"Nos preocupa que las personas que viven en la zona-que nunca fueron consultadas antes de ceder el área a las FARC-EP-queden expuestas al abuso de los paramilitares que podrían considerarlos partidarios de la guerrilla por el simple hecho de haberse quedado en sus casas, fincas y negocios," dijo José Miguel Vivanco, Director Ejecutivo de la División de las Américas de Human Rights Watch.

El Presidente de Colombia, Andrés Pastrana, anunció ayer el fin de tres años de negociaciones de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) y la recuperación inmediata por parte de las autoridades colombianas del control de la zona del tamaño de Suiza cedida a la guerrilla a finales de 1998. El anuncio de Pastrana se produjo después del secuestro ese mismo día, por parte de las FARC-EP, del senador Jorge Gechem Turbay.

Human Rights Watch pidió a las autoridades colombianas que actúen inmediatamente para proteger a los civiles frente a la violencia paramilitar, en vista de los lazos duraderos entre algunas unidades militares y las fuerzas paramilitares, y que respeten además el derecho internacional humanitario en sus campañas militares para recuperar el control de la zona. Los paramilitares son responsables de la gran mayoría de las masacres y las ejecuciones extrajudiciales que tienen lugar en el país.

Human Rights Watch también pidió a las FARC-EP que liberen al Senador Gechem Turbay inmediatamente e incondicionalmente, y que dejen de cobrarse víctimas civiles.

"Este espantoso secuestro es un caso lamentablemente demasiado habitual para las FARC-EP, que han persistido en la comisión de violaciones sistemáticas al derecho internacional humanitario," dijo Vivanco.