En el día de ayer, una corte de apelaciones guatemalteca dejó sin efecto la sentencia contra el Coronel Juan Valencia Osorio (ex-comandante de la guardia presidencial) quien fuera sentenciado a 30 años de prisión tras ser encontrado responsable de planear el asesinato de Myrna Mack. El tribunal ya había absuelto a otras personas involucradas en la causa, el General Augusto Godoy Gaitán y el Coronel Juan Guillermo Oliva Carrera. "El fallo resulta altamente decepcionante," señaló José Miguel Vivanco, director ejecutivo de la división de las Américas de Human Rights Watch. "Demuestra que el poder judicial de Guatemala no se encuentra en condiciones de hacer que los altos oficiales del ejército respondan por sus actos."

Mack se encontraba investigando los malos tratos dispensados por el ejército a las comunidades campesinas desplazadas al momento de ser atacada frente a su oficina ubicada en la Ciudad de Guatemala, el día 11 de septiembre de 1990. Recibió 27 puñaladas y murió desangrada en la acera.

En un primer momento, la policía de Guatemala informó a los familiares de Mack que ésta había muerto en un accidente de tránsito. Más tarde, el organismo policial ocultó un informe de 60 páginas elaborado por sus propios investigadores donde se señalaba que el caso se trataba de un asesinato político donde se encontraban involucrados miembros del ejército. Sólo después de la intervención Helen Mack -hermana de Myrna- el caso comenzó a moverse.

En 1993 el sargento Beteta fue condenado por el asesinato de Mack y sentenciado a 25 años de prisión. Al momento de perpetrarse el asesinato, Beteta formaba parte del Estado Mayor Presidencial, el cuerpo encargado de la seguridad del presidente de la república. Este organismo fue responsable de numerosas violaciones a los derechos humanos, según señala el informe de 1990 elaborado por la comisión de la verdad patrocinada por las Naciones Unidas.

Myrna Mack fue sólo una de las 200,000 personas asesinadas a lo lago de los 36 años de conflicto interno en el que se vio envuelta Guatemala, y que finalizó en 1996 tras la firma de los acuerdos de paz. Al igual que Mack, la inmensa mayoría de las víctimas fueron civiles que murieron a manos de las fuerzas de seguridad estatales. Sólo un reducido número de casos ha sido abordado por la justicia guatemalteca y, en muchas ocasiones, los resultados han sido poco alentadores.

La historia del caso Mack es un claro ejemplo de los obstáculos que enfrentan miles de ciudadanos guatemaltecos que buscan obtener respuestas ante los casos de violaciones a los derechos humanos. Uno de estos obstáculos tiene que ver con el uso constante de amenazas y actos de violencia tendientes a intimidar a oficiales de justicia, testigos y abogados. En el caso Mack, el investigador policial responsable de haber recabado pruebas de carácter incriminatorio fue asesinado en 1991. Al mismo tiempo, dos investigadores y tres testigos fueron blancos de amenazas y debieron abandonar el país. En agosto de 2002, Roberto Romero, abogado representante de la Fundación Myrna Mack, denunció haber recibido amenazas de muerte.

Otro obstáculo para procesar los casos de abusos contra los derechos humanos tiene que ver con la negativa del ejército a cooperar con el sistema de justicia civil. En el caso Mack, el ejército se rehusó a hacer entrega de la documentación requerida por los oficiales de justicia y obstruyó de manera sistemática la investigación a través del suministro de información falsa y documentos adulterados.

Un tercer obstáculo tiene que ver con la posibilidad de que los abogados defensores empleen prácticas de carácter dilatorio. Este problema se agrava aún más ante la incapacidad rutinaria de los oficiales de justicia de cumplir con los plazos legalmente establecidos para responder a los mandatos judiciales. En el caso Mack, las tácticas dilatorias de la defensa condujeron a que el proceso judicial se extendiera a lo largo de 12 años.

Helen Mack ha manifestado su intención de apelar el fallo de la justicia guatemalteca. "Esta decisión socava los avances que un reducido número de magistrados y fiscales, de carácter valiente e incorruptible, han realizado en los últimos años en casos vinculados a violaciones contra los derechos humanos," señaló Vivanco.