Opiniones

Eliminando la tortura de las prisiones
por Rory Mungoven«*»

La atención internacional se encuentra actualmente centrada en la necesidad de implementar un sistema de inspecciones capaz de desarticular el programa de armas de destrucción masiva desarrollado por Saddam Hussein. Esta semana, sin embargo, los países miembros de las Naciones Unidas se encontraban debatiendo sobre la conveniencia de poner en marcha otro régimen de inspecciones: uno que permita erradicar la tortura y el maltrato en todas las prisiones del mundo.

Estados Unidos no obtendrá beneficio alguno tratando de minar esta importante iniciativa en favor de los derechos humanos y colocándose junto a algunos de los peores violadores de derechos humanos en el mundo.

Rory Mungoven, Director de Abogacia de Human Rights Watch


El gobierno norteamericano, aliado con algunos de los regímenes más abusivos del mundo -incluyendo a China, Irán, Cuba y Sudán-, y enfrentando abiertamente a la coalición integrada por sus aliados tradicionales y socios más cercanos, se ha opuesto sistemáticamente a la iniciativa propiciada desde el ámbito de la ONU.

Desde 1984, la Convención de la ONU Contra la Tortura ha servido como una prohibición internacional contra las prácticas inhumanas y crueles. Sin embargo, la aplicación y el cumplimiento de los dictados de la Convención ha dependido en gran medida de la buena voluntad de los Estados, los que han estado supervisados por un grupo de expertos dedicados a analizar de manera periódica el desempeño de cada uno de los distintos gobiernos a nivel mundial. Actualmente la ONU está tomando las medidas necesarias para crear un mecanismo de inspecciones internacionales que permitirá realizar visitas a prisiones situadas en diferentes lugares del mundo y hacer recomendaciones sobre el estado de las mismas. Luego de diez años de negociaciones, la Asamblea General de la ONU votará un protocolo adicional que permitirá establecer dicho mecanismo.

La mayoría de las estimaciones disponibles indican que la tortura continúa siendo una práctica común en al menos 70 países, mientras que el maltrato a los prisioneros ocurre aún en los sistemas más avanzados. Muchos de los países que promueven el nuevo sistema de inspecciones son regímenes democráticos relativamente nuevos que tienen una amplia experiencia en el tema tortura. El protocolo del nuevo régimen cuenta con el apoyo de un gran número de Estados, incluyendo a Sud África, México, Bahrein e Indonesia.

Para los gobiernos que están intentando reformar sus sistemas penitenciarios -frecuentemente frente a la resistencia abierta de sus fuerzas militares y de seguridad- el régimen de inspecciones promete ser un mecanismo útil para ejercer presión en este campo y promover la ayuda internacional.

El gobierno de los Estados Unidos ha tratado de socavar esta iniciativa en cada una de las distintas etapas del proceso. Problemas relacionados a la incompatibilidad del protocolo con los requerimientos del sistema federal norteamericano han sido resueltos, en gran medida, a través de negociaciones entre las partes sobre la forma y contenido del texto de dicho protocolo. Actualmente la administración Bush ha optado por cuestionar el propuesto régimen de inspecciones señalando que el costo del mismo sería problemático.

Sin embargo, las estimaciones más confiables, obtenidas de una experiencia similar realizada en Europa, indican que el sistema de inspecciones podría ser puesto en marcha con un presupuesto inferior a los dos millones de dólares anuales. Mientras tanto, los países miembros de la ONU invierten cinco veces esta suma para financiar los programas destinados a rehabilitar a las victimas de la tortura, sin siquiera mencionar el dinero recaudado a nivel internacional por distintas organizaciones de beneficencia.

Los oficiales norteamericanos han argumentado que el sistema de inspecciones debe ser financiado sólo por aquellos países que estén interesados en formar parte del mismo. Sin embargo, una formula de financiamiento de este tipo desalentaría a los países más pobres -que son precisamente los que necesitan más ayuda- a unirse a dicho sistema.

Cabe señalar que el sistema de inspecciones contra la tortura es de carácter optativo. El gobierno de los Estados Unidos puede optar por formar parte del mismo, y consiguientemente ratificar el protocolo, o bien puede rehusarse a participar y obrar en consecuencia. El sistema penitenciario norteamericano estará sujeto al régimen de inspecciones sólo si EE.UU. decide ratificar el protocolo.

Muy probablemente la resistencia norteamericana acabe siendo insustancial. Cabe destacar, por ejemplo, que el intento norteamericano de reabrir las negociaciones en julio pasado fue rechazado categóricamente en el ámbito de la ONU, y es muy probable que el protocolo contra la tortura sea aprobado por un amplio número de votos.

Estados Unidos no obtendrá beneficio alguno tratando de minar esta importante iniciativa en favor de los derechos humanos y colocándose junto a algunos de los peores violadores de derechos humanos en el mundo. El gobierno norteamericano debería abandonar su oposición al protocolo contra la tortura y, aún si se negara a formar parte del mismo, permitir que las demás naciones continúen avanzando en la lucha contra el flagelo de la tortura.


*El autor de este artículo, publicado el 5 de noviembre de 2002 en el Internacional Tribune Herald, es Director de Abogacía de Human Rights Watch Nueva York.
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