La democracia venezolana superó una prueba importante en agosto de 2004, cuando celebró, de forma legítima y pacífica, un referendo nacional para determinar si el Presidente Hugo Chávez debía mantenerse en la presidencia. Según las autoridades electorales y los observadores internacionales, una clara mayoría de los venezolanos votaron a favor de que el presidente continuara su mandato. Sin embargo, el Presidente Chávez y sus partidarios en la Asamblea Nacional continúan tomando medidas para restringir la independencia del Poder Judicial y amenazar la libertad de prensa.

La polarización política del país ha desviado la atención de otros asuntos urgentes en materia de derechos humanos, entre ellos el reiterado problema del abuso policial. Las ejecuciones extrajudiciales de presuntos delincuentes por parte de los organismos de policía tanto estatales como municipales son habituales y quedan impunes frecuentemente. Igualmente, se siguen denunciando casos de tortura. La violencia y la anarquía prevalecen en muchas cárceles venezolanas. En zonas cercanas a la frontera, los refugiados procedentes de la vecina Colombia se enfrentan a la inseguridad legal, las difíciles condiciones de vida y, en ocasiones, la amenaza contra sus vidas.

Independencia del Poder Judicial
En mayo de 2004, el Presidente Chávez firmó una ley para copar de adeptos el Tribunal Supremo, aumentando el número de magistrados de 20 a 32. Aunque, cuando se escribió este capítulo, todavía no se había nombrado a los magistrados, la nueva ley permitiría que la coalición oficialista utilizara su entonces escasa mayoría para copar una abrumadora mayoría de los puestos en el máximo tribunal del país. Asimismo, la ley otorga a la coalición oficialista el poder de destituir a magistrados anulando sus designaciones.

Una toma política del Tribunal Supremo agravará el daño que ya han causado a la independencia judicial las políticas seguidas por el propio Tribunal. El Tribunal Supremo, que tiene el control administrativo del sistema judicial, no ha reducido el gran número de jueces en el país que carecen de estabilidad en el cargo. En marzo de 2004, el Tribunal destituyó sumariamente a tres jueces, después de que dictaran fallos sobre casos políticamente controvertidos.

Libertad de prensa
Venezuela cuenta con una prensa vigorosa y desinhibida. De hecho, en el marco del debate frecuentemente exaltado y hostil entre los simpatizantes del gobierno y sus opositores, los miembros de los medios de comunicación han podido expresar sus opiniones sin restricciones. Las empresas privadas de televisión han adoptado frecuentemente posiciones ampliamente partidistas, emitiendo noticias y programas de debate sumamente hostiles con el gobierno de Chávez. En consecuencia, muchos periodistas que trabajan en los medios que apoyan a la oposición han sido víctimas de la agresión e intimidación por parte de los simpatizantes del gobierno. De igual manera pero en menor medida, los periodistas que trabajan en medios de comunicación que son afines al gobierno han sido objeto de actos intimidatorios.

La polarización política del país ha desviado la atención de otros asuntos urgentes en materia de derechos humanos, entre ellos el reiterado problema del abuso policial.

Si bien es cierto que los periodistas tienen el deber profesional de ser objetivos en sus informaciones, velar por el cumplimiento de dichas normas profesionales no es tarea del gobierno. Por el contrario, el gobierno tiene la obligación de defender la libertad de prensa, independientemente del contenido crítico o partidista de las noticias emitidas, enjuiciando enérgicamente a los responsables de los ataques y de los actos de intimidación. En la mayoría de los casos, el gobierno de Chávez no ha cumplido con dicha obligación.

En octubre de 2004, la Asamblea Nacional se disponía a aprobar un proyecto de ley del gobierno sobre la "responsabilidad social" de los canales de radio y televisión que impondría excesivas restricciones al contenido de estos medios. En este sentido, el proyecto de ley introduciría una serie de limitaciones sobre el contenido emitido que, si se aplicaran con firmeza, vulnerarían normas fundamentales de la libertad de expresión. Bajo la apariencia de proteger a los niños del lenguaje soez, de contenidos sexuales y de la violencia, la ley propuesta también podría someter a los adultos a niveles de programación restrictivos y puritanos. Asimismo, la ley propuesta contiene normas que han sido redactadas con un lenguaje vago sobre la incitación a la violencia y las amenazas contra el orden público que podrían sancionar a los canales por la expresión legítima de opiniones políticas.

Además, el proyecto de ley dispone un régimen de sanciones drásticas que fomentarían probablemente la autocensura predominante. En caso de que se determine que los canales son responsables de infracciones, se podría ordenar la imposición de multas, la suspensión de las emisiones e incluso, la revocatoria de sus licencias de emisión.

Asesinatos, tortura y maltrato por parte de la policía
La policía continúa realizando ejecuciones extrajudiciales de presuntos delincuentes. Según el prestigioso grupo no gubernamental de derechos humanos PROVEA, 130 personas, la mayoría hombres jóvenes sospechosos de cometer delitos, fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales a manos de organismos policiales nacionales, regionales y municipales entre octubre de 2002 y septiembre de 2003. De esta suma, alrededor de una de cada diez víctimas era menor de 18 años. En muchos casos, la policía encubrió las ejecuciones afirmando que las víctimas habían fallecido como resultado de enfrentamientos con la policía, a pesar de los testimonios contrarios de testigos. En términos generales, los agentes de policía que eran responsables de los asesinatos eludieron la justicia.

A principios de febrero y finales de marzo de 2004, agentes de la Guardia Nacional y de la policía golpearon y torturaron a personas detenidas durante y después de las protestas que se llevaron a cabo en Caracas y otras ciudades venezolanas. Después de que los manifestantes se enfrentaran con las unidades de la Guardia Nacional y los simpatizantes de Chávez, dejando un saldo de 13 personas muertas y más de un centenar de heridos, las fuerzas de seguridad detuvieran a más de 300 civiles. Los detenidos denunciaron haber sido golpeados durante y después del arresto con bastones, con el dorso de sables y con cascos, culatas y otros objetos. Algunos denunciaron que los agentes arrojaron bombas de gases lacrimógenos dentro de los vehículos cerrados en los que se encontraban, causándoles malestar extremo, casi ahogamiento y pánico, mientras que otros describieron cómo les rociaron el rostro con el polvo de los contenedores de gas lacrimógeno, provocándoles quemaduras e irritaciones en la piel. Además, los detenidos declararon que les habían dado choques eléctricos con bastones mientras estaban detenidos e indefensos. Los presuntos abusos parecieran haber gozado de aprobación oficial en algún nivel de la cadena de mando.

Las condiciones en las cárceles venezolanas son crueles, inhumanas y degradantes.

Condiciones penitenciarias
Las condiciones en las cárceles venezolanas son crueles, inhumanas y degradantes. El hacinamiento es un problema crónico y las prisiones están prácticamente controladas por las bandas armadas. Adicionalmente, los motines carcelarios y la violencia entre presos cobran cientos de vidas cada año. En 2003, PROVEA estimó que la tasa de homicidios ocurridos en las cárceles era 40 veces mayor al promedio de asesinatos a nivel nacional.

Seguridad fronteriza y derecho al estatuto de refugiado
La anarquía prevalece en ciertas partes de la frontera de 2.000 kilómetros entre Venezuela y Colombia. Los paramilitares y los guerrilleros colombianos, así como los grupos armados y las bandas criminales venezolanas, parecen ser los responsables de asesinatos al estilo de ejecuciones, pero hasta ahora dichos grupos han operado con casi total impunidad.

Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), para el verano de 2004, 2.691 personas habían solicitado refugio en Venezuela. Sin embargo, los funcionarios del ACNUR señalan que la cifra real de refugiados es mucho mayor debido a que la mayoría de los refugiados intenta mezclarse con la población para pasar desapercibidos. En febrero de 2004, Venezuela empezó a utilizar un nuevo proceso de solicitud de asilo y, en junio del mismo año, comenzó a entregar documentos de identidad a refugiados reconocidos para que pudieran ejercer sus derechos, entre ellos el derecho al trabajo, estudio y acceso al tratamiento médico.

La Comisión Nacional de Refugiados de Venezuela otorgó protección temporal a 292 indígenas wayúu que habían huido a Venezuela en mayo de 2004, como consecuencia de la violencia armada en su comunidad de Bahía Portete, en La Guajira, Colombia. Siendo ésta la primera vez que el gobierno venezolano concede este tipo de protección. La protección temporal tiene una validez de 90 días y puede renovarse de conformidad con las necesidades de seguridad y de protección del grupo. Este status implica que pueden permanecer en Venezuela y obtener asistencia del gobierno a través de la Dirección Nacional de Protección Civil.

Actores internacionales fundamentales
La Organización de Estados Americanos (OEA) desempeñó un papel esencial auspiciando el acuerdo entre el gobierno y la oposición política para encontrar una solución pacífica y constitucional a la crisis política, ayudando a sentar las bases del referendo de agosto de 2004. El Centro Carter, con sede en Estados Unidos, y la OEA enviaron observadores internacionales para ayudar a garantizar que el referendo se llevara a cabo sin interrupciones o incidentes graves que pudieran ser ocasionados por los partidarios de alguna de las fracciones políticas. Los resultados oficiales del referendo fueron validados tanto por el Centro Carter como por la OEA, concluyendo que el Presidente Chávez había obtenido legítimamente la victoria.

Por su parte, ACNUR organizó una serie de talleres de formación para las unidades del ejército que vigilan la frontera e impartió instrucciones a los oficiales sobre los derechos de los refugiados, el derecho internacional sobre refugiados y el papel de las fuerzas armadas en la protección de los refugiados. Adicionalmente, ofreció una continua asistencia técnica, formación y experticia a la Comisión Nacional de Refugiados.