una capacitación deficiente y no efectuaban exámenes completos, teniendo en cuenta los daños sufridos por las víctimas.

Los gobiernos también se mostraron negligentes a la hora de prevenir y condenar otras formas de violencia contra la mujer, como la violencia durante la guerra y la posguerra y la violencia sufrida durante detenciones estatales. Con frecuencia, las guerras civiles no sólo convirtieron a las mujeres en víctimas de agresiones sexuales, sino que, además, las obligaron a huir de sus países hacia campos de refugiados, en los que, una vez más, fueron víctimas de agresiones sexuales.

En 1998, Human Rights Watch efectuó una serie de investigaciones sobre la violencia contra las mujeres ejercida por individuos en India e Indonesia; la violencia en tiempos de guerra y los abusos de la posguerra en Argelia, Bosnia, Sierra Leona y Tanzania; y, en los Estados Unidos, los abusos de mujeres detenidas.

Violencia ejercida por individuos

La discriminación de derecho y los usos y costumbres a menudo mantuvieron a las mujeres en una posición subordinada en sus comunidades. Esta posición inferior las convirtió en posibles víctimas de violencia sexual y doméstica. Como los sistemas judiciales no investigaban exhaustivamente ni condenaban los actos de violencia doméstica y sexual contra la mujer, la impunidad vino a rebajar aún más el estatus secundario de las mujeres, e incluso a consolidarlo.

En 1997, Human Rights Watch efectuó una serie de investigaciones sobre cómo el estado respondía a la violencia ejercida contra las mujeres en Pakistán, el Perú, Rusia y Suráfrica, en donde las denuncias por violencia doméstica y sexual presentadas por las mujeres a menudo se toparon con la indiferencia del sistema judicial y con obstáculos de procedimiento y de actitud. Un año después, los cambios habían sido escasos.

En la mayoría de los casos, agentes del gobierno, por ejemplo, la policía local, fueron el primer y más pertinaz impedimento para tramitar las denuncias de violación y de violencia doméstica. Según nuestras investigaciones en distintos países, la policía ejercía su autoridad de manera indebida y arbitraria al decidir qué tipos de denuncias aceptaban y desalentaban activamente a las mujeres a presentar denuncias, una práctica denunciada por los defensores de las mujeres en otros países. Por ejemplo, en el Perú, la policía se negaba siempre a procesar las denuncias de las víctimas, realizaba investigaciones para salir del paso, no ofrecía a las mujeres protección, no alejaba a los hombres violentos de sus hogares y culpaba a las víctimas de la violencia.

El 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, el Primer Ministro de Pakistán, Nawaz Sharif, corroboró el compromiso de su gobierno con los derechos humanos de la mujer, pero no lo acompañó de medidas para prevenir la violencia generalizada contra las mujeres. La policía pakistaní no investigó una forma alarmante y mortal de violencia contra las mujeres: la quema de novias. Según un informe de 1998 sobre la quema de novias redactado por la organización no gubernamental denominada Asociación de Mujeres Progresistas (PWA, en sus siglas en inglés), el gobierno seguía mostrándose negligente a la hora de responder a este tipo común de violencia contra las mujeres. PWA averiguó que se seguía quemando a mujeres pakistaníes, en particular, novias jóvenes, en "fuegos accidentales" con hornillos, provocados, por lo general, por sus maridos o familia política. La Comisión de Human Rights en Pakistán (HRCP, en sus siglas en inglés) informó que, en 1997, tan sólo según los periódicos de Lahore, el número de quemas mediante hornillos totalizó un promedio de más de cuatro por semana; y tres de cada cuatro (es decir, un 75%) de las mujeres víctimas de ellas murieron.

Los prejuicios sistemáticos contra las víctimas de la violencia doméstica también quedaron manifiestos en el sistema judicial de los países que investigamos. Las mujeres víctimas de la violencia doméstica que pudieron persuadir a la policía de que tramitara la investigación de sus casos tuvieron que hacer frente a los sistemas judiciales, que valoraron más la unidad de la familia que la seguridad de las mujeres víctimas de violencia doméstica. Por ejemplo, en el Perú, los jueces a menudo remitieron a las víctimas de violencia doméstica casadas y a los que las maltrataban a terapia, antes de permitir que se formularan cargos en contra del acusado, manteniendo en el hogar familiar al presunto causante del maltrato.

Las víctimas de violaciones en estos países salieron igual de mal paradas. Tuvieron que hacer frente a los mismos obstáculos que las víctimas de la violencia doméstica. La policía actuó como guardiana y dejó que sus propios estereotipos y prejuicios sobre el comportamiento o la vestimenta de la mujer pusiera en peligro la investigación de los casos. A menudo, las denuncias de las mujeres se enfrentaron a la incredulidad y la indiferencia por su intimidad y seguridad. El escepticismo de la policía por los casos de violaciones puso en tela de juicio las investigaciones agentes, negándoseles así a las mujeres su igualdad ante la ley. En una violación documentada por Human Rights Watch en Rusia, la policía dio al acusado la dirección de la víctima y le notificó que lo había denunciado por violación. En Rusia, en los raros casos en que la policía dio curso a una denuncia, las víctimas sufrieron intrusiones en su vida privada durante el transcurso de la investigación, siendo sometidas a exámenes psicológicos y entrevistas con sus amigos y su familia.

Los forenses fueron otro obstáculo para que se hiciese justicia en los casos de violencia sexual en países como el Perú, Suráfrica y Pakistán. Según el Departamento de Justicia de Suráfrica, el país tiene una de las tasas más elevadas de denuncias de violaciones del mundo. Se registró una subida de un 105,3 por 100.000 en 1994 a un 119,5 por 100.000 en 1996. Los cirujanos de distrito, encargados de efectuar los exámenes forenses de las víctimas de agresiones sexuales, no solían tener la capacitación necesaria para recoger pruebas en casos de violaciones, se mostraban reacios a comparecer ante los tribunales para declarar cuáles habían sido sus conclusiones, o no estaban disponibles para examinar a tiempo a las víctimas de violaciones, e investigaban y prejuzgaban injustamente a las víctimas, decidiendo realizar exámenes exhaustivos únicamente cuando, a su entender, era probable que la víctima resultara convincente ante los tribunales. De hecho, una subcomisión parlamentaria determinó que los cirujanos de distrito eran uno de los mayores escollos para la acusación y convicción exitosas de violadores. En 1998, el gobierno sudafricano empezó a encarar este problema y publicó pautas procesales para el tratamiento de las víctimas de violencia sexual, destinadas a los profesionales sanitarios, a las partes querellantes en casos de violación, a las agencias de asistencia social, etc. Las activistas se mostraron esperanzados de que los funcionarios gubernamentales se asegurarían que estas pautas de gran alcance se distribuirían y aplicarían ampliamente.

En razón del estatus secundario de las mujeres, eran vulnerables a la violación por compañeros íntimos en sus hogares y por extraños en la calle. En muchos países, era poco probable que se castigara o penalizara la violencia sexual contra las mujeres, lo que dejaba entender que estos tipos de delitos no tenían importancia para el estado. Esta aceptación de la violencia sexual contra las mujeres se vio reflejada y ampliada en otros lugares en períodos de disturbios regionales o de luchas intestinas, en los que las mujeres fueron objeto de violación como una continuación de la impunidad ante las violaciones y la violencia sexual en tiempos de paz. En tiempos de guerra, la violencia sexual contra las mujeres se convirtió en una táctica deliberada entre las facciones enfrentadas.

Las luchas intestinas se cebaron en los que parecían más adinerados o los que no inspiraban confianza dentro del tejido social B como en el caso de la violencia hacia la indonesias de origen chino B o en los estamentos considerados muy inferiores y un problema para la jerarquía social B como en el de la violencia hacia las castas inferiores de la India B las mujeres de estos diferentes grupos sufrieron el mismo destino: agresiones sexuales.

En Indonesia, la frustración ante la crisis económica y el autoritarismo político desembocaron en luchas intestinas generalizadas que, a la larga, condujeron a la destitución del Presidente Soeharto. Del mismo modo que gran parte de la violencia y los saqueos iban dirigidos a la población de origen chino, se dice que las mujeres de origen chino fueron el blanco de violaciones y agresiones sexuales.

Las acusaciones de violación se convirtieron en un tema manido en vez de ser investigadas seriamente. Las autoridades indonesias se sirvieron de ellas para poner en tela de jucio aún más la reputación de la población de origen chino y, después, para cuestionar la credibilidad de las organizaciones no gubernamentales. En parte, el gobierno indonesio se mostró escéptico porque ninguna víctima se había presentado ante la policía. No obstante, las organizaciones no gubernamentales que trabajaban con las víctimas de violaciones observaron que muchas estaban demasiado avergonzadas como para exponer sus casos, habían huido del país, o tenían miedo de denunciar la violación porque, en general, se creía que la propia policía había participado en las revueltas y en las violaciones.

Al redactar este informe y, principalmente gracias a los esfuerzos de los defensores de las mujeres indonesias, el Presidente Habibie había nombrado una comisión esclarecedora para investigar la violencia. Entretanto, los defensores de los derechos de la mujer continuaron trabajando con las supervivientes de violaciones, ofreciéndoles terapia, examinando la respuesta del gobierno y recogiendo pruebas sobre las acusaciones de violación.

En algunos casos, características determinadas socialmente, como la pertenencia a una determinada casta, hicieron que las mujeres fueran más vulnerables a las violaciones. En India, pese a la legislación protectora, los ataques contra los miembros de las castas inferiores siguieron sin penalizarse. Desde el pasado, el abuso sexual y otras formas de violencia de los hombres de las castas altas contra las mujeres de las castas más bajas han servido para mantener las divisiones socioeconómicas en la India. Los hombres de las castas más altas, los hacendados, y la policía han abusado de las mujeres Dalit ("Intocables") física y sexualmente para suprimir movimientos que solicitaban el pago de salarios mínimos, la resolución de conflictos sobre aparcerías, o reclamaban tierras perdidas. Human Rights Watch documentó casos de abuso de este tipo en 1998 (véase la sección sobre la India).

Las mujeres Dalit sufrieron estos abusos en razón de su sexo y de su casta. Se cree que se puede abusar de ellas sexualmente y, como trabajan en la agricultura o la prostitución, a menudo están en contacto con hombres que las pueden violar con impunidad. Si bien, mujeres de toda la India estiman que el sistema penal de justicia no se muestra comprensivo ante las agresiones sexuales, las mujeres Dalit además tuvieron que hacer frente a funcionarios hostiles en razón de su pertenencia a una casta baja.

Violencia en tiempo de guerra y abusos durante la posguerra

En el pasado, las mujeres fueron objeto de violencia sexual en tiempo de guerra B tanto civil como internacional. Los soldados violaron y abusaron sexualmente de mujeres del otro bando como una táctica de guerra; en este sentido, la violación se utilizó para desmoralizar y castigar al enemigo. Otro factor que ha contribuido a que las mujeres sean el blanco de violencia sexual en tiempo de guerra fueron las actitudes sociales de los hombres con respecto a las mujeres: las mujeres (al igual que otros objetos) se consideraron botines de guerra y, por tanto, se las podía utilizar sexualmente en tiempo de guerra. Además, los soldados no tenían miedo a ser castigados por recurrir a la violencia sexual con una parte de la población civil que, incluso en tiempos de paz, se situaba en una posición desigual o inferior a la de los hombres.

Por ejemplo, las mujeres en Sierra Leona fueron víctimas de la violencia sexual durante los conflictos armados que se intensificaron entre febrero y junio de 1998 y el Consejo Revolucionario de las Fuerzas Armadas (AFRC, en sus siglas en inglés) y el Frente Unido Revolucionario (RUF, en sus siglas en inglés), una coalición armada de rebeldes que se oponía al gobierno del Presidente Tejan Kabbah, incrementó los ataques contra civiles. Los rebeldes de la coalición AFRC/RUF violaron y esclavizaron a mujeres y niñas para disponer de ellas como objetos sexuales y mano de obra.

En Argelia, las facciones islamistas armadas, encabezadas nominalmente por el Grupo Islámico Armado (GIA, en sus siglas en español), una coalición secreta de militantes islamistas y grupos armados, recurrió a las agresiones contra mujeres como parte de una campaña contra el gobierno laico que anuló las elecciones legislativas de 1992. En 1998, el GIA mantuvo su campaña contra los que, a su parecer, le habían vuelto la espalda al Islam, no uniéndose a la guerra santa contra el estado argelino. En este contexto, el GIA secuestró y agredió sexualmente a mujeres, considerándolas botines de guerra. El GIA intimidó, violó, mutiló y mató a mujeres opuestas a sus puntos de vista, por desobedecer sus reglas (respecto a la indumentaria, el trabajo y la educación) y por haberse casado con "infieles" (miembros de las fuerzas de seguridad del gobierno).

En situaciones de guerra, las mujeres fueron de las primeras en convertirse en refugiados nacionales o internacionales. Como las familias de refugiados viven en condiciones difíciles de estrés financiero y social, la incidencia de la violencia doméstica corre el riesgo de aumentar. Además, las mujeres refugiadas tienen más posibilidades de sufrir violencia sexual a manos de otros refugiados, a causa del hacinamiento, la deficiente seguridad, o la existencia de combatientes entre los civiles.

El conflicto étnico en la región de los Grandes Lagos, en África, precipitó el desplazamiento interno y externo de personas en 1998. El conflicto en Burundi, Ruanda y la República Democrática del Congo (antiguamente, Zaire) provocó un éxodo masivo hacia los campos de refugiados de Tanzania, donde las mujeres refugiadas tuvieron que hacer frente a la violencia doméstica en sus casas y la violencia sexual en los campos y en sus alrededores. A título de ejemplo, las mujeres de Burundi, fueron violadas por otros refugiados, tanzanos de los pueblos de las cercanías, y agentes de policía. Además, según los representantes de las mujeres refugiadas en los campos, casi todas las mujeres refugiadas de Burundi sufrieron actos de violencia doméstica desde el momento que pasaron a ser refugiadas.

A menudo, los países de acogida de mujeres refugiadas y las agencias que trabajaban en los campos de refugiados no disponían en absoluto de los medios para investigar y responder a los incidentes de violencia doméstica y sexual contra las mujeres refugiadas. De nuestra investigación se deduce que, al responder a la crisis de refugiados de Tanzania, el gobierno de Tanzania y los representantes de las agencias humanitarias internacionales no investigaron ni castigaron los casos de violencia sexual y doméstica, creando una atmósfera de impunidad. La oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR, en sus siglas en español) no adoptó las pautas existentes para prevenir la violencia sexual contra las mujeres refugiadas. El personal de campo de ACNUR en Tanzania no hizo un seguimiento para asegurarse de que los casos se enjuiciaban adecuadamente en un tribunal y que las mujeres tenían acceso a reparaciones jurídicas. Además, para algunos miembros del personal de ACNUR, la violencia doméstica no era un delito, por lo que remitían a las víctimas de la violencia doméstica y a los que las maltrataban a terapia, en vez de al sistema judicial. En el momento de redactar este informe, el ACNUR no tenía pauta alguna sobre cómo responder y prevenir la violencia doméstica contra las mujeres refugiadas.

La falta de justicia para las víctimas de la violencia sexual y doméstica en los campos de Tanzania se vio agravada aún más por las deficiencias del sistema jurídico doble que se utilizaba en los campos: el sistema tradicional de Burundi y el sistema judicial penal de Tanzania. El sistema de Burundi estaba integrado por líderes refugiados, que carecían de capacitación jurídica alguna y tenían escasos poderes para hacer respetar la ley. Incluso en casos de graves agresiones, tan sólo podían imponer una multa minúscula. Para muchos funcionarios del gobierno de Tanzania, la violencia doméstica no era un delito y se mostraban reacios a remitir los casos a los tribunales. Solían ofrecer servicios de terapia, sobre todo para reconciliar a las partes, ignorando la necesidad de justicia de las víctimas.

La resolución de los conflictos no siempre acabó con la violencia contra las mujeres. Las mujeres de Bosnia, por ejemplo, informaron que soldados desmovilizados manifestaron su frustración al reintegrarse a la vida civil, recurriendo a la violencia doméstica. Como las sociedades de la posguerra, véase, por ejemplo, Bosnia y Ruanda, estaban reconstruyendo sus países prácticamente en todos los aspectos, incluso los sistemas económicos y judiciales, a menudo, la violencia contra las mujeres fue ignorada o relegada a un segundo plano, en comparación con otros problemas acuciantes. Por eso, en Bosnia, en los informes sobre derechos humanos de la Organización de Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE), durante todo el año, se hizo alusión a los actos violencia cometidos contra retornadas en todo el país. Las mujeres fueron víctimas de desalojos, agresiones físicas y violación en toda la Federación de Bosnia?Herzegovina y la República Srpska. Un funcionario de la Fuerza de Protección Policial Internacional indicó a Human Rights Watch que las mujeres sufrían la violencia étnica desproporcionadamente porque se les consideraba "blancos más débiles", es decir, mucho menos susceptibles a luchar o a poder defenderse por sí mismos.

Como en los campos de refugiados de Tanzania, la violencia doméstica en Bosnia incrementó drásticamente después de la guerra. Según expertos que participaron en una conferencia de la OSCE sobre los derechos de la mujer en Bosnia, la policía seguía tratando la violencia doméstica como un Aasunto privado de familia@ y se negaba a intervenir. Aunque, en virtud de las enmiendas propuestas al código penal y al código de procesamiento penal de Bosnia, se penalizaba explícitamente la violencia doméstica, las activistas locales temían que la ley no protegiera eficazmente a las mujeres en ausencia de una exhaustiva campaña de capacitación de la policía y los agentes encargados del cumplimiento de la ley.

Violencia en casos de detención

Los casos de las mujeres detenidas que sufrieron abusos sexuales y otros abusos físicos a manos de agentes del gobierno fueron tal vez los menos perceptibles y los más vulnerables, ya que sus autores ejercían cargos de autoridad y de confianza pública. Gobiernos tan distintos como el de los Estados Unidos y el de la India repetidamente hicieron oídos sordos a los abusos perpetrados por funcionarios protegidos por su autoridad. En India, los ataques contra las mujeres Dalit en el transcurso de masacres, redadas policiales y choques entre castas estaban aumentando en 1998. Las mujeres Dalit, o intocables, formaban el grueso de las prostitutas y de las trabajadoras sin tierra y, por tanto, a menudo solían estar en contacto con agentes encargados del cumplimiento de la ley. En Tamil Nadu, por ejemplo, las mujeres fueron el principal blanco durante las redadas policiales del 26 de febrero en los pueblos Dalit, tras los enfrentamientos entre los Dalit y las comunidades de la casta intermedia. La policía también participó en casos de "toma de rehenes" en los que las mujeres fueron arrestadas y torturadas para castigar a sus parientes masculinos dados a la fuga y forzarlos a rendirse.

En los Estados Unidos, los abusos sexuales y de otros tipos cometidos contra mujeres detenidas siguen siendo un grave problema para las mujeres encarceladas en prisiones locales, estatales y federales y en centros de detención de inmigrantes. Además, en muchos casos, no había mecanismos adecuados ni transparentes mediante los cuales las víctimas de agresiones pudieran denunciar sin peligro y confidencialmente los abusos y solicitar una investigación, sin temor a represalias significativas. De un informe de enero 1998 de la Oficina de Estadísticas Judiciales del Departamento de Justicia, se desprende que más de 78.000 mujeres fueron encarceladas en prisiones federales y estatales, un incremento de un 6,1% con respecto al año anterior, en comparación con un incremento de un 4,7%, en el caso de los hombres. Las mujeres detenidas sufrieron abusos a manos de los guardas de prisión, hombres, en su mayoría, que sometieron a las mujeres a acoso verbal, vigilancia visual injustificada, palmaditas abusivas y agresiones sexuales. Quince estados de los Estados Unidos carecen de leyes penales que prohiban los abusos sexuales de las mujeres encarceladas. Además, Human Rights Watch averiguó que, en la mayoría de los estados, los guardias carecían de capacitación sobre su deber de abstenerse de establecer contactos sexuales con las prisioneras.

La vulnerabilidad de las mujeres encarceladas ante los abusos sexuales y el hecho de que los agentes de prisiones no intervenían eficazmente quedaron de manifiesto en una demanda civil presentada por tres mujeres encarceladas en la Institución Correccional Federal de Dublin, California, que se resolvió en marzo de 1998. Las mujeres demandantes se vieron sometidas al castigo ejemplar de su segregación en los centros de detenciones de hombres, donde, según se dice, los guardas permitían que los internos entraran en sus celdas durante la noche para agredirlas sexualmente. Cuando las mujeres presentaron denuncias, las tres fueron maltratadas y violadas, al parecer por guardas, aparentemente en represalia. Como parte de una resolución histórica, la Oficina Federal de Prisiones convino en dejar de alojar a las internas en centros de detención para hombres, a fin de crear un mecanismo confidencial para presentar las denuncias de agresiones sexuales, y examinar el programa de capacitación de los guardas de prisión.

En Michigan, las mujeres encarceladas en las prisiones de ese estado siguieron denunciando abusos sexuales y medidas de represalia tomadas por los guardas contra las mujeres que denunciaron abusos. En concreto, mujeres que interpusieron demandas en el juicio de derechos civiles litigado conjuntamente por abogados privados y por el Departamento de Justicia denunciaron las represalias de los guardas de prisiones. Pese al litigio y a las denuncias de abuso sexual y de medidas de represalia, el estado de Michigan arguyó que tenía una política que no toleraba en absoluto los abusos sexuales y negó que las mujeres hubieran sufrido represalias por su participación en el juicio.

Contraviniendo directamente las prohibiciones internacionales contra la detención de los solicitantes de asilo, en ausencia de circunstancias imperiosas, los Estados Unidos siguieron deteniéndolos en las instalaciones de detención del Servicio de Inmigración y Naturalización, en prisiones y en cárceles locales, hasta la resolución de los trámites para la solicitud de asilo. Solicitantes de asilo sin antecedentes penales detenidos en las cárceles y prisiones locales fueron internados con la población interna en general, una violación de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Prisioneros. En estas circunstancias, las mujeres solicitantes de asilo fueron sometidas a los mismos abusos que documentó Human Rights Watch en las prisiones estatales, a saber, violaciones de la intimidad, palmaditas abusivas y agresiones sexuales.