El más reciente de estos ataques se produjo el 2 de mayo de 2002 en Bojayá, Chocó. Durante un enfrentamiento entre las FARC-EP y las fuerzas paramilitares, los civiles se refugiaron en una iglesia local. Según informes fidedignos recibidos por Human Rights Watch, al menos una bomba de cilindro de gas lanzada por las fuerzas de las FARC-EP hizo impacto en esta iglesia con un saldo de al menos 117 civiles muertos, entre ellos al menos cuarenta y ocho niños, y al menos 114 civiles heridos.

"Las FARC-EP son responsables por atrocidades sistemáticas contra civiles," afirmó José Miguel Vivanco, director ejecutivo de la División de las Américas de Human Rights Watch. "Las FARC-EP tienen que abandonar el uso de bombas de cilindros de gas inmediatamente, porque su uso constituye una grave violación del derecho internacional humanitario."

Los cilindros de gas son armas indiscriminadas; es imposible apuntar con precisión estos proyectiles y por lo tanto suelen hacer impacto en objetivos civiles y provocar muertes de civiles evitables. El derecho internacional humanitario prohíbe los ataques contra civiles y objetivos civiles. El empleo de una bomba de cilindro de gas en un área civil constituye una violación de la prohibición de los ataques indiscriminados prevista en el derecho internacional humanitario. Se está reconociendo internacionalmente cada vez más que los ataques directos o indiscriminados contra civiles durante un conflicto armado interno constituyen crímenes de guerra.

En una carta de doce páginas dirigida a Manuel Marulanda, comandante en jefe de las FARC-EP, Human Rights Watch documentó el uso de cilindros de gas por parte de las FARC-EP en al menos veintisiete ataques perpetrados desde julio de 2001, sin incluir el reciente ataque contra Bojayá, Chocó. Fallecieron al menos doce civiles y resultaron heridos otros cuarenta y cinco, entre ellos diez niños, durante estos ataques. Los cilindros de gas lanzadas por las FARC-EP han causado daños serios en escuelas, iglesias, viviendas y lugares de trabajo de civiles en Colombia.

Human Rights Watch recordó a Marulanda que el uso de armas indiscriminadas viola uno de los principios más básicos del derecho de la guerra, que exige hacer una distinción entre combatientes y no combatientes, y entre objetivos militares y propiedades o lugares protegidos.

Las FARC-EP, organización establecida formalmente en 1964, es el grupo rebelde más numeroso y antiguo de Colombia. Aunque las cifras difieren, se calcula que las FARC-EP cuentan con más de quince mil miembros que están activos en toda Colombia. Marulanda fue uno de sus fundadores originales y ahora encabeza el Secretariado General, el órgano de gobierno del grupo.

"Como comandante de mayor rango dentro de las FARC-EP, Manuel Marulanda es el responsable de los persistentes abusos contra los derechos humanos cometidos por sus tropas," declaró Vivanco. "Es él quien tiene la responsabilidad de garantizar que las tropas de las FARC-EP acaten las normas legales internacionales, y por esa razón nos dirigimos a él directamente."

Human Rights Watch escribió al comandante Marulanda anteriormente el 10 de julio de 2001, instándole a que obligara a sus tropas a dejar de cometer una amplia gama de violaciones de los derechos humanos, entre ellos el uso de armas prohibidas. Pero desde entonces, las FARC-EP no sólo han seguido empleando cilindros de gas, sino que han incrementado su uso, haciendo caso omiso del derecho internacional humanitario.