Según la Asociación de Familiares de Víctimas del Servicio Militar (AFAVISEM), en los últimos 13 años 112 miembros de las fuerzas armadas y policiales de Paraguay murieron en circunstancias sospechosas. La mayoría de esos casos aun no han sido resueltos. Cerca del 70 por ciento de los fallecidos eran menores de 18 años.

Con el transcurso del tiempo las investigaciones -- muchas de las cuales permanecen en el ámbito de la justicia militar -- han ido perdiendo fuerza y, en la mayoría de las ocasiones, no han alcanzado resultados positivos. Los padres de cinco niños soldados fallecidos, frustrados ante la falta de avances en la justicia local, solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que el Estado Paraguayo les conceda reparaciones por la muerte de sus hijos.

El 16 de agosto se celebra el Día del Niño y de la Niña en Paraguay. Irónicamente, esta fecha coincide con la conmemoración del martirio de los niños de Acosta Ñu, un grupo de menores soldados que murieron en la batalla de Acosta Ñu en el año 1869.

"El Día del Niño representa una buena oportunidad para reafirmar los derechos humanos básicos de todos los niños del país," dijo Michael García Bochenek, consejero legal de la División de los Derechos del Niño de Human Rights Watch. "El Estado puede comenzar a resolver estos casos y asegurar que no habrá más abusos en el futuro."

Human Rights Watch reconoció que Paraguay ha adoptado medidas positivas desde abril de 2001, ocasión en la que Amnistía Internacional publicó un informe sobre estos temas. Actualmente Paraguay se encuentra tramitando la ratificación de un nuevo tratado que pondrá fin a la participación de personas menores de 18 años en conflictos armados. El Estado Paraguayo firmó el tratado (un protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño) en el año 2000.

"A pesar de estos pasos positivos, nos preocupa la falta de progresos en los casos de muertes de niños en el servicio militar," dijo Bochenek.

Para evitar futuros abusos, Human Rights Watch solicitó al Estado Paraguayo que garantice que las personas menores de 18 años de edad no sean reclutadas obligatoriamente y que, al mismo tiempo, aumente la edad para el alistamiento voluntario en las fuerzas armadas nacionales a 18 años.

Human Rights Watch también pidió una investigación a fondo de las amenazas contra la activista María Noguera, presidenta de AFAVISEM.

Human Rights Watch es miembro de la Coalición para Acabar con la Utilización de Niños Soldados. Esta coalición lanzó una campaña para poner fin al reclutamiento y la utilización de niños y niñas soldados.