En un momento en el que los Estados Unidos tienen una influencia sin precedente sobre los asuntos de Colombia, esta certificación era la oportunidad perfecta para obtener avances concretos. Sin embargo, es una oportunidad perdida.

La certificación libera aproximadamente $27 millones para las fuerzas militares de Colombia. Esta es la quinta vez en tres años que el Departamento de Estado certifica a Colombia a pesar de evidencias concluyentes de su no-cumplimiento con las seis condiciones contenidas en la Ley Pública 108-7, que regula la ayuda extranjera para el año fiscal 2003. Colombia es el tercer receptor de ayuda militar estadounidense, después de Israel y Egipto.

La principal condición exige que las fuerzas armadas de Colombia corten sus vínculos con los grupos paramilitares. Sin embargo, los militares colombianos siguen trabajando con paramilitares que han sido incluidos en la lista de Organizaciones Terroristas Extranjeras del Departamento de Estado.

"En un momento en el que los Estados Unidos tienen una influencia sin precedente sobre los asuntos de Colombia, esta certificación era la oportunidad perfecta para obtener avances concretos. Sin embargo, es una oportunidad perdida", dijo José Miguel Vivanco, Director Ejecutivo de la División de las Américas de Human Rights Watch. "El error de EE.UU. es de especial importancia ahora que el total de la ayuda-más de $300 millones-no depende del cumplimiento de condiciones referentes a derechos humanos. En otras palabras, la certificación ya no puede ser explicada en términos de servir otros objetivos políticos, como la lucha contra el narcotráfico".

Vivanco señaló que el efecto negativo de la certificación se une a la decisión de EE.UU el 1 de julio de suspender $5 millones de ayuda militar a Colombia por negarse a eximir a los ciudadanos americanos de prosecución ante la Corte Penal Internacional.

"La administración del presidente Bush ha sostenido en numerosas ocasiones la imposibilidad de retener la ayuda militar a las fuerzas militares Colombianas en vista de su lucha contra violadores de derechos humamos. Sin embargo, ahora está completamente dispuesta a suspender dicha ayuda, pero solo cuando países como Colombia se niegan a otorgar inmunidad por posibles crímenes contra la humanidad. Esto envía un mensaje perverso acerca de las prioridades Americanas", dijo Vivanco.

Human Rights Watch envió un documento al Departamento de Estado sobre los nexos persistentes entre unidades militares y grupos paramilitares. En el departamento del Chocó, por ejemplo, residentes de la comunidad de Jiguamandó reportaron que soldados de la Décima Séptima Brigada patrullan en compañía de unidades paramilitares. Aunque el río Magdalena al norte de la ciudad de Barrancabermeja está fuertemente militarizado, funcionarios de organizaciones humanitarias nacionales e internacionales son continuamente detenidos, requisados e interrogados por paramilitares que operan a pocos minutos de retenes

En su documento, Human Rights Watch reconoce que las fuerzas armadas han detenido más paramilitares de bajo rango que en años pasados. "Sin embargo, en vastas regiones del país, la alianza militar-paramilitar continúa más fuerte que nunca" indicó Vivanco.

Adicionalmente a las condiciones sobre derechos humanos, la Ley Pública 108-7 permite al Departamento de Estado utilizar fondos para entrenar y equipar unidades militares colombianas que luchen contra el terrorismo si puede certificar que las Fuerzas Armadas Colombianas están conduciendo vigorosas operaciones para restaurar la autoridad gubernamental y el respeto hacia los derechos humanos en áreas bajo el control efectivo de organizaciones paramilitares o guerrilleras. De acuerdo con Human Rights Watch, Colombia no ha cumplido con esta condición adicional.

En su respuesta de 11 páginas a la decisión del departamento de Estado, Human Rights Watch citó casos específicos del no-cumplimiento con cada una de las seis condiciones establecidas por la Ley.