En los últimos meses, las organizaciones no gubernamentales guatemaltecas han estado sometidas a un número alarmante de actos de intimidación que han continuado asimismo después de la visita al país de la Representante Especial de las Naciones Unidas sobre Defensores de los Derechos Humanos, Hina Jilani.

"Todo parece indicar la existencia de un patrón en el cual estos hechos podrían formar parte de una campaña organizada para intimidar a aquellos dedicados a documentar las violaciones de derechos humanos del pasado y llevar a los responsables ante la justicia," señaló Amnistía Internacional.

La situación de los defensores de los derechos humanos en Guatemala lleva años causando honda preocupación en la comunidad internacional, que se ha repetidamente pronunciado al respecto, pidiendo protección para el trabajo de quienes luchan por la vigencia de los derechos humanos, aunque sea a riesgo de sus vidas.

"En todas las sociedades, la labor independiente que realiza la sociedad civil es una contribución importante para garantizar que los gobiernos protejan los derechos humanos y actúen dentro del marco de las leyes nacionales y del derecho internacional," recalcó la Comisión Internacional de Juristas, recordando que en 1998 la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció la importancia de esta contribución, al adoptar la Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos.

"Es imprescindible que las autoridades guatemaltecas garanticen a los defensores el máximo grado de protección y se comprometan a investigar todos los episodios de amenaza y hostigamiento en su contra, y llevar a los responsables ante la justicia," agregó Human Rights Watch.

En particular las tres organizaciones instan al presidente Alfonso Portillo hacer todo lo posible para:

• Asegurar que los encargados de investigar estos delitos tengan todos los recursos materiales y técnicos así como el personal necesario para explorar exhaustivamente todas las líneas de investigación;

• Asegurar que los investigadores reciban plena cooperación de todas las instituciones del Estado, incluyendo especialmente las fuerzas de seguridad pública;

• Facilitar una participación activa de las organizaciones de la sociedad civil en las investigaciones, manteniéndolas informadas sobre el progreso de cada investigación.

"Desafortunadamente, estas amenazas no son nada nuevo, y recuerdan en su tono violento, el reciente pasado de gravísimos abusos de Guatemala," prosiguieron las tres organizaciones. "Ya es hora de que el gobierno de Guatemala dé la vuelta a esta triste página en la historia del país y tome todas las medidas necesarias para proteger a los que velan por los derechos humanos de todos y fortalecer el respeto de dichos derechos en la sociedad guatemalteca,"concluyeron.