Los tribunales chilenos han logrado procesar casos de desaparecidos a pesar del decreto de 1978 que otorga amnistía a los miembros de las fuerzas armadas que hayan cometido violaciones. Los tribunales han utilizado un fallo que sienta jurisprudencia y establece que una desaparición es un delito continuado-que se extiende más allá del período del régimen militar debido a que nunca se ha hallado a las víctimas y el acto criminal sigue por lo tanto vigente. Algunos han alegado que la información sobre la muerte de las víctimas supone la aplicación automática del decreto de amnistía a los procesamientos en curso.

Human Rights Watch dijo que, en la mayoría de los casos, la información suministrada por las fuerzas armadas era críptica y demasiado dispersa para que los tribunales pudieran comprobarla. Aunque se facilita el lugar aproximado dónde se arrojaron los cuerpos, no existe información detallada sobre la fecha en que se deshicieron de los presos o sus cuerpos, si se utilizaron barcos o aeronaves para ello, cómo encontraron su muerte los presos o qué hicieron con sus cadáveres después de asesinarlos.

"Es un avance que las fuerzas armadas hayan reconocido finalmente lo que seguramente sabían desde el principio," dijo José Miguel Vivanco, director ejecutivo de la División de las Américas de Human Rights Watch. "Pero sin una confirmación independiente, ningún juez que se precie podría plantearse el cierre de una investigación sobre la base de esta información. La concesión de una amnistía a los oficiales cuando aún no existe otra prueba del fallecimiento que la palabra de las fuerzas armadas sería una ofensa adicional a la angustia de los familiares".

Las fuerzas armadas publicaron recientemente un informe en el que se indica el paradero de 200 víctimas, en cumplimiento de un acuerdo con abogados de derechos humanos, promovido por el gobierno y firmado el pasado mes de junio. Una de las revelaciones del informe es que las fuerzas armadas arrojaron los cuerpos de más de 150 presos al océano, ríos y lagos de Chile. La mayoría de los casos enumerados por las fuerzas armadas se remontan a los primeros seis meses del gobierno militar, antes de que la represión se pusiera en manos de un aparato central, la policía secreta conocida como la DINA.

"La información es una confirmación devastadora de que las fuerzas armadas fueron responsables de horribles atrocidades", dijo Vivanco. "Es especialmente importante porque representa la primera vez que las fuerzas armadas facilitan detalles sobre sus crímenes horribles, que han dejado profundas cicatrices en Chile".

Human Rights Watch instó al Presidente Lagos a que adoptara medidas adicionales para encontrar la información que falta y aclarar el paradero de cientos de presos desaparecidos después de ser secuestrados por la DINA, que sólo respondía en última instancia ante el General Pinochet. Con este objetivo, el Gobierno tiene que buscar nuevos métodos para asegurar la cooperación, tales como la penalización de los que oculten información o la oferta de beneficios a los que colaboren en la investigación. Además, tiene que garantizar que los tribunales cuentan con los recursos y el apoyo necesarios para investigar estos horribles crímenes y llevar a los responsables ante la justicia.