El jueves pasado la organización envió cartas al presidente de Venezuela Hugo Chávez y al presidente de Colombia Andrés Pastrana instándoles a adoptar medidas de protección para los refugiados y garantizar que sus pedidos de refugio sean evaluados de acuerdo a los convenios internacionales.

"Familias enteras han sido presionadas a regresar a Colombia a pesar de su temor de ataques paramilitares," dijo José Miguel Vivanco, director ejecutivo de la división de las Americas de Human Rights Watch. "El retorno bajo presión viola la obligación legal de los dos paises de proteger a los refugiados."

El 29 de mayo, llegó un grupo de paramilitares bajo el comando de Carlos Castaño, líder de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) a la región de Catatumbo, Norte de Santander. Con lista en mano, los hombres armados empezaron a detener a personas, y los que aparecían en la lista fueron ejecutados. El Defensor del Pueblo de Colombia recibió información indicando que en una sola barricada los paramilitares mataron por lo menos a 20 personas y secuestraron a otras 15.

La ofensiva paramilitar provocó un éxodo de más de 600 personas, la mayoría mujeres y niños. Según observadores internacionales, más de 100 personas manifestaron que no querían regresar a Colombia por temor y querían aplicar para estatus de refugiados en Venezuela.

Sin embargo, el gobierno de Venezuela los transladó a un cuartel de la Guardia Nacional e impedió el acceso de los representantes del Alto Comisionado para los Refugiados de las Naciones Unidas (ACNUR) y otras ONGs. En el 11 de junio, también fue impedida la presencia del ACNUR en una reunión que auspició el gobierno venezolano con autoridades colombianos para coordinar el retorno de los refugiados sin tomar en cuenta sus solicitudes para estatus de refugiados.

También en el 11 de junio, las autoridades venezolanas facilitaron una reunión entre un alto oficial del ejército colombiano a cargo de la zona de Catatumbo y los refugiados. El oficial habló en un tono intimidatorio, dejándoles entender que los que no regresanban o los que informaron acatamiento entre los militares y los paramilitares serán considerados partidario de la guerrilla.

Las familias fueron revertidas a Colombia a pesar de la ofensiva paramilitar que continúa en la región.