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España: Las medidas antiterroristas vulneran los derechos básicos
El liderazgo en la lucha contra el terrorismo exige una mejor protección de los derechos de los sospechosos
(Madrid, 27 de enero de 2005) La estrategia antiterrorista de España se enmarca correctamente en el sistema de justicia penal, sin embargo, las medidas antiterroristas aún vulneran los derechos básicos de individuos sospechosos de cometer actos terroristas, señaló Human Rights Watch en un informe publicado hoy.

En el informe de 65 páginas, “¿Sentando ejemplo?: Medidas antiterroristas en España”, se analizan los aspectos de la legislación y el procedimiento penales en España incompatibles con sus compromisos dentro de las leyes internacionales de derechos humanos. Entre las prácticas problemáticas se encuentran el uso de la detención incomunicada y el secreto se sumario, las limitaciones del derecho a un abogado durante el período inicial de detención y los prolongados períodos de prisión provisional.  
 
El informe se concentra en una compleja causa judicial contra miembros de una presunta célula de Al Qaeda y la investigación en curso de los devastadores atentados de Madrid del 11 de marzo de 2004. A diferencia de Estados Unidos y el Reino Unido, donde los sospechosos de terrorismo han sido sometidos a la detención indefinida sin juicio, España aborda la amenaza terrorista exclusivamente a través del sistema de justicia penal. España se considera un líder en la lucha contra el terrorismo respetando los derechos humanos.  
 
“España no se equivoca al perseguir el terrorismo mediante los tribunales penales”, señaló Rachel Denber, directora ejecutiva en funciones de la división de Europa y Asia Central de Human Rights Watch. “Pero el gobierno tiene que asegurarse de que los sospechosos de terrorismo gocen de las garantías procesales necesarias para una defensa efectiva. Sólo entonces España será un verdadero líder”, añadió.  
 
Los atentados con bomba del 11 de marzo contra trenes en Madrid subrayan la amenaza del terrorismo en Europa. El enjuiciamiento en España de los sospechosos de participar en el 11-M y de pertenencia a Al Qaeda destaca una nueva amenaza: la erosión de los derechos fundamentales en la lucha contra el terrorismo.  
 
Las medidas antiterroristas de España, desarrolladas inicialmente en respuesta a la violencia separatistas vasca, limitan significativamente los derechos de los presuntos terroristas cuando son arrestados. Los sospechosos pueden estar incomunicados—con un acceso extremadamente limitado a un abogado y sin poder contactar con sus familiares—hasta 13 días. Antes de noviembre de 2003, el máximo era de 5 días. Se les asignan abogados de oficio durante este período, pero no pueden entrevistarse con ellos en privado. Esto hace que sus abogados sean poco más que testigos silenciosos y que los recursos efectivos contra las razones de la detención sean sumamente difíciles.  
 
Las salvaguardias contra el abuso—que incluyen visitas de médicos forenses del Estado—no llegan a cumplir las normas internacionales, a pesar de una reforma de noviembre de 2003 por la que se permite que los detenidos soliciten una visita de un segundo médico del Estado. Los sospechosos pueden estar detenidos cinco días antes de que los pongan a disposición de un juez. Los organismos internacionales de derechos humanos han concluido que la detención incomunicada da lugar a un mayor riesgo de maltrato durante la detención. Es más, las autoridades españolas no investigan apropiadamente a veces las denuncias de malos tratos.  
 
Las limitaciones del acceso a la asistencia letrada durante el período de incomunicación, junto con la imposición del secreto se sumario, comprometen el derecho a una defensa efectiva de algunos de los sospechosos de terrorismo. Los sumarios de los casos de terrorismo están sometidos con frecuencia a tal secreto que algunos abogados defensores no saben las razones exactas para la permanencia en prisión provisional de sus clientes.  
 
La duración permisible de la prisión provisional también es motivo de preocupación: los sospechosos de terrorismo pueden estar encarcelado hasta cuatro años antes de ser llevados a juicio. Suelen estar sometidos a un régimen altamente restrictivo que conlleva un contacto muy limitado con otros presos y un tiempo muy reducido fuera de sus celdas.  
 
Cuando se produjeron los atentados del 11 de marzo, Human Rights Watch los condenó por ser “un asalto contra el principio fundamental del respeto a las vidas civiles” y trasmitió sus condolencias a las víctimas y sus seres queridos y el pueblo español.  
 
“Las víctimas de los horribles atentados del 11 de marzo, y todas las víctimas del terrorismo, tienen derecho a que los responsables sean llevados ante la justicia”, señaló Denber. “España tiene la obligación de proteger a sus ciudadanos de dichos actos, pero también tiene la obligación de respetar los derechos fundamentales mientras lo hace, lo que incluye las garantías procesales de aquellos acusados de actos de terrorismo”, añadió.  
 
El informe contiene recomendaciones concretas al gobierno de España para que su legislación y su práctica penales sean plenamente compatibles con sus obligaciones de acuerdo con el derecho internacional de derechos humanos, entre ellas:
     
  • garantizar que todos los detenidos tengan acceso a un abogado desde el comienzo de su detención y derecho a hablar con el abogado en privado;
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  • garantizar que los abogados de oficio tengan plenas facultades para intervenir en defensa de su cliente durante todas las diligencias policiales y judiciales;
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  • limitar el uso del secreto de sumario;
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  • ejercer la diligencia necesaria para asegurarse de que los casos se llevan a juicio en el plazo normal de dos años, especialmente cuando el acusado se encuentre en prisión provisional, y;
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  • garantizar que las condiciones durante la custodia policial y la prisión provisional sean compatibles con las normas internacionales.
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