"Al suspender el financiamiento, Estados Unidos pueden asegurarse de que los militares colombianos le prestan atención", señaló José Miguel Vivanco, Director Ejecutivo de la División de las Américas de Human Rights Watch. "Cuando exista impunidad, como en el caso Santo Domingo, es imperativo que el Departamento de Estado cumpla su obligación legal de enviar este tipo de mensaje claro. Esta decisión refuerza la credibilidad de su política y del estado de derecho".

El 13 de diciembre de 1998, un helicóptero de la Fuerza Aérea colombiana lanzó proyectiles durante una confrontación prolongada con unidades de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) cerca del pueblo de Santo Domingo, Arauca. Según los residentes, varios proyectiles hicieron impacto en casas civiles. Murieron 18 civiles, entre ellos siete niños.

En lugar de llevar a cabo una investigación imparcial, las fuerzas militares encubrieron los hechos y atribuyeron el incidente a un carro bomba de las FARC-EP. Sin embargo, los investigadores del gobierno determinaron posteriormente que la metralla que provocó las muertes de civiles procedía de un proyectil de fabricación estadounidense lanzado desde un helicóptero del Comando Aéreo de Combate No. 1, con base en Palanquero. Los pilotos del helicóptero dijeron a los investigadores que habían recibido las coordenadas del objetivo de AirScan, una empresa estadounidense contratada por la Fuerza Aérea.

"Es especialmente importante que Estados Unidos exija investigaciones creíbles cuando su armamento y sus ciudadanos estén implicados en abusos", señaló Vivanco.

Las autoridades estadounidenses han dicho que seguirán cooperando con la investigación colombiana. Además, la Guardia Costera de Estados Unidos ha abierto una investigación a un ciudadano estadounidense presuntamente implicado en los hechos, que podría ser empleado de la Guardia Costera cuando se produjo el incidente de Santo Domingo.

La decisión se basa en las leyes de Estados Unidos que obligan al Secretario de Estado a suspender la ayuda militar a unidades de fuerzas de seguridad extranjeras presuntamente implicadas en violaciones a los derechos humanos, cuando no se hayan adoptado medidas efectivas para investigar y sancionar a los responsables.

En 2002, el Gobierno de Estados Unidos entregó a Colombia ayuda militar por valor de 415 millones de dólares y, como novedad, levantó las restricciones que prohibían que las fuerzas de seguridad colombianas emplearan estos fondos para combatir a los grupos armados ilegales. A 13 de septiembre de 2002, había 138 militares y 250 civiles estadounidenses contratados temporal o permanentemente en Colombia, según los informes del Gobierno de Estados Unidos.