La respuesta del mundo debe ser inequívoca. Si Colombia se toma en serio los derechos humanos, no puede permitir que conocidos criminales escapen a la justicia a cambio, en la práctica, de un cheque. Actualmente, Colombia es el tercer país, después de Israel y Egipto, que recibe más ayuda militar de Estados Unidos, y tiene asignados más de 700 millones de dólares para el año fiscal 2004. Colombia también recibe un apoyo significativo a sus programas humanitarios de la Unión Europea y de países donantes individuales.

Las atrocidades deben conllevar una pena de cárcel. Si los paramilitares no aceptan los términos que incorporan la obligación de Colombia de enjuiciar y sancionar las graves violaciones de los derechos humanos, las Fuerzas Armadas deben buscarlos y capturarlos y el Gobierno debe llevarlos ante la justicia.

Las atrocidades deben conllevar una pena de cárcel. Si los paramilitares no aceptan los términos que incorporan la obligación de Colombia de enjuiciar y sancionar las graves violaciones de los derechos humanos, las Fuerzas Armadas deben buscarlos y capturarlos y el Gobierno debe llevarlos ante la justicia.

Permitir que conocidos criminales eludan cualquier castigo real por sus crímenes no sólo no fomenta la paz, sino que debilita el Estado de Derecho y fomenta nuevos actos de violencia. Colombia tiene una historia descarnada en este sentido. Los anteriores tratos con criminales han permitido un agravamiento del conflicto, un aumento del saldo de víctimas mayoritariamente civiles y el empleo cada vez mayor de tácticas brutales por parte de los grupos armados activos en el país. Es esencial que se garantice que cualquier acuerdo incluirá el castigo por crímenes contra los derechos humanos, especialmente teniendo en cuenta el precedente que puede sentar.

Antecedentes

El 15 de julio, el grupo paramilitar más numeroso del país, las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), acordó desmovilizar a 13.000 combatientes paramilitares y sus líderes antes del 31 de diciembre de 2005. El acuerdo de Santafé de Ralito, que debe su nombre al lugar donde se celebraron las negociaciones, fue firmado por nueve líderes paramilitares, seis representantes del Gobierno y tres representantes de la iglesia católica colombiana.

El Gobierno de Colombia ha reiterado su promesa a la comunidad internacional de que estas conversaciones no se saldarán con la impunidad de las personas que hayan cometidos graves violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Sin embargo, tras el anuncio del acuerdo de Santafé de Ralito, el Alto Comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo, desveló que el Gobierno había acordado la introducción de legislación que permitiría a los paramilitares condenados por graves crímenes contra los derechos humanos hacer pagos en metálico en lugar de cumplir las penas de cárcel. El 21 de agosto de 2003, el Presidente Álvaro Uribe presentó un proyecto de ley al Congreso para formalizar esta oferta.

"En vez de que sea cumplida en una cárcel, que haya penas alternativas y puedan hacer acciones de reparación social", dijo Restrepo en una entrevista con El Tiempo, el periódico de mayor tirada de Colombia.

El proyecto de ley autorizaría al Presidente a designar cuales de los paramilitares que han cometido atrocidades podrían obtener una suspensión de sus condenas. A cambio, el condenado aceptaría ciertas restricciones de su libertad personal, tales como permanecer en Colombia y no ostentar ni presentarse a un cargo público. Lo más importante, sin embargo, es que las personas condenadas por graves crímenes contra los derechos humanos podrían pagar una cantidad de dinero o transferir bienes a las víctimas de las atrocidades o a un fondo gubernamental para las víctimas en lugar de cumplir una pena de cárcel.

El proyecto de ley no cuenta con disposiciones que garanticen investigaciones imparciales o enjuiciamientos serios. No existen incentivos para promover que el acusado diga la verdad sobre los crímenes cometidos, especialmente si están implicados funcionarios del Gobierno u oficiales militares aún en activo. Tampoco se proponen mecanismos que permitan que las víctimas de las atrocidades apelen la decisión presidencial de designar a los que pueden obtener una suspensión de sus condenas.

En cambio, con una simple orden presidencial se garantizaría a criminales reconocidos y condenados que no pasarán un solo día entre rejas. Esto supone en la práctica que se permitiría que los violadores de los derechos humanos eludan a la justicia mediante la extensión de un cheque.

Los estados tienen la obligación de enjuiciar las graves violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. El Comité de Derechos Humanos, el organismo internacional encargado de vigilar el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ha declarado en su Comentario General sobre las obligaciones legales de los Estados Parte (artículo 2):

[L]os Estados Partes habrán de garantizar que todas las personas dispongan de recursos accesibles, efectivos y ejecutables para reivindicar esos derechos. El Comité atribuye considerable importancia a que los Estados Partes establezcan en el derecho interno mecanismos judiciales y administrativos adecuados para conocer de las quejas sobre violaciones de los derechos.

Se requieren en especial mecanismos administrativos que den cumplimiento a la obligación general de investigar las denuncias de violación de modo rápido, detallado y efectivo por organismos independientes e imparciales.

Human Rights Watch cree que para que un Estado cumpla su obligación de enjuiciar a los que cometen graves violaciones de los derechos humanos, las penas impuestas deben garantizar que realmente se ha "impartido justicia" a los responsables.

Los propios líderes paramilitares han resaltado la oferta del Gobierno en entrevistas con la prensa. "Nosotros no estamos negociando pensando que vamos a ir a la cárcel", dijo Salvatore Mancuso a El Espectador. Entre otros delitos, Mancuso ha sido condenado a 40 años de cárcel por su participación en la masacre de El Aro de 1997, que se describe más adelante.

Los líderes paramilitares han cortejado desde entonces a la prensa con la intención de reconvertirse en combatientes pro gubernamentales cuyos principales objetivos son los guerrilleros, no los civiles. Sin embargo, como ha documentado continuamente Human Rights Watch, los paramilitares tienen un horrible historial de masacres, asesinatos selectivos, ejecuciones de combatientes capturados, tortura y mutilación, saqueo, desplazamiento forzado y amenazas de muerte.

Las tropas paramilitares continúan operando con la tolerancia y, con frecuencia, el respaldo de ciertas unidades de las Fuerzas Armadas de Colombia. En 2001, el Departamento de Estado de Estados Unidos incluyó a los paramilitares en su lista oficial de Organizaciones Terroristas Extranjeras, donde seguían cuando se escribió este informe.

Conexiones con el narcotráfico

Los funcionarios del Gobierno de Colombia creen que el cabecilla paramilitar Carlos Castaño, Mancuso y las AUC han establecido "una alianza extremadamente cercana" con los narcotraficantes, lo que incluye áreas antes controladas por la guerrilla. Los narcotraficantes han financiado a las AUC y les dan refugio en sus ranchos, algo que niegan sus líderes. Los servicios de inteligencia colombianos calculan que el 40 por ciento de las exportaciones totales de cocaína del país están controladas por los paramilitares y sus aliados en la mafia del narcotráfico y que es "imposible distinguir entre paramilitares y narcotraficantes".

Los paramilitares también han atacado y asesinado a funcionarios del Gobierno de Colombia que participaban en operaciones antidroga, entre ellos agentes de la Policía Nacional. En 1997, por ejemplo, los paramilitares que protegían un camión que transportaba cocaína se vieron envueltos en un tiroteo con la Policía en San Carlos de Guarda, Meta, que se saldó con la muerte de 11 agentes.

En septiembre de 2002, Estados Unidos presentó una solicitud de extradición de Castaño y Mancuso, su compañero en la dirección de las AUC, en relación con cinco cargos por conspiración para importar cocaína al país.

Una historia de impunidad

Las AUC son descendientes de Muerte a Secuestradores (MAS), formada por Pablo Escobar, Fidel Castaño, Gonzalo Rodríguez Gacha y otros para liberar a los familiares de narcotraficantes secuestrados por la guerrilla. Sin embargo, en 1982, los narcotraficantes y otros hombres de negocios habían adoptado el modelo para aliarse con las Fuerzas Armadas de Colombia en su lucha contra la guerrilla, en particular las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP). En 1983, la Procuraduría había registrado más de 240 asesinatos políticos por parte de MAS, entre cuyas víctimas se encontraban funcionarios electos, campesinos y líderes comunitarios.

En Colombia, las propuestas de dinero a cambio de impunidad se remontan a principios de los ochenta. En 1984, los narcotraficantes más brutales de Colombia, liderados por Pablo Escobar, ofrecieron la entrega al Gobierno de sus bienes valorados en miles de millones de dólares a cambio de que se les concediera inmunidad penal y no fueran extraditados a Estados Unidos, una oferta que fue rechazada.

En una entrevista con Human Rights Watch, Carlos Castaño, líder político de las AUC, identificó su primera participación en la actividad paramilitar con el entrenamiento recibido a principios de los ochenta con el Batallón Bomboná. Castaño empezó como guía, combatió con las tropas e identificó a posibles subversivos. Mientras tanto, su hermano mayor, Fidel, estaba amasando una fortuna del narcotráfico. Fidel invirtió sus ganancias en tierras y se convirtió en uno de los rancheros más poderosos del norte del país. A mediados de los ochenta, con los beneficios de Fidel y las contribuciones de terratenientes y empresarios, los Castaños decidieron formar su propio ejército conocido como "Los Tangüeros", que debe su nombre al rancho Las Tangas de Castaño.

En esos años, Las Tangas fue escenario de los entrenamientos de paramilitares y sicarios de narcotraficantes por parte de mercenarios extranjeros y oficiales militares en activo, que les enseñaron cómo disparar, fabricar bombas y organizar emboscadas.

La estrategia de Castaño provocó una violencia sin precedentes, que una comisión gubernamental describió como "uno de los episodios más trágico de la reciente historia de violencia en este país". El 14 de enero de 1990, por ejemplo, los Tangüeros secuestraron y asesinaron a 42 personas de Pueblo Bello, Urabá, aparentemente en represalia por el asesinato de varios pistoleros de Castaño por parte de la guerrilla. Meses después, se hallaron los cuerpos de seis de los secuestrados en fosas sin marcar que contenían los cuerpos de 24 personas en Las Tangas y Jaraguay, también propiedad de los Castaño.

Fidel Castaño fue condenado en ausencia por su participación en la masacre, pero nunca fue castigado. Las masacres de los Tangüeros provocaron desplazamientos forzados masivos durante la última parte de los ochenta, cuando los residentes abandonaron pueblos enteros por el miedo. Por ejemplo, en el pueblo de El Tomate, que los paramilitares consideraban pro guerrillero, un grupo de hombres armados se apropiaron de un autobús público y asesinaron a cinco pasajeros, el 30 de agosto de 1988. Incendiaron 22 casas y el autobús público, con el conductor esposado al volante.

Las personas consideradas simpatizantes de la guerrilla o de su ideología-entre ellos los maestros, los líderes comunitarios, los sindicalistas, los defensores de los derechos humanos y los trabajadores religiosos-también fueron considerados objetivos legítimos, a pesar de que no participaban activamente en el conflicto. Con frecuencia, su propio trabajo los ponía en peligro. Una de las víctimas de los Castaño fue Sergio Restrepo, un sacerdote jesuita que trabajaba en la parroquia de Tierralta, Córdoba. Al parecer, Restrepo se convirtió en objetivo por su trabajo con los pobres, considerados pro guerrilleros y comunistas. En 1998, un sicario de Castaño lo asesinó a tiros a la salida de la casa parroquial jesuita.

En 1989, después de otras masacres cometidas en el Magdalena Medio por los paramilitares y sus patrocinadores en el Ejército, entre ellas el asesinato de dos jueces y diez investigadores del Gobierno en La Rochela, Santander, el gobierno de Virgilio Barco emitió el Decreto 1194, que estableció sanciones penales para los civiles y los miembros de las Fuerzas Armadas que recluten, entrenen, promuevan, financien, organicen, lideren o pertenezcan a "grupos armados, mal llamados paramilitares, constituidos en escuadrones de la muerte, bandas de sicarios, grupos de autodefensa o de justicia privada".

A pesar de este decreto, ni Fidel ni Carlos Castaño fueron nunca arrestados por dirigir un ejército privado u ordenar masacres. (Ahora se cree que Fidel Castaño está muerto.)

En 1990, los guerrilleros del Ejército Popular de Liberación (EPL) estaban diezmados por la acción combinada del Ejército y los Tangüeros. Como resultado de ello, el EPL acordó sentarse a negociar la desmovilización. Como parte de la negociación, Fidel Castaño ofreció entregar algunas de sus armas y disolver a los Tangüeros cuando desapareciera el EPL, un acuerdo que culminó el 1 de marzo de 1992.

A través de la Fundación por la Paz de Córdoba (FUNPAZCOR), administrada por la familia Castaño, los hermanos suministraron al Gobierno tierras y compensaciones económicas por valor de millones de dólares que fueran utilizadas para establecer pequeños negocios, fincas, redes comerciales, escuelas y programas de formación para los ex guerrilleros.

FUNPAZCOR es un modelo de programa de "reinserción social" que se asemeja considerablemente al sistema contemplado en el proyecto de ley respaldado por el gobierno de Uribe. Sin embargo, FUNPAZCOR también ha sido objeto de investigaciones del Gobierno por ser un mecanismo utilizado por las fuerzas paramilitares ilegales para recaudar dinero y sufragar sus actividades, salarios, suministros y armas. En 2001, un miembro de la junta directiva y empleado de FUNPAZCOR fue acusado por la Fiscalía General de financiar a grupos paramilitares que cometían violaciones de los derechos humanos.

Es importante subrayar, además, que este programa no sólo no llevó ante la justicia a los responsables de crímenes contra la humanidad, sino que fracasó totalmente en su objetivo de garantizar la paz y desmovilizar a los paramilitares. Carlos Castaño reorganizó a los Tangüeros en 1993, esta vez bajo el nombre de las Autodefensa Unidas de Córdoba y Urabá (ACCU). Muchos de sus combatientes eran ex guerrilleros del EPL. "En 1993, teníamos 600 armas. Empezamos a establecer frentes en otras regiones para combatir a la guerrilla. Se establecía un frente a petición de la gente que vivía en la región que estaban dispuestos a pagarlo", declaró posteriormente Castaño.

¿Quién se beneficia?

El Comandante de las AUC, Carlos Castaño, es uno de los firmantes del acuerdo de Santafé de Ralito y un probable beneficiario de esta propuesta. El repaso de los crímenes por los que sido condenado o ha admitido constituye una lectura aterradora.

1) En 2001, un juez colombiano condenó a Castaño a 22 años de cárcel por su participación en el asesinato del candidato presidencial de la Unión Patriótica, Bernardo Jaramillo Ossa, muerto a tiros en el aeropuerto de El Dorado de Bogotá en 1990. Desde su fundación en 1985, la Unión Patriótica ha sido prácticamente exterminada por los atentados contra sus miembros por parte de los paramilitares a las órdenes de Castaño, que suelen operar en coordinación con las Fuerzas Armadas de Colombia.

2) En su biografía autorizada, Mi Confesión, Castaño ofreció un relato detallado de cómo seleccionó y entrenó a un sicario menor de edad para que asesinara a un segundo candidato presidencial en 1990, el líder del M-19 Carlos Pizarro-el mismo muchacho que, según las autoridades, asesinó a Jaramillo. Como consecuencia, en junio de 2002, la Fiscalía General recomendó que Castaño fuera sentenciado por asesinato y condenado a 60 años de cárcel.

3) Castaño ha reconocido que planeó el asesinato del Senador Manuel Cepeda, en coordinación con oficiales del Ejército de Colombia.

4) Castaño ha reconocido que las AUC secuestraron y asesinaron a Aury Sara Marrugo, presidente de la sección de Cartagena de la Unión Sindical Obrera, y a sus guardaespaldas. Marrugo fue brutalmente torturado antes de su ejecución.

5) En noviembre de 2002, un tribunal de lo penal de Bogotá prosiguió con la investigación de Castaño como el presunto autor intelectual del asesinato del periodista, cómico, y activista de derechos humanos Jaime Garzón, en 1999.

6) En abril de 2003, un juez de Antioquia condenó a Castaño a 40 años de cárcel por organizar la masacre de al menores 15 personas en El Aro, en 1997. En esa época, encabezaba un grupo paramilitar menos numeroso, las Autodefensas Unidas de Córdoba y Urabá (ACCU). En Los lazos que unen, Human Rights Watch recogió las descripciones de los testigos presenciales de la masacre: Los supervivientes dijeron a Human Rights Watch que mientras los soldados mantenían un perímetro alrededor de El Aro, unos 25 miembros de las ACCU entraba en el pueblo, rodeaban a los residentes y ejecutaban a cuatro personas en la plaza. Un testigo dijo a Human Rights Watch que los líderes de las ACCU se hacían llamar a si mismos "Cobra" y "Júnior". Los testigos dijeron que los paramilitares dijeron al propietario de comercio Aurelio Areiza y su familia que mataran un novillo y preparan comida con lo que había en su tienda para alimentar a los combatientes de las ACCU los días 25 y 26 de octubre, mientras el resto del país votaba en las elecciones presidenciales. Según los mismos testigos, al día siguiente, los paramilitares llevaron a Areiza a una casa cercana, lo ataron a un árbol y lo torturaron y mataron. Añadieron que las ACCU le habían sacado los ojos y cortado la lengua y los testículos. Un testigo le dijo a los periodistas que visitaron El Aro poco después que las familias que intentaron huir fueron enviados de vuelta por los soldados acampados en las cercanías de la ciudad. Se consideraba que, durante los cinco días que estuvieron en El Aro, los miembros de las ACCU habían ejecutado al menos 11 personas, entre ellas tres niños, quemado 47 de las 68 casas, entre ellas una farmacia, una iglesia y una central telefónica, saqueado comercios, destruido cañerías que de suministro de agua potable a las casas y obligado a huir a la mayoría de los residentes. Cuando salieron el 30 de octubre, las ACCU se llevaron consigo más de un millar de cabezas de ganado junto con los bienes saqueados en casas y comercios. Posteriormente, se denunció la desaparición forzada de 30 personas.

7) En junio de 2003, un tribunal de Bogotá condenó a Castaño a 40 años de prisión por organizar la masacre de Mapiripán en 1997. Como informó Human Rights Watch en Guerra sin cuartel: Colombia y el derecho internacional humanitario:

En la madrugada del 15 de julio, unos 200 miembros de las ACCU fuertemente armados llegaron al municipio y empezaron a rodear a autoridades locales y a obligarlas a acompañarles. Entre los que buscaban se encontraban los campesinos que habían participado en las protestas de 1996 en todo el departamento contra la erradicación de la coca y la falta de alternativas viables ofrecidas por el gobierno. Los miembros de las ACCU detuvieron a los residentes y a la gente que llegaba en barco, los llevaron al matadero local, los ataron, torturaron y ejecutaron cortando sus gargantas. La primera persona asesinada fue Antonio María Herrera, conocido como "Catumare," al que colgaron de un gancho, despresaron y arrojaron sus restos al río Guaviare. Al menos dos cuerpos -el de Sinaí Blanco, un barquero, y el de Ronald Valencia, el encargado de la pista de aterrizaje- fueron decapitados. El juez Leonardo Iván Cortés informó de que escuchaba los gritos de las personas que llevaban al matadero para interrogarlas, torturarlas y matarlas durante los cinco días que las ACCU permanecieron en el área. En una de las cartas que escribió durante la masacre a varias autoridades regionales, decía: "Cada anochecer asesinan a grupos de cinco o seis personas indefensas, quienes son cruel y monstruosamente masacradas, previa tortura. Se escuchan gritos de gentes humildes, clamando piedad y pidiendo auxilio". El líder de las ACCU Carlos Castaño se atribuyó la masacre, y dijo a los reporteros que un "frente de choque" de setenta hombres había ejecutado a 13 personas y arrojado sus cuerpos al río Guaviare. Las autoridades, que llegaron a los pocos días de la partida de las ACCU, localizaron cinco cuerpos, aunque el CICR dijo a los periodistas que las estimaciones eran de 20 muertos más arrojados al río Guaviare. Castaño desmintió las denuncias de torturas, aunque prometió "muchos más Mapiripanes" para Colombia en entrevistas de prensa posteriores.

Sin embargo, estos casos no son más que el principio de una lista de horrores cometidos por Castaño y sus combatientes paramilitares. En enero de 2003, la Fiscalía General de Colombia tenía abiertos al menos 35 causas penales contra Castaño. En 27 de ellas, se habían dictado órdenes oficiales de arresto contra él. Las investigaciones incluyen algunos de los crímenes más horribles cometidos en Colombia, entre ellos:

1. Chengue, 2001: El 26 de septiembre de 2002, Castaño fue citado por la Fiscalía como sospechoso de la masacre de 27 personas. Como informó Human Rights Watch en La "Sexta División": Relaciones militares-paramilitares y la política estadounidense en Colombia, el 17 de enero de 1997, unos 50 paramilitares sacaron a docenas de residentes de sus casas en el pueblo de Chengue, Sucre. "Los reunieron en dos grupos en la plaza principal y al otro lado del rudimentario centro de salud", informó posteriormente el Washington Post. "Después mataron a los hombres uno por uno, aplastándoles la cabeza con grandes piedras y una almádena. Cuando todo terminó, veinticuatro hombres yacían muertos en charcos de sangre. Más tarde se encontraron otros dos en fosas poco profundas. Cuando se fueron las tropas, prendieron fuego al pueblo". Entre los muertos registrados había un muchacho de 16 años cuya cabeza estaba separada del cuerpo.

2. El Salado, 2000: El 18 de febrero de 2000, unos 300 hombres armados pertenecientes a las ACCU establecieron un tribunal irregular y arbitrario en el pueblo de El Salado, Bolívar. Durante los dos días siguientes, torturaron, agarrotaron, acuchillaron, decapitaron y dispararon contra residentes. Los testigos dijeron a los investigadores que habían atado a una niña de seis años a un poste y la había ahogado con una bolsa de plástico. Habían desaparecido 30 residentes. "Para ellos era como una fiesta", dijo un sobreviviente al New York Times. "Bebían, bailaban y celebraban mientras nos mataban como perros".

3. La Gabarra, 1999: Según la Defensoría Pública de Colombia, el 29 de mayo de 1999, los paramilitares asesinaron a por lo menos 20 personas y secuestraron a otras 15 en La Gabarra, Norte de Santander. Según los investigadores del Gobierno, formaba parte de una serie de masacres cometidas por los paramilitares en connivencia con el Ejército.

4. Puerto Alvira, 1998: Según una investigación oficial, Castaño ordenó a 200 de sus combatientes que tomaran este pueblo y fueran separando a las personas sospechosas de apoyar a la guerrilla. Se registraron más de una veintena de asesinatos.

5. Los asesinatos del CINEP, 1997: El 19 de mayo, Mario Calderón, empleado del Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP), Elsa Alvarado, su esposa y ex empleada del CINEP y Carlos Alvarado, padre de Elsa, fueron asesinados en su apartamento de Bogotá, aparentemente en represalia por su trabajo en defensa de los derechos humanos. Aunque la madre de Alvarado resultó gravemente herida, el hijo de 18 meses de la pareja salió ileso.

Aliados

A parte de Castaño, estos son algunos de los miembros de las ACCU que pueden beneficiarse de la propuesta:

1. DIEGO MURILLO BEJARANO, "DON BERNA" o "ADOLFO PAZ": Murillo, "Inspector General" de las AUC, fue jefe de seguridad de la familia Galeano, socios de Escobar y miembros del Cartel de Medellín. Las autoridades también han descubierto la conexión de Murillo con las bandas de sicarios de Medellín, entre ellas "La Terraza". En 2003, los asesores del Presidente Uribe identificaron a Murillo como un importante narcotraficante. Murillo ha firmado el acuerdo de Santafé de Ralito con el seudónimo de "Adolfo Paz".

2. HERNÁN GIRALDO SERNA, "TALADRO", "EL MONO", "EL DOCTOR", "EL VIEJO": Giraldo, uno de los comandantes de las AUC, opera en la costa septentrional en los alrededores de Santa Marta. Un juez condenó a Giraldo, que dirige un grupo conocido como "Los Chamizos", a 20 años de cárcel por su participación en una serie de masacres en las plantaciones de bananeras de Honduras, La Negra y San Jorge, en las que fueron asesinadas más de 50 personas. En este juicio también fue condenado Fidel Castaño, el hermano mayor de Carlos. Giraldo tiene diez órdenes de arresto pendientes por terrorismo, asesinato, formación de grupos paramilitares y narcotráfico, y la Policía Nacional le ha relacionado con el secuestro, en 1996, del empresario Ambrosio Plata, que fue asesinado y desmembrado después de que su familia pagara el rescate. Giraldo también ha sido relacionado con el asesinato, en noviembre de 2001, de tres agentes de policía colombianos que trabajaban con la DEA. La revista Newsweek informó de que la policía colombiana calcula que su próspero clan de la droga envía cargamentos a Estados Unidos por un valor anual de 1.200 millones de dólares, lo que le sitúa entre los primeros cinco narcotraficantes del país. Giraldo está listado como miembro de las AUC y podría beneficiarse de un acuerdo de desmovilizaron que permitiera el pago de dinero en lugar de la justicia.

3. JOSÉ VICENTE CASTAÑO, "EL PROFE": José Vicente, hermano mayor de Carlos, ha sido identificado como un asesino y destacado narcotraficante por los investigadores del Gobierno. Castaño ha sido relacionado con los asesinatos, en octubre de 2001, de los congresistas Octavio Sarmiento y Alfredo Colmenares Chía, ambos representantes del departamento de Arauca. En su momento, las AUC asumieron toda la responsabilidad por los asesinatos. Los investigadores del Gobierno también han relacionado a Castaño con el atentado contra la vida del líder sindical Wilson Borja y los asesinatos de tres miembros de la familia Delgado, destacados rancheros del departamentos de Casanare. En una entrevista con Human Rights Watch, Eduardo Delgado, que fue posteriormente asesinado por sicarios sin identificar, dijo que Castaño estaba vendiéndole a los narcotraficantes el derecho de operar en zonas controladas por los paramilitares y participaba directamente en el narcotráfico. Los investigadores lo han relacionado repetidamente con los hermanos Víctor Manuel y Miguel Ángel Mejía, "Los Mellizos", que, según se cree, pertenecen al Cartel de Valle. In 2001 y también en 2003, los funcionarios del Gobierno confiscaron bienes de "Los Mellizos" por su relación con el narcotráfico. Castaño ha firmado el acuerdo de Santafé de Ralito.

4. LUIS EDUARDO CIFUENTES, "EL AGUILA": Cifuentes, antiguo socio de Gonzalo Rodríguez Gacha, enfrenta cargos de narcotráfico, formación de grupos paramilitares y la tortura y el asesinato de los agentes de policía Capitán William Javier Montilla y Ancízar Sánchez, cuyos cuerpos fueron hallados el 25 de octubre de 1998, cerca de Puerto Salgar, Cundinamarca. Según el semanario Cambio, en 1999, Cifuentes fue relacionado con un plan frustrado de asesinato del Presidente Andrés Pastrana. Cifuentes también ha sido relacionado con las amenazas contra defensores de los derechos humanos, entre ellos los miembros del Colectivo de Abogados "José Alvear Restrepo". Cifuentes ha firmado el acuerdo de Santafé de Ralito.

5. SALVATORE MANCUSO: En abril de 2003, un juez de Antioquia condenó a Mancuso a 40 años de cárcel por organizar la masacre de El Aro (Antioquia) de 1997, en la que murieron al menos 15 personas. Ese mismo año, la Fiscalía General dictó una orden de arresto contra él por su implicación en los asesinatos de dos hermanos y otro hombre, ocurridos en 1996 cerca de San Antonio El Palmito, Sucre. Según la investigación, diez paramilitares bajo su mando seleccionaron a tres hombres en las listas y los ejecutaron en el momento. En un caso similar, los fiscales también dictaron una orden de arresto contra Mancuso por su relación con la masacre de 12 personas en las aldeas cercanas a Morroa, Sucre, en diciembre de 1996. En total, la Fiscalía General ha dictado ocho órdenes de arresto contra Mancuso por su participación en masacres y asesinatos selectivos. En una entrevista de prensa de diciembre de 2001, Mancuso sugirió que los paramilitares habían secuestrado y asesinado a Kimi Domicó, líder del grupo indígena Embera-Katio, en Tierralta, Córdoba. Mancuso ha firmado el acuerdo de Santafé de Ralito.

6. IVÁN ROBERTO DUQUE, "ERNESTO BÁEZ": En 2003, un fiscal del Gobierno dictó una orden de arresto contra Duque por la autoría intelectual de los asesinatos de Francisco de Paula López Delgado y Fabiola Ospina Arias, concejales municipales de Aguadas, Caldas. Los paramilitares bajo el mando de Duque también han sido implicados en al menos otros dos asesinatos, el de Gabriel Ospina, de Aguadas, y el de un fiscal local, Augusto Soto Restrepo. Duque podría beneficiarse del acuerdo de Santafé de Ralito.