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Irán: Terminar represión generalizada de la sociedad civil


Leyes de seguridad vagas restringen drásticamente la disidencia pacífica

(Nueva York, 7 de Enero de 2008)—El gobierno iraní se basa en los términos generales de “leyes de seguridad” para suprimir virtualmente cualquier expresión pública de disidencia, Human Rights Watch dijo en un reporte publicado hoy. El gobierno utiliza estas leyes para someter a personas arrestadas a prolongadas detenciones incomunicadas sin acusación formal, en aislamiento penal y sin posibilidad de recibir consejería.

Docenas de leyes iraníes proveen al gobierno cobertura para suprimir cualquier actividad pacifica que se perciba como crítica de sus políticas.

Sarah Leah Witson, directora de Medio Oriente para Human Rights Watch




El informe de 51 páginas “Puedes detener a quien sea por lo que sea: Irán expande la represión del activismo independiente”, documenta la ampliación del alcance y el número de individuos y actividades perseguidas por el gobierno iraní en los últimos dos años.  
 
“Docenas de leyes iraníes proveen al gobierno cobertura para suprimir cualquier actividad pacifica que se perciba como crítica de sus políticas”, dijo Sarah Leah Witson, directora de Medio Oriente para Human Rights Watch. “Las autoridades pueden pisotear los derechos fundamentales del pueblo y aún así aseguran actuar legalmente”.  
 
El informe “Puedes detener a quien sea por lo que sea” se apoya en información ofrecida por detenidos y testigos presenciales, así como en un análisis detallado de las leyes de seguridad iraníes. Asimismo documenta cómo el gobierno utiliza el pretexto de preocuparse por la seguridad para detener y negar derechos a un proceso justo a una serie de activistas de la sociedad civil. Estos incluyen a activistas de derechos de la mujer que buscan cambios en las leyes de Irán que discriminan en contra de las féminas, a estudiantes que trabajan para reformas sociales y políticas, a trabajadores que piden mejores salarios y sindicatos independientes, y a periodistas y académicos, incluyendo a quienes no cuentan con historial de activismo político.  
 
Desde que el presidente Mahmoud Ahmadinejad tomó el poder en agosto de 2005, oficiales del gobierno crecientemente utilizan a la “seguridad” como causa de la persecución del activismo independiente. Una serie de leyes dentro del Código Penal Islámico de Irán titulado “Ofensas Contra la Seguridad Nacional e Internacional del País” sienta las bases para que el gobierno suprima el activismo político pacífico y niega a los arrestados los derechos a un debido proceso.  
 
Crecientemente el gobierno también ha arrestado a individuos bajo cargos de seguridad que se basan en sus conexiones con instituciones extranjeras, personas o fuentes de financiamiento. En la mayor parte de los casos documentados en este informe, las autoridades han acusado a los arrestados de socavar la seguridad nacional a través de sus conexiones extranjeras.  
 
Las autoridades detienen frecuentemente a detenidos por motivos de seguridad en instalaciones que operan fuera del mandato de la administración penitenciaria, mayormente en la sección 209 de la prisión Evin de Teherán. Detenidos en la sección Evin 209 son sujetos a violaciones de sus derechos y les es negado un proceso justo, asimismo son sometidos a abusos durante el interrogatorio y la detención.  
 
Un ex detenido informó a Human Rights Watch sobre el abuso físico y sicológico que él y sus compañeros sufrieron en manos de sus interrogadores en Evin 209:  
 
“Nos insultaban a nosotros y a nuestras familias de la manera más vulgar. O nos amenazaban con golpearnos y encerrarnos en las celdas de criminales peligrosos como los miembros de al Qaeda. Amenazaban con violarnos con botellas de soda o huevos calientes. También nos daban noticias falsas sobre nuestros seres queridos y nos llevaban documentos falsificados para asustarnos. A un tipo le dijeron que su papá había sido despedido por su culpa y le enseñaron una carta escrita en un documento con apariencia oficial”.  
 
Otro ex detenido describió el desprecio a las leyes iraníes por parte de las autoridades relativas al tratamiento de prisioneros y el uso indefinido del aislamiento penal como manera de castigo:  
 
“No sabíamos bajo qué cargos estábamos acusados o qué pasaría con nosotros . Los guardias nos vendaron los ojos en la entrada [Evin] 209. Casi todos a la vez se opusieron a esto, pero nos ignoraron. Creo que para asustarnos por hablar, se llevaron a uno de nosotros al aislamiento de inmediato”.  
 
Las leyes vagas de seguridad de Irán permiten al gobierno suprimir arbitrariamente y castigar a individuos por expresiones políticas pacíficas, asociaciones y asambleas en violación de tratados internacionales de derechos humanos en los que Irán es parte. Unidades de encarcelamiento como Evin 209 y el tratamiento de detenidos dentro de estas paredes también violan las leyes iraquíes que rigen el funcionamiento de los centros de detención y los derechos de los detenidos.  
 
Human Rights Watch exortó al gobierno de Irán a emendar o abolir las vagas leyes de seguridad y otras legislaciones que permiten al gobierno suprimir de manera arbitraria y castigar a individuos por expresiones políticas pacificas, asociaciones y asambleas en violación al derecho internacional. Human Rights Watch también instó al gobierno a tratar a los detenidos de acuerdo a los estándares internacionales, y a someter a Evin 209 a la supervisión de la administración de las prisiones regulares o a clausurarla.  

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