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I. Resumen ejecutivo

La condición de Victoria empeoró progresivamente durante el mes de julio; ella empezó a vomitar  y a desechar sangre en su orina. Los detenidos en la unidad habitacional no. 3 de San Pedro nos preocupamos cada vez más por su bienestar cuando ella se sintió demasiado débil para sentarse en su litera. Victoria fue atendida en la clínica médica, pero sólo se le instruyó que tomara Tylenol y bebiera grandes cantidades de agua... murió una semana después.

—Extracto del testimonio de un compañero de celda sobre la muerte de Victoria Arellano, detenida transgénero de 23 años de edad que vivía con VIH/sida, durante su detención inmigratoria.

La muerte de Victoria Arellano bajo la custodia de autoridades federales migratorias es un ejemplo extremo, pero no sorprendente, del sufrimiento padecido por personas inmigrantes detenidas que viven con VIH/sida. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos no recaba información básica que permita llevar un control de estas personas; tiene políticas y procedimientos cuyos estándares son inferiores a los requeridos para asegurar atención y servicios de VIH/sida apropiados; y supervisa inadecuadamente la atención médica proporcionada. Las consecuencias de esta obstinada indiferencia son cuidados deficientes, infecciones sin tratamiento, un mayor riesgo de resistencia a los medicamentos para el VIH, e incluso la muerte.

La investigación de Human Rights Watch sobre la atención del VIH/sida para personas inmigrantes detenidas – que incluyó entrevistas tanto a reclusos/as actuales y pasados/as como a funcionarios del DHS y de los centros de detención, además de una revisión médica independiente del tratamiento proporcionado – pudo determinar que los centros supervisados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE):

• No suministraron regímenes antirretrovirales completos de manera consistente. Esta práctica genera el riesgo de que se produzca resistencia a los fármacos, lo cual pone en peligro la salud de la persona detenida y puede tener repercusiones para la salud pública.
• No llevó a cabo la vigilancia necesaria de la condición clínica de las personas detenidas, incluyendo recuentos de células CD4, pruebas de carga viral y de resistencia a los medicamentos. Estos análisis son esenciales para un tratamiento eficaz del VIH y del sida.
• No prescribió medicamentos profilácticos cuando eran médicamente indicados para prevenir infecciones oportunistas.
• No aseguró la continuidad de la atención médica cuando las personas detenidas fueron transferidas a otros centros, ni aseguró su acceso a los cuidados especializados que requerían.
• No aseguró la confidencialidad de la atención médica, exponiendo a las personas detenidas a discriminación y hostigamiento.

Con una vigilancia inadecuada y normas que no se cumplen, no es sorprendente que Human Rights Watch haya encontrado que la atención médica para personas detenidas que viven con el VIH bajo custodia del ICE fue tardía, interrumpida e inconsistente, a tal grado que puso en peligro su salud y sus vidas.

El DHS no recaba información básica sobre los casos de VIH/sida en los centenares de centros de detención que trabajan por contrato con el ICE para encarcelar inmigrantes. Amparándose en la Ley de Libertad de Información (FOIA), Human Rights Watch solicitó datos tan fundamentales como la cantidad de personas bajo detención inmigratoria que viven con VIH/sida—sólo para descubrir que esta información “no se investiga”. El hecho de no recabar esa vital información, como también la relativa al tratamiento y los servicios proporcionados a dichas personas, impide que el DHS mejore sus programas a fin de satisfacer las necesidades de esta población vulnerable.

Las políticas y los procedimientos del DHS sobre el VIH/sida deberían establecer protocolos apropiados de tratamiento que puedan ser seguidos por quienes viven con VIH/sida en los propios centros del Departamento y en los demás sitios que utiliza para suministrar cuidados. Sin embargo, sus políticas y procedimientos son problemáticos, confusos e incompletos, y no se ajustan a los criterios nacionales e internacionales que rigen la atención del VIH/sida en entornos correccionales. Más aun, el DHS no ha adoptado los criterios de detención como regulaciones administrativas formales, lo cual conduce a un elevado nivel de incumplimiento de las mismas. Aunque el ICE subcontrata cárceles y centros locales en todo el territorio estadounidense para una gran parte de su detención inmigratoria, su responsabilidad en lo concerniente a normas de atención adecuadas no puede ser delegada o evadida al contratar a terceras partes.

El sistema actual de inspección del ICE se limita a una breve visita anual a cada cárcel o centro de detención. Estas visitas no proveen la supervisión necesaria para identificar y resolver las deficiencias en la atención médica. Recientemente, la Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO) halló serias fallas en los mecanismos del ICE para asegurar que las quejas de las personas detenidas, incluso las relacionadas con la atención médica, sean vigiladas y resueltas de manera apropiada. Asimismo, el ICE carece de políticas diseñadas para proteger a personas detenidas que viven con el VIH contra hostigamientos y discriminación por parte del personal o de otros reclusos.

Sin mejoras a las normas de atención médica, sin una supervisión externa e interna fortalecida ni una significativa rendición de cuentas al público por parte de las autoridades, las personas inmigrantes detenidas que viven con VIH/sida continuarán sufriendo innecesariamente y, en algunos casos, morirán durante su detención migratoria en Estados Unidos.

diciembre 2007

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